Vladímir Putin acaba de sufrir un nuevo revés este domingo en las elecciones legislativas celebradas en Armenia, país situado en la antigua área de influencia soviética, donde por tercera vez ha obtenido la mayoría de gobierno el actual primer ministro en funciones y candidato europeísta Nikol Pashinián, frente al multimillonario ruso-armenio Samvel Karapetyan, de simpatías putinistas. Retrocede respecto a anteriores elecciones el voto a Contrato Civil, el partido que ha gestionado la derrota militar en la última guerra con Azerbaiyán y la dolorosa pérdida de Nagorno Karabaj, el histórico enclave de mayoría armenia hasta 2023, cuya población fue expulsada al finalizar la contienda.

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Polonia comparte frontera con Ucrania, Bielorrusia y el enclave ruso de Kaliningrado. Por meras cuestiones geográficas, pero también históricas, Varsovia se toma muy en serio las ambiciones estragégicas de Moscú que, sostiene, no se limitan a Ucrania. El Gobierno de coalición liberal encabezado por Donald Tusk urge a los socios europeos de la OTAN a tomarse en serio la amenaza rusa. A Varsovia le preocupa, porque como dice el secretario de Estado de Exteriores, Marcin Bosacki (Poznań, 55 años), en una entrevista con EL PAÍS el martes pasado en Madrid, el presidente ruso, Vladímir “Putin percibe divisiones y caos en la OTAN”. Bosacki contestaba así acerca del mensaje que envían al Kremlin algunas decisiones de los socios, como las declaraciones erráticas de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, tradicional garante de la seguridad europea, aunque Polonia sigue siendo el más firme defensor de la alianza euroatlántica.

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Dejada atrás la pequeña aldea georgiana de Odzisi, echando un vistazo hacia el otro lado del valle se vislumbra con claridad un recinto fortificado: son instalaciones del FSB, el servicio secreto ruso, cuyos agentes se encargan de las tareas de vigilancia de la frontera artificial impuesta tras la intervención armada rusa de 2008 y gracias a la cual Moscú controla el territorio georgiano de Osetia del Sur.

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Tomarse una baja por enfermedad es tanto un derecho como un deber inalienables del trabajador, pero en el caso de la gobernadora del Banco Central de Rusia, Elvira Nabiúllina, también se convierte en una cuestión de Estado. La economía rusa atraviesa un momento delicado y el paradero de su salvadora ha provocado una ola de rumores desde que suspendió a última hora su intervención en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo el pasado 3 de junio. En estos últimos nueve días ni la economista ni su equipo han acudido tampoco a otra reunión con el presidente, Vladímir Putin, para discutir la política monetaria. De hecho, la economía rusa encara una encrucijada en la que los deseos del Kremlin son incompatibles con la visión de los expertos del banco central. Estos intentan mantener bajo control la inflación y el desbarajuste provocados por el gasto militar, mientras que Putin quiere más madera para su guerra.

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