Los pasajeros afectados por un retraso de sus vuelos seguirán teniendo derecho a ser indemnizados a partir de las tres horas de demora y por cuantías que oscilarán entre los 250 y los 600 euros, dependiendo de la tardanza y la distancia del trayecto. Tras duras y largas negociaciones —han pasado 13 años desde que se presentó la propuesta de reforma— los Estados de la UE han aceptado un compromiso, que el Parlamento Europeo validará previsiblemente el lunes, sobre los derechos de los pasajeros aéreos. Estos también garantizarán que los menores, así como personas vulnerables, puedan sentarse junto a sus familiares o acompañante sin pagar extra.

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El caso de la niña de dos años que murió a finales de mayo en Brión, Galicia, tras ser olvidada durante horas en el coche por su padre en un día de mucho calor no es, por desgracia, excepcional. En los últimos dos años, el conocido como “síndrome del bebé olvidado” ha provocado, en una Europa donde los fenómenos de temperaturas extremas son cada vez más recurrentes, la muerte de al menos siete pequeños. Unas tragedias evitables, sostiene el eurodiputado socialista español Nicolás González Casares, que está detrás de una iniciativa para que la Comisión Europea proponga un sistema obligatorio en toda la UE de detección de presencia infantil en vehículos, como ya existe en países como Italia.

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La Unión Europea inicia este viernes una nueva era, más dura, en política migratoria. El Pacto de Migración y Asilo, resultado de años de negociaciones entre los Estados miembros, entra oficialmente en vigor con la promesa de reforzar el control de las fronteras exteriores, acelerar los procedimientos de asilo y aumentar las devoluciones de personas sin derecho a permanecer en territorio europeo. El nuevo conjunto de normas y sistemas que tendrán que empezar a aplicar los Estados miembros es el más restrictivo de la historia de una Europa cada vez más replegada sobre sí misma. Y llega en un momento en el que la extrema derecha, con sus discursos contra la inmigración, no deja de avanzar en el Viejo Continente.

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“The era of deportations has begun.” A few months ago, this line from far‑right Swedish MEP Charlie Weimers sounded like a provocation. Now, after the agreement on the EU’s new Return Regulation between Parliament, the member states and the Commission, it reads more like an accurate description of the European Union’s political direction. With the legal framework for sending migrants to deportation camps outside Europe nearly complete, several member states — Germany, Austria, the Netherlands, Denmark and Greece — have intensified their search for countries willing to host them, mainly in Africa, far from the European continent, according to diplomatic sources. The political battle is over; the geographical one is just beginning.

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