La industria militar española ha lanzado este jueves un mensaje de unidad tras la caída del megaproyecto FCAS para el desarrollo y producción de un avión de combate de sexta generación. Los representantes de Airbus Defence and Space, GMV, Oesía, Indra, ITP Aero y Sener han firmado un documento en la sede de Tedae (la patronal que representa al sector) en el que han destacado la “disposición” de la industria nacional para continuar con el desarrollo de un sistema de combate de nueva generación. Cabe destacar que Europa, actualmente, no cuenta siquiera con un caza propio de quinta generación (cuya característica principal es que es invisible al radar), dejando sin competencia al F-35 estadounidense que ya ha sido adquirido por 13 países, entre ellos Alemania.

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El blindado Dragón sigue generando quebraderos de cabeza al Ministerio de Defensa. El consorcio encargado de su fabricación, Tess Defence, una unión temporal de empresas (UTE) liderada por Indra, en la que también están Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), Santa Bárbara y Sapa, promete que entregará 100 unidades del blindado antes de finalizar 2026. Así lo afirmó el presidente de Indra, Ángel Simón, en la entrevista que dio a este medio publicada el domingo, en la que destacó que Tess ya ha entregado 70 unidades de este blindado sobre ruedas 8x8 al Ejército de Tierra. “Es un programa que está estabilizado. Vamos a cumplir con nuestros compromisos”, aseguró el directivo.

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La política empresarial ha tomado el centro de los focos en el Parlamento este martes. El director de la Oficina de Asuntos Económicos de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha, ha comparecido en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones por la crisis de gobernanza que sufrió Indra desde inicios de año, que se saldó con la salida del anterior presidente de la compañía, Ángel Escribano, y su consejero delegado, José Vicente de los Mozos.

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La presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, ha afirmado este martes que el órgano que dirige no pudo constatar hasta marzo de este mismo año la magnitud del conflicto de interés que acarreaba la integración entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Fue en ese momento cuando la SEPI, que es la primera accionista de Indra, remitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su preocupación por la influencia de ese conflicto en una operación que había saltado a los medios casi un año atrás, en abril de 2025, cuando Ángel Escribano llevaba unos pocos meses como presidente de Indra.

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La imagen tradicional de la investigación y la innovación en España, a menudo asociada a la bata blanca y al microscopio, está mutando a pasos agigantados hacia un perfil mucho más industrial, estratégico y, sobre todo, militar. El sector de la defensa ha irrumpido con fuerza en las cuentas públicas, convirtiéndose en el nuevo motor de la inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) del país. Durante 2025, el sector público estatal ejecutó la cifra récord de 15.676 millones de euros en I+D+i, una marca que supera en más de 2.000 millones el máximo anterior y que ha sido posible gracias a un presupuesto total disponible que rondó los 20.500 millones de euros. En este nuevo escenario, el gasto vinculado específicamente a la defensa se ha triplicado en apenas 12 meses, transformando por completo las prioridades y el foco de la inversión pública total en ciencia y tecnología.

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Alemania y Francia han decidido abandonar el desarrollo conjunto de un caza de combate de sexta generación en el marco del programa FCAS, un proyecto de 100.000 millones de euros del que estaba previsto que viese la luz en la década de 2040. El programa ha estado paralizado hasta ahora por el enfrentamiento entre Airbus (que representa a Alemania) y Dassault (en representación de Francia) por ver quién se hacía cargo del desarrollo y fabricación de las partes más importantes del caza, un obstáculo que finalmente ha sido insalvable, según información adelantada por Reuters y confirmada por este periódico.

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El mercado global de la defensa funciona con reglas distintas a las de casi cualquier otra industria. En la mayoría de los casos, el Estado es el único comprador posible y las empresas armamentísticas, los únicos proveedores capaces de fabricar tecnologías tan complejas. Esa dependencia mutua —que los economistas describen como un monopolio bilateral— hace que la relación entre gobiernos y compañías privadas no responda a la lógica habitual de la competencia. Un análisis reciente del think tank Bruegel, centrado en las 112 mayores empresas de defensa de 24 países, concluye que la influencia estatal sobre el sector va mucho más allá de la participación accionarial.

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Apenas se han cumplido dos meses desde que Ángel Simón (Manresa, Barcelona, 68 años) fue aupado por el consejo de administración de Indra como el nuevo presidente de la empresa de defensa y tecnología en una votación que se alargó hasta la madrugada del Jueves Santo. El directivo fue el elegido para poner fin a la crisis de gobernanza que vivió la compañía cotizada del Ibex 35 por el enfrentamiento entre el Gobierno —máximo accionista con el 28%— y Ángel Escribano, su predecesor. El rechazo de La Moncloa a una fusión entre Indra y la empresa familiar de su presidente, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), desbarató la operación y descabezó la empresa. Simón, que antes fue presidente de Agbar y consejero delegado de Criteria Caixa, recibe a EL PAÍS en la sede de la compañía en Alcobendas (Madrid) para su primera entrevista desde que asumió el cargo.

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