Heidi, Marco y hasta Calimero o La abeja Maya nos dieron grandes lloros y alegrías a los boomers más bobalicones, hay que reconocerlo. Pero en el podio de la infancia hay varias películas que cíclicamente asomaban en esas televisiones sin plan B que desataban las pasiones más vibrantes: las que conformaban la saga de Sissi Emperatriz. Quien no se haya enamorado de Francisco José y quien no se haya arrebatado cuando trepaba por riscos alpinos para ofrecer una flor de ¡edelweiss! a Isabel de Baviera que tire la primera piedra. Por aquí, con suerte, solo teníamos tréboles y margaritas.
© EFE
Un juzgado de Madrid ha condenado a la secretaria general de Podemos y diputada Ione Belarra a pagar 9.000 euros al juez jubilado Manuel García-Castellón al considerar que perjudicó su honor al llamarle corrupto en septiembre de 2024. En la sentencia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el juez Juan Antonio Lara sostiene que las manifestaciones que vertió en la red social X generaron “un daño moral” que “debe ser indemnizado”, aunque rebaja la cifra de 350.000 euros que había reclamado el que fuera titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional. Belarra ha reaccionado este viernes con una publicación en la misma red social en la que vuelve a emplear el término “corrupto” contra García-Castellón: “Nos perseguirán, pero no conseguirán que nos callemos”.
© ZIPI (EFE)
Después de días de búsqueda, a Lyhanna la encontraron muerta, tirada en un silo para granos dentro de una explotación agrícola del sur de Francia. Tenía 11 años. Su asesino era el padre de una de sus amigas; un pederasta que, pese a haber sido previamente denunciado y señalado decenas de veces por otras víctimas, nunca fue ni siquiera interrogado por la policía. La muerte de Lyhanna ha suscitado una fuerte conmoción en la sociedad francesa. Y mucha rabia también. Una rabia profunda de los ciudadanos hacia unas instituciones incapaces de reconocer sus carencias sistémicas, ciegas ante la realidad que las asociaciones de protección de la infancia llevan años denunciando a gritos: en Francia, un niño es víctima de agresión sexual cada tres minutos. En un año, son 160.000 los niños a los que unos adultos, impunemente, deciden arrebatarles la infancia, cuando no destruirles la vida entera. Pero hay más. En este país, en cada clase escolar, hay por lo menos tres niños víctimas de incesto. ¿Cómo volver a mirar esas fotos del colegio con la misma ternura e inocencia? Ahora las observo y me pregunto a cuántos de mis compañeros les habrá tocado vivir esa pesadilla.
© Gonzalo Fuentes (REUTERS)
Caracas, 11 jun (Prensa Latina) El presidente del Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional (parlamento) de Venezuela, Giuseppe Alessandrello, informó hoy de una nueva prórroga de una semana para la recepción de documentos de los postulados al Poder Judicial.
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Guadalupe N. ha quitado los sistemas de videovigilancia que tenía en el interior de su casa y ha tapado la cámara de sus ordenadores personal y de trabajo. Han pasado 10 años desde que violaron flagrantemente su intimidad, pero ella continúa obsesionada con tomar todas las precauciones posibles. La persona que lo hizo acaba de ser condenada por la Audiencia Provincial de Baleares a penas que suman 60 años y 6 meses de prisión. Guadalupe es una de las al menos 14 víctimas de Yago F.
El Tribunal Supremo se opone al indulto a Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado al que el alto tribunal condenó en noviembre pasado por un delito de revelación de secretos. La Sala Penal ha hecho pública este jueves su postura sobre la medida de gracia que tramita el Ministerio de Justicia. Y los magistrados que condenaron a García Ortiz han emitido un informe desfavorable al indulto al entender que no hay razones de justicia, de equidad ni de utilidad pública, los tres requisitos en los que la ley permite justificar esta medida. La opinión del Supremo es preceptiva para conceder el indulto, pero no es vinculante para la decisión que tome el Gobierno.
© J.J. Guillén (EFE)
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha confirmado este martes que el exviceministro venezolano de Hugo Chávez, Nervis Gerardo Villalobos, obtuvo finalmente la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personara en sus dependencias para recabar información sobre el expediente del exalto cargo chavista en el marco de la investigación judicial relacionada con el denominado 'caso Leire Díez'.
La actuación de la UCO se produjo por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor de las diligencias que analizan los contactos y gestiones atribuidos a la exmilitante socialista Leire Díez. Los agentes han acudido al Ministerio dirigido por Félix Bolaños para requerir información sobre el estado de la solicitud de nacionalidad de Villalobos y sobre los funcionarios que participaron en su tramitación.
Tras la entrada de los investigadores, fuentes del Ministerio han detallado que el magistrado había solicitado información sobre "un expediente concreto de nacionalidad por residencia de una de las personas que aparecen en el sumario, Nervis Gerardo Villalobos". Ese expediente, explican las mismas fuentes, "aparece en conversaciones de distintos implicados en las que se interesan por que sea aprobado".
La Subdirección General de Nacionalidades y Estado Civil ha entregado este martes la documentación requerida por la Audiencia Nacional. En ella consta que una solicitud de nacionalidad por residencia presentada por Villalobos el 25 de abril de 2024 fue finalmente denegada el 10 de octubre de 2025.
Sin embargo, el departamento de Justicia ha decidido además aportar de forma voluntaria otros dos expedientes relacionados con el exviceministro venezolano al considerar que podrían resultar de interés para la investigación. Entre ellos figura una primera solicitud de nacionalidad por residencia presentada el 20 de febrero de 2017 y rechazada el 17 de julio de 2020.
El tercer expediente es el que finalmente permitió a Villalobos convertirse en ciudadano español. Se trata de una solicitud de nacionalidad formulada al amparo de la Ley de Memoria Democrática ante el Registro Civil, que fue concedida el 21 de abril de 2025 y quedó inscrita definitivamente el 23 de octubre de ese mismo año.
Desde el Ministerio subrayan que "se denegaron las dos solicitudes de nacionalidad por residencia, al no concurrir los requisitos legales". No obstante, añaden que "se concedió la opción de nacionalidad prevista en la Ley de Memoria Democrática, tras un recurso interpuesto por el interesado, con base en la Instrucción de 25 de octubre de 2022".
Las fuentes defienden que la resolución se adoptó siguiendo criterios exclusivamente jurídicos y administrativos. Según explican, el recurso fue "examinado y estimado con criterios jurídicos por cuatro funcionarios", entre ellos una consejera, el jefe de servicio, el subdirector general y la directora general competente.
Asimismo, rechazan cualquier intervención política en el procedimiento y recalcan que "ninguna solicitud de nacionalidad pasa por otras unidades del Ministerio diferentes de la mencionada Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública". El departamento sostiene que todos los expedientes "se tramitan siguiendo estrictamente la ley y se basan únicamente en la comprobación de los requisitos legalmente establecidos".
Para reforzar esa tesis, recuerdan que la estimación de recursos en materia de nacionalidad vinculados a la Ley de Memoria Democrática es una práctica habitual. De hecho, aseguran que durante 2025 la Dirección General resolvió 189 recursos contra decisiones del Registro Civil Central sobre esta modalidad de acceso a la nacionalidad, de los cuales 164 fueron estimados, 20 desestimados, tres archivados y en dos casos se ordenó retrotraer actuaciones.
La revelación de que Villalobos obtuvo finalmente la nacionalidad española llega en un momento de especial sensibilidad política por las investigaciones judiciales sobre las gestiones realizadas en favor de diversas personas vinculadas al entorno de Leire Díez.
La documentación entregada ahora por el Ministerio a la UCO será analizada por los investigadores para determinar si existió algún tipo de actuación irregular en la tramitación de los expedientes o si, por el contrario, el procedimiento seguido se ajustó plenamente a la normativa vigente.
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