Nada cambia en Ferraz tras la corta declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez José Luis Calama. La confianza en el expresidente se mantiene intacta. La dirección federal del PSOE manifiesta, en un comunicado, que se cree sus explicaciones, considera positivo que haya puesto a disposición de la Audiencia Nacional una autorización universal para que se pueda comprobar que no tiene sociedades, cuentas o cualquier otro activo fuera de España y pide no dejarse llevar por el "ruido, los juicios paralelos y las condenas anticipadas".
Con ansia esperaba el PSOE la comparecencia de Zapatero ante el magistrado, prácticamente un mes después de que se conociera su imputación. Quería escucharle, verle defenderse ante Calama. El expresidente, en sus casi tres horas de declaración, negó ante el juez que haya ejercido influencia alguna para favorecer a la compañía Plus Ultra, la aerolínea que recibió 53 millones de euros del rescate aprobado por el Gobierno en 2021. No respondió a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción ni de las acusaciones, pero sí a las del propio magistrado y a las de su abogado, el prestigioso procesalista Víctor Moreno Catena. El ministerio público pidió que se le retire el pasaporte y que comparezca en sede judicial cada 15 días, medidas cautelares que, sin embargo, rechazó adoptar el juez.
El PSOE se reafirma en su "defensa de la presunción de inocencia y respeto absoluto a la Justicia", por lo que mantiene el "apoyo a Zapatero". Ferraz respalda y se remite a la nota del expresidente
El PSOE, a través de un comunicado lanzado a las 13.25, antes de que se conociera la decisión de Calama de desoír la petición de la Fiscalía de retirada del pasaporte, subrayó que "mantiene exactamente la misma posición que ha defendido desde el primer día". Y esta es "defensa de la presunción de inocencia y respeto absoluto a la Justicia", por lo que mantiene "el apoyo al presidente Zapatero".
Ferraz respalda y se remite al comunicado emitido por el propio expresidente, en el que proclama de nuevo su inocencia —"Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido. Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo"— y en el que se compromete a ir demostrándola "con absoluta transparencia y con plena confianza". El PSOE celebra su "voluntad de seguir ofreciendo todas las explicaciones necesarias y su absoluta transparencia". Y aplaude que haya presentado a la Audiencia una "autorización universal voluntaria para que pueda constatarse la inexistencia de sociedades, dinero, productos financieros o cualquier activo" con titularidad suya directa o indirecta, porque no tiene "absolutamente nada fuera de España".
La cúpula celebra que el exmandatario, que pide "confianza" a los ciudadanos, tenga la "voluntad de seguir ofreciendo todas las explicaciones necesarias", con "absoluta transparencia"
Zapatero, en su nota, pide "confianza" a los ciudadanos, consciente de que "mucha gente puede sentirse defraudada si cree las cosas que se afirman" sobre él. Un mensaje dirigido a los votantes progresistas y también a su propio partido, parte de cuyos cuadros empezaban a desconfiar de él. "No les decepcionaré. Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso y devolveré la confianza a quien ahora duda. Ya lo verán", remachaba el comunicado del expresidente.
La dirección de Pedro Sánchez se alinea con ese ruego: "Frente al ruido, los juicios paralelos y las condenas anticipadas, defendemos algo tan sencillo como el Estado de derecho: que las investigaciones se desarrollen con garantías y que sean los tribunales quienes determinen los hechos".
Defendemos algo tan sencillo como el Estado de derecho: que las investigaciones se desarrollen con garantías y que sean los tribunales quienes determinen los hechos", remachan en Ferraz
Los socialistas, por tanto, no se mueven oficialmente de su tesis inicial. Sostienen al expresidente, su faro moral en los últimos años, el referente que agitó al partido en uno de sus peores momentos, tras la debacle de las autonómicas y municipales de mayo de 2023, y le sacó de la postración anímica. La declaración de este miércoles satisfizo a la dirección, así que por ahora no hay giros de guion. Ninguno.
Todavía es pronto. La dirección de Pedro Sánchez considera que aún no ha llegado el momento para querellarse contra su exmilitante Leire Díez, y no descarta hacerlo, pero necesita que el proceso judicial avance y tener más amarrado su escrito. El caso sigue apretando a la cúpula federal y al conjunto del partido, igual que la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en dos piezas distintas, una porel rescate público de la aerolínea Plus Ultra y otra por la colección de joyas que encontraron en la caja fuerte de su oficina del número 35 de la calle de Ferraz. El apoyo al expresidente se mantiene intacto. El líder socialista y su equipo, pese a la creciente desconfianza que ya anida en la organización, está convencido de que sus explicaciones podrán servir para desmontar las acusaciones que pesan sobre él. "Va a entrar a todo", pronostican, cuando le toque sentarse ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, en principio este miércoles, aunque su defensa ha pedido aplazar el interrogatorio específico sobre el conjunto de alhajas valorado en más de 1,3 millones de euros.
Leire Díez y Zapatero fueron los dos asuntos que centraron la rueda de prensa de este lunes de la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, posterior a la reunión de la ejecutiva federal, y que fue su segunda comparecencia ante los medios desde que llegó al cargo, hace casi un año. La propia jefa del aparato aprovechó su rueda para hacer balance de estos casi 12 meses, de cómo se han reforzado los mecanismos internos de transparencia, integridad y ejemplaridad en la gestión, avances que defenderá ante el comité federal del partido, programado para el 27 de junio en la sede de Ferraz, 70.
Torró sostuvo que el PSOE actúa y actuará siempre de forma "contundente" con los casos de presunta corrupción, como demostró, recordó, cuando se echó a sus dos inmediatos predecesores en el cargo, el exministro José Luis Ábalos y Santos Cerdán, así que no admite "lecciones", y menos del PP, porque es el partido "más exigente consigo mismo", el que considera que la honestidad es un "valor esencial", y el que quiere ir "hasta el límite" de lo que permite el Estado de derecho. Pero también entiende que ha de dejar que "la Justicia avance" y que es mejor no precipitarse e ir ya contra Leire Díez, pese a que su nombre saltó hace más de un año, pese a que está imputada y está acusada de ser la ejecutora de los planes de Cerdán para boicotear investigaciones judiciales que afectaban al partido o al Gobierno.
Emprenderemos las acciones judiciales pertinentes cuando consideremos que sea el momento para hacerlo", "una cosa es un juicio de valor y otra el proceso judicial", explica la jefa del aparato
La secretaria de Organización lo repitió en varias ocasiones ante los medios: hay que ser "prudentes" y el caso tiene que avanzar judicialmente, que estén sobre la mesa "hechos probados" y no solo "indicios". "Emprenderemos las acciones judiciales pertinentes cuando consideremos que sea el momento para hacerlo", zanjó, también como mensaje a buena parte de los cuadros que no entienden por qué Ferraz no ha actuado aún contra ella. En público, el más insistente ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Fue la propia Torró, no obstante, la que, cuando se levantó el secreto de sumario del caso Leire, denunció en un comunicado y en redes sociales la "suma de comportamientos individuales de farsantes, oportunistas y resentidos que han usado el nombre del PSOE en vano y en falso, muy a pesar del PSOE". "Una cosa es un juicio de valor y otra el propio proceso judicial", precisó este lunes, incidiendo en que los tiempos de la Justicia no son ni los de los medios ni los del partido.
Somos el partido de 147 años de historia de lucha por la democracia y el Estado de Derecho. La honestidad es un valor esencial para el Partido Socialista.
El PSOE, pues, "no descarta ejercer las acciones necesarias" contra Díez y contra el propio Cerdán, "que nadie lo dude", y será cuando toque. Pero tampoco Ferraz va a tolerar que se dude de la confianza hacia los trabajadores de la casa y los miembros de la ejecutiva, que se cuestione su "responsabilidad y su compromiso". Lo decía Torró por la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y por dos secretarias que gestionaron viajes para Díez por orden de Cerdán, Covadonga San Pedro y Celia Rodríguez, las tres imputadas por el juez Santiago Pedraz. El magistrado también quiere determinar si cabe responsabilidad penal en un miembro de la cúpula, el diputado por Jaén Juanfran Serrano, en cuyo caso tendría que elevar una exposición razonada al Supremo, dado que es aforado. Es "injusto que se señale y se condene a personas con indicios y hechos que ni siquiera han sido probados", proclamó, antes de recalcar que el PSOE es "el primer interesado" en que se esclarezca todo.
La dirección defiende a la gerente, Ana Fuentes, y a las secretarias que gestionaron los viajes de Díez, y recalca que nunca hubo relación contractual con la 'fontanera' y que de los contratos firmados ninguno tenía "por objeto" desviar fondos para ella
La dirección mantiene su respaldo a Fuentes —la gerente a la que aupó Cerdán en 2021—, remarca que actuó y actúa conforme a la ley y defiende su labor "superestricta" en el control de las finanzas del partido. El juez cree, sin embargo, que es "cómplice" de los delitos de la presunta trama del exsecretario de Organización y Díez y responsable, en todo caso, de la firma de "mendaces facturas" que en realidad encubrían pagos a la exmilitante. Torró subrayó que el partido no formalizó "ningún contrato" para abonar a Díez, ni tenía "ninguna relación contractual" con ella. "Todos los contratos ejecutados y formalizados tienen por objeto servicios ordinarios, como de consultoría o asistencia jurídica, ninguno tenía "por objeto" pagarle a Leire Díez", detalló. Es decir, que la gerente firmó contratos legales que si luego eran aprovechados por Cerdán para desviar fondos hacia su fontanera, si él "se salió del objeto" de los contratos y actuó "al margen de la legalidad", será él quien deba explicarlo y la Justicia aclararlo.
En otras palabras, Ferraz busca levantar un cortafuegos, encapsular la responsabilidad en su exjefe de Organización y en Díez. A quien no defendió Torró fue a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ahora mismo en el ojo del huracán por sus reuniones con Díez, con el argumento, apuntaban en Ferraz, de que debe ser Interior y el Gobierno quienes se pronuncien.
Ninguna organización es infalible. Lo que marca la diferencia es cómo se actúa. Y en el PSOE no miramos para otro lado ni a otros: miramos de frente los problemas.
Nadie nos debe dar lecciones. Siempre actuamos con contundencia y colaborando con la justicia. pic.twitter.com/sMGaWlHk8M
Los pagos a Díez se canalizaron a través de empresas del abogado Ismael Oliver y del exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, ambos investigados. También está imputado el abogado de Cerdán, Jacobo Teijelo, a quien el PSOE habría abonado 125.000 euros, según las facturas y la nota de encargo que entregó el partido a la UCO, informa EFE. Pero además de ese abono, la UCO de la Guardia Civil ha encontrado, según figura en el informe conocido este lunes, dos facturas entregadas por Teijelo de 53.000 euros de las que no existe constancia entre la documentación del PSOE.
La UCO encontró dos facturas al abogado Jacobo Teijelo de 53.000 euros de las que no había constancia en la documentación del PSOE. Ferraz alega que no se pagaron porque se entregaron cuando Cerdán ya no era jefe de Organización
Torró explicó que los servicios prestados por Teijelo fueron para dar asistencia jurídica a Cerdán en su calidad de secretario de Organización, y si el partido no ha entregado la documentación de esas dos facturas de un total de 53.000 euros fue porque "nunca" se hicieron esos dos pagos. "No podemos aportar lo que no existe", aclaró. Fuentes del partido aclararon que esas facturas no se llegaron a abonar porque se entregaron cuando Cerdán había sido cesado como jefe del partido, y por tanto se devolvieron.
Que nadie dude que en el Partido Socialista no descartamos ejercer las medidas legales que sean necesarias.
Es muy injusto que se señalen y se condenen públicamente a las personas con indicios y con hechos que ni siquiera son probados.
El último informe de la UCO, conocido este lunes, indica también que las secretarias recibieron la "orden" directa de Cerdán para gestionar viajes para Díez. Torró indicó que eso es perfectamente normal: los secretarios de Organización "no necesitan autorización de nadie" para decidir si se paga el transporte de un militante o de "un periodista", "otra cosa es si detrás de eso hay un hecho contrario a la ley". Los trabajadores de Ferraz, incidió, cumplen por tanto las órdenes que reciben, y Díez pasó "desapercibida", si bien las primeras informaciones sobre ella datan del otoño de 2024. Lo que defiende Ferraz es que ni la organización ni las secretarias sabían, ni podían saber, qué trataba Cerdán con Díez en las reuniones que mantuvieron —22 de la supuesta trama en Ferraz, y la mayoría entre ambos, según documentó la UCO, y 17 fuera de la sede—, por lo que serán los dos los que deban "explicarlo" ante el juez Pedraz.
El PSOE es hoy el partido más transparente de España.
El Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno nos sitúa como la formación con mayor grado de cumplimiento.
El otro gran asunto de la rueda de prensa de Torró de este lunes fue la esperada comparecencia de Zapatero ante otro magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, en principio prevista para el miércoles 17 y jueves 18. Pero el expresidente ha solitado que se aplace su interrogatorio en lo relativo a las joyas. Es decir, que quiere responder por ahora sobre el caso Plus Ultra y preparar mejor su defensa respecto a la pieza separada.
El expresidente ha pedido que se aplace su interrogatorio sobre la pieza separada de las joyas para preparar mejor su defensa. En el PSOE hay "ganas" de escucharle pero respetan su estrategia
Torró subrayó que el partido cree en la "inocencia" del expresidente. Y entiende su estrategia de defensa: "Hay que respetarle a él y respetar los tiempos de la Justicia", insistió. La dirigente, no obstante, reconoció las "ganas" que tiene el partido de escuchar las explicaciones de Zapatero. La dirección confía en que dé cuenta de "todos los aspectos" ante el juez, tanto del rescate de la aerolínea como del ajuar de joyas que fue encontrado en su despacho y que, según la tasación de la casa Ansorena, tiene un valor en el mercado primario de 1.323.915 euros. "Entrará ante cada uno de los temas, afrontamos [su declaración] con total tranquilidad", señaló.
Ferraz, igual que la Moncloa, evitan bajar al detalle de la cuestión de las joyas —"no voy a entrar a valorar nada de lo que estamos conociendo", precisó la jefa del aparato—, y no quiere comentar su previsible línea de defensa, que es que pudo recibir esas piezas en su etapa como presidente pero no las entregó a Patrimonio, como prescribía el Código de Buen Gobierno que él mismo promovió en 2005, por lo que el supuesto delito estaría prescrito. "Todos conocemos a Zapatero. Es el primero que querrá explicarse. Pero va a entrar a todo", indican en Ferraz, apuntando por tanto que si el juez quiere que ya hable de su pieza separada, lo hará, porque tiene explicación para todo lo que se le imputa. La dirección está convencida porque ha mantenido contacto con el exmandatario en estas semanas, "respetando que está abierta una causa judicial" y le ha visto "fuerte".
Torró recalca que "no hay nada" del 'caso Leire' que "se pueda dirigir al PSOE y a Sánchez" porque "no han formado parte de ninguna de las actuaciones". La cúpula quiere un cortafuegos con Cerdán-Díez
A Torró se le preguntó si cabría una imputación del PSOE como persona jurídica o que se pueda citar a Sánchez como testigo, en su condición de secretario general e inmediato superior de Cerdán. La secretaria de Organización recalcó que "no hay nada" del caso Leire que "se pueda dirigir al PSOE y al presidente del Gobierno" porque "no han formado parte de ninguna de las actuaciones" que se han conocido.
Así, el líder socialista, como él mismo dijo, no se reunió con la exmilitante, ni ha conocido sus "andanzas", ni las de ella ni las de la supuesta trama a la que pertenecía. Nadie conocía qué hacían Díez ni Cerdán, insistió. "Ni el presidente, ni esta casa, ni la dirección federal. Tendrán que responder otros de las acciones que han realizado individualmente". De nuevo, un precinto. "No hay causas para imputar" al PSOE, remachó.
Las percepciones han cambiado. No son, sencillamente, las mismas que las que invadían el PSOE el pasado 19 de mayo —hace menos de un mes, pero una eternidad en política—, cuando de manera sorpresiva el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama imputó por el caso Plus Ultra a José Luis Rodríguez Zapatero por varios delitos, entre ellos tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal. Entonces cundió la incredulidad, la sensación de que no podía ser verdad, que el expresidente no podía haber actuado así. Su imagen hasta ese momento había quedado inmaculada. Pero ahora, a las puertas de su declaración ante el magistrado —17 y 18 de junio—, que todos en el partido esperan con auténtica ansiedad, la figura de tótem para la izquierda que había atesorado se está empezando a deshacer. Crecen las preguntas y crece la desconfianza, el descreimiento, la decepción. También el convencimiento en algunos de que, pase lo que pase, ya nada será igual, que no será posible mirar a Zapatero con los mismos ojos. Que el mito se ha roto en mil pedazos, de manera "prácticamente irreversible".
Y la razón de ese desengaño que expresan muchos dirigentes, con mucha prudencia, con mucho dolor, está en el nuevo giro de guion de la causa. La tasación de las joyas que fueron encontradas en la caja fuerte de la oficina del expresidente, en el número 35 de la calle de Ferraz. 1.323.915 euros, según el análisis preliminar encargado a la prestigiosa casa de subastas madrileña Ansorena, en colaboración con el Instituto Gemológico Español (IGE). Una cifra muy superior a los 30.000-50.000 euros que calculó el portavoz designado por Zapatero, Luis Arroyo, según había trasladado un experto que nunca identificó. "No son las joyas de Sissi emperatriz, como están diciendo. Hay una valoración, dijo entonces. "Pido perdón en mi propio nombre por haber inducido a error sobre el valor de las joyas del presidente Zapatero", se disculpó Arroyo este viernes en redes sociales.
El valor de las joyas, en el mercado primario, es de 1.323.915 euros, a años luz de los 30.000-50.000€ que anticipó el portavoz de Zapatero, que este viernes se disculpaba por haber "inducido a error"
En el conjunto de alhajas, y según el informe de Ansorena, hay piezas de muchísimo valor, como un collar de oro blanco de 18 quilates, de 82 gramos de peso, "cuajado de diamantes talla brillante" y con esmeraldas naturales con origen Zambia. 278.000 euros. 220.000 cuesta otro collar de oro blanco de 18 quilates con 13 zafiros principales talla perilla de origen Tailandia, también preñado de diamantes. Otras piezas del ajuar tienen escaso o nulo valor. El peritaje está realizado según su valoración en el mercado de reposición, es decir, en el mercado primario, impuestos incluidos, por lo que los "márgenes comerciales de cada establecimiento" pueden ofrecer "algunas diferencias". Es decir, que su precio en una joyería sería seguramente mayor.
Pido perdón en mi propio nombre por haber inducido a error sobre el valor de las joyas del presidente Zapatero.
Él dará explicaciones ante el juez, también sobre eso. Yo siempre trato de informar con honestidad y veracidad. No concibo la comunicación de otro modo.
Pero el juez dio un paso más que reseñable. Abrió una pieza separada para investigar a Zapatero por otros dos ilícitos: delito fiscal y de contrabando. Precisamente por las joyas, porque su origen "en estos momentos no está justificado". Calama considera que la posesión de bienes de lujo de elevado valor, "unida a la ausencia de trazabilidad fiscal sobre su adquisición, constituye un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante". Y es así porque la adquisición de joyas de gran valor "genera necesariamente obligaciones fiscales, ya sea en concepto de IVA, impuesto sobre transmisiones patrimoniales, impuesto sobre sucesiones y donaciones e IRPF". La "inexistencia de declaración o pago" de esos tributos permitiría inferir que expresidente ha podido cometer delito fiscal, ya que la cuota defraudada sería superior a los 120.000 euros.
El juez Calama abre pieza separada y atribuye dos ilícitos más a Zapatero: delito fiscal y contrabando, porque pudo saltarse sus obligaciones fiscales e introducir ilegalmente las piezas en España
Y como tampoco hay constancia del pago de derechos arancelarios por la introducción de joyas en España, impuestos especiales o tributos asociados a su importación, Zapatero podría haber incurrido en contrabando. La ausencia de papeles, razona el juez en su auto, "impide descartar" que ese conjunto de joyas de gran valor "hubieran sido introducidas en España al margen de los procedimientos de control aduanero, superando ampliamente el umbral cuantitativo de 150.000 euros previsto" en el ámbito penal.
De estas dos últimas acusaciones, y de las que pesan sobre él en el caso Plus Ultra, el expresidente tendrá que defenderse el próximo miércoles, 17 de junio, ante Calama, que ha habilitado una segunda sesión, el jueves 18, por si la comparecencia se alargara. La ansiedad entre los cargos socialistas es máxima. Todos subrayan que están "deseando" que se explique, con la esperanza de que ofrezca argumentos solventes que convenzan al juez.
Escuchar las explicaciones
El Gobierno de Pedro Sánchez y Ferraz continúan mostrando un respaldo sin fisuras al exjefe del Ejecutivo. "Mantenemos el apoyo. No vamos a comentar los detalles de un proceso judicial en marcha", se limitan a manifestar desde la Moncloa. "Yo solo espero que Zapatero lo explique todo. No tengo ni idea de dónde vienen esas joyas —señala un ministro de mucho peso—, ni sé cómo lo justificará. Habrá que escucharle y ver qué explicación da".
Mantenemos el apoyo. No vamos a comentar los detalles de un proceso judicial en marcha", afirma la Moncloa. "Él lo explicará todo, la clave es que hable", apuntalan en la dirección del partido
"Él lo explicará todo. La clave es que hable. Y que lo cuente todo, pero tiene explicación", subrayan convencidos desde el aparato federal del partido. En Ferraz apuntan a que las joyas de mayor valor —12 del total de 80 peritadas— pudieron ser regalos recibidos por Zapatero en su etapa como presidente (2004-2011). Pero chocaría con lo que él mismo aprobó en 2005, el Código de Buen Gobierno de los miembros del Ejecutivo y de los altos cargos de la Administración General del Estado, cuyo artículo tercero indicaba que se debería rechazar "cualquier regalo" que fuera "más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía" y que imponía que los obsequios de mayor cuantía se incorporaran al patrimonio del Estado. Esa normativa fue derogada al aprobarse la ley reguladora del ejercicio del alto cargo de 2015, ya con Mariano Rajoy en el poder. Dos años antes, el Ejecutivo del PP sacó adelante con su mayoría absoluta la ley de transparencia, también en vigor, y que, en su artículo 26, impide a los altos cargos aceptar regalos de gran cuantía y prescribe que los presentes de "una mayor relevancia institucional" se agreguen al "patrimonio de la Administración pública correspondiente".
"Lo importante es la ley", defienden en el cuartel general de los socialistas, deslizando que la obligación de devolver los regalos de mayor valor está en pie desde la ley de transparencia de 2013, posterior a la salida de Zapatero del Ejecutivo, porque hasta entonces solo operaba un Código de Buen Gobierno, sin fuerza de ley. "Además, puedes desconocer el valor de un regalo. Y en todo caso, el valor de aquellos años no es es el de ahora. Y, de todas formas, lo importante es que se explique", insisten en Ferraz. Pero para que el juez crea que se trata de regalos de su etapa en la Moncloa, y que por tanto los supuestos delitos hubieran prescrito, el exmandatario tendría que poder acreditarlo documentalmente.
En Ferraz enfatizan que "lo importante es la ley" que regula los regalos institucionales, posterior a la salida del poder del expresidente. La ministra Morant habla de "doble rasero" de la Justicia
Este viernes dominó, no obstante, el silencio en público de buena parte del Ejecutivo. La que trasladó la versión oficial fue la ministra de Ciencia, Diana Morant, quien remachó que mantiene su "apoyo y confianza" hacia el expresidente. La también líder de los socialistas valencianos continuó con la tesis de la conspiración judicial, agitada por los ministros Óscar Puente y Óscar López, con el respaldo de la Moncloa, cuando estalló el caso Leire: "Hay un doble rasero y la Justicia no es igual para todos y no se aplica igual para todos".
Dudas crecientes entre la dirigencia
Los llamamientos del Ejecutivo y de Ferraz no acaban de tranquilizar a buena parte de los cuadros del partido. Muchos prefieren refugiarse en un elocuente silencio. Pero otros no dudan en mostrar su recelo. Sus dudas. "Esto hace un daño enorme, aunque vamos a ver qué explicaciones da la próxima semana", indica un secretario de Organización de una federación muy relevante. Y es que es el principal temor, la onda expansiva de este caso, dado que Zapatero se había convertido, en los últimos años, en una figura icónica para su partido y para la izquierda, sobre todo a partir de las generales de 2023 en las que influyó decisivamente en el ánimo de cuadros y bases para que saliesen a disputar unas elecciones que se daban por perdidas.
Hay dudas y desazón. Pero al margen de cómo acabe el proceso, yo ya tengo asumido que Zapatero a nivel político ha acabado, y eso es un palo para el partido muy grande", asegura un mando regional
—Yo la verdad es que estoy bastante preocupado —confiesa un alto mando de otro territorio—. Tampoco he entendido muy bien el papel de Arroyo, que dio una cuantía de las joyas muy alejada de la tasación. A ver cómo va la declaración de la semana que viene, pero pinta jodido. Veo bastante difícil que pueda satisfacer a quienes queremos que esto sea una pesadilla que se pueda aclarar. Solo espero que estos días le hayan servido para prepararse bien la defensa, pero solución yo creo muy complicado que vayamos a tener. Hay dudas y desazón. Pero independientemente de cómo acabe el proceso, yo ya tengo asumido que Zapatero a nivel político ha acabado, y eso es un palo para el partido muy grande. Era un dirigente que transmitía a nivel moral y personal una imagen que es la antítesis de esto que estamos viendo. Y es que te lo creías. Incluso gente de derechas que le podía odiar a nivel político, a nivel personal le tenía cierta simpatía por ser un tipo íntegro.
Ese sentimiento de decepción y de rabia por el daño reputacional estaba en las últimas horas muy presente en dirigentes del PSOE. Lo sintetiza un responsable con muchos años a su espalda de militancia y con hilo directo con la cúpula del Ejecutivo. Y él, como otros compañeros, coincide con que el problema se le presenta a Zapatero con esta pieza separada sobre las joyas.
Porque la principal, la del caso Plus Ultra, "está todavía cogida con alfileres", ya que "no hay pruebas directas" que incriminen al expresidente y las evidencias con más fuste proceden del contenido del móvil intervenido a Rodolfo Reyes, quien fuera presidente de la compañía aérea. El juez pidió autorización a EEUU, que había interceptado el teléfono del empresario, para poder utilizar ese volcado en la causa. La defensa de Zapatero reclamaba esta semana que se esclareciesen las circunstancias en las que la agencia americana Homeland Security Investigations (HSI) accedió en 2021 a las comunicaciones de Reyes, que fueron aportadas a la UDEF de la Policía Nacional el pasado marzo, cinco años después. "Esa prueba podía ser endeble, pero esta, si se confirma el valor y no se logra acreditar la situación fiscal de las joyas, es letal. Me temo que la caída del mito es prácticamente irreversible. ¡Qué tristeza!", apunta este citado responsable.
Para un secretario provincial, "cada día que pasa, el crédito del expresidente está más que agotado. Es una situación muy difícil para el PSOE. Estamos deseando escucharle cuanto antes"
Más dirigentes expresan ese mismo dolor. "Es que está claro que Zapatero es ya irrecuperable", indica una portavoz autonómica. "Es que, aunque espero que todo sea legal y lo pueda demostrar, sí parece que es un lobista más. Yo creo que con el sueldo de expresidente podría haber vivido más que bien. Ese era el ejemplo, pero parece que el dinero nunca es suficiente. No predico que ser de izquierdas sea ser pobre, ni vivir con estrecheces. Al contrario, que todos vivamos y disfrutemos. Pero esta ambición y encima dando lecciones es intolerable", comparte una integrante de una ejecutiva regional. "Si esto se confirma, lamentablemente es así que le habremos perdido —tercia un barón provincial—. Cada día que pasa, su crédito está más que agotado. Es una situación muy difícil para el PSOE. Estamos deseando escuchar cuanto antes a Zapatero".
La apertura de una pieza por las joyas venía a añadir incomodidad a un asunto de entrada muy molesto para los socialistas. Y llegaba en un momento de máxima alerta, de máxima debilidad por la derivada infinita del caso Leire. "Otra noticia más —constata con pesar un responsable de un aparato autonómico. Intentamos sacar la cabeza, pero... En fin, la gente está esperando a que dé las explicaciones ante el juez. A ver si es que tienen explicación". En el fondo, en el partido quieren creer que Zapatero dispondrá de un arsenal que le permita desmontar las acusaciones que pesan sobre él. "Es como cuando te cuentan algo muy malo de alguien al que quieres mucho mucho, muchísimo, como tu padre o tu hermano, y tú no lo has visto", ilustra una exalcaldesa.
El referente casi perdido
Y es que el expresidente era hasta ahora un referente total y una autoridad moral y ética para el partido. "Un icono al que sacabas como un santo en procesión —conviene un cargo local—. Un presidente que amplió derechos y que era un faro para mucha gente, y una persona leal al partido. Zapatero incorporaba a una parte del partido que no votó a Sánchez en las primarias de 2017. Y, tras aquel desgarro de una guerra civil como la que hubo en aquel año en el partido, Zapatero ayudaba a la cohesión interna. Por eso el impacto es gordo y todo es tan jodido". Y todo podría agravarse si Calama adoptara algún tipo de medida cautelar contra él, aunque por ahora en el partido no se sitúan en la hipótesis de que pueda ser enviado a prisión provisional.
Los dirigentes relatan el "impacto" de la caída en desgracia de un Zapatero que era hasta ahora referente de todo el partido, un icono que destacaba por su "austeridad" y comportamiento "íntegro"
Una exministra que trabajó con el expresidente también resalta su "austeridad", su figura de político "muy familiar, muy apasionado con su responsabilidad política, muy rompedor". Una imagen que ahora comienza a venirse abajo, para horror de su partido. "Es que se me parte el alma. Es todo una pesadilla", continúa esta exintegrante de su Ejecutivo.
—El mito se cae desde el momento en que hay duda. Y duda la hay. Si encima no se dice la verdad, como ha ocurrido con la valoración de las joyas, peor —expresa una baronesa provincial.
—Es lo peor que le puede pasar a Zapatero: la gente piensa que les ha engañado y ha jugado con sus sentimientos —apuntala una responsable que ha tratado mucho estos años al expresidente y que formó parte de su cúpula.
—El mito se cae para quien lo creyera como tal —indica con bastante más distancia una dirigente territorial muy conocida por el conjunto del PSOE—. Hace ya semanas que pasamos el shock.
Como expresa un miembro de la cúpula federal, "no deja de ser paradójico" que Zapatero no se quedase en el Consejo de Estado, cuando él cambió la ley para que los expresidentes recalaran allí
La desconfianza también alcanza a algunos miembros de la cúpula federal. Uno de ellos apunta que "no deja de ser paradójico" que habiendo Zapatero cambiado la ley para que los expresidentes pudieran incorporarse al Consejo de Estado tras dejar el cargo, "él no se incorporase". El exlíder socialista pasó por el máximo órgano consultivo del Gobierno solo tres años, entre 2012 y 2015, para pasar después a la actividad privada.
"Hay jueces que prevarican"
No obstante, muchos cuadros piden cautela, no juzgar por anticipado. Esperar. "Dentro hay incredulidad y estupor. Pero no se debe emitir juicio hasta escuchar sus explicaciones. Un poco de paciencia. Yo, que le conozco, no tiro la toalla aún. No estoy dispuesto todavía a bajar el pulgar. Es verdad que a nuestra gente, que es muy ciclotímica, los escándalos relacionados con la honestidad les desmoralizan mucho", señala un dirigente con mucha trayectoria a su espalda y muy respetado en el partido. Pero él mismo advierte de que, llegado el caso, el partido "ha de ser fiel a sus ideas por encima de las personas".
Varios responsables piden prudencia, esperar a la comparecencia de la semana próxima, y algunos aluden a las "dos velocidades" de la Justicia, muy rápidos con ellos y muy lentos con el PP
En la ejecutiva federal recuerdan que las bases están "en apretar filas", en no rendirse. Y en los territorios también hay dirigentes que ven la apertura de una pieza separada por presunto delito fiscal y contrabando como una continuación del "acoso", de una estrategia para tumbar a Sánchez, "cuando el Gobierno no tiene nada que ver con una tasación de unas joyas". E insisten en ese "doble rasero" de la Justicia del que hablaba este viernes Morant. Para algunos socialistas, como expone un jefe de un aparato autonómico, es flagrante que el juez que instruye la causa por presunta corrupción en los negocios de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, haya tardado seis meses en autorizar a la UCO de la Guardia Civil para que investigue los movimientos de varias cuentas bancarias. Como tampoco se explican que las pesquisas contra el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro sigan dilatándose después de años. "Lo nuestro, en cambio, va a la velocidad de la luz. Todo huele tanto a cloaca que ya... Está claro que hay dos velocidades. Cada partido tiene sus papeletas, pero unas van a un ritmo y otras a otro", sostiene este responsable de Organización regional.
Para que se entienda:
Hay jueces que prevarican. Y si no son ellos, son alguien de su entorno.
— Oscar López Agueda (@oscarlopeztwit) June 10, 2026
Palabras que caminan en la línea de lo manifestado el pasado miércoles por el titular de Transformación Digital, Óscar López: "Hay jueces que prevarican". Sin ambages. Sugiere una idea próxima otra ministra: "Creo que estamos validando investigaciones prospectivas y el proceso penal tiene que tener una finalidad concreta, no investigar a ver qué sale. Eso coloca al investigado en una posición de indefensión contraria a sus derechos y pervierte el proceso penal, aparte de vulnerar la presunción de inocencia. Estos casos generales son muy cuestionables". "Yo aguardaría, vamos a ver todo", reclama un presidente autonómico.
Estamos validando investigaciones prospectivas y el proceso penal tiene que tener un fin concreto, no investigar a ver qué sale. Eso coloca al investigado en una posición de indefensión", dice una ministra
Sí, el PSOE es un partido ahora mismo a la espera. Expectante ante lo que Zapatero pueda esgrimir ante el juez a partir del próximo miércoles. Deseoso de escucharle, de comprender sus explicaciones, de que se acabe la "pesadilla". Pero poco a poco el partido ha ido perdiendo la venda. Y la incredulidad total ha mutado en un mayor recelo, en una cierta irritación y desconfianza. En la convicción de que su mayor referente ético, el que les unía a todos, ha descendido a unos infiernos de los que difícilmente ya podrá escapar indemne.
Es más que probable que esta legislatura tan cuesta arriba para el Gobierno concluya sin unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE). El Ejecutivo no ha llevado a la Cámara ningún proyecto en estos tres años, pese a haberlo prometido insistentemente, por la evidente falta de apoyos. Pero el mandato emboca ya la recta final y las generales, aunque no tengan fecha, están más cerca. Y ahora sí que Pedro Sánchez puede utilizar unas nuevas cuentas como "relato", como creen en su partido, como programa electoral. Por eso el Gobierno quiere lanzar la señal de que irá más rápido con los trámites. Ya publicó el viernes pasado en el Boletín Oficial del Estadola orden de Hacienda para poner en marcha la maquinaria interna y el 23 de junio estará lista otra piedra fundamental, el cuadro macroeconómico, así que julio se aprovechará, previsiblemente, para que las Cámaras debatan y voten los objetivos de déficit y deuda. Y suceda lo que suceda con ellos, el texto con los nuevos PGE llegaría al Congreso en los últimos meses del año para su tramitación parlamentaria.
Sánchez, por tanto, quiere marchar de vacaciones, que este año previsiblemente serán algo más largas —cuatro semanas sin reunión del Consejo de Ministros, todo agosto— con un paso dado hacia los PGE de 2027. Porque para los socialistas es prioritario enviar la señal de que, pese a todos los casos judiciales que les acechan, el Gobierno continúa trabajando, sigue con su labor y no está paralizado. El mensaje, mil y una vez reiterado, es que agotará la legislatura.
Vamos a avanzar para la presentación de los Presupuestos, presentando el cuadro macro el día 23 de junio, se lo dejo anunciado que a lo mejor es incluso de su interés", espeta Cuerpo al PP
La sesión de control de este miércoles en el Congreso estuvo tomada por el caso Leire. El PP percutió una y otra vez con ella, empezando por Alberto Núñez Feijóo. Pero en la respuesta a la portavoz popular, Ester Muñoz, el vicepresidente primero sí avanzó un compromiso del Gobierno. "Como ya dijo el presidente del Gobierno, vamos a avanzar para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, presentando el cuadro macro el día 23 de junio, se lo dejo anunciado que a lo mejor es incluso de su interés", apuntó Carlos Cuerpo.
Es decir, que el Consejo de Ministros aprobará el cuadro de previsiones macroeconómicas en menos de dos semanas, y justo un día antes de la comparecencia en el pleno de la Cámara baja de Sánchez, en la sesión en la que dará cuenta del caso Leire y de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La idea del Ejecutivo, según avanzan fuentes del área económica a este diario, es que los objetivos de déficit y deuda sean aprobados primero por el Consejo de Política Fiscal y Financiera —la reunión del titular de Hacienda, Arcadi España, con los consejeros autonómicos sería por tanto el lunes 22— y luego por el Gobierno —el martes 23—, ya junto con el techo de gasto.
La idea es que el Consejo de Política Fiscal y Financiera pudiera reunirse el 22 de junio, aunque no está cerrado. La senda de estabilidad se votaría así en julio, y casi seguro será tumbada dos veces
Ese es "el escenario central" ahora mismo, indican fuentes del más alto nivel del Ejecutivo. De este modo, los objetivos de déficit y deuda —la llamada senda de estabilidad— serían debatidos y votados por el Congreso en un pleno extraordinario de julio. Si ocurre como en los ejercicios anteriores, serán tumbados por PP, Junts y Vox. En ese caso, el Consejo de Ministros debe remitir la senda de nuevo al Parlamento —si es la misma, no debe pasar previamente por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)— para un segundo debate y votación. Y si cae por segunda vez, entonces el Gobierno está obligado a elaborar los nuevos Presupuestos con el marco de déficit anterior, menos flexible para comunidades autónomas y ayuntamientos.
Si se cumplen todos estos pasos, entonces el proyecto de nuevas cuentas aterrizaría en el Congreso ya en el otoño. La Constitución obliga a que se presenten antes del 30 de septiembre, aunque en la pasada legislatura, cuando Sánchez sí disponía de mayoría parlamentaria, se enviaban a la Cámara baja avanzado octubre y conseguía, en todo caso, que acabara su tramitación antes del 31 de diciembre, de tal manera que entraban en vigor el 1 de enero del año siguiente. Así se aprobaron las cuentas de 2021, las de 2022 y las de 2023, las que están todavía vigentes.
Las otras alternativas
No obstante, como advierten en la cúpula del Ejecutivo, no está todo cerrado, de tal manera que no está sellado aún que el CPFF se celebre el 22 de junio y que, en consecuencia, la senda de estabilidad llegue a Congreso —y, si superara esa pantalla, algo poco probable, al Senado— en julio. Podría suceder, continúan estas fuentes, que el 23 de junio el Consejo de Ministros aprobara el cuadro macro y que posteriormentese diera luz verde a los objetivos de déficit y deuda y al techo de gasto, de modo que los tiempos se estirarían.
El Gobierno señala que esta vez, pese a que no ha cumplido con la Constitución en esta legislatura, sí piensa mandar los PGE "en tiempo y forma" al Congreso. El mensaje, "trabajo y normalidad"
Pero la idea del Gobierno es que esta vez sí se cumpla —no ha ocurrido en toda la legislatura— el calendario ordinario, de tal manera que los PGE puedan ser entregados a la Cámara baja en torno a esa fecha límite del 30 de septiembre. Que se presenten, detallan, "en tiempo y forma". Porque el mensaje, pese a todos los nubarrones que rodean a Sánchez, es de "trabajo y normalidad", subraya un ministro de mucho peso.
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El vicepresidente había calculado que la guerra de Irán podía restar unas décimas de crecimiento. Ahora también se está hablando con los sectores cómo actualizar el plan de respuesta al conflicto
El pasado 28 de abril, ya con Montero fuera del Gabinete y su sucesor, Arcadi España, en Hacienda, el vicepresidente Cuerpo calculó que el conflicto en Oriente Próximo podría traducirse en una merma de entre 0,1 y 0,4 puntos del crecimiento económico y un punto más de inflación media anual. Esa perspectiva se incluyó en el informe de progreso anual remitido a Bruselas, pero no se introdujeron cambios en el cuadro macro, a la espera de cómo evolucionase la contienda. Tras una primera reunión con los agentes sociales el pasado 25 de mayo, ayer miércoles continuó la ronda de encuentros del Gobierno con los sectores para analizar el impacto de la guerra y hacer seguimiento del funcionamiento del plan de respuesta, "con la vista puesta en su continuidad y adaptación más allá del 30 de junio". El vicepresidente primero despachó con las patronales y asociaciones de los sectores del transporte, la logística y la distribución.
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En caso de que esta vez el Gobierno cumpla con el mandato constitucional y lleve su proyecto de Presupuestos a la Cámara, la siguiente pregunta es qué ocurrirá con ellos. Aunque Sánchez ha prometido diálogo y ha lanzado guiños sobre todo a Junts, insistiendo en que él desea el despliegue efectivo de la ley de amnistía —que depende de lo que resuelva el Tribunal de Justicia de la Unión Europea— y en que su Ejecutivo desea cumplir con lo firmado en Bruselas en 2023, los posconvergentes siguen muy distantes.
Es muy probable que PP, Junts y Vox se opongan a la senda, y se da por casi imposible que los de Puigdemont, que rompieron con el Gobierno en octubre, puedan dar luz verde a los PGE de 2027
La formación de Carles Puigdemont rompió con los socialistas el pasado octubre y desde entonces no se han retomado las negociaciones. Y, como el PNV, pide el adelanto de las generales, aunque ha reiterado, también como el PNV, que no se sumaría nunca a una moción de censura del PP que, para prosperar, requeriría del concurso de Vox. La derecha independentista recuerda siempre que puede que el Ejecutivo no ha cumplido con lo suscrito para la investidura y agita el discurso del agravio constantemente. Este miércoles, la portavoz en la Cámara baja, Míriam Nogueras, volvió a quejarse ante Sánchez de que el Gobierno ha "abandonado" Cataluña y no ha pagado "ni un solo euro" de lo que le corresponde a la comunidad. Junts rechazó la senda de estabilidad en 2024 y 2025 con el argumento de que no concedía la mitad del margen de déficit a las CCAA. Y nunca se prestó a negociar los PGE.
Balance en la última semana de julio
Si el "escenario central" del Ejecutivo es el finalmente elegido, Sánchez podrá cerrar este curso político con la senda de estabilidad llevada al Congreso (y probablemente tumbada por él). La previsión es que la última reunión del Consejo de Ministros tenga lugar el 28 de julio —ese mismo día o en esa semana, previsiblemente, Sánchez hará balance de este año en rueda de prensa—, y dé paso a un largo periodo vacacional. Este año podrían ser cuatro las semanas sin reunión del Gabinete, de modo que el primer Consejo de Ministros de vuelta de vacaciones se celebre el martes 1 de septiembre.
Ahora mismo, la previsión del Ejecutivo es que el último Consejo de Ministros se celebre el 28 de julio, y no tenga lugar la primera reunión del Gabinete hasta el 1 de septiembre, cuatro semanas después
Sánchez, como ocurriera el año pasado, necesita que la temperatura y la tensión política se enfríen. Esta semana, él y su equipo están pudiendo refugiarse en la visita del Papa —ayer, el presidente, su mujer y una buena parte de sus ministros acudieron a la misa en la Sagrada Familia y a la posterior apoteósica inauguración de la Torre de Jesús, y hoy acompañará a León XIV en Gran Canaria— y confía en que el Mundial de fútbol también ayude a desplazar el foco. La competición deportiva comienza precisamente este jueves y se prolongará hasta el 19 de julio.
En la Moncloa esperan que el desempeño de la Selección española, una de las grandes favoritas, contribuya a mitigar el impacto de las noticias en terreno judicial que están por venir en las próximas semanas: la comparecencia en audiencia preliminar de Begoña Gómez (lunes 15), la declaración de Zapatero (miércoles 17 y jueves 18), las sentencias del caso mascarillas y del juicio al hermano del presidente, David Sánchez —en fecha por determinar—, y las declaraciones de varios testigos (entre ellos, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, el 10 de julio) por el caso Leire. Elementos que nutrirán la comparecencia del presidente en el Congreso del 24 de junio y ante el comité federal de su partido del sábado 27. Pero el Ejecutivo se agarra sobre todo al efecto verano, a que el parón suponga un reset en la agenda política que le dé el oxígeno suficiente como para intentar recuperar el impulso a la vuelta, en septiembre. Y ahí los PGE jugarán un papel fundamental.
Si las cuentas son devueltas, Sánchez tendrá que decidir si continúa hasta la meta de 2027 o bien adelanta las generales y las sitúa antes que las municipales y autonómicas de mayo
Si la votación de totalidad de las cuentas públicas se produce en octubre, y estas son rechazadas, Sánchez tendrá que decidir si continúa, más debilitado, hasta la meta de julio de 2027, o bien adelanta las generales y las sitúa, como quieren muchos en su partido, antes de las municipales y autonómicas de mayo. Ni él ni los suyos se sitúan en ese punto. Hay varios partidos por jugar antes. Aunque, en realidad, todo el escenario esté embarrado por los distintos casos de presunta corrupción que amenazan a los socialistas y que roban al Gobierno todo el control de la agenda y buena parte de su capacidad de iniciativa. Todo lo devora el fuego de los escándalos.
El caso Leire Díez apenas ha echado a rodar. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ya dictó un primer auto en el que dibujaba cómo operaba una presunta red criminal en Ferraz que tenía a la cabeza al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y a la ya exmilitante Leire Díez como mano ejecutora, como fontanera. El magistrado levantó parcialmente el secreto de la causa y ayer ordenó el libramiento de varios oficios y la citación de hasta 22 testigos entre el 26 de junio y el 13 de julio. Entre ellos, la presidenta del partido, Cristina Narbona. Y al día siguiente tendrá que declarar como imputada ante él la abogada Leticia de la Hoz, por presuntamente haber sobornado a la empresaria Carmen Pano para que cambiara su versión respecto a que había entregado 90.000 euros en efectivo en el cuartel general de los socialistas a petición del comisionista Víctor de Aldama.
Quedan por practicar muchas diligencias pero es verdad que en el partido, como ya publicó este diario, se teme que el caso escale más y pueda acabar suponiendo una imputación del PSOE como persona jurídica. Algo que sería letal para los ánimos de una formación hundida anímicamente también por otro caso, el que mantiene investigado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Pero la puntilla definitiva podría ser la imputación del propio Pedro Sánchez. No sería sencilla, porque para que esa circunstancia se diera, Pedraz tendría que hallar indicios que le condujeran hasta él que justificasen elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo. Este sería el competente para decidir si investiga o no al jefe del Ejecutivo, dado que este es aforado, y en caso de que determinara proceder contra él, tendría que solicitar el suplicatorio al Congreso.
Sin embargo, fuentes la Moncloa aseguran no ver "motivo alguno" ni para la imputación del PSOE ni para la de Sánchez. Tampoco creen justificado que Pedraz pudiera llamar a declarar al presidente del Gobierno y secretario general del partido ni siquiera como testigo. "Es que no hay indicio ninguno de que Sánchez conociera a Leire. Ni hay una prueba de que operara la trama como tal ni mucho menos que implicara al partido", esgrimen. La tesis de la dirección socialista es que Cerdán pudo montarse su propia red para taparse a sí mismo, para esconder sus chanchullos, y que para ello tiró de la ayuda de Díez.
El juez tiene imputada a la gerente actual, Ana Fuentes, y la UCO descubrió que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, se reunió al menos tres veces con Díez. Citas que ella ratificó
Pero el juez tiene imputada a la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes —promovida al cargo por Cerdán en 2021—, y además en el sumario de la causa los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revelaron que Díez se había reunido en al menos tres ocasiones con la directora general del cuerpo, Mercedes González. Encuentros que ella al final tuvo que reconocer después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska hubiera negado esa posibilidad apenas unos días de conocerse el sumario. El PSOE no ha abierto ningún tipo de expediente a Fuentes y el Ejecutivo, empezando por el propio Sánchez y siguiendo por Marlaska, han manifestado su respaldo pleno a la jefa de la Guardia Civil.
Este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, reiteró que Sánchez nunca supo nada de la fontanera del PSOE: "El presidente nunca ha conocido, ni avalado ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado". Repitió prácticamente palabra por palabra aquello que el propio jefe del Ejecutivo respondió a los periodistas el pasado viernes en Tivat (Montenegro).
#EnDirecto | El Gobierno desmiente "rotundamente" cualquier encuentro entre Pedro Sánchez y Leire Díez: "Nunca ha conocido ni avalado ni ha sido informado de sus andanzas. Nunca lo hubiera tolerado" pic.twitter.com/oG1tnnWPp7
Los informadores preguntaron a la portavoz por qué ahora el partido y el Gobierno no actúan como en el pasado, cuando pidió sus actas y echó a los exsecretarios de Organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Ahora no se ha adoptado ningún tipo de medida contra Zapatero, ni contra la gerente del partido, ambos imputados en la Audiencia. La ministra reivindicó que la posición es "absolutamente coherente". "Somos el Gobierno de la tolerancia cero contra la corrupción, de la colaboración con la Justicia, de respetar los tiempos de la Justicia, de confiar en la Justicia", remachó, recordando de nuevo el plan de medidas anticorrupción que Sánchez presentó en julio del año pasado ante el Congreso. El problema es que la norma estrella, el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, aún no ha llegado al Congreso y se antojan muy complicados sus apoyos parlamentarios.
El Ejecutivo mantiene la confianza en González y también en Narbona. La presidenta del PSOE "tiene una moralidad intachable". "Jamás ha intervenido en nada ilícito o impresentable", apuntan
En el Gobierno mantienen toda la confianza en González —no se plantea de ningún modo su cese, y menos aún después de que Sánchez le explicitara su respaldo— y también en Narbona. En su caso, la UCO describe en su informe que la presidenta del PSOE mantuvo una conversación por WhatsApp con Díez el 24 de abril de 2024, cuando Sánchez publicó su Carta a la ciudadanía, en la que abría un periodo de reflexión de cinco días en el que se planteó dimitir. La exmilitante le habló de "reconducir" los ataques al presidente, de dar "ayuda cualificada" y dar la vuelta al asunto "como un calcetín". "[Esto] se lo habías contado a Santos el otro día", respondió ella. Narbona deberá comparecer como testigo ante Pedraz el 10 de julio. Ni Saiz ni el ministro de Transportes, Óscar Puente, presente en la rueda de prensa de este martes, quisieron hacer referencia a la citación de la presidenta del PSOE, pero fuentes de la Moncloa mostraron su "pleno respaldo" a la dirigente.
"Cristina tiene una moralidad intachable. Estamos seguros de que jamás ha intervenido en nada ilícito o impresentable. Es la persona más seria del mundo", señala un miembro del Ejecutivo que confía en que no obstante el caso Leire se vaya desactivando, porque no le ve recorrido. "Leire sería lo que en derecho se llama una tentativa inidónea, que es como elegir un medio incapaz de provocar el resultado buscado. Ella no tenía capacidad de influir en nada. Habría que darle la medalla de Isabel la Católica. Desde Mata Hari no se conocería nada igual", bromea este alto mando.
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