El verano cada vez se adelanta más: el calor tradicional de junio este año –también el pasado– llegó en mayo. Los colegios públicos de España no están preparados para ello, se calcula que apenas un 1% de ellos están correctamente climatizados. En muchas aulas se están superando los 30 grados, lo cual impide acabar el curso con comodidad y sin riesgos para la salud. Las familias y los equipos docentes, en todo el país, están luchando por medidas que atenúen la situación.

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La Generalitat valenciana deja en el aire la contratación de 5.000 docentes, la inversión en infraestructuras por un importe de 1.409 millones de euros y la bajada de ratios de estudiantes por aula que ofreció durante la huelga indefinida, que ha durado 24 días y que el profesorado votó suspender el miércoles en una consulta telemática, con la advertencia de que puede reanudarse en septiembre sin necesidad de preaviso. Los sindicatos solo firmaron este jueves dos de las propuestas planteadas por el Ejecutivo autonómico que preside Juanfran Pérez Llorca, del PP: la relativa a la simplificación de la burocracia escolar (suscrita por STEPV, CSIF, CC OO y UGT) y a la regulación del valenciano (sin apenas contenido, que solo ha suscrito CSIF). A ello hay que sumar el acuerdo de aumento salarial, de 200 euros al mes, que suscribieron tras los primeros días de la huelga ANPE y CSIF, que también es de obligado cumplimiento para la Generalitat.

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