La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha emitido un informe desfavorable a la concesión del indulto al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado por un delito de revelación de datos reservados el pasado diciembre. Los magistrados consideran que no concurren "razones de justicia, equidad o utilidad pública" que justifiquen la medida de gracia, y subrayan que su actuación afectó de manera "importante" a la Fiscalía como institución.

"Los hechos fueron graves, han producido una afectación importante de la institucionalidad del ministerio público por la relevancia de su función, como promotor de la justicia, garante de la independencia judicial y del ejercicio de los derechos de los ciudadanos de acuerdo a la legalidad", señalan los magistrados en su escrito, al que ha tenido acceso El Independiente.

El indulto parcial

La resolución supone un revés para García Ortiz después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo se pronunciara el mes pasado a favor de un indulto parcial respecto de la pena de inhabilitación que aún tiene pendiente de cumplimiento. El organismo consideraba que la sentencia que le condenó por la filtración de datos sobre la causa del empresario Alberto González Amador —pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso—, generó "consecuencias extrapenales intensas y desproporcionadas".

García Ortiz fue condenado por la Sala de lo Penal a una multa de 12 meses —a razón de 20 euros diarios—, el pago de 10.000 euros de indemnización por daños morales y la pena de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado durante dos años. El tribunal le atribuyó un delito de revelación de datos reservados, después de que "él o una persona de su entorno inmediato" filtrasen el correo en el que el abogado del novio de Ayuso reconocía que "ciertamente" su cliente había cometido dos delitos de fraude fiscal.

En ese informe que se remitió entonces a la Sala de lo Penal, la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, defendía que la medida de gracia debería aplicarse exclusivamente sobre la pena de inhabilitación para el cargo de fiscal general del Estado, que aún se encuentra en ejecución y que, de mantenerse íntegra, se prolongaría hasta diciembre de 2027. Así, recordó que la indemnización y había sido abonada y la multa se encontraba consignada, mientras que la inhabilitación continúa en ejecución.

"No se advierten razones de justicia"

Sin embargo, la Sala de lo Penal se ha posicionado en contra. Los magistrados recuerdan que el indulto es una medida excepcional y concluyen que los solicitantes no han aportado motivos suficientes para justificarlo. "No se advierten razones de justicia, equidad o utilidad pública que permitan dar fundamento a la petición deducida", afirman.

El tribunal también rechaza que la escasa relevancia práctica de la pena pendiente sea motivo para conceder la gracia. A su juicio, la conducta por la que fue condenado el exfiscal general afectó a uno de los pilares básicos del Ministerio Público: el deber de confidencialidad. "La contravención de la norma referida al mantenimiento del secreto y confidencialidad de sus actuaciones es un hecho grave, que, declarado en sentencia firme, debe ser ejecutado", sostienen los magistrados.

El titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha requerido a 16 bancos que entreguen a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil toda la información bancaria del empresario Alberto González Amador —pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso— desde el año 2024 hasta la actualidad, en el marco de la causa en la que se le investiga por los presuntos delitos de corrupción y administración desleal.

Según consta en un auto, al que ha tenido acceso El Independiente, el juez Antonio Viejo ha requerido a bancos como Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter, Deutsche Bank, Openbank o Kutxabank que remitan directamente a la UCO información sobre "movimientos, saldos, productos financieros y cuentas" vinculadas a González Amador y a las sociedades investigadas.

La diligencia se enmarca en la pieza separada abierta para investigar si, al margen de los presuntos delitos fiscales y de falsedad documental que ya se investigan en otro procedimiento, pudieron cometerse los delitos de corrupción en los negocios y administración desleal.

La participación de la UCO fue acordada hace casi un año, cuando la entonces titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, decidió incorporar a los especialistas en delincuencia económica de la Guardia Civil al considerar que la investigación presentaba una especial "complejidad y un carácter interprovincial".

Tras analizar la documentación, los agentes solicitaron autorización judicial para acceder a la información bancaria y societaria de González Amador. Esa petición se confirmó el 9 de abril de este año, y es la que ha sido ahora avalada por el magistrado Antonio Viejo.

Investigación específica

La pieza separada tiene su origen en una decisión adoptada por la jueza Iglesias el 23 de octubre de 2024. Entonces, la magistrada acordó abrir una investigación específica para determinar si la utilización de la mercantil Masterman S.L. como receptora de parte de un contrato firmado entre Maxwell Cremona —empresa de González Amador— y Quirón Prevención pudo encubrir conductas delictivas aparte de las ya investigadas por fraude fiscal.

Según investiga el juzgado, Maxwell Cremona cedió parte de ese contrato a Masterman en diciembre de 2021. Un día después, la pareja de Ayuso adquirió la totalidad de las participaciones de esta última sociedad y pasó a convertirse en su administrador y socio único, tal y como se recoge en el citado escrito.

La exmilitante socialista Leire Díez lo anotaba todo. Así se desprende de la veintena de agendas y libretas que la Guardia Civil le intervino en el marco del caso bautizado con su nombre que sigue su curso en la Audiencia Nacional. Todas ellas han sido incorporadas al sumario de la investigación, al que ha tenido acceso El Independiente, y recogen la ofensiva desplegada por la supuesta 'fontanera' del PSOE contra jueces, fiscales y mandos policiales que investigaban las causas que afectaban al entorno del Gobierno. Entre ellos el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso contra la esposa del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez, pero también encargado de un procedimiento que salpicaba a Nervis Villalobos, el exviceministro chavista vinculado a la trama de las presuntas 'cloacas'.

En una de las agendas intervenidas a Leire figura una anotación bajo el epígrafe "Acción política" en la que se hacía referencia a dos agentes de la UDEF identificados por sus números profesionales: el 111.129 y el 127.263. El primero de ellos fue destinado en 2021 como agente de enlace en Europol, con sede en La Haya, tras ser condecorado por el Ministerio del Interior, según apuntó en febrero de 2025 el propio Gobierno tras la comparecencia en el Congreso de Villalobos.

El "policía de Grinda"

Justamente, en uno de los documentos localizados por la Guardia Civil en el ordenador de la 'fontanera', el agente 111.129 aparece descrito como el "policía de Grinda", en referencia al fiscal Anticorrupción José Grinda, uno de los principales objetivos de la trama. El texto atribuye a ambos la elaboración de informes policiales presuntamente falsos en diversas investigaciones y sitúa el caso de Nervis Villalobos como una de las piezas centrales de esa estrategia.

Según ese relato, la investigación contra el exviceministro venezolano habría estado sustentada en informes elaborados por ese agente de la UDEF y utilizados posteriormente por Anticorrupción en distintos procedimientos abiertos contra Villalobos. La documentación sostiene que dichos informes contenían "datos falsos o erróneos" y que formaban parte de una supuesta "persecución" impulsada tras la negativa del exalto cargo chavista a colaborar con la Fiscalía y aportar información sobre distintos objetivos políticos y empresariales.

El 'relato' de Leire también insiste en que las investigaciones contra el empresario venezolano se impulsaron siempre "por los mismos fiscales, los mismos agentes policiales y las mismas unidades especializadas". Según esa versión, las tres causas judiciales en las que Villalobos se encontraba inmerso en la Audiencia Nacional y los Juzgados de Madrid se habrían apoyado en informes elaborados por la misma estructura.

El vínculo con Peinado

Las notas intervenidas revelan además cuál era el objetivo final de esa estrategia. En uno de los documentos se recoge expresamente que "si cae el [agente] 111.129, se cae su causa", en referencia a los procedimientos que afectaban a Villalobos. A continuación, la anotación añade que el exviceministro iniciaría una "querella o denuncia a Peinado por detención ilegal", ya que el instructor había decretado su ingreso en prisión provisional —a petición de la Fiscalía— y el bloqueo de sus cuentas bancarias.

La referencia conecta directamente con la resolución del Tribunal Constitucional que declaró vulnerado el derecho fundamental a la libertad personal de Villalobos por una de las decisiones adoptadas durante la instrucción dirigida por el magistrado. La documentación señala incluso que la sentencia del Constitucional sería entregada el día 12, lo que podría apuntar a que la estrategia contemplaba utilizar ese fallo como base para una ofensiva posterior contra el juez.

De este modo, la caída de la credibilidad del agente de la UDEF podría servir, según el esquema reflejado en los documentos, para cuestionar las investigaciones policiales que sustentaron las causas contra Villalobos y abrir posteriormente una vía de actuación contra Peinado.

Begoña Gómez

Justamente, este magistrado fue quien impulsó la causa contra Begoña Gómez, que encara ahora su fase final. El próximo lunes, 15 de junio, la esposa de Pedro Sánchez, su exasesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés están citados para la audiencia previa, en la que se decidirá si los tres investigados acaban yendo a juicio con jurado popular por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción, malversación y apropiación indebida.

El juez encargado de investigar el 'caso Leire', Santiago Pedraz, fechó precisamente el inicio de esta presunta 'trama de las cloacas' el mismo día que se conoció la imputación de Gómez. Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, mientras Sánchez permanecía apartado del foco público, se puso en marcha la red destinada a hacer frente a las investigaciones judiciales que afectaban al entorno del Gobierno y el PSOE. Una estrategia que habría estado coordinada por Leire, pero en la que el entonces 'número tres' del partido, Santos Cerdán, habría tenido un "papel superior".

Los testimonios que ponen en el foco a Gustavo Fuentes, el CEO de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), una de las principales productoras de Canal Sur, investigado por agredir sexualmente a una reportera, no paran de crecer. Este jueves se ha conocido que en la primavera de 2024, representantes de la sección sindical de CC OO en RTVA empezaron a recibir los primeros testimonios de trabajadoras de la productora en los que relataban episodios de supuestas agresiones y acoso sexual cometidas por Fuentes, además de las situaciones continuas de acoso laboral a las que eran sometidas en su lugar de trabajo.

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