Gabriel Rufián ha lanzado una dura advertencia en los pasillos del Congreso ante un hipotético Gobierno del PP y Vox. El portavoz de ERC ha confesado que no tiene "puñeteras ganas de que Abascal sea vicepresidente", aunque ha afirmado que se niega a entrar "en esta melancolía, en esta tristeza absoluta y en este pesar".
Por ello, ha defendido que hay que "aprovechar el tiempo que tenemos" porque lo que viene "es muy duro". El dirigente ha alertado del "sufrimiento social" que va a comportar la entrada de estos partidos en el Ejecutivo, llegando a asegurar que "no se va a poder ver ni la televisión pública". "En fin, va a ser un desastre", ha apostillado.
Rufián ha hecho especial hincapié en el "peligro de ilegalización" porque "ya han dicho que nos quieren ilegalizar a algunos de nosotros". En este sentido, cree que "no responder a eso" y "no aprovechar el tiempo que nos queda", es "irresponsable y negligente".
"Hay muchísima gente en este país que es progresista y que quiere que este gobierno se mantenga, pero que no quiere votar al PSOE, sobre todo ahora", ha subrayado, a la vez que defendía la necesidad de crear un "espacio votable" en ese sentido. "Fíjese si son chungos los que vienen detrás que se está aguantando esto", ha señalado en referencia a las presuntas tramas que salpican al entorno de Pedro Sánchez.
Las palabras del dirigente de ERC han hecho estallar las redes sociales. Cientos de usuarios han criticado la postura de Rufián, llegando incluso a cuestionar su labor como político. "Abascal será vicepresidente porque llevas 10 años haciendo política endogámica para clasistas y supremacistas. Es lo que hay. Nacionalista tú, nacionalista los demás", ha criticado un usuario en X (antiguo Twitter).
En la misma línea, otros han señalado al portavoz por seguir en el Congreso. "Tampoco tenía yo puñeteras ganas de ver a un independentista cobrando una pasta apalancado 10 años como diputado", ha escrito uno.
"Es que con tal de no dejar el escaño, lo que haga falta. En 2015 dijo que en 18 meses lo dejaría. Despotrica sobre España. Vive del dinero público. Muy catalán independentista, pero no le importaría liderar una alternativa al PSOE y gobernar España", ha sentenciado otro.
Otros usuarios, por su parte, han ido más allá y han asegurado que lo que hay que hacer es "plantar una alternativa a Sánchez". "Otro PSOE es posible. Rufián debe ser consecuente si quiere liderar la izquierda. Que renuncie a sus aspiraciones independentistas primero si tan flexible es".
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La defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha reclamado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el 'caso Plus Ultra', que reclame a Estados Unidos más información sobre cómo tuvo acceso al contenido del teléfono de Rodolfo Reyes, exdirectivo de la aerolínea también investigado en la causa.
En un escrito al que ha tenido acceso Ep, el letrado de Zapatero, Víctor Moreno, pone de manifiesto la "ausencia de los datos completos" acerca de la aprehensión del dispositivo de Reyes, así como del método de volcado, la autenticidad de las comunicaciones y de la conservación y custodia del dispositivo al que la policía estadounidense accedió.
Todo ello después de conocerse que Calama ha solicitado "cooperación jurídica internacional" a Estados Unidos para utilizar como medio de prueba el contenido del teléfono de Rodolfo Reyes, en el marco de la investigación que apunta a Zapatero como presunto líder de una red de tráfico de influencias en torno al rescate de 53 millones que el Gobierno concedió a Plus Ultra durante la pandemia de coronavirus.
En ese sentido, Moreno señala que las circunstancias en la que se produjo el intercambio de información entre las policías estadounidense y española plantea "dudas razonables sobre el respeto del derecho a proceso con todas las garantías".
Por ello, el abogado de Zapatero insta al juez a que reclame a Estados Unidos "la concreta resolución judicial", orden o autorización administrativa que amparó la incautación o el clonado del celular de Reyes y la posterior extradición y análisis del dispositivo en España.
También se interesa por la indicación del procedimiento o la investigación abierta contra el exdirectivo de Plus Ultra en Estados Unidos, en el curso de la cual se produjo la intervención del móvil, y los informes y actas relativos a la extracción telefónica, identificando a la autoridad estadounidense que llevó a cabo la actuación.
Asimismo, pregunta el detalle sobre el alcance de la extracción que se practicó, indicando si se trató de una extracción "total, parcial, física, lógica, remota o selectiva", así como el 'software' o la herramienta utilizada para ese fin y la autoridad que llevó a cabo el análisis del dispositivo, según el escrito.
El abogado del expresidente pide que se informe de los mecanismos de verificación de la integridad de la información ofrecida, incluidas las actas de desprecinto y el volcado del dispositivo intervenido.
También que se informe sobre el modo de preservación de la información obtenida y del dispositivo intervenido y la cadena de custodia de dicha información hasta la entrega a las autoridades españolas, además de la remisión de las evidencias a las unidades policiales españolas, indicando la forma y la fecha de entrega, así como las comunicaciones precedentes entre las unidades policiales españolas y la Homeland Security Investigations (HSI) estadounidense.
Por último, el letrado del exlíder socialista solicita que Estados Unidos informe sobre las autorizaciones del órgano competente en ese país que hayan permitido "la remisión de las conversaciones de WhatsApp a la unidad policial española", así como "su alcance para ser utilizada tanto en las investigaciones policiales como en la instrucción judicial".
Turquía ha mostrado por primera vez imágenes de su nuevo avión de guerra electrónica Hava SOJ, una plataforma de interferencia a distancia (Standoff Jamming) basada en el Bombardier Global 6000 y desarrollada por Turkish Aerospace Industries (TAI) y Aselsan.
El aparato, todavía en fase de integración, representa uno de los proyectos más ambiciosos de la industria militar turca y podría convertirse en un referente para países que buscan reforzar sus capacidades de guerra electrónica (EW).
Entre ellos, España, que acaba de activar el programa Santiago II para dotarse de nuevas plataformas aéreas de apoyo y ataque electrónico.
Las imágenes difundidas por el Ministerio de Defensa turco y la Agencia de la Industria de Defensa (SSB) muestran el primer prototipo del Hava SOJ, equipado con múltiples barquillas y pods específicos para misiones de interferencia, supresión de defensas enemigas (SEAD) y apoyo electrónico (ES/EA).
Turquía prevé adquirir cuatro aeronaves, todas transformadas en Ankara a partir de aviones Global 6000 ya entregados.
El Hava SOJ incorpora una suite de guerra electrónica desarrollada por Aselsan, que incluye sistemas de ataque electrónico, sensores de inteligencia de señales y equipos de autoprotección como el DIRCM Miysis de Leonardo.
Aunque no se han revelado detalles completos, las barquillas bajo las alas recuerdan a los pods AN/ALQ‑218 utilizados por los EA‑18G Growler de la US Navy, lo que sugiere una capacidad avanzada de interferencia y detección de emisiones.
La aeronave estaría preparada para ejecutar misiones SEAD en modo standoff, es decir, desde fuera del alcance de las defensas antiaéreas enemigas, una capacidad crítica en conflictos modernos.
Además, el gran carenado ventral podría albergar un radar AESA con funciones SAR y GMTI, lo que ampliaría su papel a misiones ISTAR.
Para Turquía, el Hava SOJ supone un salto estratégico: un sistema de guerra electrónica desarrollado con recursos nacionales, que reduce la dependencia exterior y refuerza su autonomía militar.
En España, el Ejército del Aire y del Espacio lleva años arrastrando una pérdida progresiva de capacidades en guerra electrónica. En 2025, el Gobierno dio luz verde al programa Santiago II, que contempla la adquisición de tres plataformas aéreas tripuladas de EW.
La industria nacional liderará el proyecto, pero el Ministerio de Defensa no descarta apoyarse en tecnologías ya maduras, como las desarrolladas por Turquía.
El precedente del acuerdo con TAI para el entrenador Hürjet, en el que participan empresas españolas, abre la puerta a una posible colaboración en el ámbito EW.
El Hava SOJ, por su configuración, autonomía y capacidad de carga, encaja en el tipo de plataforma que España necesita para recuperar un rol esencial en operaciones de supresión de defensas enemigas, interferencia electrónica y apoyo a misiones de combate.
La guerra en Ucrania ha demostrado que la falta de capacidades SEAD puede comprometer la superioridad aérea. España, consciente de ello, busca acelerar su modernización, y el Hava SOJ aparece como un modelo a observar muy de cerca.
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La ausencia de España, Irlanda, Islandia, Países Bajos y Eslovenia en Eurovisión, a modo de protesta por la presencia de Israel en el certamen, y el debate interno que viven los eurofans del resto de países, ha provocado una profunda caída de audiencia. La final de la edición de 2026 ha logrado 131 millones de espectadores a nivel global, según datos de la organizadora del evento, la Unión Europea de Radiodifusión (UER). Son 35 millones menos que el año anterior.
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La fontanera del PSOE, Leire Díez, catapultó su ascenso a los puestos directivos de Correos menos de seis meses después (noviembre de 2021) de la llegada del exsecretario de Organización, Santos Cerdán, a la cúpula de Ferraz. Primero jefatura en el área de Relaciones Institucionales y tras un fugaz paso, directora de Relaciones Institucionales. Cabe recordar que el antiguo miembro socialista reemplazó a José Luis Ábalos en julio de 2021 tras su enfrentamiento con el "guapo", en referencia a Pedro Sánchez.
Tal y como ha podido confirmar LA RAZÓN, la "mera militante" de la formación socialista no contaba con experiencia relacionada con el puesto y en menos de cuatro meses se convirtió en la directora de Relaciones Institucionales, Filatelia, Estudios y Futuro. Antes de entrar en la empresa estatal, que controla los registros del voto telemático en las elecciones, Díez fue la responsable de comunicación de la Empresa Nacional del Uranio ENUSA, ligada estrechamente al entramado de la SEPI.
Actualmente el presidente de la enseña es el exgerente del PSOE entre junio de 2017 hasta octubre de 2021, Mariano Moreno Pavón, y la SEPI cuenta con una participación aproximada superior al 60%. Ambos coincidieron con el mandato del líder de los socialistas.
Lo cierto es que no ha actualizado su CV en sus redes sociales. Pese a salir de Correos en 2024, la militante socialista desde su juventud, Leire Díez, se sigue presentando como directora de Relaciones Institucionales de la empresa estatal que también pertenece a la SEPI. Su sustituta, Nuria Lera Hervás, asumió el puesto ante el estallido del caso Koldo en los primeros compases de 2024.
Entre 2014, que abandona la vicepresidencia de la Mancomunidad de Valles Pasiegos hasta su entrada en ENUSA en 2018 ya bajo la presidencia de Sánchez, no cuenta con actividad profesional presentada. Una vez abandona Correos, se desconoce su actividad profesional tras su expulsión como militante de Ferraz el pasado 3 de julio de 2025.
Tal y como apunta este diario en el día de hoy, en 2022 ya formaba parte de un grupo de WhatsApp que se "utiliza" para las maniobras de las cloacas del PSOE. Bautizado como "La Compañía", contaba con la presencia de exrepresentantes de Podemos que "conspiraron" contra Pablo Iglesias o del fiscal José Grinda, que habría sido extorsionado por Díez con un soborno cercano a los 300.000 euros para conocer "información" sobre el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón.
Cotejando la experiencia presentada por Leire Díez y su predecesora, se refleja una duplicidad de cargos en la empresa estatal. Díez marca que desde febrero de 2022 hasta su salida, poco antes del estallido del caso Koldo, fue directora de Relaciones Institucionales.
En este sentido, la actual directora de Filatelia, Nuria Lera Hervás, apunta en su experiencia profesional que desde enero de 2023 tomó las riendas de las Relaciones Institucionales. Es decir, que hasta la salida de Leire Díez, siempre según su experiencia señalada, se produjo una duplicidad de cargos.
Hervás actualmente mantiene su espacio en la empresa pública. Ambas han sido representantes de la formación socialista. Hervás trabajó con el ministro para la Transformación Digital y futuro candidato en las municipales de la Comunidad de Madrid, Óscar López, en la secretaría de Organización del PSOE.
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Hay un bulo que salta de vez en cuando en la política española, cuando la ocasión lo exige, a pesar de que no es más que una mentira. El bulo es ese que viene a decir que la justicia jamás fue capaz de identificar quién era el "M. Rajoy" que aparecía en los papeles de Luis Bárcenas, el extesorero del PP condenado por la financiación irregular de su partido.
Este miércoles ha sido el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que ha vuelto a recurrir al bulo. En la sesión de control al Ejecutivo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido a Sánchez como "señor P.S.", tal y como figura el presidente en las anotaciones de la fontanera del PSOE Leire Díez.
Aunque desde Moncloa no niegan que "P.S." sea una referencia a Sánchez, el presidente del Gobierno ha respondido a Feijóo diciendo que desde su partido, "lecciones ninguna", y que "si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy".
Sin embargo, no existe ni ha existido ninguna duda sobre quién es ese M. Rajoy que aparecía en los papeles de Bárcenas. Es una evidente referencia al anterior presidente del Gobierno. Lo que no está probado, en cambio, es que Rajoy cobrara de la caja B del PP, tal y como apuntaban esos papeles.
Según la sentencia de la Audiencia Nacional que juzgó el caso, el "M. Rajoy" aparecía en unos papeles de Bárcenas publicados por el diario El País en 2013. En esa misma información se explicaba que a veces aparecía con las siglas y otras veces con el nombre completo. Por lo que dudas, pocas.
Sin embargo, durante el juicio se observaron diferencias entre los papeles publicados por el diario y los aportados por el propio Bárcenas a la justicia. La diferencia principal es que en unos aparecía M. Rajoy y en otros no. Según explicó el extesorero en el juicio, el nombre de Rajoy se introdujo a posteriori para presionar al entonces presidente del Gobierno.
Aunque en la sentencia la Audiencia Nacional pide valorar el testimonio de Bárcenas "con cautela", lo cierto es que no se llegó a demostrar que Rajoy hubiera cobrado o no. Y ahí radica la duda. Se sabe que "M. Rajoy" es el expresidente, lo que no ha quedado demostrado es que recibiera financiación irregular. Sánchez, aun así, ha aireado el bulo este miércoles para defenderse ante sus propios casos de corrupción.
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Para los barceloneses, el conflicto entre la Sagrada Familia y sus vecinos de enfrente no es nuevo. El desacuerdo aparece de manera cíclica cada vez que la finalización del templo acecha: las edificaciones habitadas deberían ser expropiadas y demolidas para encajar la gran escalinata y la amplia avenida previstas en algunos planos.
¿Qué dicen los chatbots cuando se les pregunta por España? Dicen, claro, muchas cosas. Pero algunas las dicen más veces. La IA no da una imagen equilibrada de España, sino que ofrece un mapa lleno de jerarquías. Hay cuatro comunidades autónomas que son España por encima de todo, por este orden: Cataluña, Madrid, Andalucía y País Vasco. En otras preguntas también tienen cierto peso la Comunidad Valenciana y Galicia. A partir de ahí, otras regiones aparecen menos o lo hacen por una puerta estrecha, con tópicos que sirven casi como su único motivo: turismo, vino, huerta, agua, despoblación, el Camino de Santiago, minería, paisaje verde, dehesa o España vaciada.
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Tiene 110 metros de largo. Se eleva hasta 50 metros de altura. Y su estructura completa pesa 38 toneladas. Ha sido un reto para la ingeniería, pero el que se ha convertido en el puente colgante más largo de España abre al público este miércoles 10 de junio. Lo hace en Málaga, para completar el espectacular recorrido de más de tres kilómetros por las gargantas del río Guadalhorce, conocido como Caminito del Rey. Es un nuevo atractivo de vértigo para uno de los espacios naturales donde el turismo ha registrado mayor crecimiento en la última década: inaugurado en 2015, más de 330.000 personas han realizado cada año la ruta que ahora suma un aliciente más.
El éxito del Caminito del Rey sirvió de ejemplo para que otro municipio malagueño, Canillas de Aceituno (1.801 habitantes) se decidiera a impulsar un puente colgante. Conocido como El Saltillo, su apertura se produjo en otoño de 2020. Con 50 metros de longitud y de altura sobre el río Almanchares, supuso un cambio drástico para este pequeño municipio, que desde entonces ha ganado 300 vecinos, además de nuevos hoteles y restaurantes.
El próximo caso será el de Ronda, donde las Administraciones ya están ultimando la apertura de las pasarelas que permiten atravesar el desfiladero del Tajo, a orillas del río Guadalevín. Desde 2024, cuando se inauguró, solo se puede recorrer una parte del trayecto de unos 200 metros que llega hasta este espectacular puente que une las ciudades vieja y nueva, pero se espera que el trayecto, con otros 500 metros más, se pueda completar alrededor del mes de julio. Hasta ahora ha recibido más de 300.000 visitas.
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El 2 de abril de 2023, Yolanda Díaz se subió al escenario que Movimiento Sumar había montado en un polideportivo abarrotado en Madrid y lo dijo: "Hoy voy a dar un paso adelante, quiero ser la primera presidenta de España". Sucedió durante la campaña de las pasadas elecciones generales, las del 23J, y así fue como Díaz decidió anunciar su candidatura. Por aquel entonces todavía se la veía como una especie de mirlo blanco de la izquierda, mucha gente depositaba en ella una ilusión puesta a prueba demasiadas veces y los gritos de "¡Presidenta! ¡Presidenta!" fueron habituales durante la campaña.
Apenas han pasado tres años desde ese momento y la ilusión ha mutado hacia la desesperación, al ver que un proyecto que parecía tener futuro en la política española se descompone a pasos agigantados por polémicas internas y dimisiones en bloque. En los últimos dos años, seis altos cargos de la dirección de Movimiento Sumar han dejado su puesto, protagonizando una sangría y destapando las tensiones.
Los últimos en hacerlo han sido David Comas, secretario de Comunicación, y Laura Moreno, secretaria de Organización. La noticia de que habían decidido dimitir se conoció ayer, a la vez que empezó a circular una carta que Moreno había mandado a la dirección del partido para explicar su decisión.
Aunque en la misiva Moreno aludía motivos personales para justificar su dimisión, denunciaba haber sido víctima de "injusticias y faltas de respeto" por parte de la cúpula, criticaba que estaba siendo apartada de sus responsabilidades (aunque había tenido un perfil discreto era la número tres) y posaba el foco de ese malestar sobre la coordinadora Lara Hernández.
En la carta, Moreno desvelaba que Hernández estaba siendo objeto de una investigación interna por denuncias de acoso laboral por parte de seis compañeros y la acusaba de haber cometido "fraude" en el proceso constituyente de Movimiento Sumar en la Comunidad Valenciana, en 2025.
"Defender este proyecto me provocó ansiedad crónica y mediación", asegura Moreno en su carta. "El silencio ante lo que yo, humildemente, considero injusticias produce impunidad. Y lo peor de todo, acaba reproduciendo las injusticias", continúa. "Hablo de la falta de respeto que la dirección de la que he formado parte ha cometido contra su gente, sus militantes y su organización", apuntala.
A raíz del revuelo generado por la dimisión de Moreno, han revivido otras voces que también estuvieron en Sumar y que ahora mantienen muy críticas. Es el caso de Elizabeth Duval, secretaria de Comunicación previa a David Comas y que abandonó la formación en marzo del año pasado. En la red social X, Duval subrayó ayer que desde su dimisión se han producido otras tantas y apunta a Lara Hernández como responsable del "destrozo".
"Lara Hernández, que lleva meses vulnerando los estatutos, con una investigación abierta por acoso laboral, acusada de fraude en primarias internas por su propia exsecretaria de Organización, debería dimitir y no presentarse a la siguiente asamblea de Sumar", publicó.
Hay que tener en cuenta que la propia Yolanda Díaz también dimitió de su cargo como cabeza de Sumar en junio de 2024, tras los malos resultados en las elecciones europeas, dimitió su eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop en julio de ese año, y también dejó el cargo Carlos Martín, que fue nombrado junto a Lara Hernández para sustituir a Díaz y que dio un paso al lado en agosto de 2025, apenas unos meses después de ser nombrado.
Esta crisis desatada llega en un momento muy delicado para Sumar. El partido tiene pendiente convocar una asamblea, la tercera en apenas tres años, para reorganizar la estructura orgánica y la dirección política, a la vez que está en conversaciones con otras formaciones como Izquierda Unida, Más Madrid y los Comunes para reorganizar el espacio político de cara al próximo ciclo electoral. El proceso interno se prevé que puede acabar siendo tenso y que Lara Hernández se acabe enfrentando contra Verónica Martínez, la portavoz en el Congreso.
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Tras el acto en el Congreso de los Diputados y el impresionante discurso del Santo Padre, León XIV, los aledaños del Palacio de la Carrera de San Jerónimo eran un hervidero. En un restaurante próximo coinciden algunos diputados del PSOE y el PP en un almuerzo. El comentario es unánime sobre la conducta de Pedro Sánchez durante esta histórica visita a España.
La mejor definición la hace un veterano parlamentario socialista ahora en las esferas críticas del «sanchismo», sobre la actitud de un ateo militante, anticlerical en todas sus actuaciones de Gobierno, convertido estos días en un auténtico monaguillo del Papa León: «Sánchez está en el purgatorio». O sea, en ese proceso de purificación de sus pecados, anclados cada día más en la corrupción que atenaza a su familia y a su partido, expectante por un perdón divino en el que nunca ha creído.
«A Sánchez ya nadie le salva», dice rotundo el secretario general del Partido Popular Miguel Tellado mientras la visita de Su Santidad es un escenario milagroso de fe y razón que no puede ocultar lo que se avecina. El presidente del Gobierno y los múltiples lacayos que tiene intentan disfrazar el mensaje a la opinión pública, pero el auto del juez Santiago Pedraz acecha como una lengua de fuego sofocante.
Se las prometía muy felices Pedro Sánchez con esta visita del Santo Padre. Un paréntesis en la escalada de corrupción que se agiganta, una estrategia bien calculada por los múltiples asesores presidenciales que no logra empañar el aluvión de críticas hacia el gran jefe.
Los movimientos en las federaciones regionales son intensos ante la debacle que se les avecina en las próximas elecciones municipales del mes de mayo. «Nos abrasa a todos», admite un destacado alcalde socialista con mando en plaza. Es inútil. Al término del gran acto papal en el Congreso, cuya solemnidad y siete minutos de ovación cerrada nunca he visto en mis cuarenta años como cronista parlamentaria, el presidente lo dejó claro ante los periodistas. No piensa mover ficha, no anticipará elecciones y el mensaje de León XIV está alineado con la gestión del Gobierno. Es decir, lo que en política anglosajona se conoce como el acompañamiento a un cliente para alcanzar sus metas en aras de su único interés personal, por encima de todo y de todos. Sánchez se aferra al poder como una pegajosa lapa.
Pere hete aquí el demoledor auto del magistrado Pedraz y su decisión de citar a declarar como testigo a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, el próximo 10 de julio por sus mensajes con la fontanera Leire Díez. La noticia cayó como una bomba mientras Sánchez y sus ministros aplaudían en pie al Santo Padre. Los diputados socialistas quedaron sin respiración pues la citación de Narbona conduce ya sin remedio hacia el propio presidente del Gobierno. «Este es el último dique de contención», reconoce un veterano del partido. Si como opinan expertos juristas el juez Santiago Pedraz podría acabar imputando al PSOE por financiación ilegal, el daño es irreversible.
Mientras la ovación inundaba el hemiciclo del Congreso, el juzgado de Instrucción número 49 de Madrid imputó también al exvicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lara, por el rescate de Air Europa. El otro magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, tiene en su punto de mira a las hijas de Rodríguez Zapatero, desaparecido estos días preparando su defensa, bajo la sombra de unas valiosas joyas que tienen muy mala pinta.
Después del magistral discurso del Papa, el ambiente en el Congreso estaba muy cargado. El cerco acecha sin tregua con las sentencias de Ábalos, Koldo, el «hermanísimo» David y la nueva citación de Begoña ante el juez Peinado.
El ateo militante puede rezar ante la imponente Cruz de Cristo que corona la Sagrada Familia, la majestuosa obra del catalán Antonio Gaudí. Pero el camino judicial es imparable. A Pedro Sánchez ni un milagro le libra ya de este purgatorio.
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Las «cloacas» del PSOE coordinan su ofensiva sobre distintas causas judiciales desde 2022 a través de un grupo de WhatsApp llamado «La Compañía». El chat estuvo integrado por gran parte de los activos a los que Ferraz, la sede de los socialistas en Madrid, encomendó, presuntamente, la misión de anular investigaciones judiciales que afectaban tanto al partido, primero, como al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su entorno más cercano después.
Además de la conocida «fontanera» y exmilitante socialista Leire Díez, entre los integrantes estuvieron el entonces fiscal anticorrupción José Grinda –presunta víctima a la que le habrían ofrecido 300.000 euros a cambio de cambiar su postura en algunos casos mediáticos–, varios abogados a los que distintas fuentes sitúan como colaboradores de los servicios de inteligencia, y la difunta periodista Patricia López, encargada de algunas de las investigaciones más relevantes relacionadas con el Ministerio del Interior de la etapa de Mariano Rajoy.
La Audiencia Nacional investiga una presunta «trama» que habría sido financiada con el PSOE pagando viajes, estancias y abogados para alterar causas mediáticas. Desde el «caso Aznalcóllar», que afectaba al expresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, hasta los ERE de Andalucía. Y más recientemente, el «caso Koldo», que ha sido la «piedra de Rosetta» de la presunta corrupción del Gobierno de Sánchez. Para anularlo, partieron de la base de que tenía conexión con «Gaslow», una trama de fraude en los hidrocarburos –distinta en la que está investigado el empresario Víctor de Aldama. Es decir, la tesis de «La Compañía» pasaba por anular el primero, para que el segundo cayese como una ficha de dominó, y arrastrase otras causas que se siguen en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
El chat, sin embargo, no estaba integrado por todos los supuestos integrantes de las «cloacas» que el juez Santiago Pedraz decidió citar como investigados. El empresario Javier Pérez Dolset, que acompañó a Leire Díez en distintas reuniones presenciales con algunos de los testigos a los que la Guardia Civil ha tomado declaración, supo de la existencia de este grupo a finales de 2025. La citada periodista Patricia López le entregó una copia y le explicó el funcionamiento pocos días antes de fallecer. Esto último ocurrió el pasado 21 de diciembre. Poco después, un digital publicó varios de los mensajes que se intercambiaron las «cloacas del PSOE».
Una de las bases que el juez ha utilizado para impulsar la causa son las libretas que utilizó Leire Díez a suerte de diario de sus trabajos. En uno de ellos se lee que intentaron «contactar con el PSOE dos años y sólo cuando ocurre lo de Begoña alguien nos recibe», en alusión al caso de la mujer del líder del Ejecutivo, que estalló casi a mediados de 2024.
Eso sitúa los primeros movimientos en 2022, hace ahora cuatro años. Por aquel entonces, la «fontanera» ya había contactado con Dolset, que tenía en su poder los audios del comisario jubilado José Manuel Villarejo y trabaja desencriptándolos.
El grupo de WhatsApp «La Compañía» funcionó como un medio de «coordinación» para sus integrantes desde hace cuatro años. Las fuentes consultadas apuntan, por otro lado, que el engranaje de las «cloacas» comenzó mucho antes, casi a la par de la llegada del PSOE a la Moncloa tras la moción de censura contra el PP. El asunto de «Aznalcóllar», por ejemplo, afectó al expresidente de la SEPI en octubre de 2019, cuando dimitió de su cargo al ser citado como investigado en la adjudicación de una mina en el municipio sevillano que bautizó la causa.
Una de las pruebas que sustentaría que las presuntas «cloacas» funcionaron desde antes de 2022 está en una reunión que Díez mantuvo en abril de 2024 en Ferraz, la sede del PSOE. A ella acudió el ahora secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, que en aquel momento era director adjunto del gabinete del presidente que encabezaba Óscar López.
La reunión la confirmó el propio alto cargo del Gobierno en sede judicial a principios del pasado mes de febrero, y que acudió a petición de la Secretaría de Organización del partido, que por entonces dirigía Santos Cerdán, presunto cabecilla de las «cloacas» socialistas.
En la reunión, Díez y Dolset llevaron parte de los audios de Villarejo. Por aquel entonces, los que más les interesaban eran los referentes a las saunas del suegro de Pedro Sánchez que grabó el ex comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional, Enrique García Castaño, investigado en la «operación Kitchen» hasta que una enfermedad lo sacó de la causa. «Al llevarles los audios, la respuesta de Hernando es que ya los tenía», explica una fuente.
Además de Díez, Cerdán y Pérez Dolset, están imputados el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías; el abogado de Cerdán, Jacobo Teijelo; el abogado Ismael Oliver, que fue letrado del exasesor Koldo, y el guardia civil Juan Sánchez Yepes. Además, el magistrado ve indicios contra el que fuera mano derecha de Cerdán, el aún diputado Juan Francisco Serrano Martínez, y contra el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano Quintana, por posible colaboración. Pedraz aprecia posibles delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.
© La Razón
Casi un año antes de que el Gobierno de España rescatase, finalmente, al grupo empresarial español de ingeniería y construcción Duro Felguera, miembros de las presuntas «cloacas» del Partido Socialista se reunieron con el que era entonces CEO de la compañía José María Orihuela Uzal y con un expolítico socialista condenado por el «caso ERE».
A principios de abril de 2020, en los peores momentos de la Covid, Orihuela, por parte de Duro Felguera, mantuvo una reunión por Skype con el expresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero, que había sido cesado en octubre de 2019, tras su imputación en el «caso Aznalcóllar»; con la exmilitante socialista Leire Díez, y con el entonces presidente en funciones del ente dependiente del Ministerio de Hacienda, Bartolomé Lora Toro.
Esa cita, según ha podido saber LA RAZÓN de fuentes conocedoras del encuentro, estaba dirigida a impulsar la concesión de una financiación pública a Duro Felguera para evitar su supuesta quiebra a consecuencia del parón de la pandemia.
El cuarto asistente a esa cita fue el histórico socialista andaluz Francisco Vallejo Serrano, que fue consejero de la Junta de Andalucía y hombre fuerte de Manuel Chaves. Y quien llegó a ser condenado por el «caso ERE» a siete años de prisión.
Finalmente, el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) entregó una ayuda de 120 millones de euros de fondos públicos a Duro Felguera.
Después de que, en marzo de 2021, el Consejo de Ministros así lo acordase en la misma sesión en la que dio luz verde a otro rescate, ahora bajo sospecha de la Justicia. En concreto, el de la aerolínea Plus Ultra, a la que se le transfirieron 53 millones.
Se da la circunstancia de que este pasado lunes, tal y como informó este diario, el titular del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha citado como investigado a Lora, que aún ejerce como vicepresidente de la SEPI, por un delito de prevaricación administrativa en relación a la concesión del rescate a Air Europa, cuya factura para las arcas estatales se situó en los 475 millones de euros.
La compañía asturiana ha querido trasmitir a este periódico, por su parte, que la actual entidad es completamente «distinta a la de etapas anteriores». «Cualquier hecho que pudiera corresponder a gestiones pasadas deberá ser valorado en ese contexto y por quienes tuvieran entonces responsabilidades. La Duro Felguera de hoy está centrada en su continuidad, en su actividad industrial y en los más altos estándares de gobierno corporativo y cumplimiento normativo», ha explicado.
En cualquier caso, esta no fue la única gestión que las presuntas «cloacas» de Ferraz habrían llevado a cabo en favor de esta empresa de ingeniería asturiana. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil explicó en su último informe que las «cloacas» del PSOE ofrecieron al exfiscal Anticorrupción José Grinda una propuesta por la que se le daba un destino en el extranjero, y la retirada de la demanda que le interpuso una joven por un presunto delito de índole sexual, a cambio de que archivara varios casos judiciales.
Entre ellos, el «caso Duro Felguera» que se sigue en la Audiencia Nacional por presuntos sobornos en Venezuela, vinculado a la adjudicación de una central termoeléctrica durante el gobierno de Hugo Chávez.
Además, hay referencias a la empresa asturiana en la famosa agenda «azul» de Leire Díez, en la que esta escribió: «Duro Felguera como antesala a la que se pueda dar en TTRR», en posible referencia a Tubos Reunidos, también rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez el 20 de julio de 2021 con 112, 8 millones de euros y bajo sospecha de los investigadores por el presunto cobro de comisiones ilegales.
Duro Felguera aparece también en el denominado «caso Koldo». Los investigadores hallaron unos mensajes entre el comisionista Víctor de Aldama y la entonces vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez, donde el empresario trató de negociar con la que fuera mano derecha de Nicolás Maduro un plan de 287 millones para impulsar una central térmica de la compañía en Venezuela a cambio de hierro y oro.
En otros mensajes enviados entre Aldama, el exministro Ábalos y su exasesor Koldo García, se desprenden referencias también a Duro Felguera: «La deuda que les dejan está en torno a 140 millones. Duro Felguera ofreció poner en marcha las plantas y cobrar en petróleo la deuda, pues no tiene el país recursos financieros, empezaron negociaciones, pero con los acontecimientos de allí el tema quedó paralizado».
Tales eran las negociaciones con la empresa asturiana, que Aldama coordinó un viaje secreto de Delcy Rodríguez a Madrid en enero de 2020, que incluiría una reunión también con el exCEO José María Orihuela.
Al hilo de la planificación de esta reunión, los agentes detectaron también una conversación entre Koldo y Ábalos del 16 de enero de 2020, donde el exministro socialista le remitió una captura de pantalla a su «hombre para todo» de un mensaje privado que le había enviado a Pedro Sánchez sobre ese viaje de Delcy Rodríguez y la deuda de la compañía en Venezuela.
«La vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes y quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de Comunicación (que es su hermano).
La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda», le escribió Ábalos a Sánchez a lo que este respondió con un simple «bien».
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