Las agendas de Leire Díez incautadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a las que ha tenido acceso El Independiente, recogen una anotación fechada en 2020 en la que aparece mencionada la jurista Silvina Bacigalupo. Bacigalupo, cuñada de la entonces vicepresidenta del Gobierno Teresa Ribera, es catedrática de Derecho Penal y una reconocida especialista en transparencia y delitos económicos.

En una de las páginas de las notas manuscritas atribuidas a Díez, fechada el 17 de noviembre de 2020, figura un listado de asuntos pendientes entre los que aparece la referencia: “Cristina Narbona, gestión Silvina Bacigalupo”.

La anotación se integra en un conjunto de contactos, actuaciones y cuestiones políticas en el que también figuran otras referencias a dirigentes socialistas, responsables institucionales y asuntos vinculados a la actividad del partido. El documento, sin embargo, no especifica cuál era el objeto de esa supuesta gestión ni qué actuación concreta debía realizar la presidenta del PSOE en relación con Bacigalupo.

La mención adquiere relevancia en un momento en el que la jurista se encuentra entre las candidatas a una plaza de jurista en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. De acceder al puesto, culminaría una trayectoria académica y profesional que la ha convertido en una especialista en Derecho Penal económico, transparencia y cumplimiento normativo.

Bacigalupo y Teresa Ribera

Teresa Ribera, actual vicepresidenta de la Comisión Europea y exvicepresidenta del Gobierno de España, está casada con el jurista Mariano Bacigalupo. Este es miembro de una familia con amplia trayectoria en el ámbito jurídico y regulatorio en España. Este ha ocupado distintos cargos en organismos públicos como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La familia Bacigalupo constituye una saga de perfil académico y jurídico con una presencia destacada en el ámbito del Derecho en España, especialmente vinculada a la universidad y a instituciones públicas. Sus miembros han desarrollado carreras en campos como el Derecho Administrativo, el Derecho Penal económico y la regulación de sectores estratégicos.

Antes de su acercamiento al Alto Tribunal, la catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid ya había mantenido una relación de colaboración con el PSOE. Más allá del ámbito familiar. De hecho, su nombre apareció oficialmente vinculado al proyecto político de Pedro Sánchez cuando fue incorporada al equipo de expertos encargado de elaborar propuestas de gobierno para los socialistas.

Una experta en el proyecto de Sánchez

El 23 de junio de 2015, el PSOE anunció la creación de un equipo de especialistas destinado a diseñar medidas para un futuro programa de gobierno. Entre los nombres seleccionados figuraba Silvina Bacigalupo, que fue presentada como responsable del área de Transparencia y Ética Empresarial.

En aquel comunicado, los socialistas destacaban que el grupo estaría integrado por profesionales de reconocido prestigio y experiencia en distintas materias. Ya que el objetivo era reforzar el perfil técnico de su propuesta política. Bacigalupo aparecía entre las incorporaciones elegidas por la dirección de Pedro Sánchez.

La jurista era ya entonces una referencia en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, delitos económicos y prevención de la corrupción. Su participación en aquel equipo suponía una apuesta del PSOE por incorporar especialistas externos a la elaboración de su proyecto político.

La colaboración fue pública y reconocida por el propio partido, por lo que la aparición de su nombre en unas notas internas vinculadas al entorno socialista años después resulta especialmente significativa.

Una anotación sin explicación

La referencia hallada en la documentación atribuida a Leire Díez plantea más preguntas que respuestas. El apunte se limita a consignar la frase “Cristina Narbona, gestión Silvina Bacigalupo”, sin ofrecer detalles adicionales sobre el motivo, el contenido o el alcance de esa eventual gestión.

Tampoco se desprende del documento si la actuación que tenía que realizar Narbona se produjo finalmente. Ni cuál era el contexto concreto en el que se redactó la nota. Lo único acreditado es que el nombre de Bacigalupo figuraba entre los asuntos anotados por Díez en noviembre de 2020 y que aparecía asociado a una posible intervención de Cristina Narbona.

La presidenta del PSOE formaba parte del núcleo dirigente de la organización y era una de las figuras de mayor peso político dentro del partido. Su inclusión en la anotación sugiere que, al menos para quien redactó el documento, podía desempeñar algún papel en relación con la cuestión vinculada a Bacigalupo.

La falta de contexto impide extraer conclusiones definitivas. Sin embargo, la referencia se enmarca en una documentación en la que se están analizando múltiples anotaciones. Entre ellos contactos políticos, institucionales y empresariales relacionados con el entorno socialista.

Del equipo de expertos al Tribunal Supremo

La trayectoria de Bacigalupo ha estado ligada principalmente al ámbito académico. Hija del jurista Enrique Bacigalupo, ha desarrollado una carrera centrada en el Derecho Penal económico y corporativo, participando en proyectos de investigación nacionales e internacionales y en labores de asesoramiento en materia de cumplimiento normativo.

El proceso de nombramiento para la plaza de jurista en la Sala Segunda del Tribunal Supremo aún no ha concluido. Se trata de un procedimiento en el que los aspirantes son evaluados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en función de sus méritos.

Tras la admisión inicial, la Comisión de Calificación revisa el cumplimiento de los requisitos formales. Después, selecciona a los candidatos que pasan a una fase de entrevista, que puede realizarse por vía telemática y la cual Bacigalupo ya pasó. Posteriormente, la Comisión eleva una propuesta al Pleno del CGPJ, órgano competente para el nombramiento definitivo.

En estos momentos, el proceso se encuentra pendiente de la deliberación final del Pleno, con Bacigalupo entre las candidaturas evaluadas para la plaza. Su eventual acceso al Tribunal Supremo la situaría entre los perfiles de mayor relevancia dentro del sistema judicial español. Precisamente por ello, la aparición de su nombre en una anotación vinculada al entorno socialista adquiere una dimensión política.

El caso Leire Díez apenas ha echado a rodar. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ya dictó un primer auto en el que dibujaba cómo operaba una presunta red criminal en Ferraz que tenía a la cabeza al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y a la ya exmilitante Leire Díez como mano ejecutora, como fontanera. El magistrado levantó parcialmente el secreto de la causa y ayer ordenó el libramiento de varios oficios y la citación de hasta 22 testigos entre el 26 de junio y el 13 de julio. Entre ellos, la presidenta del partido, Cristina Narbona. Y al día siguiente tendrá que declarar como imputada ante él la abogada Leticia de la Hoz, por presuntamente haber sobornado a la empresaria Carmen Pano para que cambiara su versión respecto a que había entregado 90.000 euros en efectivo en el cuartel general de los socialistas a petición del comisionista Víctor de Aldama.

Quedan por practicar muchas diligencias pero es verdad que en el partido, como ya publicó este diario, se teme que el caso escale más y pueda acabar suponiendo una imputación del PSOE como persona jurídica. Algo que sería letal para los ánimos de una formación hundida anímicamente también por otro caso, el que mantiene investigado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Pero la puntilla definitiva podría ser la imputación del propio Pedro Sánchez. No sería sencilla, porque para que esa circunstancia se diera, Pedraz tendría que hallar indicios que le condujeran hasta él que justificasen elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo. Este sería el competente para decidir si investiga o no al jefe del Ejecutivo, dado que este es aforado, y en caso de que determinara proceder contra él, tendría que solicitar el suplicatorio al Congreso.

Sin embargo, fuentes la Moncloa aseguran no ver "motivo alguno" ni para la imputación del PSOE ni para la de Sánchez. Tampoco creen justificado que Pedraz pudiera llamar a declarar al presidente del Gobierno y secretario general del partido ni siquiera como testigo. "Es que no hay indicio ninguno de que Sánchez conociera a Leire. Ni hay una prueba de que operara la trama como tal ni mucho menos que implicara al partido", esgrimen. La tesis de la dirección socialista es que Cerdán pudo montarse su propia red para taparse a sí mismo, para esconder sus chanchullos, y que para ello tiró de la ayuda de Díez.

El juez tiene imputada a la gerente actual, Ana Fuentes, y la UCO descubrió que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, se reunió al menos tres veces con Díez. Citas que ella ratificó

Pero el juez tiene imputada a la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes —promovida al cargo por Cerdán en 2021—, y además en el sumario de la causa los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revelaron que Díez se había reunido en al menos tres ocasiones con la directora general del cuerpo, Mercedes González. Encuentros que ella al final tuvo que reconocer después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska hubiera negado esa posibilidad apenas unos días de conocerse el sumario. El PSOE no ha abierto ningún tipo de expediente a Fuentes y el Ejecutivo, empezando por el propio Sánchez y siguiendo por Marlaska, han manifestado su respaldo pleno a la jefa de la Guardia Civil.

Este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, reiteró que Sánchez nunca supo nada de la fontanera del PSOE: "El presidente nunca ha conocido, ni avalado ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado". Repitió prácticamente palabra por palabra aquello que el propio jefe del Ejecutivo respondió a los periodistas el pasado viernes en Tivat (Montenegro).

Los informadores preguntaron a la portavoz por qué ahora el partido y el Gobierno no actúan como en el pasado, cuando pidió sus actas y echó a los exsecretarios de Organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Ahora no se ha adoptado ningún tipo de medida contra Zapatero, ni contra la gerente del partido, ambos imputados en la Audiencia. La ministra reivindicó que la posición es "absolutamente coherente". "Somos el Gobierno de la tolerancia cero contra la corrupción, de la colaboración con la Justicia, de respetar los tiempos de la Justicia, de confiar en la Justicia", remachó, recordando de nuevo el plan de medidas anticorrupción que Sánchez presentó en julio del año pasado ante el Congreso. El problema es que la norma estrella, el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, aún no ha llegado al Congreso y se antojan muy complicados sus apoyos parlamentarios.

El Ejecutivo mantiene la confianza en González y también en Narbona. La presidenta del PSOE "tiene una moralidad intachable". "Jamás ha intervenido en nada ilícito o impresentable", apuntan

En el Gobierno mantienen toda la confianza en González —no se plantea de ningún modo su cese, y menos aún después de que Sánchez le explicitara su respaldo— y también en Narbona. En su caso, la UCO describe en su informe que la presidenta del PSOE mantuvo una conversación por WhatsApp con Díez el 24 de abril de 2024, cuando Sánchez publicó su Carta a la ciudadanía, en la que abría un periodo de reflexión de cinco días en el que se planteó dimitir. La exmilitante le habló de "reconducir" los ataques al presidente, de dar "ayuda cualificada" y dar la vuelta al asunto "como un calcetín". "[Esto] se lo habías contado a Santos el otro día", respondió ella. Narbona deberá comparecer como testigo ante Pedraz el 10 de julio. Ni Saiz ni el ministro de Transportes, Óscar Puente, presente en la rueda de prensa de este martes, quisieron hacer referencia a la citación de la presidenta del PSOE, pero fuentes de la Moncloa mostraron su "pleno respaldo" a la dirigente.

"Cristina tiene una moralidad intachable. Estamos seguros de que jamás ha intervenido en nada ilícito o impresentable. Es la persona más seria del mundo", señala un miembro del Ejecutivo que confía en que no obstante el caso Leire se vaya desactivando, porque no le ve recorrido. "Leire sería lo que en derecho se llama una tentativa inidónea, que es como elegir un medio incapaz de provocar el resultado buscado. Ella no tenía capacidad de influir en nada. Habría que darle la medalla de Isabel la Católica. Desde Mata Hari no se conocería nada igual", bromea este alto mando.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha confirmado este martes que el exviceministro venezolano de Hugo Chávez, Nervis Gerardo Villalobos, obtuvo finalmente la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personara en sus dependencias para recabar información sobre el expediente del exalto cargo chavista en el marco de la investigación judicial relacionada con el denominado 'caso Leire Díez'.

La actuación de la UCO se produjo por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor de las diligencias que analizan los contactos y gestiones atribuidos a la exmilitante socialista Leire Díez. Los agentes han acudido al Ministerio dirigido por Félix Bolaños para requerir información sobre el estado de la solicitud de nacionalidad de Villalobos y sobre los funcionarios que participaron en su tramitación.

La nacionalidad española

Tras la entrada de los investigadores, fuentes del Ministerio han detallado que el magistrado había solicitado información sobre "un expediente concreto de nacionalidad por residencia de una de las personas que aparecen en el sumario, Nervis Gerardo Villalobos". Ese expediente, explican las mismas fuentes, "aparece en conversaciones de distintos implicados en las que se interesan por que sea aprobado".

La Subdirección General de Nacionalidades y Estado Civil ha entregado este martes la documentación requerida por la Audiencia Nacional. En ella consta que una solicitud de nacionalidad por residencia presentada por Villalobos el 25 de abril de 2024 fue finalmente denegada el 10 de octubre de 2025.

Sin embargo, el departamento de Justicia ha decidido además aportar de forma voluntaria otros dos expedientes relacionados con el exviceministro venezolano al considerar que podrían resultar de interés para la investigación. Entre ellos figura una primera solicitud de nacionalidad por residencia presentada el 20 de febrero de 2017 y rechazada el 17 de julio de 2020.

Ley de Memoria Democrática

El tercer expediente es el que finalmente permitió a Villalobos convertirse en ciudadano español. Se trata de una solicitud de nacionalidad formulada al amparo de la Ley de Memoria Democrática ante el Registro Civil, que fue concedida el 21 de abril de 2025 y quedó inscrita definitivamente el 23 de octubre de ese mismo año.

Desde el Ministerio subrayan que "se denegaron las dos solicitudes de nacionalidad por residencia, al no concurrir los requisitos legales". No obstante, añaden que "se concedió la opción de nacionalidad prevista en la Ley de Memoria Democrática, tras un recurso interpuesto por el interesado, con base en la Instrucción de 25 de octubre de 2022".

Las fuentes defienden que la resolución se adoptó siguiendo criterios exclusivamente jurídicos y administrativos. Según explican, el recurso fue "examinado y estimado con criterios jurídicos por cuatro funcionarios", entre ellos una consejera, el jefe de servicio, el subdirector general y la directora general competente.

Rechazan una intervención política

Asimismo, rechazan cualquier intervención política en el procedimiento y recalcan que "ninguna solicitud de nacionalidad pasa por otras unidades del Ministerio diferentes de la mencionada Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública". El departamento sostiene que todos los expedientes "se tramitan siguiendo estrictamente la ley y se basan únicamente en la comprobación de los requisitos legalmente establecidos".

Para reforzar esa tesis, recuerdan que la estimación de recursos en materia de nacionalidad vinculados a la Ley de Memoria Democrática es una práctica habitual. De hecho, aseguran que durante 2025 la Dirección General resolvió 189 recursos contra decisiones del Registro Civil Central sobre esta modalidad de acceso a la nacionalidad, de los cuales 164 fueron estimados, 20 desestimados, tres archivados y en dos casos se ordenó retrotraer actuaciones.

La revelación de que Villalobos obtuvo finalmente la nacionalidad española llega en un momento de especial sensibilidad política por las investigaciones judiciales sobre las gestiones realizadas en favor de diversas personas vinculadas al entorno de Leire Díez.

La documentación entregada ahora por el Ministerio a la UCO será analizada por los investigadores para determinar si existió algún tipo de actuación irregular en la tramitación de los expedientes o si, por el contrario, el procedimiento seguido se ajustó plenamente a la normativa vigente.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha requerido información sobre el destino del fiscal Anticorrupción José Grinda en Bolivia, según ha podido confirmar El Independiente. La petición se enmarca en la causa que investiga una presunta trama liderada por la exmilitante Leire Díez para "desestabilizar" los casos que afectasen al entorno del PSOE, y uno de sus "objetivos de interés" habría sido este fiscal. Según se recoge en uno de los informes de la Guardia Civil, la organización habría llegado a ofrecerle un destino en el extranjero y 300.000 euros a cambio de información sensible sobre el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y sobre procedimientos vinculados al Gobierno.

Según confirman fuentes jurídicas a este periódico, Grinda se encuentra desde noviembre de 2025 destinado en Bolivia dentro de un programa de cooperación internacional de la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), con una estancia prevista de aproximadamente tres años en la escuela de jueces y fiscales del país andino. A la convocatoria para este puesto concurrieron otros dos aspirantes, aunque uno de ellos no reunía finalmente los requisitos exigidos y el otro acabó retirando su candidatura.

Una de las líneas desarrolladas por las presuntas 'cloacas' del PSOE tenía como objetivo al fiscal Grinda, por lo que habrían intentado ganarse su colaboración a cambio de ciertas contraprestaciones. Entre ellas, un puesto de trabajo en el extranjero o incluso un pago de 300.000 euros. En una de las agendas intervenidas por las autoridades a la supuesta 'fontanera' del PSOE, los investigadores hallaron una anotación manuscrita que recoge: "300.000 euros para ayudar a un fiscal que tiene un problema con una menor".

Ese "problema" hace referencia a la denuncia por delitos sexuales que una joven jienense, Miriam Serrano, interpuso contra Grinda por unos hechos que ocurrieron cuando ella era menor. De hecho, los investigadores sostienen que la 'trama Leire' llevó a esta joven a la sede federal del PSOE en Madrid. Según relató la propia Miriam en su declaración a la Unidad Central Operativa (UCO), fue la propia Díez quien la acompañó a Ferraz en octubre de 2024.

Las ofertas de la trama a Grinda

El citado informe de la UCO recoge una lista de objetivos presuntamente elaborada por el excomisario José Manuel Villarejo, fechada el 26 de agosto de 2024, en la que aparece el nombre del fiscal aparece recogido en bajo la expresión: "fiscales, sobre todo Grinda". El 4 de septiembre de ese mismo año, en una conversación con la periodista Patricia López, Díez fue aún más directa: "A mí me hace mucha falta arrear a Grinda".

La operación de captación de Grinda alcanzó su punto álgido el 27 de febrero de 2025. Según recoge el juez Pedraz, ese día, Díez recurrió a un periodista conocido suyo, Pere Rusiñol, para que contactase con el fiscal. Ambos se encontraron en la terraza del mercado de Barceló en Madrid, donde Rusiñol le entregó una hoja que recogía una propuesta: un destino en el extranjero y la retirada de la demanda que Miriam Serrano mantenía contra él, a cambio de información confidencial sobre el fiscal jefe Luzón y el archivo de varios casos que interesaban a la trama.

Grinda rechazó la oferta. Tras el encuentro, Rusiñol remitió un mensaje a la exmilitante socialista utilizando un lenguaje en clave: "No había agua, al menos de momento".

"Te quieres ir a Bolivia de enlace"

La trama no se dio por vencida. Semanas después del fracaso con Rusiñol, Sandro Rosell —el exdirigente del FC Barcelona absuelto en 2021 del caso de blanqueo de capitales en el que Grinda había tenido un papel relevante— habría comenzado a mediar entre el fiscal y el grupo, según se desprende de los informes policiales incorporados al sumario. El 10 de marzo de 2025, Rosell escribió a Leire y a Dolset en un grupo de WhatsApp denominado "Mas Martí-Girona" para comunicarles que "G" le había contactado y preguntarles si debía quedar con él. Leire respondió afirmativamente: "siiiii".

Las instrucciones que Díez transmitió a Rosell para esa reunión dan cuenta de la sofisticación operativa del grupo: "Recuerda, escuchar más que hablar. Proponerle salida, pero sin nombrarnos a Santos o a mí. Hemos hablado mucho este finde e igual hay que preservarme un poco porque tengo que estar en otros frentes. Mandaríamos a un abogado". El propio Rosell, siguiendo el guión, le anticipó a Leire lo que le diría a Grinda: "Pepe, estás jodido, te interesa negociar con el Gobierno, ya te diré con quién".

En respuesta a este mensaje, Leire hizo varias anotaciones sobre con "cosas a decirle". Entre ellas: "tú ya has trasladado a terceras personas que tienes documentación de Luzón y que te quieres ir a Bolivia de enlace", "el juicio con la chica empieza en menos de un mes". También: "Pepe, tus vídeos y la operación Telémaco la tiene ya hasta el bedel del Bernabéu. Solo hace falta que llegue a tus jefes" o "también sabemos que te crees protegido por Mauricio Casals y Ferreras, pero créeme que no estás protegido porque no lo puedes estar".

"Es una nube de verano. Cae la lluvia, refresca el ambiente, te tiene a resguardo durante un tiempo, pero el sol no se ha ido. El calor vuelve". En el Gobierno son perfectamente conscientes de que la visita del Papa a España les da un respiro efímero en plena explosión de casos judiciales por presunta corrupción que afectan y conmocionan al PSOE, y por los que el presidente comparecerá en el Congreso el 24 de junio. Un alivio que se prolongará todo el tiempo que el Pontífice esté en nuestro país —hasta el próximo viernes, día 12—, y que a partir de ahí la actualidad informativa puede seguirles golpeando. Pero, a fin de cuentas, es algo de oxígeno, y los socialistas lo piensan aprovechar.

El Ejecutivo recibió con entusiasmo la elección de Robert Francis Prevost como León XIV hace casi un año, porque entendió que era un pleno continuador de Francisco, aunque con estilo propio. Y su visita apostólica a España, que comenzó el pasado sábado, refuerza esa convicción. El Gobierno ha querido mostrar plena sintonía con el Vaticano, reivindicando los grandes acuerdos alcanzados en los últimos años y sobre todo la convergencia de posiciones en los grandes debates mundiales. La inmigración, el respeto al derecho internacional, la "dignidad" de todas las personas, vengan de donde vengan.

El Ejecutivo recibió con alivio y entusiasmo la elección de Prevost como sucesor de Francisco, y en todo este año ha presumido de sintonía y conexión con el nuevo Pontífice en los asuntos globales

Esos son parte de los temas cardinales que el Papa abordó en su discurso ante las Cortes Generales de este lunes, el primero de un Pontífice en la historia democrática de España. Y el Gobierno puso el acento en ellos, se aferró a ellos, orillando las "diferencias" con él en otras cuestiones mollares, como su crítica al aborto o a la eutanasia. La Moncloa quiere poner de relieve su sintonía evidente con León XIV en los temas que ya son centrales en su papado: su defensa de un orden internacional basado en reglas frente a los caprichos del presidente de EEUU, Donald Trump —Prevost ha emergido, de hecho, como el líder global que ha sabido plantarle cara— y su apoyo a los inmigrantes frente a una derecha y una ultraderecha que se muestra insolidaria y que ha cargado contra la regularización extraordinaria promovida por el Ejecutivo y que la Iglesia sí respalda sin titubeos. Esa conexión con el Papa y su protagonismo absoluto durante esta semana permite a Pedro Sánchez mantener un perfil público más bajo y de paso desplaza los escándalos judiciales a un segundo plano. Un cierto refugio.

El presidente fue recibido en audiencia privada por León XIV el pasado 27 de mayo en el Vaticano, y el pasado sábado fue él quien, junto a los Reyes, le dio la bienvenida a España en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. También asistió a la ceremonia posterior en el Palacio Real junto a buena parte de su Gobierno. En los actos que siguieron el sábado y el domingo distintos ministros del PSOE y de Sumar arroparon al Pontífice: en el centro CEDIA 24 horas de Cáritas, Félix Bolaños y Pablo Bustinduy; en la vigilia en la plaza de Lima, Ana Redondo; en la misa en Cibeles, Milagros Tolón; en el encuentro con la sociedad civil, los vicepresidentes Carlos Cuerpo, Yolanda Díaz y Sara Aagesen.

El presidente acudió a recibir a León XIV a Barajas y asistió a la ceremonia de bienvenida. Este lunes se reunió con él en la Nunciatura y le regaló un bonsái de olivo como símbolo de "paz y diálogo"

Y este lunes, el propio Sánchez se desplazó a la Nunciatura Apostólica a primera hora de la mañana y mantuvo una reunión de una media hora en la que compartieron el "compromiso de defender el valor de las migraciones y los derechos de todas las personas". "España seguirá apostando por el diálogo, el multilateralismo y el entendimiento entre los pueblos", escribió el líder socialista en redes sociales. Allí le regaló un ejemplar bonsái de un olivo de 13 años y de hoja perenne, como "símbolo universal" que es de "paz, diálogo y entendimiento", valores "compartidos" por ambos Estados.

El jefe del Ejecutivo estuvo, con prácticamente todo su Gobierno —menos Óscar Puente (Transportes), de viaje oficial en Luxemburgo—, en el Congreso. Escuchando el histórico discurso del Papa, de media hora y respondido con una larguísima ovación, todo el hemiciclo puesto en pie, de siete minutos, algo que no se recordaba en la carrera de San Jerónimo. El Gobierno y los partidos —acudieron todos, menos Podemos y BNG— se quedaron con lo que más convenía a cada uno.

Rechazo a la prioridad nacional

Todos lanzaron elogios, pese a que León XIV buscó equilibrar a izquierda y derecha. Porque recordó la doctrina de la Iglesia respecto a su rechazo al aborto y la eutanasia —"Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural"— y reivindicó la educación religiosa, pero también, contrariamente a los planteamientos de las derechas, volvió a defender la acogida "respetuosa" a los que vienen de fuera: "La situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos". Más aún, cargó contra la discriminación "por su origen nacional, ético, religioso o lingüístico o por su condición económica o social", porque entonces "se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos". Un torpedo al principio de prioridad nacional exigido por Vox y firmado por el PP en sus pactos autonómicos en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

El Papa buscó equilibrios a izquierda y derecha en su discurso ante las Cortes. Recordó la doctrina de la Iglesia en aborto y eutanasia, pero defendió la inmigración y el respeto al orden internacional

El Papa también validó el respeto al derecho internacional y la paz y condenó el rearme. Y reclamó el fin de la polarización, una tarea que ponía a todos los partidos y a todos los políticos: "La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario"; "quienes ejercen una responsabilidad pública tienen por eso una obligación de custodiar la palabra para desarmar el lenguaje"; "la firmeza no exige desprecio, la discrepancia no conlleva humillación". Nada dijo de las víctimas de la pederastia, aunque luego, en un acto con sus obispos, sí les pidió responder con "verdad, reparación y justicia" a los que han sido "heridos" por la "plaga" de los abusos del clero. Después, León XIV recibió en privado a seis víctimas muy escogidas, propuestas por el Defensor del Pueblo, las diócesis, la Conferencia Episcopal y el proyecto Repara de atención a afectados del Arzobispado de Madrid. Dejó fuera a las demás asociaciones de afectados que llevan años denunciando este escándalo en el seno de la Iglesia.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el encargado de la interlocución con la Iglesia, calificó de "muy claro" y "muy valiente" el discurso de León XIV. Y subrayó que en los dos "grandes debates" que hay no solo en España y en Europa, sino en el mundo, que son la "defensa de la paz y del derecho internacional y la defensa de la dignidad humana", la posición del Pontífice es "absolutamente concordante, absolutamente coherente con la posición del Gobierno de España". Ambos están "alineados". "Maravilloso el discurso, habla por sí solo. Estamos encantados", se satisfacían en la Moncloa.

Bolaños aplaude el discurso "muy claro" y "muy valiente" de León XIV, "concordante" con el del Ejecutivo en los temas cardinales. También pone en valor la organización "impecable" de la visita

Reconoció Bolaños que hay "diferencias" como con el aborto o la eutanasia, pero el Ejecutivo "respeta todas las posiciones políticas y todas las posiciones que tiene la Iglesia católica". El ministro no quería entrar al choque. Es más, puso en valor los acuerdos alcanzados en estos últimos años —sobre la exhumación de Franco y la resignificación de Cuelgamuros, el fin de la exención del pago de dos impuestos, las inmatriculaciones y, por encima de todos, el consenso para la reparación de las víctimas de los abusos sexuales del clero—, y esos pactos, dijo, pesan más que las discrepancias. Fricciones que se abordan "con respeto al otro, escuchándole e intentando "entenderse". El titular de la Presidencia hizo hincapié asimismo en la organización "impecable" y "milimétrica" de la visita, fruto del trabajo del Gobierno y de su coordinación con distintas administraciones y entidades. Un "éxito" para la imagen del país y un tanto que podrá colgarse Sánchez.

El portavoz socialista en la Cámara baja, Patxi López, admitió que su partido no comparte "al cien por cien" lo afirmado por el Papa, pero sí coincide en lo "fundamental" con él: el "humanismo" y la necesidad de situar a la persona "en el centro de la actuación y de la actividad política, económica y social". López recordó que las palabras de León XIV tienen una doble vertiente, moral y política.

El Pontífice, en suma, es "el representante de la Iglesia católica" y el PSOE, una "organización laica". Y aborto y eutanasia, añadió, informa EFE, son dos cuestiones en las que los gobiernos socialistas han legislado para que sean "posibles" en España. El dirigente sí remarcó las coincidencias en migración y acogida y en la importancia de combatir las mafias y promover la integración de los llegados a España. Los socialistas comparten igualmente que las diferencias en democracia deben abordarse con "diálogo y búsqueda de entendimiento y acuerdos" y no caer "permanentemente" en la "confrontación" y la definición del adversario político "como el enemigo a batir".

Sánchez le acompañará en Gran Canaria

A la salida de la sesión, la sensación que recorría las filas socialistas era la misma. No sorprendió a diputados y senadores que el Papa criticara la legislación del aborto y la eutanasia, porque ese rechazo forma parte de su cuerpo doctrinal. "Los que no estarán contentos son los de la prioridad nacional", afirmaba un parlamentario. "Fue un discurso equilibrado, humanista, que respalda una dinámica de entendimientos —sancionaba otro—. Al Papa lo consideramos como nuestro. Pese a las cuestiones en las que la Iglesia es más conservadora".

Al Papa lo consideramos como nuestro. Pese a las cuestiones en las que la Iglesia es conservadora", señala un parlamentario. "No estarán contentos los de la prioridad nacional", dice otro

El Gobierno continuó acompañando a León XIV en el resto de actos de su agenda. La portavoz, Elma Saiz, estuvo con él en la ofrenda floral en la catedral de la Almudena —junto a la reina Sofía—, y luego le arropó, con la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, en el encuentro con la comunidad diocesana en el Bernabéu. Este martes, le despide en Barajas la ministra de Defensa, Margarita Robles, y le recibirá en el aeropuerto Josep Tarradellas-El Prat, en Barcelona, el responsable de Hacienda, Arcadi España, quien también le acompañará en el acto de la tarde, la vigilia en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

Sánchez volverá a estar con Prevost el miércoles, en la Sagrada Familia, en la misa y la bendición de la torre de Jesús. Y se sumará a la última parada de la visita apostólica: recibirá en la base aérea de Gando (Gran Canaria) al Papa junto a Robles y al titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Y luego le acompañará en su encuentro con migrantes y trabajadores voluntarios que les atienden en el puerto de Arguineguín. A esa cita en el muelle canario se desplazarán también Bolaños y Saiz. Fue la Moncloa quien anunció el pasado jueves que el presidente estará junto al Pontífice en el último tramo de su viaje, algo que no estaba previsto en un principio. Otra prueba más de que el Gobierno busca el contacto con León XIV.

En Moncloa hablan de "tregua", de "refugio" de una semana. "Y luego vendrá la vida real", los posibles mazazos por los casos abiertos y que atravesarán todo junio. Sánchez irá al Congreso el miércoles 24

Es una semana de "paréntesis" para el Ejecutivo, y por eso no la dejará perder. Los socialistas son muy conscientes de que este mes de junio puede ser durísimo para ellos. Probablemente este martes concluya el juicio contra el hermano del presidente, David Sánchez, cuya sentencia no tardará mucho en conocerse. Antes se dictará el fallo del caso mascarillas, que sentó en el banquillo al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. La semana que viene comparecerá en audiencia preliminar Begoña Gómez, la mujer del líder socialista, ante el instructor Juan Carlos Peinado, y será interrogado como imputado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. El miércoles 24 de junio, Sánchez acudirá al pleno del Congreso para dar cuenta de esta causa y la que instruye otro magistrado de la Audiencia, Santiago Pedraz, el caso Leire. El sábado 27 dará explicaciones ante el comité federal del PSOE. Mes totalmente apretado. Pero en julio ya está agendada, para el día 10, otra cita importante: la comparecencia como testigo, y ante Pedraz, de la presidenta del partido, Cristina Narbona, por su relación con la exmilitante y presunta fontanera Leire Díez.

"Es cierto que el Gobierno ha encontrado refugio en la visita del Papa. Él habla de los grandes temas que mueven el mundo ahora mismo, y estos son la digitalización, los movimimientos migratorios, los derechos y libertades, la defensa de la dignidad humana, y coincide con los grandes temas del Ejecutivo. No es que intentemos sacar rédito", explican fuentes de la Moncloa.

Pero se trata, asumen, de una "tregua pontificia", de un "espejismo". O, como decía ayer un diputado, de una "tregua emocional" en el carrusel de malas noticias en que se ha sumergido el PSOE desde las elecciones andaluzas. "Esto no deja de ser un espejismo y se acabará. Y luego vendrá la vida real". Los siguientes previsibles golpes judiciales para el Ejecutivo, que confía no obstante en poder mitigar parcialmente con el Mundial de fútbol de Canadá, EEUU y México que arranca este jueves y que concluirá el 19 de julio. La visita del Papa es, pues, esa "nube de verano". Eficaz para airear el ambiente unos días, pero no para acabar con el calor que achicharra, muy a su pesar, al Ejecutivo.

El comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba dejó por escrito 62 anotaciones sobre dos reuniones mantenidas con Leire Díez en marzo de 2025. Los documentos, elaborados por el propio mando y referidos a encuentros celebrados los días 10 y 26 de marzo, describen una serie de propuestas, ofrecimientos y peticiones de información. Según su relato, se buscaba obtener datos sensibles sobre la Guardia Civil y sus principales responsables para actuar contra la institución y, especialmente, contra la Unidad Central Operativa (UCO).

Las anotaciones recogen conversaciones sobre investigaciones judiciales, maniobras para desacreditar a mandos policiales, ofrecimientos de asistencia jurídica y promesas de restitución profesional a cambio de colaboración.

La primera reunión tuvo lugar el 10 de marzo de 2025. Según dejó reflejado Villalba, Leire Díez se presentó como una persona con acceso al "1 del partido" y al "1 del Gobierno". El comandante anotó que el objetivo expuesto durante aquel encuentro era "intentar desmontar a la GC".

La primera reunión

En aquel momento, Villalba se encontraba investigado por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales. De acuerdo con sus notas, Díez le trasladó que disponía de todas las diligencias relacionadas con la trama de los hidrocarburos y con el denominado 'caso Koldo', y que en ambas investigaciones aparecía como elemento común el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delitos Económicos de la UCO.

Según el documento, Leire le pidió sus propias diligencias para hacérselas llegar. Además, le ofreció cambiar de estrategia jurídica y le planteó tres posibles abogados para asumir su defensa. El abogado de Koldo García, el letrado de la causa de hidrocarburos, Jacobo Teijelo, y el abogado del exministro José Luis Ábalos.

Villalba dejó escrito que se le aseguró que no tendría que asumir el coste de esa nueva defensa y que, si colaboraba, podría recuperar su carrera profesional. Según las anotaciones, incluso se le prometió ser situado en "puestos de máxima responsabilidad" tras una futura "purga" dentro de la Guardia Civil.

Pruebas para "atacar" a la Guardia Civil

Las notas detallan tres fórmulas planteadas para canalizar la información que pudiera aportar sobre la institución. La primera consistía en reunirse con la Fiscalía para explicar el funcionamiento de la Jefatura de Información y de la UCO. La segunda pasaba por ser puesto en contacto con el Cuerpo Nacional de Policía para "destapar todo lo que la UCO-GC no está sacando/contando en todas estas causas judiciales". Según el relato de Villalba, Leire era especialmente partidaria de esta vía e incluso sugirió que declarara como testigo protegido, una opción que el comandante rechazó por considerarla un "atropello" a su persona.

La tercera posibilidad consistía en convertirse en la "mano derecha" de la directora general de la Guardia Civil para informar sobre la dinámica interna del cuerpo y facilitar la adopción de medidas.

Las anotaciones reflejan igualmente que Leire sostenía que ella y "los de arriba en el Gobierno" conocían lo que estaba ocurriendo dentro de la Guardia Civil, aunque necesitaban "pruebas más objetivas para poder atacar". Según el documento, también aseguró que se estaba recopilando información comprometedora sobre distintos mandos. Incluidos oficiales que supuestamente habrían estado "de putas" o a sueldo de empresarios.

Investigación en hidrocarburos

La conversación derivó además hacia la investigación de los hidrocarburos. Villalba dejó escrito que Leire sostenía que dicha causa estaba "manipulada por Repsol" en connivencia con la UCO y con el teniente coronel Balas. Según las notas, también afirmó que éste acabaría siendo contratado por la petrolera como jefe de Seguridad Corporativa.

El documento añade que los "de arriba" conocían el contenido de aquella reunión y respaldaban las gestiones realizadas. Según Villalba, Leire le indicó que trasladaría "novedades hacia arriba".

La segunda reunión

La segunda reunión se celebró el 26 de marzo de 2025 y se prolongó durante aproximadamente tres horas. De acuerdo con las anotaciones, fue nuevamente impulsada por Leire Díez, que le "apremiaba" para que aportara información sobre el fiscal José Grinda, los tenientes coroneles Balas y Bonilla, así como sobre responsables de la Jefatura de Información.

Entre ellos figuraba el teniente coronel Basilio Luis Sánchez Portillo, a quien Leire vinculaba con la denominada 'Operación Cataluña'. Según las notas, sostenía que había participado en la fabricación de pruebas falsas y mantenía una estrecha relación con el fiscal Grinda.

Al inicio del encuentro también se abordó la renovación de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Guardia Civil. Villalba anotó que Leire aseguró que el futuro DAO no sería la persona sobre la que circulaban rumores porque era afín al ministro Fernando Grande-Marlaska y que sería ella quien lo "pondría". Según el comandante, mostró un "rechazo total y absoluto" hacia el ministro, al que responsabilizaban del "desgaste del Gobierno" derivado de las actuaciones de la UCO.

La directora de la Guardia Civil

Durante aquella segunda cita, Leire insistió nuevamente en que Villalba declarara contra la Guardia Civil, la UCO y diversos mandos. La fórmula seguía siendo, según las anotaciones, la de una declaración como testigo protegido ante el Cuerpo Nacional de Policía. El comandante volvió a rechazar la propuesta argumentando que su identidad terminaría trascendiendo. Ante esa negativa, Leire le planteó que facilitara directamente la información al CNP para que fueran ellos quienes la gestionaran.

Las notas reflejan asimismo que volvió a insistir en conseguirle un destino como asesor de la directora general de la Guardia Civil. Villalba rechazó esta propuesta "radicalmente", según las anotaciones.

En otro momento de la conversación, el comandante preguntó por el interés mostrado en la reunión anterior por la trama de los hidrocarburos. Según dejó escrito, Leire respondió que "todo está entrelazado" por la participación de los mismos actores en las operaciones Hidrocarburos, Delorme y Cataluña.

"Puterío mandos UCO"

Villalba anotó que también se insistió en obtener pruebas sobre el supuesto "puterío de mandos de la UCO y otros que estarían a sueldo", así como sobre una presunta "connivencia de Balas y Bonilla con Repsol para actuar contra la competencia". Según el documento, Leire afirmó que habría empresarios dispuestos a declarar y aportar pruebas, además de personal del Ministerio de Industria supuestamente "a sueldo por Repsol".

La reunión concluyó con una nueva petición para que cambiara de abogado y permitiera coordinar su estrategia procesal con la de Ábalos y Koldo.

Sin embargo, las anotaciones de Villalba terminan con un rechazo frontal a todas las propuestas. El comandante dejó escrito que ninguna le resultó convincente y que trasladó a Leire un mensaje para que no volvieran a contactar con él. Según sus propias palabras, únicamente le habían hecho "perder el tiempo sin ninguna propuesta clara más allá de presionarme para que les diera la información sobre mandos de la GC a lo que me negaba".