Las anotaciones de las libretas intervenidas por la Guardia Civil a Leire Díez reflejan que la exmilitante socialista se interesó por el funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) inmediatamente después de la aprobación del rescate de Plus Ultra. Según la documentación incorporada al sumario, a la que ha tenido acceso El Independiente, Díez anotó con detalle la estructura interna de la SEPI y el procedimiento de concesión de estas ayudas apenas unos días después de que el Gobierno autorizara en marzo de 2021 una inyección de 53 millones de euros a la aerolínea. Aquel rescate terminó judicializado y dio lugar a una causa en la que actualmente está investigado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Los apuntes contienen referencias directas al procedimiento seguido por el fondo, a sus asesores externos y a la situación de la compañía beneficiaria de las ayudas públicas. En una de las páginas, encabezada bajo el epígrafe "Fondo Solvencia", se recogen observaciones realizadas apenas días después de la aprobación del rescate de la aerolínea.

40 asesores

Entre ellas figura una referencia al flujo de información sensible entre las empresas solicitantes y los consultores contratados por la SEPI. "Se les está pasando información de las compañías a los 40 asesores antes de subastar las operaciones", puede leerse en una de las anotaciones. A continuación, el texto añade una advertencia sobre las posibles implicaciones legales de esa práctica: "En el caso de las cotizadas, podría estar incurriendo en un delito al revelar información confidencial".

El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, creado en 2020 para sostener a compañías afectadas por la crisis del COVID-19, movilizó miles de millones de euros y articuló su funcionamiento mediante la participación de consultoras y despachos externos encargados de analizar la viabilidad de las empresas solicitantes. Las notas atribuidas a Díez se detienen precisamente en ese punto, el papel de los asesores y la trazabilidad de la información que manejaban.

El real decreto-ley

En otra de las hojas se recoge una referencia al encaje jurídico del sistema utilizado por la SEPI para articular el apoyo técnico externo. "SEPI contrató los servicios de apoyo externo cuando el procedimiento estaba impugnado", señala la supuesta 'fontanera', y atribuye a un tal "J. L." la explicación de que la contratación se realizó "al amparo de lo dispuesto en el apartado 9 del artículo 2 del RDL 25/20 de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo que establece el funcionamiento del fondo de solvencia".

Este real decreto-ley fue la base normativa del instrumento de rescate utilizado durante la pandemia y regulaba el funcionamiento del fondo, incluyendo la posibilidad de apoyo técnico en la evaluación de operaciones.

De Plus Ultra a Air Europa

Las anotaciones también reflejan interés por la situación concreta de Plus Ultra. En una de las páginas aparece una referencia directa al contexto del fondo y el posible miedo de la trama por el "anuncio de Vox de querellas a los gestores del Fondo de Solvencia”". A continuación, se añade una reflexión: "Si la Justicia lo admite a trámite se puede dar la situación de que B. Lora esté en la misma situación que Vicente".

Estas referencias parecen aludir a Bartolomé Lora, entonces vicepresidente de la SEPI y presidente en funciones del organismo durante la aprobación de algunas de estas operaciones, y a Vicente Fernández, expresidente del holding público. Lora presidía el Consejo Gestor encargado de elevar las operaciones al Consejo de Ministros y actualmente está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción 49 de Madrid por el rescate de Air Europa.

En otra anotación se formulan preguntas de carácter político-institucional: "¿Y qué pretende sacar adelante el Fondo con alguien que ha mostrado su posición al frente de SEPI o de Bartolomé Lora imputado?" o "¿Por qué el PP pide que se nombre a Bartolomé Lora?". También aparece una referencia a una "excusa de haber pasado meses desde la presentación de la solicitud de Plus Ultra".

Un rescate de 53 millones

El rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado el 9 de marzo de 2021, ascendió a 53 millones de euros mediante un préstamo participativo y otro ordinario. La operación se justificó por la supuesta relevancia estratégica de la aerolínea en determinadas rutas entre España y América Latina, así como por su papel en el mantenimiento del empleo.

Sin embargo, desde el primer momento surgieron dudas políticas y mediáticas sobre si la compañía cumplía los requisitos exigidos para ser considerada "estratégica", dado su reducido peso en el mercado aéreo español y su situación financiera previa a la pandemia. Estas controversias derivaron en denuncias e iniciativas judiciales para analizar el procedimiento seguido.

En este contexto, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama investiga actualmente las circunstancias del rescate y la posible existencia de una trama de influencias supuestamente liderada por Zapatero para facilitar la concesión de esta ayuda a la compañía.

La exmilitante socialista Leire Díez lo anotaba todo. Así se desprende de la veintena de agendas y libretas que la Guardia Civil le intervino en el marco del caso bautizado con su nombre que sigue su curso en la Audiencia Nacional. Todas ellas han sido incorporadas al sumario de la investigación, al que ha tenido acceso El Independiente, y recogen la ofensiva desplegada por la supuesta 'fontanera' del PSOE contra jueces, fiscales y mandos policiales que investigaban las causas que afectaban al entorno del Gobierno. Entre ellos el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso contra la esposa del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez, pero también encargado de un procedimiento que salpicaba a Nervis Villalobos, el exviceministro chavista vinculado a la trama de las presuntas 'cloacas'.

En una de las agendas intervenidas a Leire figura una anotación bajo el epígrafe "Acción política" en la que se hacía referencia a dos agentes de la UDEF identificados por sus números profesionales: el 111.129 y el 127.263. El primero de ellos fue destinado en 2021 como agente de enlace en Europol, con sede en La Haya, tras ser condecorado por el Ministerio del Interior, según apuntó en febrero de 2025 el propio Gobierno tras la comparecencia en el Congreso de Villalobos.

El "policía de Grinda"

Justamente, en uno de los documentos localizados por la Guardia Civil en el ordenador de la 'fontanera', el agente 111.129 aparece descrito como el "policía de Grinda", en referencia al fiscal Anticorrupción José Grinda, uno de los principales objetivos de la trama. El texto atribuye a ambos la elaboración de informes policiales presuntamente falsos en diversas investigaciones y sitúa el caso de Nervis Villalobos como una de las piezas centrales de esa estrategia.

Según ese relato, la investigación contra el exviceministro venezolano habría estado sustentada en informes elaborados por ese agente de la UDEF y utilizados posteriormente por Anticorrupción en distintos procedimientos abiertos contra Villalobos. La documentación sostiene que dichos informes contenían "datos falsos o erróneos" y que formaban parte de una supuesta "persecución" impulsada tras la negativa del exalto cargo chavista a colaborar con la Fiscalía y aportar información sobre distintos objetivos políticos y empresariales.

El 'relato' de Leire también insiste en que las investigaciones contra el empresario venezolano se impulsaron siempre "por los mismos fiscales, los mismos agentes policiales y las mismas unidades especializadas". Según esa versión, las tres causas judiciales en las que Villalobos se encontraba inmerso en la Audiencia Nacional y los Juzgados de Madrid se habrían apoyado en informes elaborados por la misma estructura.

El vínculo con Peinado

Las notas intervenidas revelan además cuál era el objetivo final de esa estrategia. En uno de los documentos se recoge expresamente que "si cae el [agente] 111.129, se cae su causa", en referencia a los procedimientos que afectaban a Villalobos. A continuación, la anotación añade que el exviceministro iniciaría una "querella o denuncia a Peinado por detención ilegal", ya que el instructor había decretado su ingreso en prisión provisional —a petición de la Fiscalía— y el bloqueo de sus cuentas bancarias.

La referencia conecta directamente con la resolución del Tribunal Constitucional que declaró vulnerado el derecho fundamental a la libertad personal de Villalobos por una de las decisiones adoptadas durante la instrucción dirigida por el magistrado. La documentación señala incluso que la sentencia del Constitucional sería entregada el día 12, lo que podría apuntar a que la estrategia contemplaba utilizar ese fallo como base para una ofensiva posterior contra el juez.

De este modo, la caída de la credibilidad del agente de la UDEF podría servir, según el esquema reflejado en los documentos, para cuestionar las investigaciones policiales que sustentaron las causas contra Villalobos y abrir posteriormente una vía de actuación contra Peinado.

Begoña Gómez

Justamente, este magistrado fue quien impulsó la causa contra Begoña Gómez, que encara ahora su fase final. El próximo lunes, 15 de junio, la esposa de Pedro Sánchez, su exasesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés están citados para la audiencia previa, en la que se decidirá si los tres investigados acaban yendo a juicio con jurado popular por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción, malversación y apropiación indebida.

El juez encargado de investigar el 'caso Leire', Santiago Pedraz, fechó precisamente el inicio de esta presunta 'trama de las cloacas' el mismo día que se conoció la imputación de Gómez. Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, mientras Sánchez permanecía apartado del foco público, se puso en marcha la red destinada a hacer frente a las investigaciones judiciales que afectaban al entorno del Gobierno y el PSOE. Una estrategia que habría estado coordinada por Leire, pero en la que el entonces 'número tres' del partido, Santos Cerdán, habría tenido un "papel superior".

Las agendas manuscritas incorporadas a la investigación judicial reflejan que Leire Díez participó en gestiones relacionadas con la empresa pública Mercasa y que, dentro de esas anotaciones, aparecen identificadas tres mercantiles como posibles destinatarias de ofertas vinculadas a contratos menores. Estos contratos menores son las adjudicaciones públicas que eluden los controles más estrictos de la administración.

La documentación intervenida sitúa a Díez dentro de un grupo de trabajo que tenía a Mercasa como uno de sus objetivos. Cabe destacar que Mercasa es una de las 12 empresas que dependen de la SEPI. En una de las páginas de la agenda aparece escrita una relación de nombres formada por "Anxton, Vct (Vicente), Leire" y, justo debajo, marcada con un asterisco, la referencia a "MERCASA". La anotación vincula así a la exmilitante socialista con las gestiones que, según reflejan los manuscritos, se estaban planteando en torno a la empresa pública dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Contratos menores

Las referencias a Mercasa no son aisladas. En otra de las páginas aparece un apartado específico encabezado con el nombre de la compañía pública. En el margen izquierdo puede leerse la expresión "Contratos menores" y, bajo el título "MERCASA", se detalla lo que el autor de las notas define expresamente como "Nombre de empresas para ofertas".

A continuación figura una relación cerrada de tres compañías. La primera es "Monte Aragón", que podría referirse a Montearagon Canalizaciones SL, empresa de la que es administrador único Jose Francisco Sanchez Gonzalez. La segunda es "Servinabar", acompañada entre paréntesis de la referencia "Mikel". Esta empresa está siendo investigada en la causa de la SEPI. Esta empresa está vinculada a Santos Cerdán. La tercera es "Construcciones Sumelzo", vinculada a la socialista Susana Sumelzo, junto a una anotación adicional difícil de interpretar en su totalidad, aunque se aprecia el nombre "Juan".

La relevancia de este apunte reside en que las tres sociedades aparecen agrupadas bajo el mismo epígrafe y asociadas a las ofertas de contratos menores de Mercasa. El manuscrito no contiene explicaciones adicionales sobre el papel concreto de cada empresa ni sobre si llegaron a presentarse a procedimiento alguno, pero sí refleja que habían sido identificadas como las firmas que debían figurar en las ofertas.

Una operación mediante permuta

Junto a la relación de empresas aparece además una anotación complementaria que dice "Dirección correo electrónico", lo que apunta a que la operativa contemplaba también la gestión práctica de la presentación o intercambio de documentación vinculada a esas ofertas.

Las referencias a Mercasa continúan en los folios siguientes de la agenda. Bajo el encabezado "SEDE" aparecen anotaciones relativas a la futura ubicación de la compañía. Entre ellas figura la expresión "Suelo dotacional público" y una reflexión sobre la posibilidad de articular una operación mediante permuta. El manuscrito recoge literalmente: "¿Se puede valorar como propietario del suelo para poder hacer la permuta?".

Las notas también mencionan conversaciones con terceros en relación con esta operación. El contexto de la página sugiere que la red no sólo estaba interesada en contratos de menor cuantía, sino también en cuestiones relacionadas con las instalaciones y el patrimonio inmobiliario de la empresa pública.

La presencia de Leire Díez en estas anotaciones resulta especialmente significativa porque su nombre aparece asociado de manera directa a Mercasa en una página específica de la agenda. No se trata de una referencia indirecta ni de una simple mención aislada. El apunte identifica expresamente a "Antxon, Vct, Leire" como los interlocutores relacionados con el asunto y sitúa a continuación el objetivo de esas gestiones: "MERCASA".

Entidades públicas y semipúblicas

Las agendas reflejan además un interés continuado por distintas entidades públicas y semipúblicas. En páginas próximas aparecen referencias a compañías como Tragsa o Enagás, así como anotaciones sobre contratación y proveedores. En el caso concreto de Mercasa, sin embargo, la documentación va un paso más allá al consignar un listado concreto de empresas para concurrir a ofertas vinculadas a contratos menores.

La mecánica descrita en los manuscritos adquiere relevancia porque la contratación menor exige habitualmente la solicitud de presupuestos o propuestas para justificar la adjudicación. Las anotaciones intervenidas muestran que, al menos sobre el papel, existía una selección previa de sociedades que debían integrar ese proceso de ofertas.

Los documentos no aclaran si las adjudicaciones llegaron finalmente a producirse ni identifican contratos concretos. Tampoco detallan importes o expedientes determinados. Lo que sí reflejan de forma expresa es la existencia de un apartado específico dedicado a Mercasa, la referencia a "Contratos menores" y la identificación de tres compañías —Monte Aragón, Servinabar y Construcciones Sumelzo— bajo el epígrafe "Nombre de empresas para ofertas".

Las agendas de Leire Díez incautadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a las que ha tenido acceso El Independiente, recogen una anotación fechada en 2020 en la que aparece mencionada la jurista Silvina Bacigalupo. Bacigalupo, cuñada de la entonces vicepresidenta del Gobierno Teresa Ribera, es catedrática de Derecho Penal y una reconocida especialista en transparencia y delitos económicos.

En una de las páginas de las notas manuscritas atribuidas a Díez, fechada el 17 de noviembre de 2020, figura un listado de asuntos pendientes entre los que aparece la referencia: “Cristina Narbona, gestión Silvina Bacigalupo”.

La anotación se integra en un conjunto de contactos, actuaciones y cuestiones políticas en el que también figuran otras referencias a dirigentes socialistas, responsables institucionales y asuntos vinculados a la actividad del partido. El documento, sin embargo, no especifica cuál era el objeto de esa supuesta gestión ni qué actuación concreta debía realizar la presidenta del PSOE en relación con Bacigalupo.

La mención adquiere relevancia en un momento en el que la jurista se encuentra entre las candidatas a una plaza de jurista en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. De acceder al puesto, culminaría una trayectoria académica y profesional que la ha convertido en una especialista en Derecho Penal económico, transparencia y cumplimiento normativo.

Bacigalupo y Teresa Ribera

Teresa Ribera, actual vicepresidenta de la Comisión Europea y exvicepresidenta del Gobierno de España, está casada con el jurista Mariano Bacigalupo. Este es miembro de una familia con amplia trayectoria en el ámbito jurídico y regulatorio en España. Este ha ocupado distintos cargos en organismos públicos como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La familia Bacigalupo constituye una saga de perfil académico y jurídico con una presencia destacada en el ámbito del Derecho en España, especialmente vinculada a la universidad y a instituciones públicas. Sus miembros han desarrollado carreras en campos como el Derecho Administrativo, el Derecho Penal económico y la regulación de sectores estratégicos.

Antes de su acercamiento al Alto Tribunal, la catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid ya había mantenido una relación de colaboración con el PSOE. Más allá del ámbito familiar. De hecho, su nombre apareció oficialmente vinculado al proyecto político de Pedro Sánchez cuando fue incorporada al equipo de expertos encargado de elaborar propuestas de gobierno para los socialistas.

Una experta en el proyecto de Sánchez

El 23 de junio de 2015, el PSOE anunció la creación de un equipo de especialistas destinado a diseñar medidas para un futuro programa de gobierno. Entre los nombres seleccionados figuraba Silvina Bacigalupo, que fue presentada como responsable del área de Transparencia y Ética Empresarial.

En aquel comunicado, los socialistas destacaban que el grupo estaría integrado por profesionales de reconocido prestigio y experiencia en distintas materias. Ya que el objetivo era reforzar el perfil técnico de su propuesta política. Bacigalupo aparecía entre las incorporaciones elegidas por la dirección de Pedro Sánchez.

La jurista era ya entonces una referencia en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, delitos económicos y prevención de la corrupción. Su participación en aquel equipo suponía una apuesta del PSOE por incorporar especialistas externos a la elaboración de su proyecto político.

La colaboración fue pública y reconocida por el propio partido, por lo que la aparición de su nombre en unas notas internas vinculadas al entorno socialista años después resulta especialmente significativa.

Una anotación sin explicación

La referencia hallada en la documentación atribuida a Leire Díez plantea más preguntas que respuestas. El apunte se limita a consignar la frase “Cristina Narbona, gestión Silvina Bacigalupo”, sin ofrecer detalles adicionales sobre el motivo, el contenido o el alcance de esa eventual gestión.

Tampoco se desprende del documento si la actuación que tenía que realizar Narbona se produjo finalmente. Ni cuál era el contexto concreto en el que se redactó la nota. Lo único acreditado es que el nombre de Bacigalupo figuraba entre los asuntos anotados por Díez en noviembre de 2020 y que aparecía asociado a una posible intervención de Cristina Narbona.

La presidenta del PSOE formaba parte del núcleo dirigente de la organización y era una de las figuras de mayor peso político dentro del partido. Su inclusión en la anotación sugiere que, al menos para quien redactó el documento, podía desempeñar algún papel en relación con la cuestión vinculada a Bacigalupo.

La falta de contexto impide extraer conclusiones definitivas. Sin embargo, la referencia se enmarca en una documentación en la que se están analizando múltiples anotaciones. Entre ellos contactos políticos, institucionales y empresariales relacionados con el entorno socialista.

Del equipo de expertos al Tribunal Supremo

La trayectoria de Bacigalupo ha estado ligada principalmente al ámbito académico. Hija del jurista Enrique Bacigalupo, ha desarrollado una carrera centrada en el Derecho Penal económico y corporativo, participando en proyectos de investigación nacionales e internacionales y en labores de asesoramiento en materia de cumplimiento normativo.

El proceso de nombramiento para la plaza de jurista en la Sala Segunda del Tribunal Supremo aún no ha concluido. Se trata de un procedimiento en el que los aspirantes son evaluados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en función de sus méritos.

Tras la admisión inicial, la Comisión de Calificación revisa el cumplimiento de los requisitos formales. Después, selecciona a los candidatos que pasan a una fase de entrevista, que puede realizarse por vía telemática y la cual Bacigalupo ya pasó. Posteriormente, la Comisión eleva una propuesta al Pleno del CGPJ, órgano competente para el nombramiento definitivo.

En estos momentos, el proceso se encuentra pendiente de la deliberación final del Pleno, con Bacigalupo entre las candidaturas evaluadas para la plaza. Su eventual acceso al Tribunal Supremo la situaría entre los perfiles de mayor relevancia dentro del sistema judicial español. Precisamente por ello, la aparición de su nombre en una anotación vinculada al entorno socialista adquiere una dimensión política.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha confirmado este martes que el exviceministro venezolano de Hugo Chávez, Nervis Gerardo Villalobos, obtuvo finalmente la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personara en sus dependencias para recabar información sobre el expediente del exalto cargo chavista en el marco de la investigación judicial relacionada con el denominado 'caso Leire Díez'.

La actuación de la UCO se produjo por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor de las diligencias que analizan los contactos y gestiones atribuidos a la exmilitante socialista Leire Díez. Los agentes han acudido al Ministerio dirigido por Félix Bolaños para requerir información sobre el estado de la solicitud de nacionalidad de Villalobos y sobre los funcionarios que participaron en su tramitación.

La nacionalidad española

Tras la entrada de los investigadores, fuentes del Ministerio han detallado que el magistrado había solicitado información sobre "un expediente concreto de nacionalidad por residencia de una de las personas que aparecen en el sumario, Nervis Gerardo Villalobos". Ese expediente, explican las mismas fuentes, "aparece en conversaciones de distintos implicados en las que se interesan por que sea aprobado".

La Subdirección General de Nacionalidades y Estado Civil ha entregado este martes la documentación requerida por la Audiencia Nacional. En ella consta que una solicitud de nacionalidad por residencia presentada por Villalobos el 25 de abril de 2024 fue finalmente denegada el 10 de octubre de 2025.

Sin embargo, el departamento de Justicia ha decidido además aportar de forma voluntaria otros dos expedientes relacionados con el exviceministro venezolano al considerar que podrían resultar de interés para la investigación. Entre ellos figura una primera solicitud de nacionalidad por residencia presentada el 20 de febrero de 2017 y rechazada el 17 de julio de 2020.

Ley de Memoria Democrática

El tercer expediente es el que finalmente permitió a Villalobos convertirse en ciudadano español. Se trata de una solicitud de nacionalidad formulada al amparo de la Ley de Memoria Democrática ante el Registro Civil, que fue concedida el 21 de abril de 2025 y quedó inscrita definitivamente el 23 de octubre de ese mismo año.

Desde el Ministerio subrayan que "se denegaron las dos solicitudes de nacionalidad por residencia, al no concurrir los requisitos legales". No obstante, añaden que "se concedió la opción de nacionalidad prevista en la Ley de Memoria Democrática, tras un recurso interpuesto por el interesado, con base en la Instrucción de 25 de octubre de 2022".

Las fuentes defienden que la resolución se adoptó siguiendo criterios exclusivamente jurídicos y administrativos. Según explican, el recurso fue "examinado y estimado con criterios jurídicos por cuatro funcionarios", entre ellos una consejera, el jefe de servicio, el subdirector general y la directora general competente.

Rechazan una intervención política

Asimismo, rechazan cualquier intervención política en el procedimiento y recalcan que "ninguna solicitud de nacionalidad pasa por otras unidades del Ministerio diferentes de la mencionada Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública". El departamento sostiene que todos los expedientes "se tramitan siguiendo estrictamente la ley y se basan únicamente en la comprobación de los requisitos legalmente establecidos".

Para reforzar esa tesis, recuerdan que la estimación de recursos en materia de nacionalidad vinculados a la Ley de Memoria Democrática es una práctica habitual. De hecho, aseguran que durante 2025 la Dirección General resolvió 189 recursos contra decisiones del Registro Civil Central sobre esta modalidad de acceso a la nacionalidad, de los cuales 164 fueron estimados, 20 desestimados, tres archivados y en dos casos se ordenó retrotraer actuaciones.

La revelación de que Villalobos obtuvo finalmente la nacionalidad española llega en un momento de especial sensibilidad política por las investigaciones judiciales sobre las gestiones realizadas en favor de diversas personas vinculadas al entorno de Leire Díez.

La documentación entregada ahora por el Ministerio a la UCO será analizada por los investigadores para determinar si existió algún tipo de actuación irregular en la tramitación de los expedientes o si, por el contrario, el procedimiento seguido se ajustó plenamente a la normativa vigente.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, descarta por el momento abrir una información reservada a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, pese a las revelaciones incorporadas al sumario del 'caso Leire' y a que ese mismo mecanismo fue utilizado recientemente contra agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) por unas presuntas filtraciones a la prensa.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a El Independiente que Marlaska sería "la única persona que podría abrirle una información reservada ahora mismo a Mercedes González". Desde el Ministerio aseguran que esa opción no se lo plantea ya que hay "un respaldo total por parte de Marlaska en la directora".

La posición del ministro llega en un momento de creciente presión sobre la directora general de la Guardia Civil. Después de que la propia González haya admitido tres reuniones con la exmilitante socialista Leire Díez. Estos encuentros se negaron inicialmente por Interior, pero posteriormente fueron recogidos en informes de la UCO incorporados al procedimiento judicial.

La controversia ha reabierto el debate sobre la posibilidad de investigar administrativamente la actuación de la máxima responsable del Instituto Armado, especialmente después de que la propia Dirección General promoviera una información reservada dirigida a esclarecer el origen de determinadas filtraciones atribuidas a la UCO.

Una información reservada

Según recoge la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil, la información reservada constituye una herramienta previa destinada a esclarecer hechos antes de decidir si procede o no la apertura de un procedimiento sancionador.

El artículo 39.5 de la norma establece expresamente que "con anterioridad al acuerdo de inicio, la Autoridad disciplinaria podrá ordenar la práctica de una información reservada para el esclarecimiento de los hechos, la determinación de sus presuntos responsables y la procedencia de iniciar o no el procedimiento sancionador".

La ley no limita esta figura a una categoría concreta de guardias civiles ni la circunscribe exclusivamente a determinadas escalas del cuerpo. Su finalidad consiste precisamente en aclarar hechos cuando existen indicios o sospechas que aconsejan una investigación preliminar.

Mercedes González

La diferencia en el caso de Mercedes González no reside en la existencia de esa posibilidad jurídica, sino en quién tendría competencia para impulsarla. Al tratarse de la directora general de la Guardia Civil, máxima autoridad política del cuerpo dependiente del Ministerio del Interior, no sería un mando ordinario quien podría acordarla.

Fuentes conocedoras del funcionamiento interno de la institución explican que, en una situación de estas características, la capacidad para promover una actuación de ese tipo corresponde a instancias superiores de la Administración y, en la práctica, al propio Ministerio del Interior.

La cuestión adquiere relevancia porque los informes elaborados por la UCO y remitidos al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sitúan a Mercedes González en distintos episodios relacionados con Leire Díez. Los investigadores han documentado al menos tres reuniones entre ambas, celebradas el 30 de septiembre de 2024, el 20 de diciembre de 2024 y el 2 de abril de 2025.

"Amistad con la DG de la GC"

Además, el informe sostiene que Díez hacía referencia a su "amistad con la DG de la GC" en conversaciones con terceros mientras desarrollaba actuaciones dirigidas contra la UCO. En una comunicación recogida por los investigadores llegó a afirmar: "Y recuerda que tengo amistad con la DG de la GC".

La documentación judicial también sitúa una conversación especialmente relevante el 9 de mayo de 2025. Según el informe, ese día Leire Díez aseguró haber trasladado a Mercedes González sus sospechas sobre unas supuestas filtraciones procedentes de la UCO. Entre el 9 y el 14 de mayo, la Dirección General de la Guardia Civil incoó una información reservada dirigida precisamente a esclarecer esas filtraciones.

Los investigadores apuntan que esta actuación coincidió con las pretensiones expresadas por la propia Díez de impulsar una "investigación interna G.C. para filtraciones" y de actuar contra la unidad "a nivel administrativo".

La UCO avisó a Mercedes

El informe recoge igualmente que la directora general ya había sido advertida previamente por responsables de la UCO sobre las actividades que Leire Díez desarrollaba contra los agentes encargados de investigaciones sensibles para el entorno del PSOE. Según la documentación incorporada al sumario, González tuvo conocimiento de esas advertencias al menos desde el 8 de mayo de 2025.

Pese a ello, Interior mantiene su respaldo a la directora general. Marlaska ha defendido públicamente durante los últimos días que las reuniones existieron, pero sostiene que en ellas no se abordó ninguno de los asuntos que forman parte de la trama investigada.

"No tuvo ningún contacto con Leire relativo y en cuyo desarrollo hubiera habido ninguna conversación, ninguna referencia a la trama", afirmó recientemente el ministro al justificar el cambio de versión respecto a sus declaraciones iniciales.

Por ahora, esa defensa política se traduce también en una negativa a abrir cualquier actuación administrativa contra Mercedes González. Una posición que contrasta con la decisión adoptada por la propia Dirección General cuando se trató de investigar las presuntas filtraciones atribuidas a agentes de la UCO.

El comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba dejó por escrito 62 anotaciones sobre dos reuniones mantenidas con Leire Díez en marzo de 2025. Los documentos, elaborados por el propio mando y referidos a encuentros celebrados los días 10 y 26 de marzo, describen una serie de propuestas, ofrecimientos y peticiones de información. Según su relato, se buscaba obtener datos sensibles sobre la Guardia Civil y sus principales responsables para actuar contra la institución y, especialmente, contra la Unidad Central Operativa (UCO).

Las anotaciones recogen conversaciones sobre investigaciones judiciales, maniobras para desacreditar a mandos policiales, ofrecimientos de asistencia jurídica y promesas de restitución profesional a cambio de colaboración.

La primera reunión tuvo lugar el 10 de marzo de 2025. Según dejó reflejado Villalba, Leire Díez se presentó como una persona con acceso al "1 del partido" y al "1 del Gobierno". El comandante anotó que el objetivo expuesto durante aquel encuentro era "intentar desmontar a la GC".

La primera reunión

En aquel momento, Villalba se encontraba investigado por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales. De acuerdo con sus notas, Díez le trasladó que disponía de todas las diligencias relacionadas con la trama de los hidrocarburos y con el denominado 'caso Koldo', y que en ambas investigaciones aparecía como elemento común el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delitos Económicos de la UCO.

Según el documento, Leire le pidió sus propias diligencias para hacérselas llegar. Además, le ofreció cambiar de estrategia jurídica y le planteó tres posibles abogados para asumir su defensa. El abogado de Koldo García, el letrado de la causa de hidrocarburos, Jacobo Teijelo, y el abogado del exministro José Luis Ábalos.

Villalba dejó escrito que se le aseguró que no tendría que asumir el coste de esa nueva defensa y que, si colaboraba, podría recuperar su carrera profesional. Según las anotaciones, incluso se le prometió ser situado en "puestos de máxima responsabilidad" tras una futura "purga" dentro de la Guardia Civil.

Pruebas para "atacar" a la Guardia Civil

Las notas detallan tres fórmulas planteadas para canalizar la información que pudiera aportar sobre la institución. La primera consistía en reunirse con la Fiscalía para explicar el funcionamiento de la Jefatura de Información y de la UCO. La segunda pasaba por ser puesto en contacto con el Cuerpo Nacional de Policía para "destapar todo lo que la UCO-GC no está sacando/contando en todas estas causas judiciales". Según el relato de Villalba, Leire era especialmente partidaria de esta vía e incluso sugirió que declarara como testigo protegido, una opción que el comandante rechazó por considerarla un "atropello" a su persona.

La tercera posibilidad consistía en convertirse en la "mano derecha" de la directora general de la Guardia Civil para informar sobre la dinámica interna del cuerpo y facilitar la adopción de medidas.

Las anotaciones reflejan igualmente que Leire sostenía que ella y "los de arriba en el Gobierno" conocían lo que estaba ocurriendo dentro de la Guardia Civil, aunque necesitaban "pruebas más objetivas para poder atacar". Según el documento, también aseguró que se estaba recopilando información comprometedora sobre distintos mandos. Incluidos oficiales que supuestamente habrían estado "de putas" o a sueldo de empresarios.

Investigación en hidrocarburos

La conversación derivó además hacia la investigación de los hidrocarburos. Villalba dejó escrito que Leire sostenía que dicha causa estaba "manipulada por Repsol" en connivencia con la UCO y con el teniente coronel Balas. Según las notas, también afirmó que éste acabaría siendo contratado por la petrolera como jefe de Seguridad Corporativa.

El documento añade que los "de arriba" conocían el contenido de aquella reunión y respaldaban las gestiones realizadas. Según Villalba, Leire le indicó que trasladaría "novedades hacia arriba".

La segunda reunión

La segunda reunión se celebró el 26 de marzo de 2025 y se prolongó durante aproximadamente tres horas. De acuerdo con las anotaciones, fue nuevamente impulsada por Leire Díez, que le "apremiaba" para que aportara información sobre el fiscal José Grinda, los tenientes coroneles Balas y Bonilla, así como sobre responsables de la Jefatura de Información.

Entre ellos figuraba el teniente coronel Basilio Luis Sánchez Portillo, a quien Leire vinculaba con la denominada 'Operación Cataluña'. Según las notas, sostenía que había participado en la fabricación de pruebas falsas y mantenía una estrecha relación con el fiscal Grinda.

Al inicio del encuentro también se abordó la renovación de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Guardia Civil. Villalba anotó que Leire aseguró que el futuro DAO no sería la persona sobre la que circulaban rumores porque era afín al ministro Fernando Grande-Marlaska y que sería ella quien lo "pondría". Según el comandante, mostró un "rechazo total y absoluto" hacia el ministro, al que responsabilizaban del "desgaste del Gobierno" derivado de las actuaciones de la UCO.

La directora de la Guardia Civil

Durante aquella segunda cita, Leire insistió nuevamente en que Villalba declarara contra la Guardia Civil, la UCO y diversos mandos. La fórmula seguía siendo, según las anotaciones, la de una declaración como testigo protegido ante el Cuerpo Nacional de Policía. El comandante volvió a rechazar la propuesta argumentando que su identidad terminaría trascendiendo. Ante esa negativa, Leire le planteó que facilitara directamente la información al CNP para que fueran ellos quienes la gestionaran.

Las notas reflejan asimismo que volvió a insistir en conseguirle un destino como asesor de la directora general de la Guardia Civil. Villalba rechazó esta propuesta "radicalmente", según las anotaciones.

En otro momento de la conversación, el comandante preguntó por el interés mostrado en la reunión anterior por la trama de los hidrocarburos. Según dejó escrito, Leire respondió que "todo está entrelazado" por la participación de los mismos actores en las operaciones Hidrocarburos, Delorme y Cataluña.

"Puterío mandos UCO"

Villalba anotó que también se insistió en obtener pruebas sobre el supuesto "puterío de mandos de la UCO y otros que estarían a sueldo", así como sobre una presunta "connivencia de Balas y Bonilla con Repsol para actuar contra la competencia". Según el documento, Leire afirmó que habría empresarios dispuestos a declarar y aportar pruebas, además de personal del Ministerio de Industria supuestamente "a sueldo por Repsol".

La reunión concluyó con una nueva petición para que cambiara de abogado y permitiera coordinar su estrategia procesal con la de Ábalos y Koldo.

Sin embargo, las anotaciones de Villalba terminan con un rechazo frontal a todas las propuestas. El comandante dejó escrito que ninguna le resultó convincente y que trasladó a Leire un mensaje para que no volvieran a contactar con él. Según sus propias palabras, únicamente le habían hecho "perder el tiempo sin ninguna propuesta clara más allá de presionarme para que les diera la información sobre mandos de la GC a lo que me negaba".