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El caso Leire Díez apenas ha echado a rodar. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ya dictó un primer auto en el que dibujaba cómo operaba una presunta red criminal en Ferraz que tenía a la cabeza al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y a la ya exmilitante Leire Díez como mano ejecutora, como fontanera. El magistrado levantó parcialmente el secreto de la causa y ayer ordenó el libramiento de varios oficios y la citación de hasta 22 testigos entre el 26 de junio y el 13 de julio. Entre ellos, la presidenta del partido, Cristina Narbona. Y al día siguiente tendrá que declarar como imputada ante él la abogada Leticia de la Hoz, por presuntamente haber sobornado a la empresaria Carmen Pano para que cambiara su versión respecto a que había entregado 90.000 euros en efectivo en el cuartel general de los socialistas a petición del comisionista Víctor de Aldama.
Quedan por practicar muchas diligencias pero es verdad que en el partido, como ya publicó este diario, se teme que el caso escale más y pueda acabar suponiendo una imputación del PSOE como persona jurídica. Algo que sería letal para los ánimos de una formación hundida anímicamente también por otro caso, el que mantiene investigado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Pero la puntilla definitiva podría ser la imputación del propio Pedro Sánchez. No sería sencilla, porque para que esa circunstancia se diera, Pedraz tendría que hallar indicios que le condujeran hasta él que justificasen elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo. Este sería el competente para decidir si investiga o no al jefe del Ejecutivo, dado que este es aforado, y en caso de que determinara proceder contra él, tendría que solicitar el suplicatorio al Congreso.
Sin embargo, fuentes la Moncloa aseguran no ver "motivo alguno" ni para la imputación del PSOE ni para la de Sánchez. Tampoco creen justificado que Pedraz pudiera llamar a declarar al presidente del Gobierno y secretario general del partido ni siquiera como testigo. "Es que no hay indicio ninguno de que Sánchez conociera a Leire. Ni hay una prueba de que operara la trama como tal ni mucho menos que implicara al partido", esgrimen. La tesis de la dirección socialista es que Cerdán pudo montarse su propia red para taparse a sí mismo, para esconder sus chanchullos, y que para ello tiró de la ayuda de Díez.
El juez tiene imputada a la gerente actual, Ana Fuentes, y la UCO descubrió que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, se reunió al menos tres veces con Díez. Citas que ella ratificó
Pero el juez tiene imputada a la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes —promovida al cargo por Cerdán en 2021—, y además en el sumario de la causa los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revelaron que Díez se había reunido en al menos tres ocasiones con la directora general del cuerpo, Mercedes González. Encuentros que ella al final tuvo que reconocer después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska hubiera negado esa posibilidad apenas unos días de conocerse el sumario. El PSOE no ha abierto ningún tipo de expediente a Fuentes y el Ejecutivo, empezando por el propio Sánchez y siguiendo por Marlaska, han manifestado su respaldo pleno a la jefa de la Guardia Civil.
Este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, reiteró que Sánchez nunca supo nada de la fontanera del PSOE: "El presidente nunca ha conocido, ni avalado ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado". Repitió prácticamente palabra por palabra aquello que el propio jefe del Ejecutivo respondió a los periodistas el pasado viernes en Tivat (Montenegro).
#EnDirecto | El Gobierno desmiente "rotundamente" cualquier encuentro entre Pedro Sánchez y Leire Díez: "Nunca ha conocido ni avalado ni ha sido informado de sus andanzas. Nunca lo hubiera tolerado" pic.twitter.com/oG1tnnWPp7
Los informadores preguntaron a la portavoz por qué ahora el partido y el Gobierno no actúan como en el pasado, cuando pidió sus actas y echó a los exsecretarios de Organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Ahora no se ha adoptado ningún tipo de medida contra Zapatero, ni contra la gerente del partido, ambos imputados en la Audiencia. La ministra reivindicó que la posición es "absolutamente coherente". "Somos el Gobierno de la tolerancia cero contra la corrupción, de la colaboración con la Justicia, de respetar los tiempos de la Justicia, de confiar en la Justicia", remachó, recordando de nuevo el plan de medidas anticorrupción que Sánchez presentó en julio del año pasado ante el Congreso. El problema es que la norma estrella, el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, aún no ha llegado al Congreso y se antojan muy complicados sus apoyos parlamentarios.
El Ejecutivo mantiene la confianza en González y también en Narbona. La presidenta del PSOE "tiene una moralidad intachable". "Jamás ha intervenido en nada ilícito o impresentable", apuntan
En el Gobierno mantienen toda la confianza en González —no se plantea de ningún modo su cese, y menos aún después de que Sánchez le explicitara su respaldo— y también en Narbona. En su caso, la UCO describe en su informe que la presidenta del PSOE mantuvo una conversación por WhatsApp con Díez el 24 de abril de 2024, cuando Sánchez publicó su Carta a la ciudadanía, en la que abría un periodo de reflexión de cinco días en el que se planteó dimitir. La exmilitante le habló de "reconducir" los ataques al presidente, de dar "ayuda cualificada" y dar la vuelta al asunto "como un calcetín". "[Esto] se lo habías contado a Santos el otro día", respondió ella. Narbona deberá comparecer como testigo ante Pedraz el 10 de julio. Ni Saiz ni el ministro de Transportes, Óscar Puente, presente en la rueda de prensa de este martes, quisieron hacer referencia a la citación de la presidenta del PSOE, pero fuentes de la Moncloa mostraron su "pleno respaldo" a la dirigente.
"Cristina tiene una moralidad intachable. Estamos seguros de que jamás ha intervenido en nada ilícito o impresentable. Es la persona más seria del mundo", señala un miembro del Ejecutivo que confía en que no obstante el caso Leire se vaya desactivando, porque no le ve recorrido. "Leire sería lo que en derecho se llama una tentativa inidónea, que es como elegir un medio incapaz de provocar el resultado buscado. Ella no tenía capacidad de influir en nada. Habría que darle la medalla de Isabel la Católica. Desde Mata Hari no se conocería nada igual", bromea este alto mando.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migracionesnació en 2020 con una singularidad poco habitual en la Administración española: no tendría despachos. José Luis Escrivá, entonces titular del departamento y actual gobernador del Banco de España, quiso romper con el esquema tradicional de altos cargos encerrados tras una puerta y apostó por una gran zona de trabajo compartida en la sede de José Abascal, en Madrid. Ni siquiera él dispondría de despacho propio. Sin embargo, seis años después, aquella filosofía ha llegado a su fin.
El Ministerio que ahora dirige Elma Saiz ha adjudicado la instalación de mamparas de vidrio, paneles de madera y puertas para levantar nuevos espacios cerrados en la primera planta de la sede ministerial, precisamente la zona que fue concebida como una gran oficina abierta. Además, supone que, después de que José Luis Escrivá impulsara una profunda reorganización interna para eliminar los despachos tradicionales, el Ministerio de Seguridad Social volverá a destinar fondos públicos para recorrer el camino inverso.
68.563 euros para levantar nuevos despachos
En concreto, según figura en una licitación formalizada por el Ministerio y publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para materializar este cambio organizativo, el Ministerio ha tenido que recurrir a una nueva obra de adaptación de espacios en su sede central: el edificio de José Abascal número 39.
Aunque el contrato despertó el interés de nueve empresas, finalmente ha sido adjudicado a Instalaciones Torrejón SL por 68.563 euros, frente a otras ofertas que llegaron a superar los 84.000 euros. Así, los trabajos deberán completarse en un plazo máximo de 90 días desde el inicio de las obras.
Según recoge la memoria justificativa del expediente, la explicación oficial del cambio se debe a "las nuevas necesidades de personal existentes en el Ministerio", por lo que "se precisa dividir la zona diáfana existente en la planta primera". El documento detalla, además, que las obras permitirán habilitar once despachos: diez en la zona abierta de esa primera planta y otro adicional destinado expresamente al jefe de Gabinete de la ministra.
Pero la actuación va mucho más allá de una simple redistribución de puestos de trabajo. La documentación técnica del contrato contempla la instalación de 217 metros cuadrados de mamparas acristaladas, otros 93 metros cuadrados de paneles de madera, once puertas de vidrio de suelo a techo y once módulos de electrificación. A ello se suman 84 metros cuadrados de vinilo, sistemas de cierre con llaves amaestradas y distintos trabajos de adaptación arquitectónica. En la práctica, la reforma supone compartimentar una planta que durante seis años funcionó bajo el modelo de oficina abierta impulsado por Escrivá.
Del ministerio sin despachos al regreso de las puertas
Una decisión que contrasta con el planteamiento que defendió Escrivá cuando puso en marcha el Ministerio en 2020. El entonces ministro sostenía que eliminar despachos favorecía la comunicación entre equipos, agilizaba la toma de decisiones y mejoraba la productividad. La apuesta era tan radical para los estándares de la Administración que el propio ministro renunció a disponer de un despacho individual y reservó salas específicas únicamente para reuniones o conversaciones que exigieran confidencialidad.
La reforma respondía a una voluntad expresa de romper con la organización tradicional de los ministerios. Altos cargos, asesores y responsables políticos compartirían espacios de trabajo abiertos para facilitar el intercambio de información y reducir las barreras jerárquicas que históricamente han caracterizado a la Administración. Ahora, sin embargo, la Seguridad Social considera necesario recuperar los espacios cerrados.
La razón oficial es el aumento de personal y las nuevas necesidades organizativas del departamento. Pero el resultado es evidente: la zona diáfana que simbolizó el experimento de Escrivá dejará de serlo. Seis años después de derribar las barreras físicas entre los altos cargos, el Ministerio de Inclusión vuelve a levantar paredes.
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