En un nuevo giro de guion, los acontecimientos se han acabado precipitando este viernes cuando menos se los esperaba, después de varios días de fuego estadounidense contra infraestructura militar y civil de la República Islámica y ataques iraníes contra sus vecinos árabes. Y es que al cierre de esta edición el régimen de los ayatolás, 104 días transcurridos desde el inicio de la campaña israelo-estadounidense contra su enemigo por excelencia y más de dos meses después de decretarse el alto el fuego, aseguraba a través de su ministro de Exteriores estar "más cerca que nunca" del acuerdo - memorando de entendimiento- con Washington.

Si no hay nuevas sorpresas, el texto deberá ser ahora ratificado por las distintas instancias de poder de la República Islámica en las próximas horas y días. El régimen nacido en 1979 tendrá que empezar renunciando a su programa nuclear y deshacerse de sus reservas de uranio altamente enriquecido y permitir la reapertura del estrecho de Ormuz como condición indispensable para lograr algún tipo de alivio de sanciones por parte de la Administración Trump.

Más explícito y optimista ha sido el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif: "Podemos confirmar que se ha alcanzado un texto definitivo y consensuado del acuerdo de paz, y Pakistán está ahora trabajando estrechamente con ambas partes para finalizar los próximos pasos. La paz nunca ha estado tan cerca como lo está ahora". "En medio de los intensos esfuerzos de mediación que está llevando a cabo Pakistán, somos plenamente conscientes de la incesante campaña de desinformación que están llevando a cabo quienes desean sabotear el acuerdo de paz", abundaba el jefe del Gobierno pakistaní.

El país de Asia Central, que ha presumido siempre de mantener buenas relaciones tanto con la República Islámica de Irán como con EE UU, ha sido el principal mediador entre ambos y, por ende, gran parte del éxito del acuerdo. No se explica, en todo caso el acuerdo, sin la participación de las principales potencias regionales, de Qatar a Turquía pasando por Emiratos Árabes Unidos.

Netanyahu: Irán "no tendrá armas nucleares"

Quien se se ha apresurado en manifestar su rechazo a los términos del acuerdo ha sido el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien aseveraba que Irán "no tendrá armas nucleares" mientras él siga al frente del gobierno de su país. "El presidente Trump y yo coincidimos plenamente en este tema", afirmaba Netanyahu tras la conversación telefónica mantenida con el mandatario estadounidense. "De no ser por esta lucha, Irán ya contaría con bombas atómicas para destruir Israel. Irán está trabajando para destruir el Estado judío, y yo dedico mi vida a impedirlo. Mientras yo sea primer ministro de Israel, esto no sucederá", añadía el primer ministro israelí en un mensaje publicado en redes sociales.

Poco antes de que las autoridades pakistaníes anunciaran la buena nueva y como recordatorio de que nada es definitivo hasta que ambas partes estampen la firma en el flamante memorando -y aún después de hacerlo-, el presidente estadounidense, Donald Trump, acusaba a Teherán de mentir sobre los términos del acuerdo. "Lo que han dicho, incluyendo su débil y patética declaración sobre un posible acuerdo, no guarda relación con la verdad. Son personas muy deshonestas con las que tratar. Con ellos, no existe la buena fe. ¡Increíble!”, afirmaba el inquilino de la Casa Blanca en su plataforma de redes sociales. Según fuentes de la Casa Blanca citadas por medios de la región, el acuerdo podría ser firmado este fin de semana.

Un nuevo alto el fuego de 60 días

En cualquier caso, lejos aún de ser un acuerdo definitivo que aleje el espectro de la guerra y la inestabilidad para el conjunto de Oriente Medio, el memorando de entendimiento alcanzado entre Teherán y Washington establece un alto el fuego temporal de 60 días durante el que se emplaza a las partes a negociar el aspecto más complejo: el futuro de los programas nuclear y de misiles de la República Islámica y garantizar una arquitectura de seguridad regional.

Ajenos por ahora al acuerdo en ciernes, Hizbulá, el principal proxy de Irán en la región, e Israel siguieron este viernes enfrentándose sobre el terreno en el sur libanés. La inclusión del país de los cedros en el acuerdo, con unas Fuerzas de Defensa que ocupan una parte considerable del sur de Líbano, seguirá siendo un escollo toda vez que para Teherán la retirada israelí no es negociable.

"Si Trump no acepta un levantamiento de sanciones, la República Islámica no va a ceder en la cuestión nuclear. La oportunidad política para Trump está en dar incentivos a los nuevos interlocutores que en principio priorizan lo económico frente a lo nuclear”, asegura a LA RAZÓN el analista hispano-iraní Daniel Bashandeh. "La política nuclear representaba la línea de Alí Jamenei, pero no la de los nuevos interlocutores que ahora negocian con Trump. En caso contrario, la República Islámica cerrará filas y proseguirá la militarización", concluye el politólogo especializado en el país de Asia Central.

“Llevo mucho tiempo escuchando y hoy vuelven a estar preocupados por lo que hice el 29 de octubre, valoran dónde debía estar y dónde no. Lo detallaré. Siempre, todas las acciones de ese día guiadas por la información de la que disponía y con los protocolos que correspondía en cada caso. Jugar a aplicar medidas con la información de la que se dispone hoy es muy fácil, pero es un juego ventajista. Con la disposición de la que se disponía en cada momento se reaccionaba”.

El actual vicepresidente tercero y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, se pronunció en estos términos el pasado 28 de abril en la comisión de investigación de la dana en las Corts Valencianes (ver vídeo completo), unas palabras más que cuestionables después de haberse destapado los mensajes del grupo de Whatsapp del Consell durante la trágica jornada del 29 de octubre, aportados a la investigación judicial por la actual vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero.

Su intervención viene motivada por las críticas que recibió cuando trascendió que la tarde de la dana optó por seguir su agenda y asistir a la gala de premios de la patronal valenciana que tuvo lugar a las 18.00 horas a pesar de que ya constaban incidencias en el servicio de Metrovalencia. De esta forma, trató de justificar que la información que tenía en ese momento no era tan preocupante como para suspender su participación en el evento.

Sin embargo, de uno de los mensajes que trasladó al mencionado grupo se desprende que sí tenía información de al menos dos incidencias graves: “En FGV tenemos incidencias variadas que se van solventando. La más importante el cierre del tramo entre Picassent i Castellò por desperfectos graves en la vía que impedirán circular no sólo hoy sino en los próximos días. En estos momentos además, en el Apeadero de Omet (Picassent) ha quedado atrapado un tren con 10 pasajeros. Están en la operación de sacarlos con la policía local”, dijo a las 18.03 horas, por lo que se trataría de una información que habría recibido con anterioridad. Aún así, optó por acudir a la gala.

Martínez Mus ya lideraba en el Consell del expresidente Carlos Mazón la Conselleria de Infraestructuras y por la tanto era el máximo responsable de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), una cartera que mantuvo con el nuevo presidente Juan Francisco Pérez Llorca.

En el chat del Consell, Martínez Mus intervino en siete ocasiones: a las 10.22, a las 11.02 y a las 15.22 horas dio información sobre las carreteras; a las 18.03 horas escribió el mencionado mensaje relativo a las incidencias en FGV. Una vez finalizada la gala, a las 20.37 horas, advierte de que “en la sede de FGV se han quedado 30 personas aisladas que no han podido salir. Incluidos Javier Sendra, Miguel Ángel Ivorra, Sabina Galindo y Alfonso Novo. Está allí el puesto de mando. Yo Iba para allí y ya no he podido llegar. El puesto de mando estaba allí y se ha visto afectado en toda su operativa, por lo que hemos tenido que suspender todas las operaciones de tranvía y metro hasta nueva orden”. A las 20.52 y a las 23.53 horas vuelve a actualizar el estado de las carreteras.

En su intervención en la comisión de la dana en las Corts, el vicepresidente explicó que “estar en la gala permite estar activo por Whatsapp” y que durante el evento va recibiendo información de lo que está pasando en FGV: “Informo al secretario autonómico de Infraestructuras para que vea cuál es la situación en la sede de FGV y le digo que cuando acabe el acto me reuniré con él allí. Cuando acabó la gala de premios me dirijo a Valencia Sud, pero ya no pude llegar y por poco me libré de la tromba de agua que se aproximaba en ese momento. Entonces me voy a mi despacho de la Conselleria donde me quedo toda la noche pendiente de las noticias y buscando las maneras ir respondiendo a lo que íbamos conociendo”.

A preguntas de elDiario.es sobre por qué motivo no se fue de la gala siendo consciente de la información que había trasladado al grupo de Whatsapp, fuentes de Infraestructuras han explicado en relación al tramo de línea que quedó cortado que “es relativamente habitual que ese tramo de la línea 1 se cierre cuando llueve en la zona porque es un trazado con muchos años y heredado de la época del trenet y hay problemas de drenaje”, por lo que no era algo extraordinario. Además, han añadido que justo después del mensaje de las 18.03 horas es cuando se va inundando el área metropolitana, momento en el que quedan varios altos cargos con el conseller en la sede de FGV, aunque él ya no puede llegar.

Según el informe de incidencias de FGV, es a partir de las 19.05 horas, cuando empieza a desbordarse el barranco del Poyo en l'Horta Sud, cuando empiezan a registrarse los incidentes más graves. A esa hora, el maquinista del tren 1135 informó al Puesto de Mando de FGV de que el agua estaba llegando a la cabeza del carril en ambas vías en el entorno de la estación de Paiporta y, “si bien pudo atravesar el tramo con normalidad, avisó que a posteriores circulaciones les resultaría imposible continuar la marcha de seguir subiendo el nivel del agua”. En aquellos momentos, Adif ya había suspendido la circulación tanto de los trenes de alta velocidad (a las 17.45) como de Cercanías (entre las 18.20 y las 18.50).

Llega el verano y, con él, la temporada de becarios. Hoy, el reto para las empresas es acelerar su integración con itinerarios personalizados, tutorización y acceso a herramientas tecnológicas. Se acabó lo de encargar al estudiante en prácticas que rellene planillas con datos durante largas horas. La tendencia es que las funciones repetitivas las realice la inteligencia artificial (IA), con una consecuencia clara: la reducción de plazas para estudiantes en áreas de bajo valor. Pero en las de corte más técnico, la IA ha transformado los programas de becas, mejorando la calidad del aprendizaje con experiencias ligadas al negocio real. A ello se suma el acompañamiento humano, con tutores que les guían en su primera experiencia laboral.

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Guerra abierta entre el Ayuntamiento de València y la protectora de animales Modepran por la gestión de los refugios de València. La Guardia Civil confirma que fue el concejal de Bienestar Animal, Juan Carlos Caballero, quien requirió a los agentes del Seprona para facilitar información sobre la asociación, que pierde este viernes la gestión del refugio de la ciudad. Fuentes del instituto armado apuntan que la unidad recibió “una solicitud” del edil del PP para trasladar información sobre una empresa con la que mantiene un contrato o convenio el Ayuntamiento.

Agentes del Uprona, una unidad del Seprona, se personaron el miércoles en el consistorio para reunirse con el edil. Entonces se trasladó que se investiga a raíz de un requerimiento si se habría producido tráfico ilegal de animales, mientras la protectora y decenas de activistas critican que una empresa vaya a hacerse cargo de los animales abandonados en la ciudad. Fuentes del Ayuntamiento, gobernado por PP y Vox, trasladaron que se trataba de un encuentro de colaboración.

El concejal negó el miércoles a preguntas de elDiario.es haber presentado una denuncia, él o el propio Ayuntamiento. “Taxativamente no”, señaló a esta redacción. Trasladó que el consistorio aportó la información solicitada por el instituto armado en el marco de una investigación, en una reunión agendada previamente. El edil de Bienestar Animal insiste en que él no ha denunciado nada y en la línea de colaboración con el instituto armado. Fuentes del Ayuntamiento trasladan que es una investigación que lleva tiempo en marcha y se habían mantenido más reuniones. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, apuntó que los agentes se habían personado por una denuncia. La Guardia Civil apunta que no se ha formalizado una denuncia, pero que con esa información determinará si abre diligencias de oficio para una investigación.

A partir de este viernes, una unión de varias empresas dedicadas al control de plagas y especies invasoras se hará cargo de los dos centro municipales que albergan animales, el de especies exóticas y el de animales domésticos. Una de ellas ha recibido varias denuncias por el trato a los animales en otros refugios, una cuestión que ha incendiado a la ciudadanía. En los últimos días se han sucedido fuertes reproches al consistorio, que ha adjudicado la gestión en un concurso público.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha explicado que este miércoles se produjo una reunión entre la Guardia Civil y el concejal de Bienestar Animal “en el marco de una colaboración” que el Ayuntamiento lleva “desarrollando desde hace mucho tiempo”, pues “la Guardia Civil lleva años analizando la gestión de Modepran”.

Catalá ha confirmado que lo que se produjo este miércoles fue una reunión “a instancias” del concejal pero, ha dicho, “en el marco de una colaboración que llevamos desarrollando con la Guardia Civil” que está “años” analizando la gestión de la protectora.

“Éramos conocedores de ese contexto”, ha dicho Catalá, quien no obstante, ha instado a la Guardia Civil y a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que habló ayer de “denuncia”, a que expliquen quién la ha puesto ya que la primera edil rechaza hablar de “investigación” sino que se refiere a “análisis de la gestión de un modelo” sobre el que llevan “años” trabajando con el instituto armado.

Preguntada sobre esta denuncia, Catalá ha afirmado que es la delegada y la Guardia Civil “la que tiene que dar explicaciones, ya que fue ella quien habló de esa denuncia”.

La situación en Oriente Medio no ha hecho sino endiablarse desde que comenzara la semana y el flamante memorando de entendimiento que hace no tanto parecía a punto de alcanzarse entre Teherán y Washington -según el cómputo de la CNN hasta en 38 ocasiones ha asegurado el presidente de EE UU, Donald Trump, que el acuerdo estaba "a la vuelta de la esquina"- se antoja hoy más lejos que nunca. El cruce de fuego entre las partes en las últimas y las nuevas amenazas estadounidenses -la nueva ronda de ataques puede ser cuestión de horas- con el telón de fondo de la intensificación de la campaña israelí contra Hizbulá en Líbano, agudiza la confusión generalizada sobre si el cese del fuego del 8 de abril sigue oficialmente vigente o no.

Al mandatario norteamericano parece habérsele acabado el optimismo y la paciencia habituales y anunció que golpearía "muy duro" a Irán después de advertir al régimen de que "pagará el precio" de haber dilatado su respuesta a la propuesta, pero sin dejar de invitarle a "firmar un buen acuerdo".

"No habrá ataque sin respuesta"

Desde Teherán, su cancillería advertía a la Casa Blanca de que "no habrá ataque sin respuesta". "Váyanse de nuestra región si quieren estar a salvo", le avisaba el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, en una nueva muestra de desafío público. Con todo, la visita de una delegación catarí a Teherán deja claro que la actividad diplomática regional continúa activa. Su portavoz, Ismail Bagaei, insinuaba una retirada de las negociaciones. "El proceso diplomático no se desarrolla en el vacío, y para avanzar en cualquier proceso diplomático se necesita un clima mínimo en el que trabajar", afirmó el vocero de Exteriores.

Así las cosas, la Guardia Revolucionaria, unidad de élite de las fuerzas iraníes, reivindicaba en la madrugada el lanzamiento de una oleada de ataques con drones contra bases estadounidenses ubicadas en Bahréin -concretamente contra la sede de la Quinta Flota de la Armada de EE UU- y otros puntos de Oriente Próximo en una acción que calificó de "represalia" y "legítima defensa" por las agresiones estadounidenses de las últimas horas contra diversos puntos de la República Islámica.

21 objetivos en bases aéreas y navales

La otrora temible unidad ideológica del Ejército de la República Islámica y hoy poder de facto del régimen aseveraba además haber alcanzado "21 objetivos en bases aéreas y navales de la región" así como derribado un dron en el sur de Irán, y lanzado misiles contra hangares de aviones caza F-35 en una base estadounidense ubicada en Jordania.

Por otra parte, la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), formada por 35 naciones, aprobaba ayer una resolución presentada por EE UU, Reino Unido, Francia y Alemania que insta a Irán a declarar sus reservas restantes de uranio enriquecido y a permitir el acceso de los inspectores a sus instalaciones nucleares. El futuro de las reservas de uranio en manos del régimen ha sido desde el comienzo de las negociaciones entre Teherán y Washington uno de los principales escollos. El régimen no tardaría en descalificarla al poco de trascender.

Violaciones de soberanía

Entretanto, el ambiente existente entre la República Islámica y sus vecinos del Golfo no hace sino emponzoñarse con el paso de los días y los ataques del régimen de los ayatolás a unas monarquías árabes que considera colaboracionistas con el enemigo. El Ministerio de Exteriores saudí denunciaba la última oleada de ataques iraníes a distintos Estados de la región, tildándolos de "flagrantes violaciones" de la soberanía de Kuwait, Bahréin y Jordania.

"La noche pasada no marcó ni el inicio de una guerra a gran escala ni el final de la crisis. Reveló que tanto Irán como EE UU siguen siendo capaces de imponerse costes mutuamente, aunque ninguno ha encontrado la fórmula para transformar éxitos tácticos en ventajas estratégicas. Como sostenía el economista estadounidense Thomas Schelling, el poder reside en moldear los cálculos del adversario mediante la imposición de costes", asegura a LA RAZÓN el politólogo Ehsan Rahimi.

“Irán intenta elevar el precio político y estratégico de la presencia estadounidense en el Golfo, mientras Washington busca preservar la disuasión sin quedar atrapado en una escalada prolongada. Como señaló el que fuera secretario de Estado de EE UU Henry Kissinger, el éxito duradero depende de convertir el poder militar en un nuevo equilibrio político. La verdadera batalla se libra hoy en las percepciones, las alianzas regionales y la capacidad de influir en las decisiones del adversario”, concluye el historiador e investigador doctoral de la Universidad de Alicante.

Quiso mantener ante el tribunal del jurado que, cuando lanzó a la bebé de 18 meses por la ventana, lo hizo porque la pequeña era la hija del demonio. Su voluntad era explicar así su atroz proceder y no que el crimen fuera una venganza porque la madre de la cría se había negado a tener con él relaciones sexuales.

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Agentes del Servicio de Protección de Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil se han personado este miércoles por la mañana en el Ayuntamiento de València “para recabar información sobre un asunto”, según ha confirmado a elDiario.es el instituto armado, que no ha detallado a qué se refiere el caso.

Según ha podido saber esta redacción, los agentes se habrían dirigido a las dependencias de la Concejalía de Bienestar Animal que gestiona el portavoz del grupo popular, Juan Carlos Caballero, en una reunión que al parecer tenían agendada y que por el momento no se ha requisado documentación. Las mismas fuentes aseguran que la investigación no es contra el Ayuntamiento.

Aunque por el momento no han trascendido más detalles, todo apunta a que el asunto podría estar relacionado con la protectora Modeprán. Al parecer, el Seprona también se habría dirigido a otros ayuntamientos con los que habría colaborado la protectora.

Por su parte, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha comentado que el Seprona “a instancias de una denuncia ha entrado al Ayuntamiento a pedir información sobre unas cuestiones que tienen que ver con una empresa que gestiona para el propio Ayuntamiento”.

Fuentes de Modeprán han asegurado a este periódico que no tienen constancia de ninguna denuncia contra la entidad, que están muy tranqullos porque “no hay nada que ocultar” y que el cambio de gestión previsto para este viernes se hará “con calma y normalidad”.

Como ha informado este periódico, el refugio de animales de València pasará a estar gestionado por una alianza de empresas dedicada al control de plagas. Este viernes se hará efectivo el cambio en la gestión de los dos refugios municipales, que hasta la fecha habían ido de la mano de la protectora Modeprán, encargada en los últimos 15 años.

Para los barceloneses, el conflicto entre la Sagrada Familia y sus vecinos de enfrente no es nuevo. El desacuerdo aparece de manera cíclica cada vez que la finalización del templo acecha: las edificaciones habitadas deberían ser expropiadas y demolidas para encajar la gran escalinata y la amplia avenida previstas en algunos planos.

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“Sancionar a las personas que lanzaron billetes y un chaleco a los escaños con la prohibición de acceso a la tribuna de invitados del hemiciclo y al conjunto de edificios del Palau de Les Corts”. La resolución de la presidencia del parlamento valenciano que ostenta Llanos Massó, de Vox, se expresa en estos términos en relación con las protestas que realizaron las profesoras que fueron expulsados en la última sesión de control del pasado 21 de mayo por lanzar un chaleco y billetes de 200 euros con la cara del presidente del Gobierno valenciano, Juan Francisco Pérez Llorca, en el marco de la huelga educativa. La prohibición no concreta un periodo determinado de expulsión.

El documento que se ha trasladado este martes a la Mesa de las Corts en la que tienen mayoría el PP y Vox incluye todas las medidas disciplinarias que se podían adoptar entre las que se incluyen la posibilidad de remitir los incidentes a la Fiscalía, una opción que sin embargo se ha descartado.

La resolución también advierte a Comrpomís, partido que invitó a las docentes, de que en lo sucesivo debe instruir a las personas que lleve al hemiciclo de las normas de orden que deben cumplir dentro del recinto o de lo contrario, si se diera un nuevo incidente, se le retirarían “todas sus invitaciones hasta el final de la legislatura”.

Al respecto, el sindic del PSPV, José Muñoz, ha celebrado que “la Mesa de las Corts haya tenido un poco de trellat y no lleve a los profesores ante la Fiscalía” y ha remarcado que “no podemos permitirnos unas instituciones que amenacen a la sociedad”. “Se estaba cometiendo violencia institucional con esa amenaza de llevarles ante la Fiscalía”, ha indicado, al tiempo que ha recordado que “era una amenaza totalmente desproporcionada”.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha comentado que van a recurrir la propuesta al entender que es “un nuevo insulto a los docentes valencianos, no han condenado la agresión a la profesora que fue agredida por la Policía, y esto es una nueva agresión al colectivo docente” al tiempo que ha advertido de que “cuando haya una nueva mayoría estas personas podrán volver a entrar a las Corts”. Baldoví ha recordado que fue una protesta “pacífica”, que en ningún momento interrumpieron a los oradores y que las profesoras no opusieron resistencia cuando les pidieron que abandonaran el hemiciclo.

La empresa que gestiona el Festival de Les Arts de València, cancelado este sábado antes de arrancar su segunda jornada, vendió miles de entradas sabiendo que el evento podría ser suspendido si se superaban los límites de ruido establecido en la normativa municipal. Una sentencia emitida el pasado marzo y una cláusula en el contrato con la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA), recinto en el que se lleva celebrando una década el festival, advertían de la posibilidad de cancelar el evento si se recibía una denuncia por superar los decibelios permitidos en la normativa. En concreto, la mencionada cláusula establecía que si en la primera jornada del evento se certificaba el exceso de decibelios, la segunda quedaría suspendida.

Las mediciones realizadas por la Policía Local de València el viernes, durante la primera jornada, acreditaron que se superaba “en exceso” los umbrales permitidos en momentos puntuales. Si la norma establece un máximo de 80 decibelios —el umbral de sonido tolerable—, los agentes que realizaron las mediciones detectaron 88, 91 y 96 en tres escenarios. También lo certificó la unidad de Policía Nacional adscrita a la Generalitat Valenciana.

El informe policial remitido a la dirección de la Ciudad de las Artes, que provocó la suspensión, concluye que “no se han respetado la limitación de los equipos limitadores-registradores previstos en la documentación acústica”. Y eso pese a las quejas masivas del público durante la primera jornada por el sonido, que obligaron a varios artistas a disculparse y terminaron por señalar también al Ayuntamiento de València que gobiernan PP y Vox por las limitaciones. El consistorio no autoriza eventos en la Ciudad de las Artes (CACSA), pero la sentencia del pasado marzo le obliga a adoptar medidas que garanticen el descanso de los vecinos y le recuerda que debe hacer cumplir las ordenanzas municipales sobre ruidos.

La propia organización explica en su comunicado que un mes antes la promotora trasladó dos festivales a otro emplazamiento, el estadio del Levante UD, tras conocer la sentencia sobre los eventos en el recinto. La organización cargó contra el consistorio, al que acusan de falta de diálogo, y también atribuyó la denuncia a “unos pocos vecinos” —son 46, concretamente—, publicando su dirección exacta en redes sociales, para anunciar que no habría una segunda jornada. “Esa voluntad de encontrar soluciones queda demostrada por el traslado de otros eventos de nuestra promotora, como Love The 90’s e I Love Reggaeton, al Estadi Ciutat de València. Sin embargo, nos produce una enorme tristeza y frustración comprobar que, durante todo este proceso, no hemos tenido la oportunidad de mantener una reunión con la Alcaldía del Ayuntamiento de València, ni con responsables del Ayuntamiento para estudiar conjuntamente posibles alternativas que permitieran garantizar el futuro del festival en la ciudad”, señaló el festival en un comunicado.

La mercantil House of Music Festivals, filial de The Music Republic, participada por el fondo KKR, suscribió un contrato con la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA), empresa pública de la Generalitat Valenciana, en la que se incluía una cláusula que permite suspender el certamen si se supera la acústica permitida. En concreto, según ha informado CACSA a elDiario.es, la mencionada cláusula advertía de que si en la primera jornada se constataba la superación de los límites establecidos en la ordenanza municipal, la segunda quedaría suspendida.

El contrato decía textualmente, según informa El Confidencial: “En caso de que durante la celebración del evento la autoridad competente levante acta, formule denuncia, dicte requerimiento o adopte cualquier medida de control por presunto incumplimiento de la normativa vigente en materia de ruido, contaminación acústica o protección de la salud pública, así como cuando exista resolución administrativa o judicial, firme o ejecutiva, que determine la superación de los niveles sonoros autorizados, la existencia de riesgos para la salud pública o cualquier otro incumplimiento de las condiciones acústicas exigibles al evento, CACSA podrá a su sola discreción y en su caso a cancelar la segunda jornada del evento”. Dos cuestiones de peso a la hora de abordar una organización de tal calibre como un festival que reúne a más de 20.000 personas.

¿Por qué decidió la organización seguir adelante con el evento? Según señala a este diario, porque en las pruebas previas y durante el festival “se contaba con cumplir la normativa”. De hecho, explican fuentes de la organización, en las mediciones que se realizaron el viernes durante el festival, ·en las fachadas colindantes, se obtuvieron exactamente los mismos resultados que los días anteriores a la celebración del evento“. Estas fuentes insisten que en fachada los niveles eran los permitidos, aunque el informe de Policía Local remitido al Ayuntamiento recoge momentos superiores.

En el escrito del festival no se menciona la cláusula suscrita con CACSA, sino que se atribuye a la empresa pública y al Ayuntamiento la decisión. Efectivamente, el Ayuntamiento, en el marco de sus competencias y en cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia judicial, remitió un requerimiento a CACSA el pasado 6 de junio por el que se le advirtió de que se había certificado que en la primera jornada no se habían cumplido los límites legales de decibelios, por lo que se ordenaba que procediera a la suspensión del festival.

La organización señala que ha trabajado con la Generalitat para mantener el festival “encontrando un equilibrio” entre la fiesta y el descanso vecinal, y que, en paralelo, ha tratado de buscar otra ubicación, además de incorporar soluciones de sonido para respetar la normativa“. En vista de la suspensión, el evento abrirá un canal para devolver el 50% de los abonos y los sobrantes de las pulseras con las que se pagan las consumiciones. Según las mismas fuentes, se devolverá la mitad del importe, puesto que se ha celebrado el 50% del evento y el procedimiento habitual es el de devolver la parte proporcional no disfrutada del mismo cuando se suspende por causa mayor.

“Los promotores conocían las reglas del juego”

Este lunes, el concejal de Urbanismo y Licencias de València, Juan Giner, manifestaba que lo que ha hecho el consistorio es cumplir con la normativa. La sentencia del pasado marzo obliga al Ayuntamiento a garantizar su cumplimiento y el descanso de los vecinos, llegando a revocar autorizaciones si es necesario. “Los promotores conocen perfectamente el contenido de la ordenanza y las reglas del juego”, ha apuntado Giner, que ha considerado que los “verdaderos perjudicados” han sido los asistentes.

La sentencia posibilita revocar autorizaciones

El pasado marzo, el juzgado número 8 de lo contencioso condenó al Ayuntamiento de València a indemnizar a 46 vecinos por daños morales derivados del ruido de los festivales en la Ciudad de las Artes y la discoteca de su azotea. El magistrado titular consideró acreditado que los niveles de ruido registrados en los domicilios de los vecinos superaron “ampliamente los máximos permitidos por la normativa” en conciertos y fiestas durante los años 2022 y 2023. También falló que el Ayuntamiento debe “adoptar las medidas necesarias, inclusive revocación de autorizaciones o reubicación de eventos o actividades, para imposibilitar definitivamente la violación de los derechos fundamentales de los demandantes”.

La fórmula de comprar un piso para reformar no es nueva, pero ha evolucionado. Es una alternativa atractiva para los particulares que buscan vivienda a precios más ajustados en zonas tensionadas y con escasa oferta lista para entrar a vivir. También para inversores que quieren obtener retornos a través de la rehabilitación y reventa. Sin embargo, este tipo de producto escasea en el centro de las grandes ciudades y, además, los altos precios hacen que muchas operaciones no compensen. Por esto, el interés se ha desplazado unos kilómetros: ahora la búsqueda se concentra sobre todo en el extrarradio y en municipios cercanos con buena conexión.

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