El Partido Popular ha llevado al Congreso una iniciativa para impulsar una reforma del sistema de prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil mediante la creación de delegados específicos encargados de velar por la seguridad y salud de los agentes en todo el territorio nacional.

La propuesta, registrada en forma de Proposición No de Ley (PNL), plantea que estos representantes sean designados por las asociaciones profesionales con representación en el Consejo de la Guardia Civil y cuenten con presencia directa en las distintas estructuras territoriales del Instituto Armado.

Los populares consideran que el modelo actual presenta importantes carencias debido a su elevado grado de centralización y sostienen que resulta insuficiente para atender las necesidades de una organización que supera los 80.000 efectivos distribuidos en más de 2.200 unidades repartidas por toda España.

Por ello, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo propone que exista al menos un delegado de prevención en cada zona de la Guardia Civil y otro en cada comandancia, además de habilitar representantes adicionales en función del número de agentes destinados en cada plantilla.

Según recoge la iniciativa parlamentaria, estos delegados tendrían entre sus funciones la vigilancia y el control de las condiciones de trabajo de los guardias civiles, con el objetivo de detectar riesgos, trasladar incidencias y colaborar en la mejora de las medidas de protección laboral.

El PP considera que el sistema vigente limita la participación efectiva de los agentes en la Comisión Permanente sobre Prevención de Riesgos Laborales del Consejo de la Guardia Civil, órgano encargado actualmente de canalizar estas cuestiones.

A juicio de la formación, la estructura existente dificulta una respuesta ágil y cercana a los problemas que pueden surgir en el día a día de las distintas unidades, especialmente teniendo en cuenta la amplia dispersión territorial del cuerpo.

La propuesta también incorpora medidas destinadas a reforzar la capacidad de actuación de estos representantes. En concreto, reclama que dispongan de un crédito horario suficiente para desarrollar sus funciones y plantea un mínimo de ocho horas semanales, ampliables en función de las necesidades del servicio o de las circunstancias específicas de cada destino.

Además, sostienen que su planteamiento no supone una novedad dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sino que sigue modelos ya implantados en otros organismos. Como ejemplo, citan el sistema vigente en la Policía Nacional, donde la normativa contempla la existencia de delegados de prevención distribuidos en distintos niveles organizativos.

© EUROPAPRESS

Il centrocampista del Ghana Thomas Partey non può giocare la prima partita della sua nazionale ai Mondiali, in programma a Toronto contro Panama il prossimo 18 giugno. Il Canada infatti gli ha negato il visto, impedendo il suo ingresso nel Paese. Questa volta però le stringenti misure di sicurezza anti-immigrazioni, che riguardano le frontiere Usa, non centrano nulla. Il motivo del respingimento infatti riguarda la situazione giudiziaria di Partey, in attesa di processo: ha sette capi d’accusa per stupro e uno per violenza sessuale, relativi a denunce presentate da quattro donne diverse tra il 2020 e il 2022.

Partey, che oggi compie 33 anni, gioca nel Villareal ed è il vice capitano del Ghana. Nonostante le pesantissime accuse nei suoi confronti, il ct Carlos Queiroz ha scelto di non rinunciare alla colonna del suo centrocampo. Una decisione formalmente non contestabile, ma che crea un certo imbarazzo alla Fifa e al Mondiale in generale. La scelta del governo canadese, che ha respinto la sua richiesta di visto, crea il primo precedente. La Fifa continua a ripetere la solita formula: “Non è coinvolta nelle procedure di immigrazione dei paesi ospitanti, compresa la concessione dei visti. È il governo del paese ospitante a determinare in ultima analisi chi riceve un visto e chi viene ammesso nel paese”. Ma è evidente il problema: Partey potrà giocare tutte le altre partite senza contestazioni?

Mondiali 2026, la classifica dei gironi aggiornata
Mondiali 2026, la classifica marcatori in diretta

Le accuse contro Partey

La prima denuncia per stupro nei confronti di Partey fa scattare le indagini della polizia londinese nel febbraio 2022. Il centrocampista, all’epoca in forza all’Arsenal, continua a giocare nel club di Londra per altre tre stagioni, pur rimanendo sotto inchiesta. A giugno 2025 Partey viene formalmente accusato di stupro e violenza sessuale: i reati sarebbero avvenuti a casa sua, tra il 2020 e il 2022, nei confronti di tre donne. Interrotto il rapporto con l’Arsenal, ad agosto il tribunale gli concede la libertà su cauzione, permettendogli così di firmare con il Villareal, con cui disputa questa stagione. A febbraio però emergono nuove accuse di una quarta donna.

Partey si è sempre dichiarato non colpevole per tutti i capi d’accusa. L’inizio del processo a suo carico è atteso per novembre: “Il mio cliente non vede l’ora che si arrivi al processo per poter avere finalmente l’opportunità di ripulire il suo nome”, dice il suo avvocato.

Mondiali 2026, i gironi e il nuovo regolamento
Calendario Mondiali: date e orari, dove vedere le partite in tv
L’albo d’oro dei Mondiali

Il problema in vista del match contro l’Inghilterra

Partey sarà processato appunto da un tribunale inglese. E il suo Ghana giocherà il secondo match dei Mondiali, il 23 giugno a Boston, proprio contro l’Inghilterra. La FA, la federazione inglese, starebbe addirittura valutando se imporre ai suoi giocatori di non stringere la mano a Partey durante la cerimonia prepartita. Il centrocampista ghanese è stato riempito di fischi durante l’ultima amichevole giocato contro il Galles a Cardiff. Lo stesso trattamento potrebbe venirgli riservato dai tifosi inglesi che saranno presenti a Boston. Una situazione che in Premier si è già vista per molto tempo: anche se il suo nome non era mai emerso pubblicamente, tutti i tifosi sapevano delle accuse di stupro. E non hanno mai smesso di ricordargliele.

L'articolo Mondiali, il Canada vieta a Partey di entrare nel Paese: il centrocampista del Ghana ha 7 capi d’accusa per stupro proviene da Il Fatto Quotidiano.

Después de que esta semana comenzaran los sondeos en Cuelgamuros, con la máquina perforadora saboteada el martes, un día después, con pintadas de "Franco" y "Sánchez HP", una convocatoria en redes sociales ha llamado a una cita que promete ser multitudinaria, esta mañana.

Una larga hilera de vehículos puede verse ahora mismo en los accesos al recinto del Valle de los Caídos, en cuya explanada central ya hay numerosos visitantes, según ha podido comprobar LA RAZÓN, hasta el punto de que se ha ampliado el horario de entrada antes de la misa.

El llamamiento cuenta con un grupo de WhatsApp en el que los interesados, jóvenes en su mayoría, han ido "calentando los ánimos", en palabras de uno de sus miembros, aunque se ha pedido respeto y que se mantenga la calma.

Parte de los convocados ha hecho incluso noche en la Hospedería del complejo, instalación hostelera desconocida, por cierto, entre algunos participantes del chat.

La Abadía se ha desmarcado con un comunicado de este emplazamiento que parte de Triana Fernández, una joven que ha grabado un vídeo en su perfil de Facebook con el objetivo de evitar "la destrucción del Valle", convocando "a las 10:00 de la mañana" de hoy. Asegura que ha informado de la protesta a la Delegación del Gobierno.

Los benedictinos explican que "ante las informaciones difundidas sobre la convocatoria de una concentración o manifestación" la comunidad benedictina aclara que "la Basílica y los espacios vinculados directamente a su actividad religiosa constituyen un lugar de culto y oración destinado al ejercicio de la libertad religiosa y al desarrollo de las actividades propias de la Iglesia Católica. En consecuencia, no corresponde a la comunidad benedictina promover, respaldar o autorizar actos de carácter político o ideológico en dicho ámbito".

Sigue el escrito en estos términos: "La Abadía desea asimismo poner de manifiesto que los numerosos fieles que acuden semanalmente al Valle para participar y acompañar a la comunidad benedictina en las celebraciones litúrgicas y actos de piedad que se desarrollan a lo largo del año lo hacen habitualmente dando un ejemplo admirable de respeto, recogimiento, silencio y oración. La comunidad considera que su derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto debe ser plenamente respetado y preservado".

"Del mismo modo, los numerosos visitantes que acuden diariamente al Valle tienen derecho a disfrutar de este lugar en un clima de normalidad, respeto y serenidad, sin verse importunados por actos, concentraciones o manifestaciones ajenos a la finalidad religiosa y cultural propia del recinto y que no hayan sido convocados ni autorizados por la comunidad monástica en el ámbito de sus competencias".

© La Razón

© La Razón

© La Razón

Varios vehículos han sufrido daños de diversa consideración en el incendio registrado esta madrugada en un garaje con 51 vehículos aparcados en el municipio alicantino de Xixona (Alicante), en un suceso sin heridos.

Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, a las 02:19 horas de esta madrugada ha recibido el aviso de un incendio en un garaje ubicado en la calle Ausias Carbonell de Xixona (Alicante).

Al lugar de los hechos se han trasladado dos vehículos de jefatura, 3 autobombas de los parques de San Vicente e Ibi y un vehículo nodriza del parque de San Vicente.

Tras detectarse humo y explosiones en el interior de un garaje con 51 vehículos, se movilizaron cuatro dotaciones de bomberos del Parque de San Vicente y una dotación del Parque de Ibi.

En el incendio, "múltiples vehículos" han sufrido daños de distinta consideración por el fuego y el humo, según el Consorcio.

Las labores se han centrado en la extinción de los vehículos afectados y en la posterior ventilación del garaje, lleno de humo, y la intervención, sin heridos, ha finalizado a las 7:27 horas.

© EUROPAPRESS

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Alberto Nadal, ha elevado este sábado la presión sobre los socios parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez y les ha instado a decidir si continúan sosteniendo un Ejecutivo que considera "infestado de corrupción".

Durante una visita a Barcelona para reunirse con representantes de organizaciones de trabajadores autónomos, Nadal ha asegurado que la situación política del Gobierno atraviesa un momento crítico y ha defendido que, en una democracia consolidada, las acusaciones y escándalos que afectan al Ejecutivo deberían tener consecuencias políticas inmediatas.

"Cada vez queda más claro que la situación de este Gobierno es absolutamente insostenible", ha afirmado el dirigente popular ante los medios de comunicación, antes de señalar directamente a las formaciones que garantizan la mayoría parlamentaria de Sánchez. "Corresponde a aquellos que siguen manteniendo a este Gobierno infestado de corrupción decidir si siguen haciéndolo", ha añadido.

Nadal ha insistido en que el PP continuará trabajando para propiciar un cambio político en España y ha vuelto a reclamar que sean los ciudadanos quienes decidan en las urnas el futuro del Ejecutivo.

Durante el acto, el responsable económico del PP ha centrado buena parte de su intervención en la situación de los trabajadores por cuenta propia, a quienes definió como una pieza fundamental del tejido productivo español.

Según Nadal, los autónomos afrontan actualmente un escenario especialmente complicado debido al aumento de la presión fiscal y al peso creciente de las obligaciones administrativas. "Tienen una carga fiscal creciente e insoportable", ha asegurado, al tiempo que ha denunciado la acumulación de requisitos regulatorios que, en su opinión, dificultan el desarrollo de pequeños negocios y actividades profesionales.

Ante esta situación, el dirigente popular ha defendido las propuestas que su partido plantea para el colectivo. Entre ellas ha destacado la adaptación de las cotizaciones sociales a la realidad de los ingresos obtenidos por cada autónomo, una mayor flexibilidad en el sistema y un incremento de la capacidad de gestión sobre sus propias cuentas y actividad económica.

El dirigente popular también ha sido preguntado por la reciente visita del Papa a España, un acontecimiento que ha calificado como un éxito por la acogida recibida en los distintos territorios que ha recorrido.

A su juicio, el pontífice ha trasladado un mensaje centrado en la unidad, el entendimiento y la búsqueda del bien común, valores que, según ha dicho, deberían inspirar la actual etapa política.

© EUROPAPRESS

El Ministerio del Interior ha salido al paso de las críticas del Partido Popular sobre la concesión de una medalla de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a Víctor de Aldama, el empresario investigado en el denominado 'caso Koldo', y ha defendido que el procedimiento seguido para otorgar estas distinciones cuenta con suficientes garantías de control, publicidad y transparencia.

La controversia ha resurgido después de que el PP denunciara el supuesto "oscurantismo" que, a su juicio, rodeó la concesión de la condecoración a Aldama en 2022, cuando el empresario mantenía una estrecha relación con distintos ámbitos de la Administración y antes de verse implicado en diversas investigaciones judiciales.

En una respuesta parlamentaria remitida a la Cámara Baja, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska rechaza las acusaciones de falta de transparencia y sostiene que la normativa vigente ya incorpora mecanismos destinados a garantizar la adecuada supervisión de las condecoraciones otorgadas por la Guardia Civil.

Según Interior, el procedimiento contempla distintas fases de control, entre ellas la propuesta de concesión, la instrucción del expediente, la emisión de informes, la resolución final y su publicación oficial. Además, recuerda que la legislación prevé incluso la apertura de expedientes para impedir el uso de una medalla cuando concurran circunstancias posteriores que cuestionen la idoneidad de quien la recibió.

La respuesta del Gobierno llega después de que el PP comparara la regulación de la Guardia Civil con la reciente reforma impulsada en la Policía Nacional para reforzar los criterios de ejemplaridad profesional exigidos a los condecorados. Los populares consideran llamativo que no se hayan introducido modificaciones similares en la Orden del Mérito de la Guardia Civil.

En sus preguntas parlamentarias, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo señalaba expresamente el caso de Aldama y advertía de que sobre esta condecoración se había extendido "un manto de oscurantismo", al tratarse de una persona actualmente investigada por su presunta participación en distintas tramas de corrupción.

Sin embargo, Interior sostiene que la normativa de la Guardia Civil ya incorpora requisitos de conducta y mecanismos de control suficientes. Entre ellos destaca que las propuestas de concesión deben estar respaldadas por hechos concretos, informes justificativos y la correspondiente valoración jerárquica.

Asimismo, recuerda que la concesión puede ser denegada cuando la persona propuesta esté inmersa en procedimientos judiciales o disciplinarios, o mantenga antecedentes desfavorables que no hayan sido cancelados.

El Ministerio también pone el foco en una circunstancia que considera relevante para el debate político abierto en torno a esta medalla. Según recuerda, ya se ha iniciado un procedimiento para impedir que Víctor de Aldama pueda hacer uso de la distinción que recibió en 2022.

De hecho, el propio Marlaska defendió esta actuación durante una comparecencia en el Senado celebrada a finales del pasado año. Entonces explicó que el expediente para retirar la posibilidad de utilizar la condecoración ya estaba en marcha y subrayó además que la relación de Aldama con la Guardia Civil era anterior a la llegada del PSOE al Gobierno.

El ministro recordó que la colaboración del empresario con el Instituto Armado se remontaba, al menos, a 2017, durante el mandato de Mariano Rajoy. Según sostuvo, los contactos y actuaciones que sirvieron de base para la posterior concesión de la medalla comenzaron en una etapa en la que gobernaba el Partido Popular.

© Europa Press

El cielo estará este sábado en la Comunitat Valenciana poco nuboso y con intervalos de nubes altas, y las temperaturas mínimas ascenderán en el interior norte de Castellón y cambiarán ligeramente en el resto, mientras que las máximas ascenderán, aunque ligeramente en el interior de Valencia.

Además, el viento soplará flojo y de dirección variable, tendiendo a este y sureste flojo por la tarde, con aumentos ocasionales de intensidad en el sur de Alicante, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Por lo que respecta a mañana domingo, se espera cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, desarrollándose nubosidad de evolución diurna en el interior por la tarde, temperaturas en ligero ascenso, más acusado en el caso de las máximas en el interior de Valencia, y viento flojo variable por la mañana, tendiendo al mediodía a sureste flojo, con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral central.

Las temperaturas extremas registradas en las últimas veinticuatro horas en las tres capitales de provincia han sido las siguientes: Castellón: 28,6 y 18,5 grados; Valencia: 27,1 y 18,4 grados; y

Alicante: 27,6 y 17,4 grados.

© EFE/Manuel Bruque

After three decades in the industry, the actor-writer-director-producer has figured a lot out.

© Devin Oktar Yalkin for The New York Times

El Congreso tiene previsto reactivar esta semana la reforma de su Reglamento con la que pretende ordenar de forma específica las relaciones de la Cámara con los grupos de interés y reforzar el régimen sancionador para los diputados que incumplan las obligaciones fijadas. Este paso se produce justo después de que el pasado jueves se aprobara la toma en consideración de otra modificación reglamentaria destinada a permitir la suspensión temporal y la imposición de multas de hasta 2.000 euros a los parlamentarios que alteren el orden y sean expulsados del Pleno.

Esta última revisión fue registrada por el PSOE tras la expulsión a mediados de abril del diputado de Vox José María Sánchez, a quien se obligó a abandonar el hemiciclo después de subir a la tribuna donde se sitúa la Mesa del Congreso y encararse con una letrada y con el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que actuaba entonces como presidente de la sesión.

Ahora se reactivará la otra reforma, promovida también por el PSOE hace un año, orientada a regular la relación con los 'lobbies' y a endurecer el sistema de sanciones internas. Para ello, el martes se ha convocado la ponencia encargada de analizar las enmiendas presentadas por los distintos grupos a esta proposición de ley.

Posibles castigos

La propuesta contempla que se pueda actuar frente a los diputados o grupos parlamentarios que vulneren las obligaciones derivadas del Reglamento y del Código de Conducta de las Cortes Generales, especialmente contra quienes no registren sus declaraciones de bienes, actividades e intereses económicos, omitan datos relevantes o incluyan información falsa.

Las infracciones podrán ser puestas en conocimiento de la Comisión del Estatuto de los Diputados por un grupo parlamentario, la Mesa del Congreso, una comisión o la Secretaría General de la Cámara. Este órgano decidirá si abre o no un procedimiento. En caso de rechazarlo, deberá comunicarlo a la Mesa, que dispondrá de un mes para revocar esa decisión si lo considera oportuno.

Si la Comisión aprecia motivos para investigar, deberá escuchar al denunciado, practicar las pruebas que estime necesarias y cerrar la instrucción en un plazo máximo de cuatro meses. En función de la gravedad, podrá proponer sanciones graduadas desde el simple apercibimiento y la publicación de la infracción en la web del Congreso hasta la retirada de cargos internos y de complementos retributivos.

La última palabra sobre la sanción corresponderá al Pleno del Congreso. En el supuesto de la medida más severa, un diputado podría quedar percibiendo únicamente su asignación constitucional básica.

Puertas giratorias

Aunque el esquema de sanciones apenas ha recibido enmiendas de calado, varios grupos sí han planteado cambios en la parte de la iniciativa socialista dedicada a la regulación de los grupos de interés. ERC y Bildu proponen que los ex altos cargos del Gobierno y los exdiputados y exsenadores no puedan representar a grupos de interés en el Congreso hasta transcurridos cuatro años desde que abandonan sus puestos, con el objetivo de evitar las conocidas "puertas giratorias" entre la Administración y el sector privado.

El texto del PSOE fija actualmente un periodo de dos años de incompatibilidad para quienes hayan sido miembros de las Cortes o hayan ocupado altos cargos gubernamentales. Sin embargo, ERC y Bildu consideran que ese plazo es insuficiente y plantean duplicarlo.

En su enmienda, recogida por Europa Press, argumentan que así se reforzarán "las garantías de integridad y se prevén posibles conflictos de interés", se avanzará hacia "un marco más ético y transparente en la relación entre el sector público y los grupos de interés", se atenderá la demanda social de frenar las "puertas giratorias" y se dará cumplimiento a las recomendaciones internacionales en materia de buen gobierno y lucha contra la corrupción.

Persona influenciable

El PNV, por su parte, no discute el plazo de dos años que figura en la propuesta socialista, pero sí pretende ensanchar el ámbito de quienes no podrán ejercer labores de lobby en el Congreso, abarcando a todo el "personal público subceptible de influencia", en línea con el proyecto de ley sobre los grupos de interés que permanece paralizado en la Cámara.

En concreto, el artículo 3 de esa Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés considera influenciables a los miembros de gabinetes que desempeñan funciones de confianza o asesoramiento especial al Gobierno, al personal directivo público y al resto de empleados de la Administración General del Estado y de su sector público institucional que participen en la toma de decisiones públicas, en la elaboración de normas o en la ejecución de políticas.

De este modo, los nacionalistas vascos quieren impedir que todos ellos, además de los exdiputados y exsenadores, puedan realizar actividad lobista en el Congreso durante los dos años posteriores al cese en sus cargos.

El PP ha presentado otra enmienda centrada en los exdiputados que se dediquen a actividades de representación de intereses o de carácter general directamente vinculadas con el proceso de decisión parlamentaria.

Su propuesta exige que informen a la Cámara de estas tareas y que no puedan beneficiarse, "a los exclusivos efectos de la actividad de influencia" y mientras la desarrollen, de "las prerrogativas concedidas a los antiguos diputados de conformidad con la normativa establecida al efecto por la Mesa y sin perjuicio de lo establecido en el periodo de incompatibilidad".

Tejido asociativo

Junts ha planteado enmiendas para precisar que la actividad de influencia que se pretende regular en el ámbito parlamentario debe llevarse a cabo "de manera profesional".

A su vez, PNV, ERC, Bildu y BNG han registrado propuestas para perfilar la proposición de ley y excluir de esta regulación a las entidades del tejido social y asociativo sin ánimo de lucro, de forma que puedan seguir manteniendo contactos con los grupos parlamentarios sin necesidad de inscribirse en el futuro Registro de 'lobbies' que se quiere poner en marcha.

© PHOTOGRAPHERS

<![CDATA[

Emergencias de la Comunitat Valenciana ha comunicado este sábado que el incendio forestal declarado ayer en Serra, en el interior de Valencia y en pleno parque natural de la Calderona, está estabilizado. En esta situación se mantiene, por tanto, la Situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana.

Seguir leyendo...

El precio de la vivienda en la Comunitat Valenciana batió su récord histórico en el primer trimestre del año, en el que se superaron los valores de la burbuja al alcanzar los 1.898 euros el metro cuadrado, con un aumento del precio del 17,2 %.

El precio de la vivienda también batió su récord histórico en los primeros tres meses de 2026 en Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y Madrid, que fue la única comunidad que superó los 4.000 euros/m2.

Por el contrario, no se rebasaron los máximos alcanzados durante la 'burbuja' inmobiliaria en Aragón; Asturias; Cantabria; Castilla y León; Castilla-La Mancha; Murcia; La Rioja y Extremadura, que es la única comunidad en la que el metro cuadrado no llega a los 1.000 euros, según la estadística de valor tasado del Ministerio de Vivienda, que arranca en 1995.

En los tres primeros meses del año, la Comunidad de Madrid no solo batió su récord si no que fue la más cara de toda España al alcanzar los 4.075 euros/m2. Este importe es un 16,4 % superior al registrado un año antes y un 3,7 % más alto que el del trimestre previo.

La segunda más cara fue Baleares, que se aproxima a los 4.000 euros (3.885,6 euros), el 13 % más que un año antes. El precio en las islas no superaba los 3.000 euros/m2 desde 2004.

El 'top 3' lo cierra País Vasco, que supera los máximos del 'boom' con 3.036 euros/m2, el 12 % más. Con este precio, la vivienda vuelve a batir los 3.000 euros por primera vez desde el tercer trimestre de 2008.

La siguiente comunidad más cara fue Cataluña con 2.749 euros/m2, el valor más alto de toda la serie histórica. Este importe arroja una subida interanual del 12 %.

Andalucía también registró entre enero y marzo valores récord con 2.316 euros, el 14 % más que un año antes. Canarias, por su parte, marcó máximos con 2.234 euros/m2, y encadenó tres trimestres por encima de los 2.000 euros. Frente a un año antes la subida registrada en el archipiélago superó el 13,6 %.

Completan la clasificación de valores máximos por encima de los 2.000 euros/m2 Ceuta y Melilla, con 2.162 euros, el 10 % más que un año antes. Desde mediados de 2025 este importe se mantiene por encima de 2.000 euros.

La Comunitat Valenciana, Galicia y Navarra también superaron los valores de la burbuja al alcanzar los 1.898 euros, 1.627 y 1.934 euros/m2, respectivamente. El precio en estas tres comunidades creció un 17,2 %, un 13,3 % y un 12,5 % con respecto al mismo trimestre de 2025.

Aunque no batió récord histórico este primer trimestre, el precio en el resto de comunidades españolas subió entre enero y marzo a doble dígito.

En Cantabria se encareció un 17,4 % y superó los 2.081 euros/m2, el valor más alto desde mediados de 2007. En Asturias subió un 15,4 %, hasta los 1.752 euros, máximos desde finales de 2008 y en Aragón el aumento fue del 15,6 %, hasta los 1.728 euros. En La Rioja se elevó un 10,5 %, hasta los 1.440 euros; en Murcia alcanzó los 1.330 euros, el 13,4 % más; en Castilla y León la subida fue del 13 % hasta los 1.290 euros, mientras que en Castilla-La Mancha se encareció otro 13 %, hasta los 1.172 euros.

Solo en Extremadura el metro cuadrado vale menos de 1.000 euros (970,5 euros) y su récord lo marcó en 2008 con 1.027 euros. La falta de vivienda para atender la demanda sigue presionando al alza los precios, agravando los problemas de acceso de jóvenes y aquellos con menores recursos.

© EUROPAPRESS

Dos hombres se enfrentan a una petición de condena de 13 años de prisión por un delito de violación, acusados de agredir sexualmente a una joven en el hotel en el que ambos se alojaban tras dar un concierto de rap en una sala de Mislata (Valencia).

El próximo jueves está previsto en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia el juicio contra estos dos músicos por unos hechos que sucedieron el 4 de noviembre de 2023, cuando la víctima, junto a una amiga, acudió a una actuación musical en la sala en la que actuaban los procesados.

El Ministerio Fiscal sostiene que las amigas fueron al hotel de los artistas y una de ellas subió a una de las habitaciones, donde el cantante le pidió mantener relaciones sexuales; esta se negó pero, pese a ello, el encausado insistió y la mujer accedió ante el temor de que le ocurriera algo al estar sola.

Cuando la víctima logró salir del cuarto, se dirigió a la habitación que ocupaba el otro encausado, quien la habría forzado sexualmente, según el relato de la acusación pública.

También el jueves, en la Sección Quinta de esta Audiencia provincial, está previsto el juicio contra un hombre acusado de agredir a seis mujeres, una de ellas agente de la Policía Nacional y otra médico, debido al "manifiesto desprecio y animadversión que tenía al género femenino", según el Ministerio público.

La Fiscalía mantiene que el 20 de enero de 2025 el encausado se cruzó con cuatro mujeres en varias calles de València con las que no había tenido ningún incidente ni conversación previa, les propinó patadas en las piernas, en el glúteo y tirones de pelo, al igual que hizo con la agente que lo arrestaba y la doctora que le atendió en el centro de salud.

El Ministerio Fiscal pide para él una pena de dos años y dos meses de prisión por un delito de odio y dos delitos de atentado, uno a agente de la autoridad y otro contra sanitario, y a una pena de multa de 1.800 euros por seis delitos leves de lesiones.

El martes, en la Sección Cuarta, un hombre se enfrenta a una pena de multa de 3.000 euros acusado de darle un puñetazo a un menor que salió en defensa de una mujer a la que el encausado pretendía agredir el 6 de mayo de 2017 en el municipio valenciano de Estivella.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la Fiscalía relata que el menor de 16 años intervino y cogió de la cintura al acusado cuando este intentó golpear a la mujer tras una discusión, por lo que el hombre se giró y le golpeó en la nariz, provocándole un traumatismo que tardó ocho días en sanar.

En la Sección Tercera, el viernes se juzgará a seis personas acusadas de formar parte de una banda de Paterna especializada en realizar fraudes masivos mediante el uso de datos personales de más de 80 perjudicados, que usaban para contratar líneas de teléfono o pedir créditos bancarios y financiación en la adquisición de productos.

El Ministerio Fiscal sostiene que dos de los encausados actuaban como captadores de víctimas y solicita inicialmente 11 años y medio de prisión para cada uno de ellos por los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa agravada y falsedad en documento oficial.

Además, en la Sección Segunda, el martes comenzará un juicio que durará hasta el viernes 19 de junio, según se prevé, en el que se juzgará a un asesor fiscal para el que la Fiscalía pide 12 años de prisión por los delitos continuados de apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y delito societario.

Según el escrito fiscal, el acusado se habría quedado con dinero de la empresa de la que era administrador único, al hacer uso de mecanismos societarios de manera fraudulenta, en detrimento del resto de socios, entre los años 2014 y 2017.

© Kike Taberner

Vox ha presentado una querella contra el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por los presuntos delitos de omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y tráfico de influencias, en relación con las actuaciones que se investigan en torno a la exmilitante socialista Leire Díez y sus reuniones con la Fiscalía General del Estado (FGE).

La iniciativa judicial de la formación de Santiago Abascal se produce después de que la institución reconociera ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso que Díez mantuvo al menos dos reuniones con Diego Villafañe, entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica y considerado uno de los principales colaboradores de García Ortiz.

En su escrito, Vox sostiene que existen elementos suficientes para investigar la actuación del exjefe del Ministerio Público y reclama la apertura de diligencias judiciales destinadas a esclarecer el alcance de los contactos mantenidos entre miembros de la Fiscalía General del Estado y personas vinculadas a la investigación.

La querella solicita que Álvaro García Ortiz sea llamado a declarar y pide además la incorporación de diversa documentación relacionada con denuncias, reuniones y comunicaciones que, a juicio del partido, podrían resultar relevantes para determinar posibles responsabilidades.

La formación también reclama que se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para aclarar los hechos y verificar si existió alguna actuación irregular en el seno de la Fiscalía General del Estado.

El escrito hace referencia a las pesquisas abiertas sobre Leire Díez, investigada por presuntas maniobras destinadas a obstaculizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno. Vox considera especialmente relevante la existencia de encuentros celebrados en la sede de la Fiscalía General del Estado durante la pasada primavera.

Según recoge la querella, los días 3 y 10 de abril de 2025 se celebraron dos reuniones en las dependencias de la Fiscalía en las que participaron Diego Villafañe, el abogado Jacobo Teijelo, defensor de Santos Cerdán, y la propia Leire Díez, que habría acudido presentada como colaboradora profesional del citado letrado.

La formación de Abascal subraya además que, de acuerdo con informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y mensajes atribuidos a la exmilitante socialista, Díez habría manifestado que tenía "vía libre para ir a ver al Fiscal General del Estado", una circunstancia que, a juicio de Vox, debe ser objeto de investigación judicial.

Con esta acción, el partido pretende que los tribunales determinen si los contactos mantenidos entre los distintos protagonistas del caso tuvieron alguna repercusión en las actuaciones de la Fiscalía y si de ellos puede derivarse algún tipo de responsabilidad penal.

© EFE

Cartagena acoge desde el próximo lunes y hasta el viernes la reunión anual del grupo de trabajo de buceo militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, su principal foro sobre intervención subacuática y normalización de procedimientos operativos en el entorno marítimo aliado.

Organizado por la Armada española, reunirá a cerca de 150 expertos en buceo militar y medicina hiperbárica de 24 países, que abordarán aspectos relacionados con la evolución de esas capacidades, la interoperabilidad entre naciones, la seguridad en las operaciones subacuáticas, la integración de nuevas tecnologías, los procedimientos de intervención y cuestiones sanitarias.

Entre las principales líneas de trabajo destacan el seguimiento del desarrollo de sistemas no tripulados submarinos, el estudio de los distintos algoritmos de descompresión, la revisión de procedimientos operativos y de seguridad y la actualización de estándares para intervenciones especializadas.

© EUROPAPRESS

El virus de la clorosis nervial amarilla amenaza con el arranque de miles de limoneros en Murcia y Alicante, las principales zonas productoras de limón de España, en las que acaba de finalizar una campaña calificada de histórica por sus precios récord y la alta calidad de los frutos.

El limonero fue uno de los cultivos de moda hace unos quince años, lo que extendió de forma vertiginosa su superficie, que en 2010 alcanzaba las 39.750 hectáreas.

Ahora, España, que es el segundo productor mundial de limón tras Argentina y el primer exportador en fresco, cuenta con 54.055 hectáreas de limoneros, de las que 28.442 se encuentran en la Región de Murcia, 15.884 en la Comunitat Valenciana y 8.821 en Andalucía, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Esta semana ha finalizado la recolección con unos resultados magníficos, tanto para los primeros limones, los de la variedad Fino, como para los segundos de la variedad Verna, que han marcado precios récord en "una campaña para recordar", según el director de la interprofesional Ailimpo, José Antonio García.

La campaña, según sus actuales cálculos, cerrará con una producción de entre 1,08 y 1,10 millones de toneladas -en septiembre el aforo era de 1,02 millones-, con "unos precios de referencia para el agricultor que de promedio han rondado entre los 50 y 55 céntimos/kilo para el Fino y los 90 céntimos/kg para el Verna".

A su juicio, esta campaña se ha distinguido por cuatro factores: Turquía, a causa de las heladas, ha disminuido un 50% sus ventas a la Unión Europea; la calidad del fruto ha sido "excepcional, la mejor de los últimos diez años"; el consumo está muy activo en Europa, "con incrementos espectaculares desde hace cinco o seis años", y se ha conseguido "trasladar al cliente la subida de costes".

El presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, que ha calificado de "histórica" la campaña, ha apuntado que el precio del Fino ha crecido un 30%, que el Verna ha llegado a pagarse en origen a 1,20 euros/kg, "un precio récord", al igual que el de 46 céntimos/kg para las remesas dirigidas a la industria de zumos.

Un virus inesperado y el arranque como única solución

Andreu ha recordado que en Elche se celebró una charla informativa a primeros de marzo en la que un ingeniero de Sanidad Vegetal de la Comunitat Valenciana mostró diapositivas de parcelas con clorosis nervial amarilla en Turquía, un virus sin cura, también presente en China, Italia y California (EE.UU.).

"Un agricultor levantó la mano al ver la diapositiva de las hojas de un limonero afectadas por el virus y dijo: eso lo tengo yo en mi huerto. Entonces, hubo en la sala pánico escénico", ha relatado. Al día siguiente, los técnicos en sanidad vegetal cogieron muestras y confirmaron el diagnóstico.

El director de Ailimpo ha indicado que la presencia de la clorosis nervial amarilla se ha confirmado ya en limoneros de uno o dos años de al menos 12 fincas de Alicante y otras cinco de Murcia.

La situación "preocupa bastante" al sector, "porque el virus no estaba presente en España" y ha tenido que llegar "a través de material infectado en los viveros" en los que se compran los plantones, ha comentado.

Andreu ha señalado a los viveros de Castellón y del sur de Tarragona como el origen del foco "pese a que los plantones vienen certificados con su sello de garantía de sanidad vegetal" y ha calculado que "el sector ha plantado entre 2024 y 2025 cerca de 9 millones de árboles y muchos de ellos pueden estar infectados".

Desde la Asociación de Viveristas de Tarragona han transmitido a Efeagro que "la totalidad del material vegetal de reproducción de cítricos que sale de las instalaciones de los viveros es sometido, previamente a su expedición, a los análisis virológicos" de acuerdo a la normativa vigente.

García, Andreu y el responsable de agricultura y agua de UPA Murcia, Antonio Moreno, coinciden en que la solución pasa por la prospección de los pequeños limoneros infectados, su posterior arranque y la desinfección de la zona, para lo que piden que los ejecutivos regionales pongan dinero para indemnizar a los afectados.

Mientras que la Conselleria de Agricultura valenciana ya ha publicado una orden para el obligado arranque de las plantas infectadas y prepara ya otra con las indemnizaciones, el sector critica que en la Región de Murcia, la mayor potencia limonera, solo se haya aprobado una resolución que declara la presencia del virus.

"Hay que arrancar y quemar", ha afirmado Andreu, porque "el temor que tenemos es que el virus salte de las plantaciones jóvenes a las adultas", ha añadido García, ya que si no su "expansión puede ser exponencial", ha sentenciado Moreno.

© Canva

La nueva investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por contrabando y delito fiscal tras aflorar en una caja fuerte de su despacho joyas valoradas en 1,3 millones de euros ha provocado una mezcla de inquietud y desconcierto en amplios sectores del PSOE. Hay que tener en cuenta que el exlíder socialista ha sido uno de los grandes "tirones" del "sanchismo" en cada uno de los comicios autonómicos de este año.

Pero ante la sorpresa de la situación judicial del expresidente, el PSOE mantiene una "confianza absoluta" en él. Así lo ha asegurado la portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, días previos a la imagen de Zapatero ante un juez declarando en calidad de investigado.

En una entrevista en el programa 'Parlamento' de RNE, recogida por Servimedia, Mínguez ha indicado que el PSOE confía "en la presunción de inocencia" del expresidente. Además, aseguró que entonces Zapatero "se podrá defender y se podrá explicar".

A su juicio, es "normal" que haya pedido tiempo porque fue "todo muy rápido". "Hay muchas prisas en temas judiciales que afectan a la izquierda y mucha lentitud en temas policiales que afectan a la derecha. El señor Montoro está imputado desde hace un año y todavía nadie le ha llamado a declarar y el señor Zapatero lo imputaron un día y al cabo de siete tenía que estar declarando", ha recalcado.

La portavoz socialista ha indicado que el PSOE presta siempre "colaboración máxima" a la Justicia e ha insistido en su "confianza plena" en Zapatero. "Defendemos la agenda y la figura de Zapatero como persona y evidentemente confianza absoluta en él y en lo que tenga que decir", ha concluido.

© La Razón

Cerca de 30.000 médicos valencianos están llamados a una nueva semana de huelga médica y facultativa, entre el 15 y el 19 de junio, la quinta de este año, para rechazar el estatuto marco, denunciar la precariedad laboral y reclamar más personal, mejoras laborales y profesionales, el fin de la sobrecarga asistencial y la necesidad de garantizar una atención de calidad.

A nivel nacional, la semana de huelga se abrirá este lunes con una movilización frente al Ministerio de Sanidad, y en la Comunitat Valenciana hay previstas durante los cinco días concentraciones en los hospitales y centros de salud de las tres provincias convocada por el Sindicato Médico de la Comunitat Valenciana (CESM CV).

El miércoles 17 de junio está prevista una manifestación en la ciudad de Valencia, con el lema 'Defiende la Sanidad pública que mereces', en la que participarán médicos, facultativos y pacientes.

Comenzará a las 18:30 horas ante la sede de la Conselleria de Sanidad y, tras pasar por la Delegación del Gobierno, concluirá ante el Palau de la Generalitat.

También el mismo día y hora se celebrará en Alicante una manifestación que comenzará en el Mercado Central y concluirá en la Casa de las Brujas tras pasar por la avenida Alfonso el Sabio en dirección a la plaza Luceros, según han informado los convocantes.

Además, han organizado para el día 17 en Alicante un recorrido a bordo del 'Autobús del cambio. Por la medicina, por los facultativos, por los pacientes', con un recorrido que comenzará y finalizará en el Colegio de Médicos de Alicante tras pasar por el Hospital de San Juan, centros de salud y el Hospital de Alicante.

Asimismo, del 15 al 19 de junio se celebrarán concentraciones en los centros de salud y en hospitales como el General de Valencia (8:30 horas), el Clínico de Valencia (8:30), La Fe (8:15), y el Doctor Peset (8:30).

Los convocantes reivindican un estatuto propio y un ámbito de negociación propios para la profesión, una clasificación profesional diferenciada y una jornada laboral justa.

Reclaman un marco normativo que "dignifique" la profesión médica, regule de manera justa las jornadas laborales y limite la sobrecarga asistencial.

Afirman que los médicos y facultativos están "agotados, maltratados y desprotegidos" y aseguran que la falta de profesionales, las jubilaciones previstas y la fuga de talento "están llevando al sistema sanitario a una situación crítica".

"Nos enfrentamos a plantillas insuficientes, sobrecarga estructural y condiciones laborales que impiden ejercer la medicina con dignidad", subrayan, y añaden: "Se nos obliga a trabajar en condiciones que ponen en riesgo nuestra salud y la de nuestros pacientes".

El modelo actual, afirman, "ha colapsado" y consideran que el nuevo marco normativo que se les plantea no soluciona nada: "Perpetúa jornadas abusivas, no reconoce nuestro tiempo de trabajo real, no garantiza la conciliación y no respeta la formación ni la responsabilidad que asumimos cada día".

También denuncian que siguen trabajando jornadas de 17 y 24 horas, realizando guardias que no cuentan para su jubilación y "sosteniendo el sistema a base de esfuerzo personal, sacrificio y vocación", pero "la vocación no puede ser una excusa para la explotación".

© EUROPAPRESS

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha convocado para este sábado una concentración frente al Congreso para pedir al Gobierno y al Ministerio de Defensa mejoras retributivas y que la profesión de militar se reconozca como de riesgo, entre otros reclamos.

En concreto, ATME reivindica una actualización del Reglamento de Retribuciones que "dignifique" los salarios, el reconocimiento de la profesión como de riesgo, la creación de una ley única de carrera militar que ponga fin a la temporalidad y permita la integración real de la tropa y marinería y la reforma de la Ley Orgánica de Derechos y Deberes para garantizar una participación efectiva de las asociaciones profesionales.

La asociación militar censura que el incremento del gasto militar, que en 2025 alcanzó el 2% del PIB, no se ha traducido en mejoras ni "avances reales" para el personal, "los que sostienen la institución con su trabajo diario".

Pérdida de efectivos

Respecto al reconocimiento como profesión de riesgo, una reivindicación histórica de los militares, Defensa inició a principios de este año los trámites para acometerlo, pero ATME reprocha la falta de avances y pide que las asociaciones profesionales tengan una participación más activa en todo el proceso.

Por todo ello, ATME avisa de que la precariedad, la falta de reconocimiento y la ausencia de un modelo profesional estable provocan "un creciente descontento y una pérdida continuada de efectivos en las Fuerzas Armadas".

Precisamente el informe del Observatorio de la Vida Militar de 2025 denuncia un déficit "crónico" de militares en España, que cifra entre 13.000 y 23.000, constata el "escaso interés" por ascender una vez dentro, debido a los bajos sueldos y los problemas que la movilidad lleva aparejados.

© EUROPAPRESS

<![CDATA[

Queda ya menos de un año para las elecciones autonómicas (incluso podrían celebrarse antes en caso de adelanto de las generales y convocatoria precipitada del president) y el PP y Vox todavía no tienen claros los candidatos a la Generalitat. Todo apunta que el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, será el cabeza de cartel, pero la no celebración todavía del congreso regional impide dispar algunas dudas.

Seguir leyendo...

<![CDATA[

El recorte que Vox pretende hacer en la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) no será fácil de ejecutar. La derecha extrema ha prometido -y ha insistido- en que la institución normativa tendrá un recorte del 25% en las transferencias que recibe del Consell que lidera Juanfran Pérez Llorca. Una rebaja del presupuesto que se pretende hacer vía enmiendas y que, según el portavoz de Vox en las Corts Valencianas, José María Llanos, ya estaría pactada con el PP.

Seguir leyendo...