Estados Unidos e Irán han intercambiado en las últimas horas una nueva ronda de ataques que ponen seriamente en peligro la tregua, acordada en abril pasado. Por la fuerza, Donald Trump intenta obligar a Teherán a que abra el estrecho de Ormuz y permita entablar conversaciones sobre su programa nuclear. En un mensaje en Truth Social, ha asegurado que habrá más bombardeos y que EEUU tomará la isla de Jarg o Charag. Previamente el presidente de EEUU dijo que Teherán "pagaría el precio" por el estancamiento en las negociaciones.

"Estados Unidos va a golpear a Irán... con mucha fuerza esta noche. En algún momento en un futuro no muy lejano, tomaremos la isla de Jarg y otros puntos de infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, de forma muy similar a lo que hemos hecho con Venezuela", ha escrito Trump.
La isla de Jarg, situada en el Golfo, es un salvavidas económico para Irán, ya que gestiona alrededor del 90 % de sus exportaciones de petróleo.

Totalmente desencadenado, en una entrevista en Fox and Friends, Trump ha asegurado que "Irán está acabado". Sostiene que si enviara soldados, EEUU tomaría el país rápidamente. Sin embargo, el presidente parece que no quiere tropas sobre el terreno.

El comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, Majid Mousavi, ha declarado que convertirán Oriente Próximo "en un infierno" para Estados Unidos, según informa Efe. "¿Creen que pueden convertir el sagrado estrecho de Ormuz en un lugar inseguro? Convertiremos toda la región en un infierno para ustedes", ha señalado Mousavi.

Las fuerzas estadounidenses han lanzado nuevos ataques "en legítima defensa" contra múltiples objetivos en Irán, según ha informado el Comando Central de EEUU (Centcom). En concreto, los objetivos han sido "las capacidades de vigilancia militar iraníes, los sistemas de comunicación y las instalaciones de defensa aérea en todo Irán".

Irán cierra Ormuz y ataca la Quinta Flota

En respuesta, el centro de mando militar iraní, el Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, ha anunciado la madrugada del jueves que el estrecho de Ormuz se cerraría a todos los buques "con efecto inmediato". Todo barco que cruce el estrecho va a ser atacado. EEUU asegura que sigue abierto.

Irán también afirmó que había lanzado un ataque con drones contra la Quinta Flota estadounidense en Baréin. En este caso el objetivo han sido las instalaciones de comunicaciones y radar del sistema Patriot.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ha dicho que sus fuerzas aeroespaciales y navales lanzaron dos oleadas de ataques de represalia. Habrían alcanzado y destruido 18 objetivos militares estadounidenses clave en la base aérea de Ahmad al-Jaber y la base aérea de Shaikh Isa en Kuwait y Baréin. Kuwait ha cerrado su espacio aéreo. Los medios estatales iraníes también informaron de un "intenso" ataque con misiles contra la base aérea de Muwaffaq Salti en Jordania.

El detonante de esta última oleada de ataques ha sido el derribo de un Apache de EEUU a principios de la semana. Los últimos enfrentamientos representan la amenaza más grave para el frágil alto el fuego acordado entre ambos países en abril. Trump se ha mostrado cada vez más frustrado ante la falta de voluntad de Teherán para aceptar sus condiciones para un acuerdo que prorrogue el alto el fuego de abril por 60 días y alivie la crisis energética mundial.

Los precios están subiendo mientras tanto: en EEUU la inflación ha llegado al 4,2% en mayo, un récord en tres años. Este jueves se da por hecho que el BCE subirá los tipos un cuarto de punto para contener el alza de los precios. Y no será la última vez este año si no cambia el panorama.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha advertido en su cuenta de X: "No debemos subestimar el riesgo de que este fuego menor se convierta en un incendio... Oriente Próximo se está sumiendo cada vez más en la crisis y las consecuencias van mucho más allá de la región".

El pasado día 1 decayeron las ayudas a la luz y el gas. El próximo 30 de este mes lo harán –si no se prorrogan antes– las medidas para paliar los precios de los combustibles. Y si por Europa fuera, España no debería extender este ‘escudo social’ energético durante más tiempo, no al menos tal y como lo ha hecho ahora. Es la conclusión del informe de evaluación publicado por el Consejo Fiscal Europeo (CFE) sobre la zona euro, que considera que de cara al próximo año las políticas de ayudas sociales “amplias e indiscriminadas” para paliar los sobreprecios energéticos deberían reconsiderarse.

El Consejo considera que durante la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania en 2022, la política de ayudas sociales para rebajar el impacto energético demostró ser perjudicial en algunos aspectos. Cita ámbitos como la reducción del déficit público de los países o el freno que provocaron de modo indirecto en la contención del consumo de energías fósiles y la apuesta por las energías renovables. "La crisis energética es real, pero exige transformación, no estímulo", ha asegurado Pieter Hasekamp, presidente del Consejo Fiscal Europeo: "La credibilidad fiscal construida mediante el cumplimiento de los planes de gasto acordados es nuestra mejor protección contra el aumento de los costes de endeudamiento".

El impacto fiscal de las rebajas en la luz y los carburantes

Estas medidas se aplicaron en la mayoría de los casos a través de rebajas fiscales en las tarifas de la luz, la electricidad o los combustibles. Este tipo de políticas provocaron una notable reducción en los ingresos fiscales de los países. Ahora, el CFE concluye que, cuando los sucesivos gobiernos vayan completando los periodos previstos en sus planes de ayudas, la recuperación de esos ingresos fiscales debería destinarse a reducir el endeudamiento público y a la aplicación de medidas que contribuyan a rebajar la dependencia fósil.

Desde este mes en España, tanto la luz como el gas han recuperado los niveles de carga fiscal que tenían antes de marzo. El escudo energético aprobado por el Gobierno incluyó una rebaja del 21% al 10% del IVA en la luz, gas y combustibles, además de recortar del 5,11% al 0,5% el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE). Ahora todo ha retornado al punto fiscal anterior.

La duda sobrevuela sobre qué sucederá con el precio de la gasolina y el gasóleo a partir del 30 de junio, último día que el Gobierno incluyó en su plan de ayudas. El sector de las estaciones de servicio lleva días reclamando al Ejecutivo que prolongue el recorte fiscal sobre el gasóleo y la gasolina durante todo el verano. Apunta que, de no hacerlo, el 1 de julio el precio por litro de los combustibles podría dispararse hasta 28 céntimos de un día para otro en pleno inicio de la 'operación salida'.

Ayudas selectivas para los colectivos más vulnerables

En su informe, el CFE recuerda que las medidas que se planteen de modo generalizado para el conjunto de la población son injustas, ya que benefician también a los niveles sociales con mayor capacidad adquisitiva y con un consumo energético más elevado. Por ello, insta a que este tipo de ‘escudos sociales’ se concentren fundamentalmente en los colectivos energéticamente más vulnerables.

El CFE defiende que este tipo de medidas fiscales deben ser "temporales, con fechas de finalización claras" y que no distorsionen el mercado: "Dichas medidas deben financiarse mediante reducciones compensatorias del gasto o aumentos de los ingresos para que los países mantengan el rumbo acordado en su proceso de consolidación fiscal", apunta el informe.

Señala también que extender estos planes cuando la crisis energética comienza a reconducirse iría en contra de la política monetaria del BCE (Banco Central Europeo). Subraya que le "obligaría" a mantener los tipos de interés altos por más tiempo a causa de la inflación subyacente que se debería contener, lo que encarecería mucho la deuda pública de algunos países. Además, el organismo no oculta su inquietud ante la decisión de la Comisión Europea de excluir del cómputo del límite de déficit el gasto destinado a la transición y seguridad energética.

Transición energética y reducción de la deuda pública

Entre los países afectados, el informe cita a los que ya arrastran un índice de endeudamiento público elevado, como España, Francia o Italia. A estos Estados es a los que el CFE urge a replantearse sus políticas de ayuda ante la crisis energética. Les recuerda que prolongar durante más tiempo estas medidas y seguir financiando la contención de los precios de la energía a costa de los ingresos fiscales provocaría un retraso en el saneamiento de su ya abultada deuda.

Asegura también que una política de subvenciones para rebajar de modo "artificial" el precio de los combustibles fósiles desincentiva la inversión en energías limpias y no favorece la contención en el consumo de energías contaminantes. Considera que tampoco contribuye a mejorar las inversiones en aspectos clave de la descarbonización, como la mejora de las redes eléctricas, los sistemas de almacenamiento energético y la apuesta por el desarrollo de las energías renovables.

103 días después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán, el conflicto en Oriente Medio se ha prolongado el tiempo suficiente como para convertirse en un problema para el Banco Central Europeo (BCE). La inflación de la eurozona ha pasado del 1,9% registrado en febrero al 3,2% de mayo, alejándose del objetivo del 2% que guía la política monetaria de la institución presidida por Christine Lagarde. Durante los primeros compases de la guerra, el BCE optó por la "cautela" para evitar una sobrerreacción ante un conflicto cuyo alcance y duración todavía resultaban inciertos. La prioridad consistía en preservar margen de maniobra por si la guerra se prolongaba y las tensiones sobre los precios terminaban consolidándose. Tres meses después, precisamente este escenario es el que comienza a imponerse entre los analistas y miembros del Banco Central.

Por ello, el consenso del mercado estima que la reunión del BCE de este jueves marcará un punto de inflexión al elevar los tipos de interés 25 puntos básicos: del 2% al 2,25% en el tipo de depósito. Una subida que supondría la primera desde hace casi tres años, cuando en septiembre de 2023 la institución puso fin a una racha de diez incrementos consecutivos destinados a contener la inflación provocada por la guerra de Ucrania.

No obstante, los expertos no creen que el BCE vaya a repetir el agresivo ciclo de endurecimiento monetario desplegado tras la invasión rusa en Ucrania. Aunque el mercado descuenta una segunda subida después de la de este jueves, los expertos creen que los próximos movimientos dependerán de la evolución de la inflación y el crecimiento económico. De ahí la importancia de la actualización de previsiones que el BCE presentará este jueves. Como señala Karsten Junius, economista jefe de J. Safra Sarasin Sustainable AM, "en un contexto de incertidumbre política, las decisiones monetarias se comunican mejor cuando van acompañadas de actualizaciones de previsiones económicas que respalden dicha decisión".

No es la crisis de Ucrania

Aunque los analistas descuentan dos subidas de tipos en 2026, también ven difícil una repetición del agresivo guion de 2022 por una razón sencilla: esta vez la crisis energética presenta características distintas. Patrick Barbe, gestor sénior de Neuberger, recuerda que la eurozona depende menos del petróleo procedente de Oriente Medio, que tampoco está sufriendo las graves interrupciones logísticas observadas en 2022 y que, al menos por el momento, "no hay problemas con el gas, ni un aumento vertiginoso de los precios de los alimentos, ni un repunte de los precios de la electricidad".

A ello se suma que el punto de partida económico también es diferente. "La actividad económica era débil antes del conflicto iraní", explica Barbe, en contraposición a lo que ocurrió en 2022, cuando Europa se beneficiaba de la fuerte recuperación posterior a la pandemia. Entonces, el BCE tuvo que enfrentarse a una economía que seguía creciendo con fuerza pese al encarecimiento de la energía. Ahora, en cambio, una política monetaria demasiado agresiva podría agravar la desaceleración que arrastran varias economías europeas.

Sin embargo, que el contexto sea diferente no significa que no existan riesgos. Michael Krautzberger, director global de mercados públicos de Allianz Global Investors, advierte de que la persistente disrupción en el estrecho de Ormuz está elevando el riesgo de que los elevados precios energéticos se prolonguen más de lo previsto. A su juicio, empiezan a aparecer presiones inflacionistas más amplias y "señales de efectos de segunda ronda" sobre otros bienes de consumo.

Una subida "preventiva"

Ante este escenario, "el balance de riesgos aboga cada vez más por una medida preventiva", concluye Kevin Thozet, miembro del comité de inversión de Carmignac, en referencia a la subida de tipos que el mercado da prácticamente por descontada este jueves. Detrás de esta estrategia subyace además una lección aprendida durante la crisis inflacionista de 2022: evitar reaccionar tarde.

En palabras de Marco Giordano, director de inversiones de Wellington Management, los inversores esperan que los bancos centrales actúen de forma "proactiva, en lugar de reactiva", para no repetir el error de considerar la inflación como un fenómeno transitorio antes de verse obligados a ejecutar un ciclo de endurecimiento monetario agresivo y consecutivo. Una cautela que también responde al deterioro gradual de las expectativas sobre la evolución del conflicto.

Como resume Annalisa Piazza, gestora de renta fija de MFS Investment Management, "desde marzo, el escenario ha cambiado". El petróleo se ha mantenido elevado durante más tiempo del previsto y comienzan a aparecer señales de transmisión hacia otros bienes. Y a ello se suman las sucesivas treguas fallidas y los continuos vaivenes geopolíticos —anuncios de alto el fuego que apenas duran unos días antes de dar paso a nuevos ataques—, que han contribuido a erosionar la confianza de los mercados en una resolución rápida del conflicto.

Además, que se logre reducir la inflación no depende únicamente de que el conflicto encuentre una salida rápida. También será determinante la velocidad con la que pueda recuperarse la capacidad de producción energética dañada durante la guerra. Una preocupación que la propia Christine Lagarde expresaba en marzo en una entrevista con The Economist, al advertir de que los daños sobre dicha capacidad productiva eran "demasiado importantes" y que resultaba "imposible" restablecerla por completo en cuestión de meses. Es decir, el escenario de normalización rápida sobre el que descansaban las previsiones centrales del BCE se ha ido desplazando hacia escenarios más adversos.

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