El caso Leire Díez apenas ha echado a rodar. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ya dictó un primer auto en el que dibujaba cómo operaba una presunta red criminal en Ferraz que tenía a la cabeza al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y a la ya exmilitante Leire Díez como mano ejecutora, como fontanera. El magistrado levantó parcialmente el secreto de la causa y ayer ordenó el libramiento de varios oficios y la citación de hasta 22 testigos entre el 26 de junio y el 13 de julio. Entre ellos, la presidenta del partido, Cristina Narbona. Y al día siguiente tendrá que declarar como imputada ante él la abogada Leticia de la Hoz, por presuntamente haber sobornado a la empresaria Carmen Pano para que cambiara su versión respecto a que había entregado 90.000 euros en efectivo en el cuartel general de los socialistas a petición del comisionista Víctor de Aldama.

Quedan por practicar muchas diligencias pero es verdad que en el partido, como ya publicó este diario, se teme que el caso escale más y pueda acabar suponiendo una imputación del PSOE como persona jurídica. Algo que sería letal para los ánimos de una formación hundida anímicamente también por otro caso, el que mantiene investigado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Pero la puntilla definitiva podría ser la imputación del propio Pedro Sánchez. No sería sencilla, porque para que esa circunstancia se diera, Pedraz tendría que hallar indicios que le condujeran hasta él que justificasen elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo. Este sería el competente para decidir si investiga o no al jefe del Ejecutivo, dado que este es aforado, y en caso de que determinara proceder contra él, tendría que solicitar el suplicatorio al Congreso.

Sin embargo, fuentes la Moncloa aseguran no ver "motivo alguno" ni para la imputación del PSOE ni para la de Sánchez. Tampoco creen justificado que Pedraz pudiera llamar a declarar al presidente del Gobierno y secretario general del partido ni siquiera como testigo. "Es que no hay indicio ninguno de que Sánchez conociera a Leire. Ni hay una prueba de que operara la trama como tal ni mucho menos que implicara al partido", esgrimen. La tesis de la dirección socialista es que Cerdán pudo montarse su propia red para taparse a sí mismo, para esconder sus chanchullos, y que para ello tiró de la ayuda de Díez.

El juez tiene imputada a la gerente actual, Ana Fuentes, y la UCO descubrió que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, se reunió al menos tres veces con Díez. Citas que ella ratificó

Pero el juez tiene imputada a la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes —promovida al cargo por Cerdán en 2021—, y además en el sumario de la causa los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revelaron que Díez se había reunido en al menos tres ocasiones con la directora general del cuerpo, Mercedes González. Encuentros que ella al final tuvo que reconocer después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska hubiera negado esa posibilidad apenas unos días de conocerse el sumario. El PSOE no ha abierto ningún tipo de expediente a Fuentes y el Ejecutivo, empezando por el propio Sánchez y siguiendo por Marlaska, han manifestado su respaldo pleno a la jefa de la Guardia Civil.

Este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, reiteró que Sánchez nunca supo nada de la fontanera del PSOE: "El presidente nunca ha conocido, ni avalado ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado". Repitió prácticamente palabra por palabra aquello que el propio jefe del Ejecutivo respondió a los periodistas el pasado viernes en Tivat (Montenegro).

Los informadores preguntaron a la portavoz por qué ahora el partido y el Gobierno no actúan como en el pasado, cuando pidió sus actas y echó a los exsecretarios de Organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Ahora no se ha adoptado ningún tipo de medida contra Zapatero, ni contra la gerente del partido, ambos imputados en la Audiencia. La ministra reivindicó que la posición es "absolutamente coherente". "Somos el Gobierno de la tolerancia cero contra la corrupción, de la colaboración con la Justicia, de respetar los tiempos de la Justicia, de confiar en la Justicia", remachó, recordando de nuevo el plan de medidas anticorrupción que Sánchez presentó en julio del año pasado ante el Congreso. El problema es que la norma estrella, el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, aún no ha llegado al Congreso y se antojan muy complicados sus apoyos parlamentarios.

El Ejecutivo mantiene la confianza en González y también en Narbona. La presidenta del PSOE "tiene una moralidad intachable". "Jamás ha intervenido en nada ilícito o impresentable", apuntan

En el Gobierno mantienen toda la confianza en González —no se plantea de ningún modo su cese, y menos aún después de que Sánchez le explicitara su respaldo— y también en Narbona. En su caso, la UCO describe en su informe que la presidenta del PSOE mantuvo una conversación por WhatsApp con Díez el 24 de abril de 2024, cuando Sánchez publicó su Carta a la ciudadanía, en la que abría un periodo de reflexión de cinco días en el que se planteó dimitir. La exmilitante le habló de "reconducir" los ataques al presidente, de dar "ayuda cualificada" y dar la vuelta al asunto "como un calcetín". "[Esto] se lo habías contado a Santos el otro día", respondió ella. Narbona deberá comparecer como testigo ante Pedraz el 10 de julio. Ni Saiz ni el ministro de Transportes, Óscar Puente, presente en la rueda de prensa de este martes, quisieron hacer referencia a la citación de la presidenta del PSOE, pero fuentes de la Moncloa mostraron su "pleno respaldo" a la dirigente.

"Cristina tiene una moralidad intachable. Estamos seguros de que jamás ha intervenido en nada ilícito o impresentable. Es la persona más seria del mundo", señala un miembro del Ejecutivo que confía en que no obstante el caso Leire se vaya desactivando, porque no le ve recorrido. "Leire sería lo que en derecho se llama una tentativa inidónea, que es como elegir un medio incapaz de provocar el resultado buscado. Ella no tenía capacidad de influir en nada. Habría que darle la medalla de Isabel la Católica. Desde Mata Hari no se conocería nada igual", bromea este alto mando.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 39 años en la localidad gaditana de Puerto Real por un presunto delito de posesión de material pornográfico infantil. El individuo almacenaba y compartía una gran cantidad de archivos de contenido sexual elaborados con menores de edad, de los cuales la gran mayoría resultaron ser bebés.

Durante la investigación, los agentes han hallado más de 500 archivos de este tipo de contenido ilícito en los ordenadores del detenido. Según han informado las autoridades, gran parte de estas imágenes y vídeos albergaban un contenido degradante, vejatorio y de extrema crudeza, agravado por el hecho de que las víctimas eran menores y recién nacidos.

Esta intervención se enmarca dentro de la operación 'Blackup', la cual dio comienzo el pasado mes de abril de forma inmediata tras detectarse la circulación de varias imágenes de contenido pedófilo en la red. Tras este hallazgo, los investigadores llevaron a cabo un análisis exhaustivo de los archivos que el presunto autor había acumulado en su propia nube de almacenamiento, logrando así su identificación.

Tras constatar de manera inequívoca la existencia de este delito penal, los agentes lograron ubicar al sospechoso y procedieron a su detención el pasado día 28. En el marco de esta actuación, se registró el domicilio de esta persona, donde se intervino numeroso material informático, incluyendo tres ordenadores, tres discos duros, cinco memorias externas, cinco teléfonos móviles y varias cámaras de grabación.

En total, los dispositivos intervenidos suman casi cuatro terabytes de información que actualmente se encuentran en dependencias oficiales para su riguroso estudio. Este ingente volumen de datos está siendo volcado y analizado detalladamente por los expertos del Equipo de Investigación Tecnológica de la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz.

El objetivo prioritario de la compleja investigación desarrollada por los especialistas es determinar la existencia de víctimas, así como la localización de más contenido de índole pedófila. Asimismo, el Equipo de Delitos Informáticos y Tecnológicos busca averiguar qué parte de este material extremadamente sensible pudiera haberse compartido o distribuido a terceros.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, descarta por el momento abrir una información reservada a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, pese a las revelaciones incorporadas al sumario del 'caso Leire' y a que ese mismo mecanismo fue utilizado recientemente contra agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) por unas presuntas filtraciones a la prensa.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a El Independiente que Marlaska sería "la única persona que podría abrirle una información reservada ahora mismo a Mercedes González". Desde el Ministerio aseguran que esa opción no se lo plantea ya que hay "un respaldo total por parte de Marlaska en la directora".

La posición del ministro llega en un momento de creciente presión sobre la directora general de la Guardia Civil. Después de que la propia González haya admitido tres reuniones con la exmilitante socialista Leire Díez. Estos encuentros se negaron inicialmente por Interior, pero posteriormente fueron recogidos en informes de la UCO incorporados al procedimiento judicial.

La controversia ha reabierto el debate sobre la posibilidad de investigar administrativamente la actuación de la máxima responsable del Instituto Armado, especialmente después de que la propia Dirección General promoviera una información reservada dirigida a esclarecer el origen de determinadas filtraciones atribuidas a la UCO.

Una información reservada

Según recoge la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil, la información reservada constituye una herramienta previa destinada a esclarecer hechos antes de decidir si procede o no la apertura de un procedimiento sancionador.

El artículo 39.5 de la norma establece expresamente que "con anterioridad al acuerdo de inicio, la Autoridad disciplinaria podrá ordenar la práctica de una información reservada para el esclarecimiento de los hechos, la determinación de sus presuntos responsables y la procedencia de iniciar o no el procedimiento sancionador".

La ley no limita esta figura a una categoría concreta de guardias civiles ni la circunscribe exclusivamente a determinadas escalas del cuerpo. Su finalidad consiste precisamente en aclarar hechos cuando existen indicios o sospechas que aconsejan una investigación preliminar.

Mercedes González

La diferencia en el caso de Mercedes González no reside en la existencia de esa posibilidad jurídica, sino en quién tendría competencia para impulsarla. Al tratarse de la directora general de la Guardia Civil, máxima autoridad política del cuerpo dependiente del Ministerio del Interior, no sería un mando ordinario quien podría acordarla.

Fuentes conocedoras del funcionamiento interno de la institución explican que, en una situación de estas características, la capacidad para promover una actuación de ese tipo corresponde a instancias superiores de la Administración y, en la práctica, al propio Ministerio del Interior.

La cuestión adquiere relevancia porque los informes elaborados por la UCO y remitidos al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sitúan a Mercedes González en distintos episodios relacionados con Leire Díez. Los investigadores han documentado al menos tres reuniones entre ambas, celebradas el 30 de septiembre de 2024, el 20 de diciembre de 2024 y el 2 de abril de 2025.

"Amistad con la DG de la GC"

Además, el informe sostiene que Díez hacía referencia a su "amistad con la DG de la GC" en conversaciones con terceros mientras desarrollaba actuaciones dirigidas contra la UCO. En una comunicación recogida por los investigadores llegó a afirmar: "Y recuerda que tengo amistad con la DG de la GC".

La documentación judicial también sitúa una conversación especialmente relevante el 9 de mayo de 2025. Según el informe, ese día Leire Díez aseguró haber trasladado a Mercedes González sus sospechas sobre unas supuestas filtraciones procedentes de la UCO. Entre el 9 y el 14 de mayo, la Dirección General de la Guardia Civil incoó una información reservada dirigida precisamente a esclarecer esas filtraciones.

Los investigadores apuntan que esta actuación coincidió con las pretensiones expresadas por la propia Díez de impulsar una "investigación interna G.C. para filtraciones" y de actuar contra la unidad "a nivel administrativo".

La UCO avisó a Mercedes

El informe recoge igualmente que la directora general ya había sido advertida previamente por responsables de la UCO sobre las actividades que Leire Díez desarrollaba contra los agentes encargados de investigaciones sensibles para el entorno del PSOE. Según la documentación incorporada al sumario, González tuvo conocimiento de esas advertencias al menos desde el 8 de mayo de 2025.

Pese a ello, Interior mantiene su respaldo a la directora general. Marlaska ha defendido públicamente durante los últimos días que las reuniones existieron, pero sostiene que en ellas no se abordó ninguno de los asuntos que forman parte de la trama investigada.

"No tuvo ningún contacto con Leire relativo y en cuyo desarrollo hubiera habido ninguna conversación, ninguna referencia a la trama", afirmó recientemente el ministro al justificar el cambio de versión respecto a sus declaraciones iniciales.

Por ahora, esa defensa política se traduce también en una negativa a abrir cualquier actuación administrativa contra Mercedes González. Una posición que contrasta con la decisión adoptada por la propia Dirección General cuando se trató de investigar las presuntas filtraciones atribuidas a agentes de la UCO.