Después de tres horas de declaración de José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional, el juez instructor José Luis Calama ha dictado una resolución de cuatro páginas para rechazar retirarle el pasaporte, prohibirle salir del país y obligarle a comparecer cada 15 días, como habían pedido la Fiscalía Anticorrupción y el PP, que lidera las acusaciones populares. “Su visibilidad pública y manifiesto arraigo en el territorio, unidos a la ausencia de cualquier indicio de intención evasiva, excluyen razonablemente la existencia de un riesgo de fuga real y actual”, ha argumentado el magistrado al descartar la petición, aunque sí ha matizado que considera que las manifestaciones del antiguo líder del PSOE “no han logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad” que se ciernen sobre él.

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José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno (2004-2011), ha negado este miércoles en la Audiencia Nacional cualquier intervención o influencia en el rescate público de 53 millones de euros que la aerolínea Plus Ultra obtuvo en la pandemia de coronavirus, aprobado por el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez en 2021. Según han confirmado fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio, así ha respondido a preguntas del magistrado José Luis Calama, que dirige la investigación que ha llevado a un exjefe del Ejecutivo a sentarse por primera vez como imputado ante un juez. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al instructor que le retire el pasaporte y le obligue a comparecer cada 15 días en sede judicial, pero el magistrado ha denegado la imposición de medidas cautelares porque “su visibilidad pública y manifiesto arraigo en el territorio” excluyen “razonablemente la existencia de un riesgo de fuga”. El que fuera líder del PSOE ha emitido un comunicado después de declarar durante casi tres horas para reiterar su inocencia: “Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido. Siempre me conduje con decencia y con honradez. Y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo”.

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El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, quiere que otros ejecutivos autonómicos cofinancien que los estudiantes no empadronados de estas regiones usen la tarjeta de transporte público autonómica. El modelo a seguir son los convenios ya firmados con Castilla y León y Castilla-La Mancha. Estas regiones han calculado un gasto de siete millones entre 2022 y 2026, y de 39,4 entre 2026 y 2030, respectivamente, para que los estudiantes y trabajadores de determinados municipios se beneficien de los descuentos en el transporte madrileño. Madrid, por su parte, también hace aportaciones millonarias como fruto de ambos acuerdos, que explicitan que los pagos primero se presupuestan y luego se realizan solo en función de viajes hechos. Que ese tipo de pactos se vayan ahora a extender a otras regiones es producto de una rectificación de Díaz Ayuso, que ha pasado de exigir el empadronamiento para tener la tarjeta de transportes a abrirse a firmar convenios para eximir del requisito a los estudiantes de otras regiones.

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Desde hace meses, el Gobierno intenta pasar de puntillas por la catarata de investigaciones judiciales y procesos que afectan tanto al PSOE como a la propia familia de Pedro Sánchez, pero suele hacer una excepción con todo lo que tiene que ver con el juez Juan Carlos Peinado y la imputación de Begoña Gómez. Sánchez se llegó a querellar contra el magistrado por prevaricación y su instrucción ha sido criticada con palabras muy gruesas por varias personas de su confianza. Cuando los miembros del Gobierno dicen que “hay jueces que hacen política” están refiriéndose claramente a él, según fuentes de La Moncloa. Por eso, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, se ha pronunciado de forma directa este martes ante la posibilidad de que Peinado decida retirar el pasaporte a la esposa del presidente: “Es una medida que no se entendería”. El magistrado ya rechazó hacerlo en noviembre de 2024, pero ahora vuelve a tener la opción sobre la mesa.

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La apuesta de la Comunidad de Madrid por condicionar la tarjeta de transporte a que el solicitante esté empadronado en la región, lo que en este momento deja fuera del sistema a 200.000 estudiantes de otras provincias y migrantes sin este documento, acabará en los tribunales. Así, Izquierda Unida registrará próximamente un recurso contencioso-administrativo en el que pedirá la suspensión cautelar de la medida, según explica su líder madrileña, Carolina Cordero. Además, Más Madrid y el PSOE autonómico estudian qué pasos legales tienen a su disposición. Finalmente, el Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, analiza la controversia desde una “óptica legal”, según una fuente gubernamental del máximo nivel. Tras desvelar EL PAÍS la polémica, este lunes la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció un cambio: se firmarán convenios con otras regiones para que el requisito no afecte a estudiantes de otras provincias. Eso deja como principales afectados a los trabajadores residentes en otras comunidades, y a los migrantes, que se enfrentan a un sistema colapsado para darse de alta en el padrón de la capital. El Ayuntamiento de Madrid reconoce el problema y por ello ha habilitado la vía telemática.

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El caso Begoña Gómez ha vivido este lunes otra larga jornada en el juzgado encabezado por el magistrado Juan Carlos Peinado. El instructor ha dirigido durante más de tres horas una audiencia preliminar en el proceso que mantiene imputada a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según la ley, esta sesión es un paso previo necesario para que Peinado pueda abrir juicio oral con un jurado contra ella y los otros dos imputados: Cristina Álvarez, su asesora en La Moncloa; y el empresario Juan Carlos Barrabés. La cita también ha servido para que las acusaciones populares —lideradas por la asociación ultracatólica Hazte Oír y que pide 24 años de prisión para la mujer del presidente— soliciten que se le retire el pasaporte a la mujer del líder del PSOE, se le prohíba salir del país y se la obligue a comparecer cada 15 días en un juzgado. El magistrado no comunicó este lunes a las partes la decisión sobre la solicitud para restringir sus movimientos.

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