El Congreso ha aprobado este jueves una nueva reforma de su Reglamento interno para reforzar las medidas y sanciones que aseguren un mejor comportamiento de los diputados ante la evidencia del creciente número de incidentes, especialmente contra la Presidencia de la Cámara y contra los servicios técnicos de los letrados. La propuesta del PSOE recabó el respaldo de todos los partidos del bloque de investidura, con 179 votos a favor, pese a llevar distanciados por otros asuntos hace meses. PP y Vox volvieron a unir sus 169 escaños en contra. La diputada popular y vicepresidenta cuarta de la Mesa del Congreso, Marta González, aprovechó su intervención sobre la medida para arremeter contra la presidenta de las Cortes, la socialista Francina Armengol, porque entiende que el problema, que reconoce, ha crecido por su falta de autoridad y moderación. Vox negó sus actuaciones y se retrató como los ofendidos.

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En el enrarecido clima político actual, este jueves ha sido posible un inusual pacto en el Congreso de los Diputados para reconocer, al fin, a los funcionarios de prisiones como agentes de autoridad. El acuerdo se selló hace casi un mes en la comisión de Interior, pero se refrendó hoy en un pleno, en el que se registró en la misma votación los apoyos del PSOE, el PP, el PNV y el resto de partidos representados en la Cámara, a excepción de ERC y EH Bildu. Salió adelante por 324 votos a favor, 19 en contra y dos abstenciones. El reconocimiento era una reivindicación histórica de los sindicatos de prisiones y supone mejoras laborales y de seguridad y protección para los funcionarios a cargo de las cárceles, que llevan años quejándose de sus condiciones de trabajo. El PP admitió en su intervención, entre reproches, que no era “un buen momento” para alcanzar un acuerdo con el PSOE, en una cuestión que está relacionada con el Ministerio del Interior, porque lo consideran cercado de casos de corrupción.

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