Félix Domínguez, trabajador de la fábrica de Uralita, su esposa, Florencia Martín de la Fuente, y su hijo Juan Félix regresaban a su casa en Cedillo del Condado (Toledo) después de haber pasado el sábado en la vivienda de un familiar donde vieron El diablo sobre ruedas, de Steven Spielberg. En la carretera, en un cruce próximo a Valmojado, observaron una linterna a lo lejos. Félix pensó que eran “unos gamberros” que salían de una discoteca cercana tirando piedras y pasó de largo. El coche en el que viajaba con su familia fue tiroteado y una de las balas alcanzó a Juan Félix, que iba en el regazo de su madre, también herida. Agentes de la Guardia Civil habían dispuesto un control de carretera mal señalizado y al ver que el vehículo no se detenía, dispararon contra él. El pequeño, que acababa de cumplir dos años, murió. Era 19 de febrero de 1983. El suyo es el último nombre en el listado de víctimas elaborado por la comisión que el Gobierno constituyó, en cumplimiento de la Ley de Memoria democrática, para analizar las violaciones de derechos humanos cometidas desde la entrada en vigor de la Constitución Española (diciembre de 1978) hasta el 31 de diciembre de 1983. El primero de la lista es José Luis Muñoz Pérez, un chaval de 15 años, muerto también por disparos de Guardia Civil en otro control, en este caso, en Navalcarnero (Madrid) el 6 de enero de 1979, día de Reyes.

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Cristina Almeida (Badajoz, 81 años) no para. Después de una vida dedicada a la abogacía y a la política sigue participando activamente en encuentros, charlas, dando entrevistas, viajando. Y eso que el cuerpo no acompaña: la espalda le da guerra —tuvo una estenosis— y le dificulta caminar. En casa se apaña, en la calle utiliza un andador hasta para manifestarse. “No es militancia, es coherencia. Si es lo que puedo aportar…”, dice con su habitual retranca y su voz cascada de siempre.

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