La batalla judicial que Santa Bárbara ha emprendido contra Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) por los milmillonarios contratos de artillería que les adjudicó Defensa el año pasado vive un pequeño alto el fuego mientras que el entorno laboral y el cumplimiento de los contratos se le complica a la empresa bajo el paraguas de la estadounidense General Dynamics. Tras la salida de Ángel Escribano de la presidencia de Indra el pasado 1 de abril —por el enfrentamiento del directivo con La Moncloa por el conflicto de interés que la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) observó en la operación entre Indra y su empresa familiar—, la compañía cotizada en el Ibex 35 ha intentado mejorar su relación con Santa Bárbara con el objetivo de estudiar una colaboración industrial en distintos proyectos y, a la vez, conseguir que el fabricante de armas abandone la vía judicial.

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© Alejandro Ruesga

Airbus, GMV, Grupo Oesía, Indra, ITP Aero y Sener han alcanzado un acuerdo para poner a disposición de España sus capacidades industriales para reconfigurar el caza de sexta generación, FCAS (Future Combat Air System), y así conseguir que el proyecto pueda salir adelante.

El fiasco europeo del programa del caza formado entre España, Alemania y Francia puso a la autonomía estratégica europea y a su industria en jaque. Ante la imposibilidad de seguir adelante con el megaproyecto de 100.000 millones de euros, Alemania creó una alianza entre ocho empresas bávaras para salvaguardar la creación del caza. Ahora, es el turno de España, que ha respondido con la unión corporativa de seis empresas líderes del sector aeronáutico para sacar adelante el caza de sexta generación.

Según la declaración conjunta, la industria española pone a disposición de España y de sus posibles socios sus capacidades y recursos para el desarrollo de un sistema de combate de nueva generación. Este estará formado por "un caza de sexta generación, plataformas no tripuladas o carriers, comunicaciones y sensores avanzados que forman un sistema de sistemas gracias a la nube de combate", asegura el comunicado. De esta manera, "el sector ofrece al Ministerio de Defensa sus capacidades y la voluntad para trabajar en este desarrollo, en colaboración con los países europeos que marque, contribuyendo activamente a la negociación y ejecución de las próximas fases de desarrollo de este sistema de combate de sexta generación".

El objetivo último es desarrollar un Sistema de Armas de Sexta Generación bajo un enfoque de "Sistema de Sistemas". Este sistema integrará una nube de combate, aviones de combate tripulados, operadores remotos (drones) y conectividad avanzada para operar de forma colaborativa. Así, la declaración conjunta se ha anunciado a la par que en Alemania, con el objetivo de subrayar un impulso conjunto para mantener viva la cooperación multinacional europea trabajando de forma "estrecha".

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Manuel de la Rocha, Director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20, mano derecha y gurú económico de Pedro Sánchez, ha asegurado que ha mantenido reuniones con Iván Redondo, jefe de gabinete de presidencia del Gobierno hasta 2021.

"Yo me he reunido con los principales directivos de las principales empresas de defensa en los últimos años", aseguró el jefe de la oficina económica de Sánchez durante su comparecencia en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional de este martes. Entre ellos, ha destacado reuniones con Oesía, ITP Aereo e Indra. Además, también señaló que se ha reunido con General Dynamics, propietaria de Santa Bárbara Sistemas, compañía rival de Indra con la que mantiene dos pugnas judiciales por contratos de artillería de más de 7.200 millones de euros.

En la misma gigante estadounidense General Dynamics aterrizó Iván Redondo tras su andadura política en el núcleo de la Moncloa como estratega político de Sánchez. De la Rocha aseguró de este modo que se ha reunido "con los altos directivos de General Dynamics, en las que ha estado el señor Redondo". Por otra parte, ha afirmado que no le consta que Redondo influyese en ningún tema interno de Indra, mientras el mismo Ángel Escribano le señaló como uno de los verdugos que le ejecutó de la presidencia de la cotizada. "Iván Redondo, que es un mercenario, trabajando para Santa Bárbara para conseguir contratos e intentando fastidiar a España", aseguró el expresidente de Indra en una entrevista en El Debate. Además, De la Rocha aseguró que jamás solicitó ni amenazó a Escribano para que abandonase la compañía. "Tuvimos una conversación y dos semanas después dimitió".

Papel de la SEPI en Indra

La presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), Belén Gualda, aseguró este martes en la misma Comisión Mixta de Seguridad Nacional que el holding público analizó hasta seis estructuras societarias para la fusión entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) y en todas ellas vio 'conflicto de interés'.

Ángel Escribano, entonces presidente de Indra aupado por la misma Moncloa en enero de 2025, es propietario de EM&E, la compañía que el Gobierno quería fusionar con la tecnológica. Sin embargo, Gualda defendió que los órganos societarios no analizaron la operación, ya que esto lo hace la propia compañía. De esta manera, la presidenta de la SEPI aseguró que no tuvo oportunidad de opinar sobre el encaje estratégico de las compañías hasta diciembre de 2025, cuando la compañía elevó al consejo de administración la posible operación con EM&E.

Un mes después, en enero de 2026, Indra compartió con el consejo seis posibles estructuras societarias para integrar a EM&E con la cotizada. Fue en ese momento, cuando la SEPI analizó con su equipo técnico y jurídico las seis soluciones para fusionar las compañías. Como resultado, la empresa pública presidida por Gualda concluyó que el 'conflicto de interés' persistía en cada una de ellas, por lo que decidió comunicar ante el órgano competente, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que la operación no podía ejecutarse.

La comunicación a la CNMV informaba que mientras Ángel Escribano fuese presidente de Indra, no podrían fusionarse las compañías. En ese momento, EM&E decidió responder a la SEPI y, por tanto, al Gobierno, que se retiraba de las negociaciones para realizar la operación con Indra, con el objetivo de mantenerse en la cúpula de la tecnológica. "Correspondía en ese momento a la compañía plantear medidas en ese sentido a su órgano societario, pero la retirada de la oferta por parte de Escribano hizo que la compañía paralizara la operación", ha asegurado Gualda.

El cambio de la cúpula de Indra no solo ha frenado la crisis de gobernanza en la que estaba sumida la cotizada. En menos de dos meses se han cambiado cuatro asientos en su máximo órgano de gobierno. La salida de los hermanos Escribano y de José Vicente de los Mozos ha cerrado un capítulo dentro de la compañía que vio como su acción subía un 180% en 2025. Ahora, con una Indra renovada, se han abierto nuevas vías de comunicación con Santa Bárbara Sistemas para tratar de resolver los conflictos judiciales entre ambas, según informan fuentes cercanas a El Independiente. El objetivo es que Santa Bárbara no eleve la pugna empresarial a la Audiencia Nacional, algo que puede hacer hasta el 16 de junio.

Todo empezó el pasado 22 de diciembre cuando el Ministerio de Defensa adjudicó a dedo a la UTE formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) los contratos de obuses de ruedas por 2.686 millones de euros y de los obuses de cadenas por 4.554 millones. Esto despertó los recelos de Santa Bárbara -que tiene amplia experiencia en la fabricación de vehículos terrestres-, pues alega que Indra no tiene el conocimiento suficiente para ejecutar los mayores programas industriales de la defensa nacional del 2025. "No tiene ahora mismo las fábricas ni tiene las personas. Hay evidencias objetivas de que no son (Indra) la única opción porque nuestros vehículos son reales", defendió Alejandro Page, director general de Santa Bárbara.

Recurso de Santa Bárbara a los préstamos

Para realizar estos proyectos, Indra y EM&E recibieron en conjunto un apoyo del Ministerio de Industria y Turismo en forma de préstamos sin intereses por un valor de 3.000 millones de euros. Santa Bárbara dio el primer paso judicial llevando los créditos de Industria al Tribunal Supremo. Sin embargo, el la justicia desestimó el recurso contencioso-administrativo porque en virtud del artículo 346.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los países miembros pueden "adoptar las medidas que estimen necesarias para la protección de los intereses esenciales de seguridad y que se refieran a la producción o al comercio de armas, municiones y material de guerra".

Pero, además de este frente, Santa Bárbara recurrió también frente al Ministerio de Defensa la adjudicación de los programas a Indra y EM&E. La cartera que dirige Margarita Robles tenía hasta el 22 de abril para responder al recurso. No contentos con el devenir, Santa Bárbara anunció en febrero en un comunicado oficial que llevaría los programas de infantería autopropulsados de ruedas y cadenas de 7.200 millones de euros a la Audiencia Nacional si el Gobierno no los detenía. La compañía defendió que tiene "una probada capacidad técnica y experiencia contrastada en el sector de la Defensa, lo que exigía, como mínimo, que su candidatura para la ejecución de los PEM fuera tomada en consideración". En cambio, aseguró la empresa, "las adjudicaciones a Indra y Escribano fueron adoptadas sin concurrencia ni publicidad, a pesar de que las adjudicatarias no tienen experiencia y recursos comparables a los de Santa Bárbara".

La compañía había puesto su empeño en el vehículo Némesis que se basa en la plataforma Ascod, de amplio reconocimiento internacional. Por su parte, Indra creó su filial de vehículos terrestres, Land Vehicles para elevar su apuesta por la defensa. Tras la adjudicación, con un Ángel Escribano casi ejecutado de la presidencia de Indra, la cotizada eligió a la surcoreana Hanwha para producir el K9, un obús de cadenas. Tras esta decisión, que fue secundada por el Ministerio de Defensa, los sindicatos de Santa Bárbara cargaron contra el Gobierno al señalarle como "responsable político de una estrategia que pone en riesgo el futuro de cientos de trabajadores" y que tiene "un trato a favor" con Indra. Cabe señalar que Indra es una compañía semipública, con el 28% de las acciones siendo propiedad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) del Ministerio de Hacienda.

La Audiencia Nacional en el horizonte

El Ministerio Defensa declinó el recurso de Santa Bárbara. La compañía contemplaba el primer recurso de alzada como un paso previo necesario para agotar la vía administrativa, antes de acudir ante la Audiencia Nacional. De esta manera, aunque aún no lo ha hecho oficial, Santa Bárbara se encuentra abocada a abrir un nuevo frente judicial contra el Gobierno, al que acusa de haber adjudicado 'a dedo' los programas de artillería autopropulsada a Indra y EM&E. Pero todavía queda el último cartucho. La nueva cúpula de Indra ha aterrizado a la cotizada con el objetivo de calmar las aguas con Santa Bárbara, socio dentro de Tess Defence, el consorcio que produce los 8x8.

Aun así, las negociaciones son complicadas, pues Santa Bárbara siempre ha defendido que el futuro de las capacidades de obuses autopropulsados del Ejército de Tierra debía pasar por la plataforma Ascod para ganar en interoperabilidad. Por la otra parte, Indra ya tiene un acuerdo con Hanwha para la fabricación de los obuses de cadenas, por lo que la participación de Santa Bárbara en el programa como ella quiere se encuentra hasta el momento descartada.

Aun así, Indra mantiene la puerta abierta a Santa Bárbara, pues durante la presentación de la firma con la empresa surcoreana, Frank Torres, director general de la división de vehículos terrestres de Indra calificó a General Dynamics como un "socio industrial" y que "va a estar incluida al igual que todas las demás empresas y proveedores de España para poder utilizar todas sus capacidades para desarrollar estos programas".

Pugnas entre Indra y Santa Bárbara antes de los contratos de artillería

Los roces entre ambas empresas empezaron mucho antes cuando Ángel Escribano trató de comprar Santa Bárbara Sistemas. El entonces presidente de Indra planteó comprar la compañía que pertenece a la gigante estadounidense General Dynamics, quinta compañía de defensa con más ingresos del mundo. El objetivo era dar un paso de gigante para ganar soberanía frente a Estados Unidos, país con el que España tiene una gran dependencia tecnológica y militar. Esto provocó recelos por parte de la matriz estadounidense. Finalmente, la maniobra empresarial por tratar de adquirir Santa Bárbara terminó por tensar aún más las relaciones entre los actores de Tess Defence.