La “prioridad nacional”, esa idea de la extrema derecha que una parte de la derecha tradicional ha empezado a asumir, ya tiene al menos una primera aplicación práctica. La ha puesto en marcha, sin referirse explícitamente al concepto y con una medida precipitada y confusa, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al establecer el empadronamiento como condición para obtener la tarjeta de transporte.

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El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, quiere que otros ejecutivos autonómicos cofinancien que los estudiantes no empadronados de estas regiones usen la tarjeta de transporte público autonómica. El modelo a seguir son los convenios ya firmados con Castilla y León y Castilla-La Mancha. Estas regiones han calculado un gasto de siete millones entre 2022 y 2026, y de 39,4 entre 2026 y 2030, respectivamente, para que los estudiantes y trabajadores de determinados municipios se beneficien de los descuentos en el transporte madrileño. Madrid, por su parte, también hace aportaciones millonarias como fruto de ambos acuerdos, que explicitan que los pagos primero se presupuestan y luego se realizan solo en función de viajes hechos. Que ese tipo de pactos se vayan ahora a extender a otras regiones es producto de una rectificación de Díaz Ayuso, que ha pasado de exigir el empadronamiento para tener la tarjeta de transportes a abrirse a firmar convenios para eximir del requisito a los estudiantes de otras regiones.

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