Es lo primero que sorprende al neófito al acceder a la sede de la Audiencia de Badajoz en la Avenida de Colón de la capital pacense. Tras pasar el arco de seguridad, en la escalinata principal del edificio, la llamativa imagen de un Cristo en una vidriera. ¿Un Jesús Nazareno en una sede judicial? Sí, y no es una imagen cualquiera. Corresponde al Cristo de la Sentencia, que representa a Jesús esperando la decisión de Poncio Pilato, el prefecto romano de Judea, como ahora David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, juzgado escaleras arriba hasta el pasado día 9 por tráfico de influencias y prevaricación por su supuesto enchufe en la Diputación. A Jesús, ya se sabe, le crucificaron por aclamación de los sumos sacerdotes después de que Pilato se lavara las manos. Como alegoría de la confianza en la Justicia no resulta, desde luego, la imagen más evocadora.

Con la intercesión o no del Cristo de la Sentencia, David Sánchez ya espera la decisión del tribunal. El músico se enfrenta a una posible condena de hasta seis años de prisión. A favor de su absolución, la Fiscalía, cuya actuación en esta causa era una de las obsesiones de las «cloacas del PSOE», como acreditan las agendas de Leire Díez.

Un presidente devoto de la Macarena

Pero, ¿a qué responde la presencia del Cristo de la Sentencia en la sede judicial donde ha sido juzgado David Sánchez? Según fuentes de la Audiencia extremeña, la decisión de instalar esa vidriera en lugar tan destacado fue del magistrado emeritense Joaquín Sánchez Valverde (fallecido en Badajoz en 1980 a los 68 años de edad). Ferviente devoto de la Virgen de la Macarena, en los años 60 del pasado siglo quiso que esta imagen tallada en 1654 por el escultor Felipe Morales Nieto, y que acompaña en procesión a la Macarena en la «Madrugá» del Viernes Santo sevillano, estuviera en la sede judicial.

Sánchez Valverde propuso entonces al Ministerio de Justicia franquista que una copia del Cristo se reprodujera en la vidriera del nuevo Palacio de Justicia de Badajoz, donde por cierto en esa época el presidente de la Audiencia Provincial tenía su vivienda en la última planta. Dicho y hecho. Con el permiso ministerial, la imagen del Cristo se incluyó en la vidriera. Hasta hoy.

Y a la espera de la sentencia está ahora David Sánchez, que durante el juicio no accedió al edificio por esa entrada principal, sino por una puerta lateral que, según las fuentes consultadas, no se utilizaba desde dos años atrás.

El ponente se jubila en septiembre

Su suerte está en manos (Cristo de la Sentencia aparte), de tres magistrados: el presidente de la Sala, José Antonio Patrocinio, el ponente Emilio Serrano (encargado de redactar el fallo) y María Dolores Fernández Gallardo. Serrano, además, prácticamente se despide de la judicatura con esta sentencia, pues se jubila en septiembre.

Serrano y Patrocinio tuvieron una actuación contrapuesta en una de las decisiones que más soliviantó a los jueces de instrucción de Badajoz: la admisión de la recusación de Biedma formulada por el exjuez Luis José Sáenz de Tejada, que según la investigación que dirige Santiago Pedraz fue el peón utilizado por las «cloacas del PSOE» para intentar desactivar la investigación judicial al hermano de Sánchez.

En junio de 2015, la Sección Primera de la Audiencia pacense dio la razón a Sáenz de Tejada y apartó a Biedma, por «criterios de mera prudencia», del procedimiento que instruía contra él –en sustitución de la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer– al considerar que su apariencia de imparcialidad quedaba comprometida por haber anunciado en una resolución la interposición de «las acciones penales y civiles pertinentes» contra el exjuez por su campaña de descrédito contra la instructora.

Esa resolución fue respaldada por Serrano –quien ahora, con la redacción de la sentencia del «caso David Sánchez», avalará o no la instrucción de Biedma–, al igual que hizo el tercer miembro del tribunal, el magistrado Matías Madrigal. Pero Patrocinio se desmarcó de esa recusación y voto en contra.

Dos jueces del tribunal discreparon sobre Biedma

En su voto discrepante, el magistrado que ha presidido el juicio al músico argumentó que Sáenz de Tejada no acreditó la enemistad manifiesta que atribuía a Biedma (contra quien el exjuez se había querellado previamente) respecto a su persona. El mero hecho de que se presentase una denuncia contra ella del imputado (extensible a otros togados), que además fue archivada de plano, no justificaba, expuso, la causa de recusación.

En su opinión, las expresiones de la magistrada ni prejuzgaban nada ni afectaba a su imparcialidad, por lo que tampoco comprometían «el concepto de apariencia de imparcialidad». Patrocinio defendió el «actuar imparcial» de Biedma, guiado «únicamente por el interés de la ley», recordando que la Audiencia confirmó todas sus resoluciones (como también ha sucedido en el «caso David Sánchez»).

Esa resolución ha sido, a la postre, la munición procesal utilizada por Sáenz de Tejada para intentar apartar también a Beatriz Biedma de la investigación a David Sánchez, esgrimiendo precisamente esa victoria judicial como prueba de una pretendida enemistad manifiesta contra él.

© Efe/R. Coarasa

Una ley “no alcanza su verdadera grandeza por el mero hecho de haber sido formalmente aprobada; la alcanza cuando puede comparecer ante la dignidad de la persona y salir de ese examen sin avergonzarse”. Estas palabras del Papa León XIV, pronunciadas ante el Congreso de los Diputados, cobran una relevancia singular cuando ese mismo Congreso acaba de aprobar la toma en consideración de la proposición de ley sobre la Ley Orgánica 3/2021 de Regulación de la Eutanasia.

El caso de Noelia Castillo, la joven que esperó más de 601 días para ejercer su derecho tras una autorización ya concedida, se convirtió en el símbolo que impulsó la reforma y en la confirmación de lo que desde el ámbito del derecho sanitario se venía denunciando: que aquella ley entró en vigor rodeada de inconcreciones y con casi todo el trabajo por hacer.

La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) fue presentada como una «ley garantista». Lo que la práctica ha evidenciado es que sus filtros, concebidos como garantías, se han convertido en más ocasiones de las deseables en dilaciones que el tiempo clínico del paciente no siempre tolera. Para quien solicita la ayuda para morir cumpliendo los requisitos exigidos, el tiempo no es un dato administrativo, sino una realidad clínica urgente. No es buena técnica legislativa aprobar reformas “ad hoc” conforme se producen efectos denunciados desde el inicio.

El caso de Noelia es doloroso, pero no es una sorpresa: era un desenlace previsible en una norma que nació con carencias estructurales. Unas carencias que el legislador optó por ignorar. La reforma aprobada es, en el estado actual de la norma, una evidente necesidad. Pero la pregunta no es solo si es oportuna, sino si es suficiente. Y la respuesta, como veremos, es que no lo es.

La reforma crea una vía judicial específica, preferente y de plazos abreviados para revisar las resoluciones de las Comisiones de Garantía y Evaluación, sin superar los 25 días. Entre sus novedades, el letrado de la Administración de Justicia, antiguo secretario judicial, podrá apoyarse en los médicos que ya han intervenido en el caso. Sin entrar en el debate sobre si las garantías sobran o no ante una decisión irreversible, conviene señalar que la reforma deja sin resolver varios problemas de fondo, entre los que cobra especial protagonismo el de la objeción de conciencia.

El médico juega un papel determinante: conoce la situación clínica desde el inicio e informa y dictamina con un conocimiento que ningún otro operador jurídico puede suplir. Pero ese protagonismo fáctico no puede traducirse en poder decisorio, porque en un Estado de Derecho la decisión final solo puede ser jurisdiccional. El equilibrio debería estar precisamente ahí: el médico determinante en los hechos sin serlo en el derecho. Pero tiene un punto de vulnerabilidad sin respuesta: qué ocurre cuando el médico llamado a intervenir es precisamente un objetor, o decide serlo en ese caso concreto.

La objeción de conciencia no es un problema periférico. Es el punto donde el nuevo modelo puede fracasar. Conviene recordar que objeción de conciencia e ideología no son lo mismo. La posición objetora no es ni definitiva ni absoluta: puede variar a lo largo de la trayectoria profesional y manifestarse de forma distinta según el caso. Un médico no objetor puede serlo ante una situación concreta que así lo motive. Esta realidad, que la legislación tiende a ignorar por incómoda, compromete directamente la viabilidad del procedimiento acelerado.

A ello se añade la desigualdad territorial. La Comisión de Garantía y Evaluación, órgano de composición médica y jurídica creado por la LORE para verificar los requisitos y autorizar la prestación, funciona de manera radicalmente distinta según la comunidad autónoma. El resultado es que el acceso depende del lugar donde resida el solicitante, convirtiendo un derecho universal en una realidad desigual, lo que compromete un principio elemental del Estado de Derecho: que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley con independencia de dónde vivan.

El registro de profesionales objetores tampoco queda resuelto. Un registro de concepción monolítica, objetor sí o no, no es un instrumento realista: la condición de objetor se asienta sobre una contradicción moral que no responde a categorías binarias. Un registro con efecto disuasorio sobre un derecho constitucional no puede considerarse neutro. Sería más coherente residenciarlo en los colegios profesionales: nuestra jurisprudencia recoge casos de médicos trasladados forzosamente por manifestar su objeción.

Una reforma procesal, por bien diseñada que esté, no puede suplir la ausencia de una regulación de fondo que la LORE sigue sin ofrecer. La ley es constitucional, así lo ha declarado el Tribunal Constitucional, y su aplicación es obligada. Pero el derecho a morir dignamente y el derecho a la objeción de conciencia no pueden ser incompatibles, y su coexistencia exige un marco normativo claro y con suficiente rango legal: una ley orgánica general reguladora de la objeción de conciencia en el ámbito sanitario. Un derecho termina donde empieza el otro. No hay vida moral sin libertad, ni responsabilidad sin independencia. Eso vale para el paciente que ejerce su derecho a morir dignamente, y vale también para el profesional que, en conciencia, no puede acompañarle en ese camino.

*Ricardo de Lorenzo y Montero es es doctor en Derecho y especialista en Derecho Sanitario

© EFE

La Fiscalía de la Audiencia Nacional no ve necesario seguir el rastro de los etarras refugiados en Venezuela para intentar esclarecer su vinculación o pertenencia con el «aparato de huidos» de la banda terrorista. El departamento que dirige Jesús Alonso se ha adherido al recurso de apelación que han presentado los siete investigados en la causa que instruye el magistrado Francisco de Jorge oponiéndose a su decisión del pasado 19 de mayo de reclamar información a Venezuela y Estados Unidos, a través de sendas comisiones rogatorias –tal y como le solicitó Dignidad y Justicia (DyJ)– en relación con esa docena de etarras, entre ellos José Ignacio de Juan Chaos, condenado a más de 3.000 años de prisión por 25 asesinatos, de los que cumplió 21 en la cárcel.

Ahora, la decisión sobre esa iniciativa está en manos de la Sala de lo Penal del citado tribunal, que según las fuentes consultadas ya ha deliberado sobre este asunto y podría resolver al respecto en las próximas fechas.

Por lo pronto, De Jorge acaba de prorrogar seis meses más la investigación al «aparato de refugiados», extendiéndola ahora hasta el próximo 11 de diciembre. Y entre las razones para hacerlo esgrime precisamente que está a la espera de que la Sala de lo Penal resuelva los recursos de apelación contra su decisión de solicitar auxilio judicial a Venezuela, aprovechando la caída de Nicolás Maduro, y Estados Unidos sobre esos etarras. «De esa decisión deriva la práctica o no de esas actuaciones ya ordenadas, u otras que puedan dictarse».

"Ni pertinentes ni necesarias"

La Sala resolverá teniendo constancia de la oposición de la Fiscalía. En el escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el fiscal Emilio Miró se adhiere al recurso presentado por las defensas de los imputados por pertenencia a organización criminal para intentar dejar sin efecto esas dos comisiones rogatorias (una de ellas con el objetivo de recabar de EE UU toda la información del procedimiento judicial contra el exjefe de Inteligencia militar venezolana Hugo Armando «El Pollo» Carvajal). El representante del Ministerio Público se limita a reproducir los argumentos que ya mantuvo el pasado 6 de abril para oponerse a las pretensiones de Dignidad y Justicia.

En ese escrito exponía que esas diligencias no son «pertinentes ni necesarias», tras poner de relieve que acordar una comisión rogatoria a otro país «requiere la determinación de los hechos investigados», precisar la participación en los mismos de las personas sobre las que se reclama información y explicar «en qué medida» la iniciativa puede aportar datos relevantes para la investigación. Algo que considera que no sucede en este caso. Para el fiscal, «el derecho a la prueba no es absoluto» y solo se lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva cuando se rechaza una prueba «pertinente, necesaria y posible».

Entre los etarras a los que la Guardia Civil sitúa en Venezuela figuran, además de De Juana Chaos, Arturo Cubillas, que podría encontrarse ya en nuestro país y a quien España reclamó sin éxito en el marco de la investigación por los supuestos vínculos de ETA y las FARC que instruyó el juez Eloy Velasco; Eugenio Barrutiabengoa; el exdirigente de ETA y antiguo miembro del «comando Goierri» José Luis Eciolaza, «Dienteputo», condenado por una veintena de atentados; Ángel María Lizarbe, Luis María Olalde, José Ángel Uritz Zabaleta, Javier Arruti, Asunción Arana, Juan José Aristizábal, María Ángeles Artola, viuda del etarra «Argala», Asier Guridi, Jesús María Huerta e Ignacio Echevarría.

Los acusados se revuelven

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional pretende esclarecer los posibles vínculos de todos ellos con el «colectivo de refugiados» de ETA, tradicionalmente controlado por el «aparato político», para intentar determinar las «funciones desarrolladas», sus posibles contactos con otros etarras, y si realizaron «labores de enlace» así como su «grado de responsabilidad en el seno de este colectivo».

El escrito de las defensas de los investigados –encabezados por el exintegrante de ETA militar Alfonso Etxegarai Atxirika, alias «Txema» o «Atxulo»– al que la Fiscalía se ha adherido califica de «indeterminadas» y «arbitrarias» las pesquisas acordadas por el juez De Jorge. Ninguno de los 14 etarras cuyo rastro ahora se pretende seguir «son personas investigadas» en el procedimiento abierto en la Audiencia Nacional contra el «colectivo de refugiados», recalca la letrada Amaia Izko.

La abogada reprocha al instructor que haya autorizado esas dos comisiones rogatorias sin precisar qué hechos se atribuyen a esos 14 etarras, ni siquiera de forma «imprecisa». Ocho de ellos, insiste, ni siquiera son mencionados por la Guardia Civil en sus informes, «sin que exista constancia tan siquiera de que hayan residido o residan actualmente en Venezuela».

"Investigación penal prospectiva"

Se trata, denuncia de «una investigación penal prospectiva» que según la letrada conduciría, de llevarse a cabo, a una «causa o inquisición general, prohibida en el ordenamiento jurídico español». Para la defensa de los imputados, las diligencias aportadas no pretenden investigar unos hechos o indicios concretos sino abrir una investigación «para determinar si existen esos hechos o esos indicios en el caso de unas personas, a día de hoy, ajenas al procedimiento». Algo que, subraya, «no casa con el Estado de Derecho ni con el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías» ni con el derecho a un juicio justo.

Asimismo, cuestiona «la base» para solicitar esas comisiones rogatorias, que limita al conocimiento por los medios de comunicación de una «inconcreta documentación» incautada a «El Pollo» Carvajal (detenido en España y extraditado a EE UU) y a «un cambio de Gobierno en Venezuela».

Por si fuera poco, la letrada aduce que seguir adelante con esa iniciativa redundaría en perjuicio de los investigados por la «paralización y la dilación del procedimiento», conculcando su derecho a que el procedimiento se tramite «dentro de un plazo razonable».

En su resolución del pasado 19 de mayo, en la que acordó la medida, De Jorge exponía que «el cambio político» en Venezuela «permite inferir una colaboración para acceder a los datos solicitados» por Dignidad y Justicia, que según añadía «pueden verse avalados por la declaración testifical» de «El Pollo» Carvajal «para que la investigación pueda completarse».

Filippo Antonelli realçou ainda a justiça da mudança do italiano para Alvalade

A Feira Nacional de Agricultura/ Feira do Ribatejo 2026 termina este domingo, 14 de junho, no CNEMA, em Santarém, com a sua consolidação enquanto plataforma privilegiada de promoção da agricultura portuguesa. O evento contou com cerca de 180 mil visitantes e uma forte participação de expositores, produtores e empresas, com o tema central dedicado aos pequenos frutos. Para Luís Mira…

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As tempestades do início do ano deixaram as florestas cheias de árvores caídas, sobretudo na zona Centro. O esforço para reabrir os caminhos e criar condições de segurança para combate aos incêndios tem dado resultado, mas ainda há muito para fazer numa corrida contra o tempo. A reportagem “Risco Máximo” mostra como, com a chegada do verão, os incêndios podem ser uma séria preocupação.

A 3.ª Gala Empresarial de Rio Maior reuniu no dia 12 de junho, na Quinta do Tallego, no Alto da Serra, vários empresários que viram o mérito do seu trabalho reconhecido pela autarquia riomaiorense. Foram galardoados as empresas e os empresários que mais se destacaram na sua atividade no decorrer do ano passado naquele concelho. Na categoria PME Líder foram distinguidas 31 empresas da região e na…

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"Coincidência total?", é a pergunta feita por Ricardo Araújo Pereira no o Programa Cujo Nome Estamos Legalmente Impedidos de Dizer, desta sexta-feira. O humorista brinca com a elevada probabilidade de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi se defrontarem nos quartos de final do Mundial 2026.

El capitalismo tal y como se conoce en Europa, el que combina economía de mercado y protección social, tenía la impronta de las dos corrientes políticas que dominaron la política de la posguerra: la democracia cristiana y la socialdemocracia. La primera estaba impregnada de la doctrina social de la Iglesia, formulada por primera vez por otro papa León, el XIII, en 1891, y actualizada por Juan XXIII en 1961. Incluso la derecha más autoritaria (y genocida) del siglo pasado, la de los fascismos de los años treinta, se adornaba con un cierto barniz social. Tras la guerra, quedó la democracia cristiana como la fuerza conservadora dominante en Europa occidental, y se definió la economía social de mercado, algo cercano a lo que luego se llamó capitalismo renano, contrapuesto al anglosajón. Eso empezó a quebrarse en las últimas décadas del siglo XX con la ola neoliberal, que surgió de EE UU (Reagan) y el Reino Unido (Thatcher) y que permeó a toda la derecha y hasta a parte de la izquierda. Se volvió a predicar el Estado mínimo, el individualismo antes que la solidaridad, los impuestos bajos antes que los servicios públicos. Pero incluso un neocon como George W. Bush defendía en el cambio de milenio un “conservadurismo compasivo”, al menos como eslogan (los hechos fueron otra cosa). Los tiempos han cambiado tanto que el papa León XIV, que ha visitado España esta semana, es visto por algunos como un temible revolucionario, cuando no un traidor, por defender valores tan propios del cristianismo como la solidaridad con el prójimo. Y también es prójimo el extranjero, venga de donde venga y como venga.

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© Borja Suarez (REUTERS)

La salida a Bolsa de SpaceX ha situado a los inversores ante uno de los ejercicios de valoración más complejos de los últimos años. La compañía del magnate estadounidense Elon Musk ha debutado en el mercado con una valoración cercana a los dos billones de dólares (unos 1,7 billones de euros), una cifra que la que se sitúa entre las empresas más valiosas del mundo, pero que ha reabierto un debate en Wall Street sobre cómo poner precio a negocios cuya valoración depende tanto de expectativas futuras como de la fe en algo tan abstracto a día de hoy como los viajes espaciales y la colonización de Marte.

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Las maniobras de las presuntas «cloacas del PSOE» para articular «diversas vías» con el objetivo de «desestabilizar» los procedimientos judiciales que cercan al Gobierno de Pedro Sánchez llegaron hasta en forma de denuncia ante el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Se trata de un escrito con el que se pretendía atacar a la magistrada Beatriz Biedma, que instruye las pesquisas contra el hermano del presidente del Gobierno, y, por ende, tratar de destruir el procedimiento.

En este sentido, y según ha puesto ya de manifiesto la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en sus informes, la presunta trama criminal a cuyo frente el magistrado Santiago Pedraz sitúa a Santos Cerdán, se habría servido especialmente del exjuez José Sáenz de Tejada –apartado de la carrera judicial por un caso de violencia de género contra su exmujer– para articular un ataque contra Biedma en forma de denuncia. A cambio, las cloacas le prometieron el reingreso en la judicatura.

El escrito, al que ha tenido acceso este periódico y redactado por Sáenz de Tejada, describe una «presunta organización criminal» en el poder judicial de Badajoz que habría actuado durante años de forma coordinada y con el amparo o la pasividad de distintas instituciones judiciales y fiscales. El exmagistrado, que remitió este escrito a Garcia Ortiz, solicitó la investigación de una supuesta trama de corrupción judicial en la provincia extemeña y cuestionó duramente la actuación de la propia Fiscalía General del Estado tras el rechazo inicial de su escrito.

Pero hay que ir por partes. La denuncia también recoge que siendo él (Sáenz de Tejada) magistrado, ya había denunciado esta trama de «corrupción en el anterior Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)» y que ello sería una de las causas por las que ha sido «gravemente represaliado durante años y a dia de hoy siguen las represalias para impedirme entre otras cosas que pueda solicitar mi reingreso en la carrera judicial».

La denuncia sitúa entre los señalados a varios magistrados y profesionales del Derecho de Badajoz, además de la jueza Biedma, a los que atribuye una actuación conjunta que, según su relato, habría perjudicado a ciudadanos y letrados que intentaron cuestionar determinadas decisiones judiciales.

El abogado sostiene que la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado el 21 de octubre de 2024 estaba firmada por abogado y procurador y contenía una relación de hechos que, a su juicio, justificaban la apertura de una investigación. Entre los delitos que menciona figuran organización criminal, prevaricación continuada, falsificación en documento público, coacciones, tráfico de influencias, revelación de secretos y represalias contra denunciantes, entre otros.

Las fechas de estas denuncias coinciden con los avances de la instrucción de Biedma, que admitió a trámite el escrito puesto por Manos Limpias en mayo de 2014 para investigar al hermano del presidente del Gobierno. La instrucción se prolongó durante once meses, hasta que a finales de abril la jueza emitió el auto que convertía la instrucción en procedimiento abreviado que dejaba al borde del banquillo a los once imputados y que finalmente han sido juzgados. El caso está visto para sentencia.

En cualquier caso, la denuncia interpuesta por Sáenz de Tejada buscaba ejecutar un ataque directo conta la magistrada Biedma, contra quien las «cloacas» desplegaron una campaña de acoso y derribo y una operación en su entorno más cercano destinada a la búsqueda de trapos sucios.

Hay, no obstante, otro detalle que llama la atención en el escrito del magistrado apartado de la carrera judicial: la respuesta que recibió posteriormente desde la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Según relata en la denuncia, la fiscal de Sala jefa de la Secretaría Técnica, Ana Isabel García León, contestó a la denuncia mediante un escrito en el que indicaba que los hechos comunicados debían canalizarse a través de un canal facilitado en la carrera judicial para denunciar conductas ilícitas de algunos miembros de la judicatura. Asimismo, señalaba que el Ministerio Fiscal carecía de competencia para iniciar una investigación en ese ámbito concreto.

Esa contestación provocó una reacción inmediata del denunciante. En el nuevo escrito remitido directamente al fiscal general, Sáenz de Tejada califica la respuesta de la Secretaría Técnica como una actuación «insólita e ilegal» y sostiene que la Fiscalía sí dispone de capacidad para impulsar las investigaciones derivadas de una denuncia penal.

Con todo, los agentes de la UCO explican también que Leire Díez fue quien instruyó al exmagistrado condenado para que remitiese la denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra la jueza Biedma, «porque ella consideraba que tenía control sobre la citada institución, y que allí le estarían esperando». «Que se remitieron al menos dos denuncias: una primera que no prosperó, y una segunda que no puede precisar con exactitud si salió adelante», refleja el informe.

En paralelo, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha negado que el exfiscal Álvaro García Ortiz diera instrucciones sobre la denuncia contra la jueza del «caso David Sánchez». Pero hay que recordar que las citas de la exmilitante socialista Leire Díez con la FGE coinciden con el intento de Sáenz de Tejada de personarse como acusación en la causa contra el hermano de Pedro Sánchez.

© EUROPAPRESS

Esta semana, João Miguel Tavares confessa-se abatido, Ricardo Araújo Pereira (desta vez à distância) sente-se banido e Pedro Mexia declara-se muy cristiano (e não é para falar de futebol).

As a fan of the United States men’s soccer team since the 1980s, I have always kept my expectations about the team’s World Cup prospects pretty low.

Back in 1990, the U.S. qualified for the first time in 40 years. The Americans lost all three games, but I was just happy the team made it and even scored — twice!

Four years later, the U.S. hosted the global tournament and advanced from its group. In the first knockout round, the Americans lost to Brazil, but the 1-0 score was respectable and the crowds were record-breaking. American fans’ dream that the U.S. would become a perennial powerhouse was real.

The men’s team is approaching a quarter century of disappointing results, including missing the tournament entirely in 2018.

The first hiccup came in France in 1998 when the Americans didn’t win any of their group matches. But in 2002, the U.S. upset pre-tournament favorites Portugal, squeaked into the knockout round of 16 and comprehensively beat rivals Mexico “dos a cero.” In the quarterfinals against perennial power Germany, the U.S. outshot and outpossessed its opponent but lost narrowly after a handball on the goal line went uncalled. Young stars like Landon Donovan seemed poised to take the team even further. From minnows to the final eight — and nearly the final four — in just 12 years, glory seemed like a matter of when, not if.

Since then, all that promise has been almost entirely for naught. Sure, there have been moments, like Donovan’s last-gasp goal to win the group in 2010 or what players like Clint Dempsey and Tim Howard gave to the team, but the victory over Mexico remains the last time the men’s team has won a knockout game in the tournament. 

As the team begins its 2026 World Cup quest Friday night in Los Angeles against Paraguay, though, I am done with low expectations. 

Yes, the men’s team is approaching a quarter century of disappointing results, including missing the tournament entirely in 2018. But this edition of the USMNT has been billed as a “golden generation.” Seventeen players of the 26-man roster play in Europe’s top leagues. Teams are paying higher-than-ever transfer fees for American stars like Tyler Adams, Weston McKennie and, of course, Christian Pulisic — the first American to play in the men’s Champions League final.

With all this talent for the Americans, the mission in 2026 is simple: It’s time to put up or shut up. Anything less than a quarterfinal finish — just like in 2002 — should be seen as a failure in a vastly expanded tournament on home soil. And if the quarterfinals don’t happen, the entire U.S. men’s soccer program should consider serious reforms.

It’s not a mystery what is holding back the men’s team. “We are not developing players like the rest of the world,” Donovan said in a recent interview with Rich Eisen.

The players seem aware this is a pivotal moment for American soccer.

“Our youth soccer in this country is a disaster,” he added. “You have all these youth clubs … [that] charge you crazy fees. It’s all about winning. The kids get left behind because the clubs want to make money, the coaches want to make money, they want to win and the kids don’t develop. And now we’re seeing sorta the fruits of that, sadly.” 

The pay-for-play model, where parents like me have had to shell out thousands of dollars to develop their kids in hopes of a scholarship or a pro contract, isn’t working. 

That is not what soccer is all about. It is egalitarian. It is working class. It is a sport that anyone can pick up and play. Unless this country leans into soccer’s accessibility and makes it as affordable as possible, the USMNT will never succeed. 

Fortunately for this team, the players seem aware this is a pivotal moment for American soccer. “Everyone thinks that this thing of expectation and criticism is a bad thing. But like, if we’re worth talking about, it’s a good thing,” Adams said on the “Late Run” podcast. “Before, I think people wouldn’t even talk about the national team or talk about the players on it. Now we’re making waves at some of the biggest clubs around the world. Like, people want to talk about us. That’s fine. That’s what comes with the business, man.”

Thirty-two years after the last World Cup on American soil, the U.S. men’s soccer team has had enough time. This tournament, the expectations are different. That’s what comes with the business.

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A Câmara Municipal de Santarém assinalou esta sexta-feira, 12 de junho, o Dia do Município na Feira Nacional de Agricultura (FNA) com um programa diversificado de atividades institucionais, culturais e de animação. A iniciativa, organizada pela autarquia e com o apoio da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), recebeu mais de 2500 crianças nos diversos espaços do Centro Nacional de…

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolverá el próximo 16 de julio las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, a instancias de Sociedad Civil Catalana y la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot) en relación con la Ley de Amnistía. Así lo han confirmado fuentes de la corte de Luxemburgo.

La decisión -que puede precipitar el regreso de Carles Puigdemont, pues una vez hable la Justicia europea el Tribunal Constitucional resolverá con rapidez el recurso de amparo del expresident contra la negativa del Supremo a amnistiarle- se conocerá por tanto un año después de la vista celebrada en la sede del TJUE. Allí, los magistrados de la corte europea escucharon los argumentos tanto de las dos asociaciones citadas como de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el representante de la Comisión Europea y del abogado general de la UE.

Precisamente el abogado general de la UE, Dean Spielmann -cuyo posicionamiento suele anticipar habitualmente el sentido de la resolución del TJUE-, allanó el camino de la amnistía al descartar que se trate de una "autoamnistía", que afecte a los intereses financieros de la Unión y que violente la directiva europea contra el terrorismo.

El abogado general allanó el camino a la amnistía

Y es que las principales dudas planteadas por los dos tribunales españoles hacen referencia a la posibilidad de amnistiar a la treintena de ex altos cargos de la Generalitat encausados por el Tribunal de Cuentas por el supuesto desvío de más de tres millones de euros para financiar el "procés" y por el hecho de que la medida de gracia beneficie también a los miembros de los CDR (Comités de Defensa de la República) procesados por delitos de terrorismo.

Sus únicos reparos se centraban en el plazo máximo de dos meses para aplicar la polémica ley, al levantamiento automático de las medidas cautelares y a que solo se escuchase a la Fiscalía y a los perjudicados directos antes de aplicar la norma, y no al resto de las partes.

En cuanto a la amnistía de delitos de terrorismo, el abogado general descartó que la ley sea contraria a la directiva europea, al entender que no le priva "de su plena eficacia", pues solo aprecia una "desactivación" parcial y temporal de sus efectos, al extinguir la responsabilidad penal "por ciertos hechos determinados, limitados en el tiempo y por su naturaleza", sin afectar a la aplicación general de la directiva contra el terrorismo.

Por contra, el representante de la Comisión Europea alertó a la corte de Luxemburgo de que la medida de gracia enmascaró una autoamnistía para «blindar» a los socios independentistas de Pedro Sánchez a cambio de los votos necesarios para su investidura, por lo que concluyó que la norma "no es compatible" con los valores de la Unión Europea.

Frente común de la Fiscalía y la defensa de Puigdemont

En la vista celebrada el 14 de julio del pasado año en Luxemburgo, defensas de los encausados en el Tribunal de Cuentas y de los CDR coincidieron con la Fiscalía y la Abogacía del Estado (que representó los intereses del Gobierno) en que la amnistía no vulnera el principio de igualdad porque no se amnistía solo a políticos independentistas, sino también a policías (73, según la Fiscalía).

Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont defendió que la Ley de Amnistía "no es una amenaza para Europa" pues persigue "pacificar un conflicto" y "reparar fracturas". "Aquí no ha habido crímenes de ningún tipo. Solo hubo urnas", dijo.

Por su parte, el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín Granizo, insistió en que "no se vieron afectados los fondos de la UE, ni siquiera fondos españoles". Secundado por la abogada del Estado, quien hizo suya la valoración del Tribunal Supremo en la sentencia del "procés": la independencia fue «una ensoñación» que no puso en peligro los fondos comunitarios.

También en defensa de la amnistía, la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, incidió en que la ley busca la "reconciliación" a través de "la normalización institucional, social y política en Cataluña", haciendo hincapié en que no hay riesgo de que la ley se aplique a más procedimientos terroristas.

Sociedad Civil Catalana y Acvot, en contra

Mientras, el abogado de Sociedad Civil Catalana (SCC), Juan Chapapría, denunció la "desigualdad ante la ley" que supone la aplicación de la amnistía, porque en su opinión "erosiona la confianza legítima de los ciudadanos" en la Justicia y "pone en riesgo" la efectividad del Derecho europeo. Según puso de relieve en su intervención, se trató de un "pacto político" entre el Gobierno y sus socios independentistas a cambio de los votos necesarios para la investidura de Pedro Sánchez.

"Me da pánico el antecedente que pueda suponer esta sentencia para el futuro de Europa", advirtió el letrado de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot), José María Fuster Fabra, para quien "el terrorismo no se puede amnistiar". El abogado rebatió la previsión de la ley de amnistiar delitos de terrorismo salvo cuando implica graves violaciones de derechos humanos. "Todo terrorismo es contrario a los derechos humanos", recalcó Fuster-Fabra, para quien la ley fue aprobada por el Gobierno "en interés propio".

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La Fiscalía General del Estado (FGE) ha negado que el exfiscal Álvaro García Ortiz diera instrucciones sobre la denuncia contra la jueza del "caso David Sánchez", Beatriz Biedma, que interpuso el exjuez Luis José Sáenz de Tejada. En un comunicado, la institución ha asegurado que recibió el 21 de octubre de 2024 una denuncia presentada contra cuatro jueces y un abogado de Badajoz, pero que el escrito fue inicialmente archivado por defectos formales al haberse presentado al amparo de una normativa destinada a canalizar denuncias internas sobre posibles infracciones cometidas por miembros de la carrera fiscal.

Hay que recordar que, tal y como ha contado este periódico, que las citas de la exmilitante socialista Leire Díez con la FGE coinciden con el intento de Sáenz de Tejada de personarse como acusación en la causa por tráfico de influencias que instruía la magistrada Beatriz Biedma contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a cuenta de su supuesto enchufe en la Diputación de Badajoz.

En la denuncia se invocaba una normativa que prevé un canal interno para denunciar posibles infracciones de miembros de la carrera fiscal por parte de otros fiscales. En este caso, según explica la FGE, ni el denunciante ni los denunciados eran fiscales. La denuncia fue archivada por la Secretaría Técnica de la FGE por defectos formales. "El archivo y su motivación se notificó al denunciante", añaden.

"Ante ello, el denunciante dirigió una queja por burofax al Fiscal General del Estado quien, a su vez, siguiendo el trámite establecido y habitual, la remitió a la Secretaría Técnica de la FGE para que le diese el curso oportuno. En el burofax se solicitaba que se tramitara la denuncia en la forma que se considerase adecuada, independientemente de la normativa que el denunciante alegó en su primer escrito", apuntan.

La Secretaría Técnica de la FGE, cuyos dos miembros se reunieron con Leire Díez, optó entonces por remitir la denuncia el 29 de noviembre de 2024 a la Fiscalía territorialmente competente, que era la Fiscalía de la Comunidad autónoma de Extremadura, puesto que en la FGE no se realiza ningún tipo de actuación procesal.

Eso sí, aseguran con contundencia que, la FGE no dio ningún tipo de directriz a la Fiscalía competente sobre cómo proceder.

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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha abierto una pieza separada del "caso Plus Ultra" para investigar a José Luis Rodríguez Zapatero por delito fiscal y de contrabando en relación con las joyas halladas en el registro practicado el pasado 19 de mayo en la oficina del expresidente del Gobierno, cuyo origen -apunta el instructor- "en estos momentos no está justificado" y cuyo valor ha sido tasado de forma preliminar en 1.323.915 euros. Según el entorno de Zapatero, esas piezas -alguna de las cuales ha sido tasada en 278.000 euros- corresponden a una herencia familiar de su esposa, Sonsoles Espinosa, y a regalos de viajes.

En el auto en el que adopta la medida, el magistrado acuerda comunicar la imputación a Rodríguez Zapatero a través de su representación procesal, para que pueda tomar conocimiento de esta decisión y ejercer su derecho de defensa. Por lo tanto, el exlíder del PSOE también será interrogado en relación con estos hechos en su comparecencia judicial como investigado los próximos días 17 y 18.

Calama indica que, una vez recibida la tasación preliminar de esas joyas por parte de la joyería Ansorena, y sin perjuicio de una pericial posterior, la posesión de bienes de lujo de elevado valor, junto a la ausencia de una prueba documental sobre su adquisición, constituye "un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante, en tanto que la adquisición de joyas del valor indicado genera necesariamente obligaciones fiscales, ya sea en concepto de IVA, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, e IRPF, según la naturaleza del negocio jurídico".

Supuesto fraude de más de 120.000 euros

Para el magistrado, la posible falta de acreditación sobre la adquisición de las joyas podría facultar a la Agencia Tributaria para imputar una ganancia patrimonial no justificada en el IRPF de Zapatero, resultando aplicable un tipo marginal en torno al 46%. De esta forma, añade, la inexistencia de declaración o pago de cualquiera de estos tributos permite inferir la posible existencia de una cuota defraudada superior a 120.000 euros, la línea roja que marca la existencia de delito fiscal.

Además, Calama argumenta que la actuación del expresidente del Gobierno podría suponer también un delito de contrabando, "en la medida en que la introducción, tenencia o circulación en territorio nacional de joyas cuyo valor global asciende a aproximadamente 1.323.915 euros, sin acreditación del pago de los derechos arancelarios, impuestos especiales o tributos asociados a su importación, constituye un indicio objetivo de que tales bienes pudieron haber accedido al territorio aduanero de la Unión Europea eludiendo los controles y obligaciones fiscales exigibles".

El magistrado añade que la ausencia de documentación aduanera, de facturas de importación o de cualquier justificante de despacho de aduanas impide descartar que las joyas hubieran sido introducidas en España al margen de los procedimientos de control aduanero, superando ampliamente el umbral cuantitativo de 150.000 euros previsto para que esa actuación sea penalmente reprochable.

En este sentido, emplaza a Zapatero a ofrecer en su comparecencia judicial de la próxima semana las explicaciones que estime pertinentes y a aportar la documentación que "pudiera disipar la indiciaria ilicitud de la posesión de los efectos intervenidos, ya sea acreditando su lícita adquisición, o su correcta importación".

Todo ello, le recuerda, sin perjuicio de que, conforme a su derecho constitucional a no declarar, "pueda optar igualmente por guardar silencio si así conviene a su defensa, sin que tal decisión pueda ser interpretada en su perjuicio".

Pieza separada del "caso Plus Ultra"

Calama opta por deslindar esta investigación de la pieza principal -por delitos tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal, entre otros-, por lo que acuerda tramitarla en una pieza separada para evitar así la innecesaria complejidad de la causa y la "elefantiasis procesal" que a menudo acarrea que las investigaciones judiciales se eternicen.

En sustento de su decisión, argumenta que estos hechos estarían vinculados únicamente a Zapatero.

Para el juez, existen elementos suficientes para investigar lo relacionado con las joyas en una investigación autónoma, sin perjuicio de las diligencias que se puedan acordar para determinar su origen y eventual relevancia penal.

Las joyas intervenidas

El pasado 19 de mayo, durante el registro de su despacho en la calle Ferraz, los agentes de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía) hallaron las siguientes joyas: un collar de color plateado con 13 piedras de color azul; otro igualmente de color plateado con cinco piedras de color granate; un tercero con dos piedras de color verde; una pulsera de color plateado con dos piedras de color rojo, otra con tres piedras verdes y una más con siete piedras azules; dos pendientes y una sortija de color plateado con piedras verdes; un conjunto de pendientes y sortija plateados con piedras azules; un conjunto de pendientes y sortija plateados con piedras rojas; un conjunto de tres collares de color verde, cruz dorada y plateada y dos brazaletes dorados; un reloj de color dorado marca Krono DC6067 con la inscripción "tus compañeros"; otro reloj dogma con correa de piel marrón y uno más Lorenz Theatre con la inscripción "251749000".

Asimismo, hallaron una bolsa con la inscripción "presidencia del gobierno", en cuyo interior había tres pares de pendiente dorados con bolas blancas, un brazalete con bolas blancas y piedra color verde, una sortija plateada con una bola blanca, un reloj redondo color dorado con la inscripción "Longines", una sortija plateada con una piedra de color violeta, un reloj dorado Omega con un colgante con el número 13, una cruz de color dorado y plateado, un brazalete dorado con un conjunto de piedras de color blanco, un collar de color dorado con tres formas doradas, un alfiler de color dorado, una cadena de color dorado, un cordón de color plateado, una bola blanca y un pendiente dorado forma ovalada.

Entre los efectos intervenidos también había un collar de piedras blancas, dos juegos de pendientes y un collar con bolas grises, un collar con bolas blancas y broche plateado, un collar de bolas blancas con tela negra y un collar con bolas grandes blancas, así como una caja de color rojo que contenía pendientes y una sortija de color plateado, cinco pares de pendientes pequeños de color dorado, una caja azul con dos collares de bolas blancas, un collar color dorado con placa "José Luis R.Z", un par de pendientes con tres bolas blancas, un gemelo nacarado, un alfiler dorado con tres bolas blancas, un alfiler dorado con inscripción alba, una cruz dorada con inscripción alba, un par de pendientes dorados con bola blanca y una cruz con bolas blancas y un colgante color dorado.

De igual modo, se incautaron de dos relojes de color plateado marca Certina y correa de cadena, reloj de color dorado marca Pierre Balmain, dos anillos plateados con bolas blancas, cuatro pendientes plateados con bola blanca, dos pendientes de color dorado con piedras rojas, un broche de color plateado con piedra ámbar y una cadena de color y broche dorados con piedras de colores.

Y, por último, dos pulseras de color dorado, dos pulseras de color dorado con piedras blancas, un par de pendientes de color dorado con forma redonda medalla de color dorado, dos pendientes dorados pequeños con piedras granates y un pendiente con forma ovalada de color dorado.

© La Razón

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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz -que investiga la ofensiva de las "cloacas del PSOE" para desactivar causas judiciales incómodas para el Gobierno y el partido que lidera Pedro Sánchez- ha citado a declarar como investigado el próximo día 25 al letrado Jacobo Teijelo, abogado de Santos Cerdán, el exsecretario general del PSOE a quien el instructor sitúa al frente de esa supuesta organización criminal.

La decisión del magistrado se produce 48 horas después de que la Fiscalía General del Estado haya confirmado, a preguntas de Pedraz, que entre el 6 de marzo y principios de abril tanto Teijelo como la conocida como "fontanera del PSOE", Leire Díez, se reunieron con el en esas fechas mano derecha del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica Diego Villafañe. Según puso de relieve la Fiscalía General, Díez fue presentada como "compañera de despacho".

En la resolución en la que acuerda la medida, Pedraz da cuenta de que ya ha recibido de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía Superior de Extremadura toda la información sobre la tramitación de la denuncia del exjuez Luis José Sáenz de Tejada contra la juez Beatriz Biedma y otros magistrados de Badajoz, que la responsable de la Secretaría Técnica rechazó y que, posteriormente, el entonces fiscal general Álvaro García Ortiz (a quien se dirigió el denunciante, según la UCO uno de los puntales de las "cloacas del PSOE" para intentar desactivar la investigación de Biedma a David Sánchez) remitió de nuevo. Lo que llevó a la Secretaría Técnica a remitir esa denuncia a la Fiscalía de Extremadura, que la archivó de plano sin practicar diligencia alguna.

El PSOE pagó a Teijelo al menos 125.000 euros (a razón de mensualidades de 15.000 y 25.000 euros) por trabajos de asesoría jurídica de los que la Unidad Central Operativa (UCO) sospecha, pues la Guardia Civil sostiene que la presunta trama recurrió a "facturas mendaces" del PSOE para enmascarar los pagos a las "cloacas".

El contrato con el letrado lo firmó en noviembre de 2024 la gerente del Partido Socialista, Ana María Fuentes, también imputada en este procedimiento.

Dos reuniones en marzo y abril de 2025

La primera reunión de Teijelo en la sede de la Fiscalía General -a la que también asistió la fiscal Beatriz López Pesquera- se produjo el 6 de marzo de 2025 y la segunda entre finales de marzo y principios de abril. A ambas asistieron Teijelo y Leire Díez, aunque esta última con "una intervención menor", según la propia Fiscalía, que señaló que se enteró de su identidad a posteriori por los medios de comunicación.

García Ortiz fue informado "a posteriori de ambas reuniones", según Fiscalía General del Estado, que incidieron en que ni Villafañe ni López Pesquera , recibieron "indicación alguna" del entonces máximo representante del Ministerio Público (renunció al cargo en noviembre de ese mismo año tras ser condenado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos por la filtración de datos reservados del novio de la presidente madrileña Isabel Díaz Ayuso).

En esas citas Teijelo habría trasladado a ambos fiscales "hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal", así como "su voluntad de interponer varias denuncias en Fiscalía relacionadas con aquellos hechos". Pero según la versión de la Fiscalía General, Villafañe y López Pesquera entendieron que esas alegaciones estaban "carentes de cualquier tipo de sustento probatorio concreto".

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La Asociación Liberum, una de las acusaciones populares del "caso Zapatero" -aglutinadas bajo la representación procesal del PP- reclama a la Audiencia Nacional que garantice un acceso "real, ordenado y actualizado" a la ingente documentación incorporada al procedimiento judicial para afrontar en igualdad de armas la declaración como investigado del expresidente del Gobierno la próxima semana.

El letrado de la acusación, Francisco Ramón Perona, ha trasladado este petición al órgano jurisdiccional tras conocerse "nuevos datos sobre aspectos relevantes del procedimiento, entre ellos los mensajes procedentes del dispositivo del exdirectivo de Plus Ultra Rodolfo Reyes, cuya utilización probatoria aparece vinculada a información remitida desde Estados Unidos, y la tasación de las joyas intervenidas en el despacho del expresidente, cuyo valor habría sido cifrado en torno a 1,3 millones de euros".

Liberum considera que debe clarificarse el "acceso efectivo a la documentación" de la causa para evitar "que una parte formalmente personada tenga que conocer por informaciones públicas extremos que deberían poder localizarse de forma clara" en las actuaciones.

"Resulta esencial"

Sin embargo, en su escrito no solicita la suspensión de las declaraciones ni formula denuncia por las supuestas filtraciones sino que centra su reclamación en una cuestión estrictamente procesal, "conocer qué documentación obra efectivamente en la causa, dónde se localiza, qué anexos acompañan a cada actuación y si existen documentos cuya incorporación haya sido acordada pero que todavía no resulten accesibles o localizables para las partes".

Según pone de relieve la acusación popular, el acceso formal a una carpeta digital "no siempre equivale a un acceso efectivo" pues en una causa con documentación policial, económica, patrimonial, gráfica y procedente de fuentes internacionales "resulta esencial poder localizar no solo los documentos principales, sino también sus anexos, soportes, inventarios, actas, informes de tasación y documentos de incorporación".

La asociación se refiere especialmente al material vinculado a Homeland Security, que aglutina la información compartida por Estados Unidos en relación al exdirectivo de Rodolfo Reyes. A este respecto, en relación con la carpeta con los mensajes y conversaciones de su móvil pide que "se identifique con claridad la documentación soporte que permita situar la entrada de ese material en la causa: oficios, comunicaciones, diligencias de remisión o documentos de incorporación".

Y en cuanto a las joyas y efectos intervenidos, reclama que se precise "la ubicación exacta o se incorporen, si obran en autos, las actas, inventarios, reportajes fotográficos, documentos de custodia, informes de tasación y demás soportes asociados a esos efectos". Sobre todo, subraya, tras "la publicación de imágenes, valoraciones y referencias a la tasación".

No pide suspender la declaración

"No se trata de suspender la declaración ni de valorar el fondo de la causa, sino de garantizar que una parte personada pueda acceder de forma real y ordenada a la documentación necesaria antes de una diligencia clave", asegura Perona.

Y es que para Liberum disponer de toda esa documentación antes de la declaración de Zapatero los próximos días 17 y 18 "no es una cuestión meramente formal, sino una garantía básica para preparar preguntas, contrastar antecedentes" y ejercer su posición procesal "con conocimiento suficiente".

Por todo ello, pide al juez José Luis Calama -que investiga una supuesta "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias", a cuyo frente sitúa a Zapatero, cuyo objetivo sería "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra"- que antes de esa declaración "se clarifique la última actualización efectiva" del procedimiento y se indique "la ubicación exacta de los documentos ya incorporados", facilitando el acceso "a aquellos bloques documentales que deban estar disponibles para las partes".

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Vão mais de 25 mil milhões de euros a caminho de Sines para a concretização de projetos industriais. É um investimento enorme, imenso. É mais do que um PRR, do que um PTRR ou do que o PT 2030. E tudo para ser concretizado num prazo apertado, até ao início da próxima década. Ambicioso, especialmente se tivermos em conta que não existe plano para o acomodar.
“Não há esse plano, mas estamos a tratar dele. Já tomámos todos a consciência de que é necessário fazer esse plano”, diz o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, ao Jornal Económico. “Sines não pode ser apenas um amontoado de fábricas. Moram lá pessoas, vivem lá pessoas. Há trabalhadores que depois têm as suas famílias e precisam de ter os filhos na escola, precisam de médico, precisam de supermercado, é preciso equipar as redes, as infraestruturas de água e de saneamento adequadas à dimensão a uma população que está a crescer e vai continuar a crescer”, diz. “Já conversei com o presidente da Câmara de Sines, que está totalmente ciente da necessidade de fazer este plano. Está muito interessado em que este plano envolva diversos departamentos do Estado”, explica.
São dores de crescimento. Sines é um sucesso e está a esgotar a sua capacidade. Já não há lotes infraestruturados para instalar uma grande empresa. “Mostrou ser uma ideia útil, tem uma localização extraordinária. Foi considerado há algumas dezenas de anos um elefante branco, afinal, não era elefante, nem era branco”, diz Manuel Castro Almeida.
A solução para a escassez não passa pela ampliação, mas por replicar o modelo. “Vamos dar agora a prioridade a criar outros Sines pelo país”, diz Castro Almeida.
A ideia é criar duas médias ou grandes áreas de acolhimento empresarial no norte do país – uma no litoral, outra no interior –, mais duas na região centro – uma no litoral, outra no interior –, mais uma na região de Lisboa e vale do Tejo, outra no Alentejo interior, porque o Alentejo Litoral já tem Sines.
“Não serão áreas com a dimensão de Sines, isso não existe”, avisa. A Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS) tem 4.157 hectares, ou seja, 41,57 quilómetros quadrados. Cerca de 3.306 hectares estão destinados a atividades industriais e logísticas, sendo o restante ocupado por infraestruturas, áreas ambientais, corredores de proteção e outros usos. Área sob gestão direta da AICEP Global Parques é de cerca de 2.375 hectares.
Serão seis novas, médias ou grandes, áreas de acolhimento empresarial. O ministro aponta para entre três e oito quilómetros quadrados, portanto entre 300 e 800 hectares. “São já áreas apreciáveis, mas de que o país está a precisar porque não pode acontecer que haja empresas estrangeiras a quererem instalar-se em Portugal e não ter áreas de dimensão necessária devidamente infraestruturadas”, diz Manuel Castro Almeida. “Eu prefiro vir a ser acusado de ter as áreas prontas e desocupadas do que ter de dizer que não podemos aceitar essa empresa porque não temos uma área com dimensão necessária devidamente infraestruturada”, acrescenta.
Estas novas áreas têm financiamento previsto no PTRR. A localização de cada uma será estudada pelas CCDR [Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional], em articulação com as comunidades intermunicipais e com a nova agência do PTRR, que vai iniciar funções dentro de pouco tempo.
As CCDR terão aqui um papel fundamental, como terão de ter em Sines. “Não é concebível fazer uma área empresarial no meio do deserto, sem nada à volta. Tem de haver casas, tem de haver condições para as pessoas lá habitarem também”, diz Castro Almeida. “Tem de haver um planeamento integrado e para isso ninguém melhor do que as comissões de coordenação e desenvolvimento regional”, defende.
Sines, a região mais do que o concelho, é herdeira de um plano pensado para criar um novo eixo económico em Portugal, a partir do investimento em indústria pesada, articulado com uma cidade nova, infraestruturas e uma vasta zona de expansão económica. O ponto central era o porto oceânico de águas profundas, capaz de receber superpetroleiros e grandes navios cargueiros. O plano não se concretizou por causa dos choques petrolíferos, da revolução e das intempéries. Mas o porto está lá e é o maior de Portugal, por onde passa metade das mercadorias transportadas por mar. E por isso lá está a refinaria da Galp, o maior ativo industrial português, que ocupa cerca de 400 hectares e é central no abastecimento energético nacional. Também o complexo petroquímico da Repsol, um dos mais importantes exportadores nacionais, ou a unidade de gases industriais da AirLiquide.
Agora, vem aí a nova economia, assente nas transições digital e energética. A Start Campus tem investimentos em marcha, com a Microsoft e a Nvidia a desenvolver um dos maiores projetos europeus de infraestruturas para cloud e inteligência artificial. Também os chineses da CALB, que estão a construir uma gigafábrica de baterias de lítio, a Madoqua nas renováveis, os suecos da Stegra no aço verde e a Topsoe na química. Está prevista a criação de mais de 11 mil empregos diretos, quase metade permanentes.