La declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante la Audiencia Nacional marca un hito en la historia política reciente de España. Es la primera vez que un expresidente del Gobierno comparece como investigado ante un juez, en una jornada que transcurrió a puerta cerrada y sin acceso público a sus palabras. A pesar del carácter reservado de la comparecencia, el magistrado ha decidido mantener las sospechas que pesan sobre él, dejando abierto un escenario judicial que sigue sin despejarse tras su testimonio.

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José Luis Rodríguez Zapatero llegó este miércoles a la Audiencia Nacional siendo plenamente consciente de que sus palabras tendrían eco mucho más allá de la sala donde el juez instructor José Luis Calama iba a interrogarlo. El expresidente del Gobierno, que estuvo en el poder desde 2004 a 2011 y ha sido un referente indiscutible en la izquierda en esta última legislatura de Pedro Sánchez, salió con la impresión de que había sido un “interrogatorio exigente”, pero con la tranquilidad de haber contestado a prácticamente todas las cuestiones, según exponen fuentes de su entorno. Sabía que no solo el magistrado del caso Plus Ultra esperaba sus explicaciones. Y, durante más de tres horas, defendió su inocencia: “Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso”, añadió en un comunicado enviado a los medios de comunicación tras la declaración. Sin embargo, para el juez aún quedan muchas incógnitas por despejar, averiguaciones por hacer y sospechas que no se han disipado.

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Después de tres horas de declaración de José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional, el juez instructor José Luis Calama ha dictado una resolución de cuatro páginas para rechazar retirarle el pasaporte, prohibirle salir del país y obligarle a comparecer cada 15 días, como habían pedido la Fiscalía Anticorrupción y el PP, que lidera las acusaciones populares. “Su visibilidad pública y manifiesto arraigo en el territorio, unidos a la ausencia de cualquier indicio de intención evasiva, excluyen razonablemente la existencia de un riesgo de fuga real y actual”, ha argumentado el magistrado al descartar la petición, aunque sí ha matizado que considera que las manifestaciones del antiguo líder del PSOE “no han logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad” que se ciernen sobre él.

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José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno (2004-2011), ha negado este miércoles en la Audiencia Nacional cualquier intervención o influencia en el rescate público de 53 millones de euros que la aerolínea Plus Ultra obtuvo en la pandemia de coronavirus, aprobado por el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez en 2021. Según han confirmado fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio, así ha respondido a preguntas del magistrado José Luis Calama, que dirige la investigación que ha llevado a un exjefe del Ejecutivo a sentarse por primera vez como imputado ante un juez. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al instructor que le retire el pasaporte y le obligue a comparecer cada 15 días en sede judicial, pero el magistrado ha denegado la imposición de medidas cautelares porque “su visibilidad pública y manifiesto arraigo en el territorio” excluyen “razonablemente la existencia de un riesgo de fuga”. El que fuera líder del PSOE ha emitido un comunicado después de declarar durante casi tres horas para reiterar su inocencia: “Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido. Siempre me conduje con decencia y con honradez. Y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo”.

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Desde hace meses, el Gobierno intenta pasar de puntillas por la catarata de investigaciones judiciales y procesos que afectan tanto al PSOE como a la propia familia de Pedro Sánchez, pero suele hacer una excepción con todo lo que tiene que ver con el juez Juan Carlos Peinado y la imputación de Begoña Gómez. Sánchez se llegó a querellar contra el magistrado por prevaricación y su instrucción ha sido criticada con palabras muy gruesas por varias personas de su confianza. Cuando los miembros del Gobierno dicen que “hay jueces que hacen política” están refiriéndose claramente a él, según fuentes de La Moncloa. Por eso, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, se ha pronunciado de forma directa este martes ante la posibilidad de que Peinado decida retirar el pasaporte a la esposa del presidente: “Es una medida que no se entendería”. El magistrado ya rechazó hacerlo en noviembre de 2024, pero ahora vuelve a tener la opción sobre la mesa.

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El caso Begoña Gómez ha vivido este lunes otra larga jornada en el juzgado encabezado por el magistrado Juan Carlos Peinado. El instructor ha dirigido durante más de tres horas una audiencia preliminar en el proceso que mantiene imputada a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según la ley, esta sesión es un paso previo necesario para que Peinado pueda abrir juicio oral con un jurado contra ella y los otros dos imputados: Cristina Álvarez, su asesora en La Moncloa; y el empresario Juan Carlos Barrabés. La cita también ha servido para que las acusaciones populares —lideradas por la asociación ultracatólica Hazte Oír y que pide 24 años de prisión para la mujer del presidente— soliciten que se le retire el pasaporte a la mujer del líder del PSOE, se le prohíba salir del país y se la obligue a comparecer cada 15 días en un juzgado. El magistrado no comunicó este lunes a las partes la decisión sobre la solicitud para restringir sus movimientos.

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