Después de tres horas de declaración de José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional, el juez instructor José Luis Calama ha dictado una resolución de cuatro páginas para rechazar retirarle el pasaporte, prohibirle salir del país y obligarle a comparecer cada 15 días, como habían pedido la Fiscalía Anticorrupción y el PP, que lidera las acusaciones populares. “Su visibilidad pública y manifiesto arraigo en el territorio, unidos a la ausencia de cualquier indicio de intención evasiva, excluyen razonablemente la existencia de un riesgo de fuga real y actual”, ha argumentado el magistrado al descartar la petición, aunque sí ha matizado que considera que las manifestaciones del antiguo líder del PSOE “no han logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad” que se ciernen sobre él.

Seguir leyendo

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno (2004-2011), ha negado este miércoles en la Audiencia Nacional cualquier intervención o influencia en el rescate público de 53 millones de euros que la aerolínea Plus Ultra obtuvo en la pandemia de coronavirus, aprobado por el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez en 2021. Según han confirmado fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio, así ha respondido a preguntas del magistrado José Luis Calama, que dirige la investigación que ha llevado a un exjefe del Ejecutivo a sentarse por primera vez como imputado ante un juez. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al instructor que le retire el pasaporte y le obligue a comparecer cada 15 días en sede judicial, pero el magistrado ha denegado la imposición de medidas cautelares porque “su visibilidad pública y manifiesto arraigo en el territorio” excluyen “razonablemente la existencia de un riesgo de fuga”. El que fuera líder del PSOE ha emitido un comunicado después de declarar durante casi tres horas para reiterar su inocencia: “Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido. Siempre me conduje con decencia y con honradez. Y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo”.

Seguir leyendo

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, quiere que otros ejecutivos autonómicos cofinancien que los estudiantes no empadronados de estas regiones usen la tarjeta de transporte público autonómica. El modelo a seguir son los convenios ya firmados con Castilla y León y Castilla-La Mancha. Estas regiones han calculado un gasto de siete millones entre 2022 y 2026, y de 39,4 entre 2026 y 2030, respectivamente, para que los estudiantes y trabajadores de determinados municipios se beneficien de los descuentos en el transporte madrileño. Madrid, por su parte, también hace aportaciones millonarias como fruto de ambos acuerdos, que explicitan que los pagos primero se presupuestan y luego se realizan solo en función de viajes hechos. Que ese tipo de pactos se vayan ahora a extender a otras regiones es producto de una rectificación de Díaz Ayuso, que ha pasado de exigir el empadronamiento para tener la tarjeta de transportes a abrirse a firmar convenios para eximir del requisito a los estudiantes de otras regiones.

Seguir leyendo