Airbus, GMV, Grupo Oesía, Indra, ITP Aero y Sener han alcanzado un acuerdo para poner a disposición de España sus capacidades industriales para reconfigurar el caza de sexta generación,FCAS (Future Combat Air System), y así conseguir que el proyecto pueda salir adelante.
El fiasco europeo del programa del caza formado entre España, Alemania y Francia puso a la autonomía estratégica europea y a su industria en jaque. Ante la imposibilidad de seguir adelante con el megaproyecto de 100.000 millones de euros, Alemania creó una alianza entre ocho empresas bávaras para salvaguardar la creación del caza. Ahora, es el turno de España, que ha respondido con la unión corporativa de seis empresas líderes del sector aeronáutico para sacar adelante el caza de sexta generación.
Según la declaración conjunta, la industria española pone a disposición de España y de sus posibles socios sus capacidades y recursos para el desarrollo de un sistema de combate de nueva generación. Este estará formado por "un caza de sexta generación, plataformas no tripuladas o carriers, comunicaciones y sensores avanzados que forman un sistema de sistemas gracias a la nube de combate", asegura el comunicado. De esta manera, "el sector ofrece al Ministerio de Defensa sus capacidades y la voluntad para trabajar en este desarrollo, en colaboración con los países europeos que marque, contribuyendo activamente a la negociación y ejecución de las próximas fases de desarrollo de este sistema de combate de sexta generación".
El objetivo último es desarrollar un Sistema de Armas de Sexta Generación bajo un enfoque de "Sistema de Sistemas". Este sistema integrará una nube de combate, aviones de combate tripulados, operadores remotos (drones) y conectividad avanzada para operar de forma colaborativa. Así, la declaración conjunta se ha anunciado a la par que en Alemania, con el objetivo de subrayar un impulso conjunto para mantener viva la cooperación multinacional europea trabajando de forma "estrecha".
El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este jueves incrementar los tipos de interés en 0,25 puntos porcentuales, de forma que la tasa de depósito (DFR) subirá al 2,25%, la de las operaciones de refinanciación (MRO) al 2,40% y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) al 2,65%.
"La guerra en Oriente Próximo está generando presiones inflacionistas y la decisión de aumentar los tipos de interés es adecuada en los diferentes escenarios que analizan la posible evolución de la perturbación y su impacto en las perspectivas a medio plazo para la zona del euro", ha explicado la institución.
La subida del precio del dinero en la zona euro, la primera acometida por el BCE desde septiembre de 2023, había sido ampliamente descontada por los mercados después de que la tasa de inflación en mayo escalase al 3,2%, lo que supone el mayor aumento del coste de la vida en la región en casi tres años.
Con la decisión de hoy, el Consejo de Gobierno ha asegurado que continúa estando en una buena posición para navegar la incertidumbre causada por la guerra, subrayando que realizará un atento seguimiento de la situación y aplicará un enfoque dependiente de los datos, en el que las decisiones se adoptan en cada reunión, para determinar la orientación apropiada de la política monetaria.
Comprar una vivienda sigue siendo un reto enorme en España, pero la barrera de entrada no está solo en el precio del piso. Antes siquiera de firmar una hipoteca, el comprador debe reunir un colchón previo para afrontar la entrada y los gastos asociados, una cantidad que, en la práctica, deja fuera del mercado a buena parte de quienes quieren dar el salto a la propiedad.
En ese escenario, disponer de 40.000 euros ahorrados no abre muchas puertas. De hecho, según el estudio de pisos.com basado en los precios de venta de mayo de 2026, esa cifra solo permite cubrir el desembolso inicial necesario para comprar una vivienda tipo de 90 metros cuadrados en cinco capitales de provincia españolas.
Un filtro cada vez más duro
La explicación está en la estructura financiera de la compra. Los bancos suelen financiar una parte importante del valor de la vivienda, pero el comprador debe asumir de su bolsillo alrededor del 30% del precio entre entrada, impuestos y otros gastos de la operación.
Ese requisito convierte el ahorro previo en el primer gran filtro de acceso a la vivienda. Y, con los precios actuales, incluso una cantidad que a ojos de muchos puede parecer elevada, como 40.000 euros, se queda corta en casi todo el mapa urbano español.
Solo cinco capitales entran en el presupuesto
Con ese umbral, las únicas capitales de provincia donde sí llega el dinero son Jaén, Zamora, Cáceres, Ciudad Real y Ávila. En el caso de Jaén, el ahorro previo estimado es de 34.320 euros; en Zamora, 35.244 euros; en Cáceres, 39.374 euros; en Ciudad Real, 39.525 euros; y en Ávila, 39.702 euros.
La diferencia es mínima en los cuatro últimos casos, lo que confirma que el margen real es muy estrecho. En otras palabras, el comprador que llega con 40.000 euros prácticamente no tiene capacidad de maniobra, cualquier subida adicional de precio, cambio en el tipo de interés o incremento de gastos puede sacarlo fuera de la operación.
Jaén, la referencia más asequible
Jaén vuelve a situarse como la capital más accesible del país, también en términos de ahorro necesario para comprar. Que sea la más barata no significa que comprar allí sea fácil, sino que el mercado mantiene todavía precios más bajos que en el resto de capitales españolas.
Ese dato resulta especialmente relevante porque marca el suelo del mercado urbano. Si ni siquiera la capital más asequible permite comprar con 30.000 euros ahorrados, como indica el estudio, queda claro que el problema no es solo de preferencias o de localización, sino de acceso económico real.
Lo que pasa con 50.000 euros
La foto mejora algo cuando el ahorro sube hasta 50.000 euros, aunque sigue lejos de resolver el problema estructural. Con esa cantidad, el número de capitales accesibles asciende a 21, y a las cinco anteriores se suman ciudades como Lleida, Huelva, Lugo, Castellón de la Plana, Palencia, Ourense, Córdoba, Almería, León, Cuenca, Badajoz, Murcia, Huesca, Teruel, Albacete y Tarragona.
Aun así, el acceso sigue muy concentrado en capitales medias y pequeñas, lejos de los grandes mercados donde se concentran más empleo, actividad económica y presión de demanda. Ese desequilibrio geográfico es precisamente el que señala el portavoz y director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, al advertir de que el ahorro alcanza donde el dinamismo económico es menor y se queda corto donde hay más oportunidades laborales.
Un mercado muy desigual
Los datos de precios ayudan a entender esa brecha. En mayo de 2026, Jaén era la capital más barata, con 1.271 euros por metro cuadrado, seguida de Zamora con 1.305 y Cáceres con 1.458, mientras que Madrid alcanzaba 6.407 y Donostia-San Sebastián 6.611 euros por metro cuadrado. Esa diferencia explica por qué el mismo ahorro puede permitir comprar en una capital y resultar totalmente insuficiente en otra.
En la práctica, esto significa que el acceso a la propiedad ya no depende solo del ahorro personal, sino también de una geografía del precio muy desigual. Y esa desigualdad, a su vez, refuerza la brecha entre quienes pueden elegir dónde vivir y quienes deben adaptarse al único mercado al que pueden llegar
La economía de la Comunidad de Madrid ha pisado el acelerador durante el arranque del año. En el primer trimestre de 2026, la región registró un crecimiento interanual del 3%, una cifra que supera en tres décimas a la media nacional (2,7%) y que casi cuadruplica los registros de la zona euro (0,8%). Estos datos, extraídos de la Contabilidad Regional, han sido presentados hoy por la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, durante su intervención en la Asamblea de Madrid.
Durante su comparecencia, la dirigente madrileña ha aprovechado para reivindicar su modelo de gestión y contrastarlo con las políticas del resto del país. Díaz Ayuso ha subrayado que este impulso económico responde a la inversión y al consumo interior, marcando distancias con lo que ha calificado como una estrategia basada en el "gasto y el acoso fiscal". Según la presidenta, las familias madrileñas no se ven obligadas a endeudarse al mismo ritmo que en el resto de España porque no sufren "la persecución a las clases medias".
Si se analiza el comportamiento de la economía en términos intertrimestrales, el Producto Interior Bruto (PIB) madrileño avanzó un 0,8% en comparación con los últimos tres meses del año anterior. Este ritmo constante de crecimiento sitúa a la región dos décimas por encima del conjunto de España, que registró un avance del 0,6%, y refleja un diferencial aún mayor con respecto a la economía de la zona euro, que apenas experimentó una subida del 0,1% en el mismo periodo.
El principal motor de este dinamismo vuelve a ser el sector servicios, que mantiene una evidente pujanza con un incremento interanual del 3,2%. Dentro de este ámbito, destacan especialmente las áreas de comercio, hostelería, transporte y comunicaciones, con una progresión del 3,9%, seguidas de los servicios financieros y a empresas, que repuntaron un 3,4%. Además, por el lado de la oferta, tanto la industria como la construcción han aportado en positivo, anotando crecimientos del 1,6% y del 2,6%, respectivamente.
Este buen tono de las macromagnitudes tiene también su reflejo directo en el mercado laboral, donde la Comunidad de Madrid ha alcanzado cifras récord que la consolidan como el gran motor económico del país, aportando el 19,8% del PIB nacional. Actualmente, la región contabiliza 3.920.267 afiliados a la Seguridad Social, la cifra más alta de su historia, tras generar 127.841 nuevos empleos en el último año. Esto se traduce en un ritmo asombroso de creación de empleo, equivalente a 350 nuevos puestos de trabajo cada día.
Desde la administración regional atribuyen estos resultados a un modelo económico cimentado en la baja fiscalidad, la eliminación de trabas administrativas y la seguridad jurídica. En esta línea, el Ejecutivo autonómico ha recordado que desde el año 2019 se han aprobado 34 rebajas de impuestos, a las que pronto se sumarán tres más que ya han sido anunciadas. Según los cálculos de la Comunidad, esta política de alivio fiscal ha permitido a los contribuyentes madrileños ahorrarse un total de 48.000 millones de euros, lo que supone más de 12.000 euros retenidos en el bolsillo de cada contribuyente.
El mes de junio avanza y, con él, se agota el tiempo para cumplir con una de las citas anuales más importantes para el bolsillo de los ciudadanos. La campaña de la Declaración de la Renta y Patrimonio 2025 ha entrado oficialmente en su recta final.
A estas alturas de junio, las dudas se multiplican y las búsquedas en internet se disparan con una urgencia clara. ¿Cuál es el último día para ajustar cuentas con Hacienda sin penalizaciones? Dejar la gestión del IRPF para el último minuto es una costumbre frecuente, pero este año el despiste se paga caro. Para que no se pase el plazo, evitar sorpresas desagradables y no tener que enfrentarse a las consecuencias, se recomienda tener en cuenta las fechas clave.
Calendario oficial y días límite
El plazo general para todos los contribuyentes termina el martes 30 de junio de 2026. Ese día, a las 23:59 horas, la plataforma digital de la Agencia Tributaria cerrará oficialmente la recepción de expedientes de esta campaña. No obstante, la fecha límite real puede variar dependiendo del canal que decidas utilizar. El proceso se divide en tres vías de actuación.
Por Internet (Renta WEB). Es la vía más rápida y automatizada. Permanecerá abierta de forma ininterrumpida hasta el 30 de junio.
Por teléfono. Los técnicos de Hacienda guían y ayudan para la declaración mediante una llamada telefónica. El servicio está operativo hasta ese último día, 30 de junio, pero requiere de cita previa, pudiendo solicitarla antes del 29 de junio.
De forma presencial. Es la opción ideal para quienes prefieren el trato cara a cara o tienen situaciones fiscales complejas. Las oficinas prestan este servicio desde el inicio de la campaña y hasta final de mes pero al igual que la opción de llamada, las citas se reservan antes del 29 de junio.
Es conveniente tener en cuenta que si tras repasar el borrador la declaración sale "a pagar" (positiva) y se desea que la Agencia Tributaria cobre el importe mediante domiciliación bancaria, la fecha límite real deja de ser el 30 de junio y pasa a ser el jueves 25. Presentar una declaración a pagar entre el 26 y el 30 de junio invalida la opción de cobro automático. En ese caso se tendría que realizar el ingreso de forma manual obteniendo un código NRC (Número de Referencia Completo emitido por bancos que justifica el pago de impuestos a Hacienda).
Consecuencias de presentar la renta fuera de plazo
Dejar pasar el 30 de junio sin enviar la documentación es un error que la Agencia Tributaria no suele pasar por alto. Las penalizaciones económicas por presentar la autoliquidación fuera de plazo no son fijas, se calculan en función de dos variables. Una es el resultado económico de tu declaración y otra es el hecho de si te has adelantado tú a subsanar el error o si ha sido Hacienda quien te ha descubierto mediante un requerimiento oficial.
¿Qué pasa si la declaración sale a devolver?
Muchos contribuyentes piensan, erróneamente, que si la declaración sale a su favor y es Hacienda quien debe pagarles, no pasa nada por entregarla tarde. Retrasarse en una declaración con saldo negativo conlleva sanciones fijas por infracción formal.
Presentación voluntaria (sin requerimiento previo). Si te das cuenta del despiste y la envías por iniciativa propia unos días o semanas tarde, la multa estándar es de100 €. Existe una reducción del 40% si se paga la sanción de forma voluntaria en el periodo indicado, lo que dejaría la multa real en 60 €.
Presentación bajo requerimiento. Si la Agencia Tributaria detecta tu omisión y te envía una carta reclamando la declaración, la sanción se duplica de forma automática hasta los 200 €, perdiendo gran parte de los beneficios de reducción por pronto pago.
¿Qué pasa si la declaración sale a pagar?
Si por el contrario la declaración resulta a pagar (saldo positivo), el panorama cambia. La ley ya no aplicaría una multa fija, sino un sistema progresivo de recargos mensuales diseñado para penalizar la demora voluntaria. Desde la última reforma de la Ley General Tributaria, el sistema funciona de la siguiente manera:
Se aplica un recargo del 1% fijo más un 1% adicional por cada mes completo de retraso que transcurra desde la fecha límite del 30 de junio. Por ejemplo, si la presentas en septiembre (tres meses tarde), el recargo será del 4% sobre la cantidad que debías pagar.
Si el retraso se prolonga en el tiempo y superas los 12 mesesde demora, el recargo se congela de forma automática en un 15%, pero con un agravante. A partir de ese primer año, Hacienda empezará a sumar de forma obligatoria los intereses de demora correspondientes sobre la deuda acumulada.
La multa que aplica Hacienda tras el aviso
El verdadero peligro fiscal surge cuando la declaración sale a pagar, se pasa el plazo, y el contribuyente decide ignorar la situación hasta que recibe una notificación de la administración. En este caso, al existir un requerimiento previo, ya no se aplican los recargos por presentación voluntaria extemporánea, sino que se abre un procedimiento sancionador por dejar de ingresar la deuda tributaria.
Esta infracción está catalogada por la ley y las multas se calculan mediante un porcentaje directo sobre el dinero que deberías haber ingresado originalmente. La sanción mínima arranca en el 50% de la deuda si se considera una infracción leve. Dependiendo de la gravedad, la ocultación de datos o el perjuicio económico causado, la multa puede escalar de forma gradual hasta el 150% del importe total de la deuda original.
A esto hay que añadir los intereses de demora acumulados desde el primer día de retraso y la pérdida absoluta de cualquier derecho a fraccionar el pago en los dos plazos habituales del 60% y el 40%.
La recomendación de los expertos, por tanto, es unánime. No dejarlo para el último día evitará problemas y, en el caso de haberlos, se podrán solucionar con más facilidad. Además, si te sale a devolver, recibirás antes el dinero, y si te toca pagar, esquivarás recargos innecesarios.
Oficialmente apenas le restan cinco días de mandato. La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, llegó al cargo en 2020 y enfila ya su salida. Por el momento, el 16 de junio sólo es una fecha en la que su mandato se cumplirá, pero no supondrá su salida inmediata. El Gobierno aún no ha designado candidato a sucederle y, hasta que eso ocurra, Fernández seguirá al frente del organismo.
Lo que Fernández tiene claro es qué cualidades debería tener quien vaya a ocupar su puesto: sentido común y capacidad técnica. Lo ha asegurado hoy durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum y ha recomendado a su sucesor o sucesora que "mantenga la calidad técnica de los servicios" y que se esfuerce por retener el talento de la 'casa': "la competencia desde los ministerios es durísima", ha afirmado.
Ha reconocido que la regulación energética ha sido lo que mayores dolores de cabeza le ha provocado y la que más esfuerzo ha requerido en estos años al frente de la CNMC. Ha afirmado que ha sido especialmente "absorbente", pero de lo que más satisfecha se siente es del trabajo realizado para la liberalización del sector ferroviario y los avances en materia de telecomunicaciones.
"Dejo una CNMC más sólida y cohesionada"
Fernández se va convencida de que deja una CNMC "más sólida, cohesionada, más tecnológica y más internacional". Una entidad que, en su opinión, está preparada para afrontar los retos del futuro.
A lo largo de su intervención, la presidenta de la CNMC se ha referido al apagón del 28 de abril del año pasado. Ha señalado que si se siguen las recomendaciones del informe de medidas propuestas por el organismo que preside, se da respuesta a "la mayor parte de los riesgos que conocemos": "Estamos permanentemente vigilando para adaptar este sistema a lo que sea necesario. Pero creo que el informe de recomendaciones es un buen punto de partida", ha dicho Fernández.
El reto de las energías renovables
Ha recordado que en España se siguen incorporando energías renovables al 'mix' energético y que en algún momento llegará la hora del hidrógeno verde. La presidenta de la CNMC ha señalado también que los mercados están permanentemente en cambio y ha apuntado que "la introducción de renovables tiene unas enormes ventajas, pero debe hacerse con garantías", algo que considera que "todos han aprendido después del cero eléctrico".
"Creo que con el cero eléctrico hemos aprendido todos enormemente", ha señalado Fernández, que ha añadido que estas lecciones también se han dado a nivel europeo y ha recordado que Entso-e (Red Europea de Gestores de Redes de Transporte) emitió un informe en el que muchas enseñanzas del cero eléctrico español, y de otros incidentes europeos, les permitía hacer un análisis de cómo evolucionan los mercados.
Investigación del apagón de abril de 2025
En concreto, Fernández ha explicado que, como recogen sus informes, han aprendido que el apagón del pasado 28 de abril de 2025 tuvo un origen "multifactorial". En segundo lugar, que muchas de las cuestiones se deben precisamente a esa evolución permanente de los mercados y que eso hay que tenerlo muy en cuenta para seguir evolucionando.
En este sentido, Fernández ha señalado que dicho informe hace una "proyección de hacia dónde van nuestros mercados energéticos, hacia dónde va el sistema eléctrico español y qué es lo que hay que hacer para garantizar que esa evolución de incorporación de mayores renovables sea segura".
Preguntada también por los expedientes sancionadores abiertos en el marco de las investigaciones del apagón, Fernández ha dicho que están incoados, los está analizando la dirección de energía y, cuando se concluya la fase de instrucción —que dependiendo de los casos será de entre 9 y 18 meses—, se elevará al consejo y el consejo tomará las decisiones que considere.
La compraventa de viviendas cayó un 11,2 % en el primer trimestre del año hasta las 163.322 operaciones, la menor cifra que se registra en este periodo desde 2024, según los datos que maneja el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
Las transacciones de vivienda libre sumaron 159.317 operaciones entre enero y marzo de 2026, el 11 % menos que un año antes, en tanto que las protegidas registraron 4.005 compraventas, el 20,4 % inferior, según informa EFE.
Por régimen de vivienda libre, las compraventas de vivienda usada, las más numerosas del mercado, descendieron en el trimestre un 10,9 % interanual hasta las 146.292. Por su parte, las de vivienda nueva cayeron en el periodo un 12,2 % y sumaron 13.025 unidades.
Este descenso se produce tras un 2025 en el que la compraventa de vivienda creció un 5 % con 752.098 operaciones, la mayor cifra que se registra desde 2007, en plena burbuja inmobiliaria.
A pesar de ser 2025 su segundo año consecutivo de incrementos, las operaciones fueron moderando las subidas a lo largo del ejercicio hasta acabar el cuarto trimestre con el menor crecimiento del año en un mercado que sigue marcado por la falta de producto disponible para atender el aumento de la demanda.
Se hunde un 18,4 % frente al trimestre anterior
Si se compara con el trimestre anterior, el cuarto de 2025, la compraventa de viviendas ha caído un 18,4 % en tasa intertrimestral. Cabe recordar que entre octubre y diciembre del pasado año se contabilizaron más de 200.000 compraventas (200.250).
En el caso de las viviendas libres la caída fue del 17,8 % frente a los tres meses previos, mientras que en las viviendas protegidas se desplomó un 35,9 %.
Igualmente, las compraventas de viviendas libres de segunda mano cayeron un 16,3 % en el primer trimestre del año frente al trimestre anterior, en tanto que las nuevas lo hicieron un 32 %.
Y es que el mercado sigue acuciando un déficit de vivienda que continúa presionando al alza los precios y dificultando el acceso a buena parte de la población, especialmente jóvenes y aquellos con menos recursos.
Un 35 % menos de compras que en los máximos del 'boom'
Desde que en 2004 arrancara la serie histórica de esta estadística del Ministerio, la mayor cifra de compraventa de viviendas en un trimestre se dio en el segundo de 2006 con 251.649 operaciones, lo que supone 88.327 más que las registradas entre enero y marzo de este año.
Así, las compraventas de vivienda del primer trimestre de 2026 están un 35 % por debajo del máximo histórico, coincidiendo con los años del 'boom' inmobiliario.
Por el contrario, el mínimo se produjo en el arranque de 2013 con 54.835 compraventas tras el pinchazo de la "burbuja" inmobiliaria. De esta forma, los datos del primer trimestre de 2026 son prácticamente el triple a los que se daban entonces, según el Ministerio de Vivienda, que los obtiene a partir de los que remite trimestralmente la Agencia Notarial de Certificación.
En los tres primeros de 2026 la caída de las compraventas se extendió al conjunto de las comunidades autónomas.
Entre los grandes mercados, las compraventas cayeron en la Comunidad de Madrid un 13,7 % interanual, hasta las 18.865; en Andalucía descendieron un 13,2 % hasta las 31.162; en la Comunidad Valenciana un 11,5 %, hasta las 24.744 y en Cataluña la caída fue del 7,8 %, hasta las 26.107 operaciones.
Millares de pensionistas en España desconocen que pueden reclamar a la Seguridad Social una cantidad importante de dinero que nunca llegaron a cobrar, aunque legalmente les correspondía desde el primer día. Se trata de un complemento que, durante un periodo determinado, solo se reconoció a las mujeres. La Justicia lo ha declarado discriminatorio para los hombres, abriendo así la puerta a que los padres puedan cobrarlo con carácter retroactivo.
Qué es el complemento de paternidad
El complemento que ahora pueden reclamar los padres no es el actual "complemento para la reducción de la brecha de género" (de 36,90 euros mensuales por hijo desde 2026), sino el antiguo complemento de maternidad por hijos. Este se aplicaba entre 2016 y 2021 y se calculaba en porcentaje sobre la pensión. Con ese sistema antiguo, el aumento era del 5% de la pensión con dos hijos, 10% con tres hijos y 15% con cuatro o más hijos. Además, se aplicaba por 14 pagas anuales.
En la práctica, eso significa que, según la cuantía de la pensión de la Seguridad Social, el complemento podía representar desde unos cientos de euros al año hasta cantidades que, en pensiones más altas, podían llegar a equivaler a hasta 300 euros mensuales en algunos casos, aunque esta cifra no es fija ni universal.
Este complemento de 300€ no es el complemento actual de brecha de género (36,90€ por hijo), sino la indemnización por los atrasos del antiguo complemento de maternidad que no se reconoció a los padres.
Quién puede reclamarlo
Para poder reclamar este complemento los padres deben cumplir requisitos muy concretos, que la Seguridad Social exige de forma obligatoria. Pueden reclamar este complemento los jubilados que cumplan todos estos requisitos:
Haberse jubilado entre enero de 2016 y febrero de 2021.
Tener dos o más hijos.
No haber cobrado nunca el complemento.
Ser pensionistas de jubilación, incapacidad permanente o viudedad.
El periodo es clave porque en febrero de 2021 el complemento fue sustituido por el de brecha de género, cambiando el sistema de cálculo y los requisitos. Además, hay una excepción importante, quienes hayan accedido a una jubilación parcial o jubilación voluntaria (no forzosa) no tienen derecho al complemento. Solo la tendrían si entre 2016 y 2021 accedieron a la jubilación total o definitiva.
Los hombres jubilados entre 2016 y 2021 también pueden reclamarlo con carácter retroactivo gracias a sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y resoluciones del Tribunal Supremo español. El TJUE declaró la discriminación, el Tribunal Supremo español confirmó ese criterio y estableció que la Seguridad Social debe pagar el complemento con efectos retroactivos.
También deben acreditar que cumplen los requisitos que en su momento se exigieron a las madres, aunque no es necesario que el INSS lo reconozca. Hay que reclamarlo formalmente, e incluso acudir a los tribunales si lo deniegan. Si los hijos nacieron o fueron adoptados antes de 2016, el requisito de dos o más hijos es fundamental; si nacieron después, se aplica el nuevo sistema de brecha de género.
No existe un plazo cerrado para reclamar, pero es recomendable hacerlo cuanto antes para evitar que se limite la retroactividad. Si ya has reclamado y no te han respondido o te han denegado el derecho, puedes acudir a la vía judicial.
Cuantía que se puede cobrar
Dependerá del número de hijos y de la pensión base. Con 2 hijos es 5% anual, con 3 hijos es 10% anual, y con 4 o más es 15% anual. Este porcentaje se aplica a la cuantía de la pensión y por 14 pagas, lo que significa que en pensiones más altas el complemento puede representar cantidades importantes.
En la práctica, muchas reclamaciones superan los 1.200 euros, aunque no es raro que los atrasos alcancen entre 3.000 y 6.000 euros, e incluso más según la pensión y los años no percibidos. La indemnización incluye los daños morales y todos los gastos ocasionados, aunque para conseguirlo tendrán que volver a reclamar, porque de lo contrario no se lo van a reconocer ni en vía administrativa ni en vía judicial.
Cómo solicitarlo paso a paso
El procedimiento implica una solicitud a la Seguridad Social, seguida de una reclamación previa en caso de denegación. Primero debes presentar solicitud ante el INSS. Ahí debes incluir todos los datos personales y familiares, y aportando documentación acreditativa; DNI, resolución de la pensión, libro de familia, certificados de nacimiento.
Si el INSS deniega o ignora la solicitud, debes presentar reclamación previa administrativa. Si no responde o vuelve a rechazar, se puede presentar demanda judicial ante lo social, con un plazo de 30 días para presentar la demanda en la Jurisdicción Social. El proceso puede tardar aproximadamente 6 meses en completarse, aunque en algunos casos puede ser más largo si hay recursos o demoras judiciales.
El coste medio de la electricidad en el mercado mayorista, gestionado por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), se sitúa hoy en 34,86 euros por megavatio hora, lo que supone una disminución del 10,52 % respecto al registrado ayer.
En el caso de los usuarios acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), el coste medio de la electricidad alcanza los 123,97 euros por megavatio hora. Esta cifra ya refleja la revisión de la tarifa regulada, si bien aún podrían añadirse otros peajes y cargos complementarios.
¿Cuál es el impacto de las energías renovables?
El impacto de las energías renovables en el mercado eléctrico actual es directo y visible en las facturas diarias de los consumidores. Al no depender de combustibles fósiles, tecnologías como la eólica y la solar generan electricidad con costes variables prácticamente nulos, lo que les permite ofertar su energía a precios muy bajos en el mercado mayorista. Cuando las condiciones meteorológicas son favorables y hay abundancia de viento o sol, estas fuentes limpias logran desplazar a las centrales de gas (ciclos combinados), que son mucho más caras y contaminantes. Este fenómeno provoca un descenso inmediato en el precio de la luz, lo que explica las notables variaciones a la baja que se observan de un día para otro.
Más allá del beneficio económico inmediato, la integración de las energías renovables es el pilar fundamental para la descarbonización y la independencia energética. Al reducir la necesidad de quemar gas natural o carbón, se evita la emisión de millones de toneladas de gases de efecto invernadero y se mitiga el coste asociado a los derechos de emisión de CO2. Además, potencia la producción autóctona de energía limpia y blinda a las economías domésticas frente a las crisis geopolíticas mundiales que suelen alterar los precios de los combustibles importados, garantizando un suministro más sostenible, estable y predecible a largo plazo.
Cuándo es más barato y más caro el precio de la luz
Hora más barata: Una de las franjas con menor precio es entre las 17:00 y las 18:00, aproximadamente 70, 95 €/MWh para PVPC.
Hora más cara: La franja más elevada del día se encuentra entre las 21:00 y las22:00, alcanzando hasta 268,22€/MWh para la tarifación PVPC.
103 días después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán, el conflicto en Oriente Medio se ha prolongado el tiempo suficiente como para convertirse en un problema para el Banco Central Europeo (BCE). La inflación de la eurozona ha pasado del 1,9% registrado en febrero al 3,2% de mayo, alejándose del objetivo del 2% que guía la política monetaria de la institución presidida por Christine Lagarde. Durante los primeros compases de la guerra, el BCE optó por la "cautela" para evitar una sobrerreacción ante un conflicto cuyo alcance y duración todavía resultaban inciertos. La prioridad consistía en preservar margen de maniobra por si la guerra se prolongaba y las tensiones sobre los precios terminaban consolidándose. Tres meses después, precisamente este escenario es el que comienza a imponerse entre los analistas y miembros del Banco Central.
Por ello, el consenso del mercado estima que la reunión del BCE de este jueves marcará un punto de inflexión al elevar los tipos de interés 25 puntos básicos: del 2% al 2,25% en el tipo de depósito. Una subida que supondría la primera desde hace casi tres años, cuando en septiembre de 2023 la institución puso fin a una racha de diez incrementos consecutivos destinados a contener la inflación provocada por la guerra de Ucrania.
No obstante, los expertos no creen que el BCE vaya a repetir el agresivo ciclo de endurecimiento monetario desplegado tras la invasión rusa en Ucrania. Aunque el mercado descuenta una segunda subida después de la de este jueves, los expertos creen que los próximos movimientos dependerán de la evolución de la inflación y el crecimiento económico. De ahí la importancia de la actualización de previsiones que el BCE presentará este jueves. Como señala Karsten Junius, economista jefe de J. Safra Sarasin Sustainable AM, "en un contexto de incertidumbre política, las decisiones monetarias se comunican mejor cuando van acompañadas de actualizaciones de previsiones económicas que respalden dicha decisión".
No es la crisis de Ucrania
Aunque los analistas descuentan dos subidas de tipos en 2026, también ven difícil una repetición del agresivo guion de 2022 por una razón sencilla: esta vez la crisis energética presenta características distintas. Patrick Barbe, gestor sénior de Neuberger, recuerda que la eurozona depende menos del petróleo procedente de Oriente Medio, que tampoco está sufriendo las graves interrupciones logísticas observadas en 2022 y que, al menos por el momento, "no hay problemas con el gas, ni un aumento vertiginoso de los precios de los alimentos, ni un repunte de los precios de la electricidad".
A ello se suma que el punto de partida económico también es diferente. "La actividad económica era débil antes del conflicto iraní", explica Barbe, en contraposición a lo que ocurrió en 2022, cuando Europa se beneficiaba de la fuerte recuperación posterior a la pandemia. Entonces, el BCE tuvo que enfrentarse a una economía que seguía creciendo con fuerza pese al encarecimiento de la energía. Ahora, en cambio, una política monetaria demasiado agresiva podría agravar la desaceleraciónque arrastran varias economías europeas.
Sin embargo, que el contexto sea diferente no significa que no existan riesgos. Michael Krautzberger, director global de mercados públicos de Allianz Global Investors, advierte de que la persistente disrupción en el estrecho de Ormuz está elevando el riesgo de que los elevados precios energéticos se prolonguen más de lo previsto. A su juicio, empiezan a aparecer presiones inflacionistas más amplias y "señales de efectos de segunda ronda" sobre otros bienes de consumo.
Una subida "preventiva"
Ante este escenario, "el balance de riesgos aboga cada vez más por una medida preventiva", concluye Kevin Thozet, miembro del comité de inversión de Carmignac, en referencia a la subida de tipos que el mercado da prácticamente por descontada este jueves. Detrás de esta estrategia subyace además una lección aprendida durante la crisis inflacionista de 2022: evitar reaccionar tarde.
En palabras de Marco Giordano, director de inversiones de Wellington Management, los inversores esperan que los bancos centrales actúen de forma "proactiva, en lugar de reactiva", para no repetir el error de considerar la inflación como un fenómeno transitorio antes de verse obligados a ejecutar un ciclo de endurecimiento monetario agresivo y consecutivo. Una cautela que también responde al deterioro gradual de las expectativas sobre la evolución del conflicto.
Como resume Annalisa Piazza, gestora de renta fija de MFS Investment Management, "desde marzo, el escenario ha cambiado". El petróleo se ha mantenido elevado durante más tiempo del previsto y comienzan a aparecer señales de transmisión hacia otros bienes. Y a ello se suman las sucesivas treguas fallidas y los continuos vaivenes geopolíticos —anuncios de alto el fuego que apenas duran unos días antes de dar paso a nuevos ataques—, que han contribuido a erosionar la confianza de los mercados en una resolución rápida del conflicto.
Además, que se logre reducir la inflación no depende únicamente de que el conflicto encuentre una salida rápida. También será determinante la velocidad con la que pueda recuperarse la capacidad de producción energética dañada durante la guerra. Una preocupación que la propia Christine Lagarde expresaba en marzo en una entrevista con The Economist, al advertir de que los daños sobre dicha capacidad productiva eran "demasiado importantes" y que resultaba "imposible" restablecerla por completo en cuestión de meses. Es decir, el escenario de normalización rápida sobre el que descansaban las previsiones centrales del BCE se ha ido desplazando hacia escenarios más adversos.
Es más que probable que esta legislatura tan cuesta arriba para el Gobierno concluya sin unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE). El Ejecutivo no ha llevado a la Cámara ningún proyecto en estos tres años, pese a haberlo prometido insistentemente, por la evidente falta de apoyos. Pero el mandato emboca ya la recta final y las generales, aunque no tengan fecha, están más cerca. Y ahora sí que Pedro Sánchez puede utilizar unas nuevas cuentas como "relato", como creen en su partido, como programa electoral. Por eso el Gobierno quiere lanzar la señal de que irá más rápido con los trámites. Ya publicó el viernes pasado en el Boletín Oficial del Estadola orden de Hacienda para poner en marcha la maquinaria interna y el 23 de junio estará lista otra piedra fundamental, el cuadro macroeconómico, así que julio se aprovechará, previsiblemente, para que las Cámaras debatan y voten los objetivos de déficit y deuda. Y suceda lo que suceda con ellos, el texto con los nuevos PGE llegaría al Congreso en los últimos meses del año para su tramitación parlamentaria.
Sánchez, por tanto, quiere marchar de vacaciones, que este año previsiblemente serán algo más largas —cuatro semanas sin reunión del Consejo de Ministros, todo agosto— con un paso dado hacia los PGE de 2027. Porque para los socialistas es prioritario enviar la señal de que, pese a todos los casos judiciales que les acechan, el Gobierno continúa trabajando, sigue con su labor y no está paralizado. El mensaje, mil y una vez reiterado, es que agotará la legislatura.
Vamos a avanzar para la presentación de los Presupuestos, presentando el cuadro macro el día 23 de junio, se lo dejo anunciado que a lo mejor es incluso de su interés", espeta Cuerpo al PP
La sesión de control de este miércoles en el Congreso estuvo tomada por el caso Leire. El PP percutió una y otra vez con ella, empezando por Alberto Núñez Feijóo. Pero en la respuesta a la portavoz popular, Ester Muñoz, el vicepresidente primero sí avanzó un compromiso del Gobierno. "Como ya dijo el presidente del Gobierno, vamos a avanzar para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, presentando el cuadro macro el día 23 de junio, se lo dejo anunciado que a lo mejor es incluso de su interés", apuntó Carlos Cuerpo.
Es decir, que el Consejo de Ministros aprobará el cuadro de previsiones macroeconómicas en menos de dos semanas, y justo un día antes de la comparecencia en el pleno de la Cámara baja de Sánchez, en la sesión en la que dará cuenta del caso Leire y de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La idea del Ejecutivo, según avanzan fuentes del área económica a este diario, es que los objetivos de déficit y deuda sean aprobados primero por el Consejo de Política Fiscal y Financiera —la reunión del titular de Hacienda, Arcadi España, con los consejeros autonómicos sería por tanto el lunes 22— y luego por el Gobierno —el martes 23—, ya junto con el techo de gasto.
La idea es que el Consejo de Política Fiscal y Financiera pudiera reunirse el 22 de junio, aunque no está cerrado. La senda de estabilidad se votaría así en julio, y casi seguro será tumbada dos veces
Ese es "el escenario central" ahora mismo, indican fuentes del más alto nivel del Ejecutivo. De este modo, los objetivos de déficit y deuda —la llamada senda de estabilidad— serían debatidos y votados por el Congreso en un pleno extraordinario de julio. Si ocurre como en los ejercicios anteriores, serán tumbados por PP, Junts y Vox. En ese caso, el Consejo de Ministros debe remitir la senda de nuevo al Parlamento —si es la misma, no debe pasar previamente por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)— para un segundo debate y votación. Y si cae por segunda vez, entonces el Gobierno está obligado a elaborar los nuevos Presupuestos con el marco de déficit anterior, menos flexible para comunidades autónomas y ayuntamientos.
Si se cumplen todos estos pasos, entonces el proyecto de nuevas cuentas aterrizaría en el Congreso ya en el otoño. La Constitución obliga a que se presenten antes del 30 de septiembre, aunque en la pasada legislatura, cuando Sánchez sí disponía de mayoría parlamentaria, se enviaban a la Cámara baja avanzado octubre y conseguía, en todo caso, que acabara su tramitación antes del 31 de diciembre, de tal manera que entraban en vigor el 1 de enero del año siguiente. Así se aprobaron las cuentas de 2021, las de 2022 y las de 2023, las que están todavía vigentes.
Las otras alternativas
No obstante, como advierten en la cúpula del Ejecutivo, no está todo cerrado, de tal manera que no está sellado aún que el CPFF se celebre el 22 de junio y que, en consecuencia, la senda de estabilidad llegue a Congreso —y, si superara esa pantalla, algo poco probable, al Senado— en julio. Podría suceder, continúan estas fuentes, que el 23 de junio el Consejo de Ministros aprobara el cuadro macro y que posteriormentese diera luz verde a los objetivos de déficit y deuda y al techo de gasto, de modo que los tiempos se estirarían.
El Gobierno señala que esta vez, pese a que no ha cumplido con la Constitución en esta legislatura, sí piensa mandar los PGE "en tiempo y forma" al Congreso. El mensaje, "trabajo y normalidad"
Pero la idea del Gobierno es que esta vez sí se cumpla —no ha ocurrido en toda la legislatura— el calendario ordinario, de tal manera que los PGE puedan ser entregados a la Cámara baja en torno a esa fecha límite del 30 de septiembre. Que se presenten, detallan, "en tiempo y forma". Porque el mensaje, pese a todos los nubarrones que rodean a Sánchez, es de "trabajo y normalidad", subraya un ministro de mucho peso.
#EnDirecto | La "reflexión" de Nogueras (Junts): "Que el papa haya hablado más catalán en una hora que Sánchez y Feijóo juntos en toda su carrera política explica muy bien cuánto les importa Cataluña" pic.twitter.com/XoJX15eNld
El vicepresidente había calculado que la guerra de Irán podía restar unas décimas de crecimiento. Ahora también se está hablando con los sectores cómo actualizar el plan de respuesta al conflicto
El pasado 28 de abril, ya con Montero fuera del Gabinete y su sucesor, Arcadi España, en Hacienda, el vicepresidente Cuerpo calculó que el conflicto en Oriente Próximo podría traducirse en una merma de entre 0,1 y 0,4 puntos del crecimiento económico y un punto más de inflación media anual. Esa perspectiva se incluyó en el informe de progreso anual remitido a Bruselas, pero no se introdujeron cambios en el cuadro macro, a la espera de cómo evolucionase la contienda. Tras una primera reunión con los agentes sociales el pasado 25 de mayo, ayer miércoles continuó la ronda de encuentros del Gobierno con los sectores para analizar el impacto de la guerra y hacer seguimiento del funcionamiento del plan de respuesta, "con la vista puesta en su continuidad y adaptación más allá del 30 de junio". El vicepresidente primero despachó con las patronales y asociaciones de los sectores del transporte, la logística y la distribución.
#EnDirecto | El Papa León XIV oficia una misa por el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí y luego bendecirá la Torre de Jesús pic.twitter.com/G3fUCA4Qgr
En caso de que esta vez el Gobierno cumpla con el mandato constitucional y lleve su proyecto de Presupuestos a la Cámara, la siguiente pregunta es qué ocurrirá con ellos. Aunque Sánchez ha prometido diálogo y ha lanzado guiños sobre todo a Junts, insistiendo en que él desea el despliegue efectivo de la ley de amnistía —que depende de lo que resuelva el Tribunal de Justicia de la Unión Europea— y en que su Ejecutivo desea cumplir con lo firmado en Bruselas en 2023, los posconvergentes siguen muy distantes.
Es muy probable que PP, Junts y Vox se opongan a la senda, y se da por casi imposible que los de Puigdemont, que rompieron con el Gobierno en octubre, puedan dar luz verde a los PGE de 2027
La formación de Carles Puigdemont rompió con los socialistas el pasado octubre y desde entonces no se han retomado las negociaciones. Y, como el PNV, pide el adelanto de las generales, aunque ha reiterado, también como el PNV, que no se sumaría nunca a una moción de censura del PP que, para prosperar, requeriría del concurso de Vox. La derecha independentista recuerda siempre que puede que el Ejecutivo no ha cumplido con lo suscrito para la investidura y agita el discurso del agravio constantemente. Este miércoles, la portavoz en la Cámara baja, Míriam Nogueras, volvió a quejarse ante Sánchez de que el Gobierno ha "abandonado" Cataluña y no ha pagado "ni un solo euro" de lo que le corresponde a la comunidad. Junts rechazó la senda de estabilidad en 2024 y 2025 con el argumento de que no concedía la mitad del margen de déficit a las CCAA. Y nunca se prestó a negociar los PGE.
Balance en la última semana de julio
Si el "escenario central" del Ejecutivo es el finalmente elegido, Sánchez podrá cerrar este curso político con la senda de estabilidad llevada al Congreso (y probablemente tumbada por él). La previsión es que la última reunión del Consejo de Ministros tenga lugar el 28 de julio —ese mismo día o en esa semana, previsiblemente, Sánchez hará balance de este año en rueda de prensa—, y dé paso a un largo periodo vacacional. Este año podrían ser cuatro las semanas sin reunión del Gabinete, de modo que el primer Consejo de Ministros de vuelta de vacaciones se celebre el martes 1 de septiembre.
Ahora mismo, la previsión del Ejecutivo es que el último Consejo de Ministros se celebre el 28 de julio, y no tenga lugar la primera reunión del Gabinete hasta el 1 de septiembre, cuatro semanas después
Sánchez, como ocurriera el año pasado, necesita que la temperatura y la tensión política se enfríen. Esta semana, él y su equipo están pudiendo refugiarse en la visita del Papa —ayer, el presidente, su mujer y una buena parte de sus ministros acudieron a la misa en la Sagrada Familia y a la posterior apoteósica inauguración de la Torre de Jesús, y hoy acompañará a León XIV en Gran Canaria— y confía en que el Mundial de fútbol también ayude a desplazar el foco. La competición deportiva comienza precisamente este jueves y se prolongará hasta el 19 de julio.
En la Moncloa esperan que el desempeño de la Selección española, una de las grandes favoritas, contribuya a mitigar el impacto de las noticias en terreno judicial que están por venir en las próximas semanas: la comparecencia en audiencia preliminar de Begoña Gómez (lunes 15), la declaración de Zapatero (miércoles 17 y jueves 18), las sentencias del caso mascarillas y del juicio al hermano del presidente, David Sánchez —en fecha por determinar—, y las declaraciones de varios testigos (entre ellos, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, el 10 de julio) por el caso Leire. Elementos que nutrirán la comparecencia del presidente en el Congreso del 24 de junio y ante el comité federal de su partido del sábado 27. Pero el Ejecutivo se agarra sobre todo al efecto verano, a que el parón suponga un reset en la agenda política que le dé el oxígeno suficiente como para intentar recuperar el impulso a la vuelta, en septiembre. Y ahí los PGE jugarán un papel fundamental.
Si las cuentas son devueltas, Sánchez tendrá que decidir si continúa hasta la meta de 2027 o bien adelanta las generales y las sitúa antes que las municipales y autonómicas de mayo
Si la votación de totalidad de las cuentas públicas se produce en octubre, y estas son rechazadas, Sánchez tendrá que decidir si continúa, más debilitado, hasta la meta de julio de 2027, o bien adelanta las generales y las sitúa, como quieren muchos en su partido, antes de las municipales y autonómicas de mayo. Ni él ni los suyos se sitúan en ese punto. Hay varios partidos por jugar antes. Aunque, en realidad, todo el escenario esté embarrado por los distintos casos de presunta corrupción que amenazan a los socialistas y que roban al Gobierno todo el control de la agenda y buena parte de su capacidad de iniciativa. Todo lo devora el fuego de los escándalos.
Os pagamentos em dinheiro continuam a levantar dúvidas entre muitos consumidores e empresas, sobretudo depois de a União Europeia (UE) ter aprovado novas regras para operações de valor elevado. Ainda assim, em Portugal já existem limites próprios e mais exigentes, pelo que importa perceber o que está atualmente em vigor antes de assumir que o teto europeu se aplica de forma direta.
A UE, através do Regulamento (UE) 2024/1624, aprovou um limite comum de 10 mil euros para pagamentos em numerário, mas essa regra só começa a aplicar-se a 10 de julho de 2027. Além disso, a legislação europeia permite que cada Estado-membro mantenha ou adote limites nacionais mais baixos, sempre que entenda que existem riscos que justificam maior controlo.
Qual é o limite para pagamentos em dinheiro em Portugal?
Em Portugal, a regra geral é mais restritiva do que o teto europeu. A lei proíbe pagamentos ou recebimentos em numerário de montantes iguais ou superiores a 3.000 euros.
Além disso, no caso de sujeitos passivos de IRC e de sujeitos passivos de IRS com contabilidade organizada, os pagamentos de valor igual ou superior a 1.000 euros devem ser feitos através de um meio que permita identificar o destinatário, como transferência bancária, cheque nominativo ou débito direto.
Existe, contudo, uma exceção para pessoas singulares não residentes em território português, desde que não atuem enquanto empresários ou comerciantes. Nestes casos, o limite sobe para 10 mil euros, ficando em linha com o valor máximo previsto no novo enquadramento europeu.
Quando estão em causa impostos, o limite é ainda mais baixo. A Lei n.º 92/2017, de 22 de agosto, proíbe o pagamento em numerário de impostos acima de 500 euros. O Banco de Portugal recorda também que as pessoas coletivas devem pagar prestações tributárias e outros créditos cobrados pela Autoridade Tributária através de meios eletrónicos.
O que muda com a regra europeia
Na prática, o novo limite europeu não significa que Portugal passe a permitir pagamentos em dinheiro até 10 mil euros entre residentes. O regulamento europeu estabelece um teto máximo comum para a UE, mas permite que cada país mantenha regras mais apertadas. Como Portugal já aplica limites de 3.000 e 1.000 euros em várias situações, a legislação nacional continua, para já, a ser mais restritiva do que a futura regra europeia.
O objetivo assumido pelas instituições europeias é reduzir o risco de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e outras operações ilícitas associadas ao uso de grandes quantias em numerário. A intenção passa por tornar mais difícil a circulação de dinheiro sem rasto documental em transações de valor elevado.
A Comissão Europeia (CE) sublinha que o dinheiro continua a ser um meio de pagamento legítimo e disponível no quotidiano. Ainda assim, considera que as transações de montante elevado apresentam riscos acrescidos, por serem mais difíceis de rastrear quando comparadas com meios de pagamento bancários ou eletrónicos.
Atenção ao transporte de dinheiro nas fronteiras
Separadamente das regras aplicáveis aos pagamentos, continua em vigor a obrigação de declarar às autoridades aduaneiras qualquer entrada ou saída da UE com 10 mil euros ou mais em numerário. Esta obrigação aplica-se aos viajantes e não deve ser confundida com os limites nacionais para pagar compras ou serviços em dinheiro.
A CE explica que essa declaração é obrigatória e alerta que o dinheiro não declarado pode ser retido, além de poder originar sanções. Por isso, quem transporta quantias elevadas ao atravessar fronteiras deve cumprir as regras aduaneiras aplicáveis.
Uma tecnológica de Barcelos está representada em força no Mundial de Futebol 2026, seja com caneleiras à medida adotadas por pelo menos cinco seleções, seja com meias de compressão popularizadas pelo guarda-redes alemão Manuel Neuer.
“Podemos dizer que seremos a marca portuguesa mais representada no Mundial”, disse o CEO da Sak Project à Lusa.
João Pestana disse ainda esperar que o Mundial constitua um “impulso significativo” no negócio da empresa, que este ano já prevê faturar meio milhão de euros, contra os 200 mil de 2025.
“Sempre que algum futebolista mostrar uma caneleira ou uma meia com o nosso nome, a marca sofrerá imediatamente um impulso significativo, porque será vista por milhões e milhões de pessoas em todo o mundo”, referiu.
Usadas por atletas de Portugal, Espanha, Argentina, Uruguai e Brasil
Segundo João Pestana, no Mundial que hoje começa as caneleiras da Sak serão usadas por jogadores de “pelo menos” cinco seleções, designadamente Portugal, Espanha, Argentina, Uruguai e Brasil.
“No caso da Seleção Nacional, estamos a falar da esmagadora maioria dos jogadores, entre os quais Diogo Costa, Vitinha, João Neves, Diogo Dalot, João Cancelo, Rafael Leão, Nélson Semedo, Rúben Neves, Tomás Araújo e Francisco Trincão”, apontou.
Sublinhou que Diogo Costa estreou as suas caneleiras atuais no Campeonato da Europa de 2024, disputado na Alemanha, no dia em que defendeu três grandes penalidades consecutivas.
Explicou que são caneleiras feitas “totalmente à medida”, com base em tecnologia de 3D scan.
“Depois do scan, fazemos um molde de cada uma das pernas do jogador e criamos caneleiras completamente ajustadas, completamente à medida”, descreveu.
“Tem sido uma loucura”
Já o negócio das meias de compressão “disparou” no início deste mês, depois de terem sido apontadas por um jornal alemão como o segredo da recuperação do guarda-redes Manuel Neuer.
“De repente, começámos a ter mais de 200 encomendas por dia, todas oriundas da Alemanha. Tem sido uma loucura”, referiu João Pestana.
Atualmente, a Sak tem lojas físicas em 12 países da Europa, mas a empresa espera que o Mundial lhe abra novos horizontes.
A marca faliu em 2020, em Viseu, devido à pandemia. Em 2023, foi recuperada por João Pestana e mais dois sócios, num investimento de 300 mil euros, tendo sido transferida para a freguesia de Vilar do Monte, em Barcelos.
O festival Albufeira Radical, uma das primeiras grandes iniciativas do novo executivo municipal liderado pelo Chega, está a colocar a Câmara de Albufeira sob escrutínio. Em causa estão contratos adjudicados à empresa Palmas aos Palcos, detida por Jorge Costa, que terá estado envolvido na campanha autárquica de Rui Cristina.
Segundo a revista Sábado, a Câmara Municipal de Albufeira e a Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água adjudicaram à mesma empresa contratos no valor total de 239 mil euros. O evento decorreu entre 2 e 4 de abril de 2026, na Praia dos Pescadores, com concertos e atividades ligadas a skate, bicicleta, surf e outras modalidades.
Evento já existia no concelho
O festival não nasceu com o atual executivo. Já existia em Albufeira sob a designação Albufeira Sea Fest, mas a organização foi alterada depois da tomada de posse do novo poder autárquico. A empresa escolhida para a nova edição, agora com o nome Albufeira Radical, pertence a Jorge Costa. De acordo com a Sábado, o empresário apoiou Rui Cristina na criação de conteúdos multimédia durante a campanha local do Chega. A revista refere que nem a autarquia nem a empresa responderam às questões colocadas sobre o processo de adjudicação.
Contrato assinado na véspera
O primeiro contrato foi celebrado pela Câmara Municipal de Albufeira através de ajuste direto, no valor de 157 mil euros, para a aquisição do evento Albufeira Radical. Segundo a Sábado, o contrato foi assinado a 1 de abril, na véspera do início do festival.
A autarquia não reduziu o contrato a escrito, invocando que este foi firmado a menos de 20 dias da prestação do serviço. A lei admite exceções deste tipo em determinadas situações, mas o caso levanta dúvidas por envolver um festival anual, cuja preparação exigiria organização prévia.
Junta fez mais três ajustes diretos
Além do contrato da câmara, a Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água, também liderada pelo Chega, fez três ajustes diretos à Palmas aos Palcos para o mesmo evento. Um dos contratos, no valor de 57 mil euros, destinou-se à contratação de artistas e equipamentos de som e luz. Outro, no valor de 12 mil euros, foi relativo a estruturas de apoio a workshops. O terceiro, de 13 mil euros, teve como objeto uma torre de escalada e insufláveis.
O presidente da junta, Cláudio Marujo, justificou a divisão por lotes, afirmando que estavam em causa bens e serviços distintos. Ao contrário do contrato da câmara, estes contratos foram reduzidos a escrito, embora também tenham sido assinados na véspera do festival.
Candidato contratado como assessor
O caso surge num contexto de outras contratações ligadas ao universo político do Chega em Albufeira. A 14 de maio, Rui Cristina contratou Paulo Freitas como assessor jurídico e administrativo da Câmara Municipal de Albufeira. O contrato tem o valor de 24 mil euros e duração de um ano.
Paulo Freitas foi o número quatro da lista do Chega à câmara nas últimas eleições autárquicas. O partido elegeu três vereadores, deixando o candidato muito próximo de integrar o executivo municipal. Tal como Rui Cristina, Paulo Freitas tem passado político no PSD. Foi presidente da Assembleia Municipal de Albufeira entre 2017 e 2021, eleito pelos sociais-democratas.
Nome citado em processo anterior
Segundo a Sábado, que cita o Correio da Manhã, Paulo Freitas foi constituído arguido em 2020 no âmbito da operação Emporium. O processo envolvia suspeitas de troca de influências relacionadas com um terreno e um bar na Praia dos Tomates, que então explorava. A informação disponível não indica qualquer decisão judicial definitiva nesse processo. Ainda assim, a sua contratação como assessor surge agora num momento em que várias escolhas do executivo municipal estão a ser analisadas publicamente.
Outras nomeações também levantaram dúvidas
Desde que tomou posse, Rui Cristina tem nomeado outros nomes ligados ao Chega local para cargos na estrutura municipal. Hugo Aires, deputado municipal do partido em Albufeira, foi escolhido para chefiar o Departamento de Projetos e Edifícios Municipais. Andreia Cópio, candidata do Chega à câmara, foi nomeada para liderar a Divisão de Águas e Saneamento. O caso que teve maior impacto mediático foi a nomeação de Sara Cristina, irmã do presidente da câmara, para o cargo de adjunta.
Ministério Público abriu inquérito
Sara Cristina chegou à autarquia em regime de mobilidade, vinda da Câmara de Loulé, onde exercia funções como técnica superior. Também tinha percurso político. Em 2021, foi candidata autárquica pelo PSD em Loulé, numa altura em que Rui Cristina era deputado à Assembleia da República e vereador naquele concelho.
As nomeações foram alvo de denúncia junto do Ministério Público, que abriu um inquérito a decisões tomadas no município. Na altura, Rui Cristina justificou as alterações com a necessidade de reformular os métodos de funcionamento da Câmara Municipal de Albufeira e de combater a “inércia existente” nos serviços.
Executivo sob escrutínio
O conjunto de contratos e nomeações aumenta a pressão sobre o novo executivo municipal de Albufeira. Em causa estão adjudicações feitas a uma empresa ligada a um apoiante da campanha local do Chega, contratos assinados na véspera do festival e a contratação de um antigo candidato do partido como assessor.
Para já, o caso coloca novas perguntas sobre os critérios usados nas primeiras decisões do executivo liderado por Rui Cristina. Segundo a Sábado, a autarquia e os envolvidos não prestaram esclarecimentos às questões colocadas pela revista. Até lá, o festival Albufeira Radical e as nomeações no município continuam no centro do debate político local.
O emprego para pessoas com 60 anos ou mais tem crescido no Brasil proporcionalmente mais do que para outros grupos da população. No entanto, essas vagas vêm acompanhadas de mais informalidade, ou seja, sem carteira e sem proteção trabalhista.
Nos últimos dez anos, o número de pessoas 60+ no mercado de trabalho saltou 53%. No mesmo período, o tamanho dessa população na sociedade brasileira cresceu 37%.
Essa comparação significa que o emprego dos idosos cresce em ritmo mais acelerado que o envelhecimento da população.
A constatação faz parte de um estudo divulgado esta semana pela empresa de pesquisa e de inteligência de dados Nexus.
De 2016 a 2025, o número de idosos no país passou de 25,8 milhões para 35,2 milhões. Eles eram 13% da população, e atualmente são 17%.
Nesse período de dez anos, o contingente de trabalhadores 60+ avançou de 5,7 milhões para quase 8,8 milhões.
No fim do ano passado, uma em cada quatro (25%) pessoa 60+ estava ocupada. Em 2016, a taxa era 22%. O dado de 2025 é o maior dos últimos dez anos.
Na comparação com a população geral, o crescimento populacional foi de 5% no período, subindo de 203,2 milhões de pessoas para 212,6 milhões. Já o número de empregos expandiu-se 14,6%. Ao fim de 2025, o Brasil tinha praticamente 103 milhões de trabalhadores.
Meio cheio, meio vazio
O CEO (diretor executivo) da Nexus, Marcelo Tokarski, avalia os resultados como um “copo meio cheio, meio vazio”.
“Por um lado, a gente pode celebrar o fato de que as pessoas quando chegam aos 60, 70 anos, ainda estão com uma capacidade ativa para o trabalho”, disse à Agência Brasil.
Entretanto, acrescenta ele, há uma precarização do período comumente destinado à aposentadoria, lembrando que a faixa etária inclui pessoas de 75 anos, por exemplo.
“A pessoa que tem 75 anos de idade que, em tese, já deveria estar gozando da sua aposentadoria e muitas vezes precisa continuar trabalhando provavelmente para complementar a sua renda”, diz.
A pesquisa do IBGE apura o comportamento no mercado de trabalho para pessoas com 14 anos ou mais e leva em conta todas as formas de ocupação, seja com ou sem carteira assinada, temporário e por conta própria, por exemplo. Pelos critérios do IBGE, só é considerada desocupada a pessoa que efetivamente procurou uma vaga.
O CEO da Nexus aponta que, apesar de não saber o grau exato de influência, a reforma da Previdência, de 2019, é um dos motivos que explicam o aumento de pessoas 60+ no mercado de trabalho.
“A última reforma da Previdência subiu a idade mínima e também o tempo de contribuição, isso força as pessoas a trabalharem mais”, analisa.
Sob o argumento de equilibrar as contas da previdência, a reforma passou a exigir, das mulheres, pelo menos 62 anos de idade e 15 anos de contribuição para se aposentar. No caso dos homens, 65 anos de idade e 20 anos de contribuição.
Antes, mulheres podiam se aposentar com 60 anos e não havia, para nenhum dos dois sexos, idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição. Para homens, não houve mudança na idade mínima.
Informalidade
O estudo do Nexus identificou que para mais da metade (53%) dos 60+ no mercado de trabalho, a informalidade é uma realidade superior à de outros estratos da população. Na população geral, o índice é de 38%. Entre os jovens de 18 a 24 anos, 41%.
O IBGE considera informais os empregados sem carteira assinada e autônomos sem CNPJ, por exemplo. Na informalidade, os trabalhadores não têm garantidos direitos como férias, contribuição para a Previdência Social e décimo terceiro salário.
Para Marcelo Tokarski, da Nexus, a informalidade é uma característica estrutural do emprego 60+. “Isso indica uma precarização do trabalho”.
“Um público que não pode se dar ao luxo de permanecer desocupado. Enquanto o jovem, muitas vezes, consegue focar nos estudos ou prolongar a busca pela vaga ideal, o 60+ migra rapidamente para a informalidade”, avalia.
Uma das conclusões da pesquisa é que “a sustentabilidade econômica do país agora depende de políticas públicas de incentivo à formalização e de uma revisão urgente das estruturas corporativas de ergonomia, benefícios e inclusão geracional”.
O emprego para pessoas com 60 anos ou mais tem crescido no Brasil proporcionalmente mais do que para outros grupos da população. No entanto, essas vagas vêm acompanhadas de mais informalidade, ou seja, sem carteira e sem proteção trabalhista.
Nos últimos dez anos, o número de pessoas 60+ no mercado de trabalho saltou 53%. No mesmo período, o tamanho dessa população na sociedade brasileira cresceu 37%.
Essa comparação significa que o emprego dos idosos cresce em ritmo mais acelerado que o envelhecimento da população.
A constatação faz parte de um estudo divulgado esta semana pela empresa de pesquisa e de inteligência de dados Nexus.
De 2016 a 2025, o número de idosos no país passou de 25,8 milhões para 35,2 milhões. Eles eram 13% da população, e atualmente são 17%.
Nesse período de dez anos, o contingente de trabalhadores 60+ avançou de 5,7 milhões para quase 8,8 milhões.
No fim do ano passado, uma em cada quatro (25%) pessoa 60+ estava ocupada. Em 2016, a taxa era 22%. O dado de 2025 é o maior dos últimos dez anos.
Na comparação com a população geral, o crescimento populacional foi de 5% no período, subindo de 203,2 milhões de pessoas para 212,6 milhões. Já o número de empregos expandiu-se 14,6%. Ao fim de 2025, o Brasil tinha praticamente 103 milhões de trabalhadores.
Meio cheio, meio vazio
O CEO (diretor executivo) da Nexus, Marcelo Tokarski, avalia os resultados como um “copo meio cheio, meio vazio”.
“Por um lado, a gente pode celebrar o fato de que as pessoas quando chegam aos 60, 70 anos, ainda estão com uma capacidade ativa para o trabalho”, disse à Agência Brasil.
Entretanto, acrescenta ele, há uma precarização do período comumente destinado à aposentadoria, lembrando que a faixa etária inclui pessoas de 75 anos, por exemplo.
“A pessoa que tem 75 anos de idade que, em tese, já deveria estar gozando da sua aposentadoria e muitas vezes precisa continuar trabalhando provavelmente para complementar a sua renda”, diz.
A pesquisa do IBGE apura o comportamento no mercado de trabalho para pessoas com 14 anos ou mais e leva em conta todas as formas de ocupação, seja com ou sem carteira assinada, temporário e por conta própria, por exemplo. Pelos critérios do IBGE, só é considerada desocupada a pessoa que efetivamente procurou uma vaga.
O CEO da Nexus aponta que, apesar de não saber o grau exato de influência, a reforma da Previdência, de 2019, é um dos motivos que explicam o aumento de pessoas 60+ no mercado de trabalho.
“A última reforma da Previdência subiu a idade mínima e também o tempo de contribuição, isso força as pessoas a trabalharem mais”, analisa.
Sob o argumento de equilibrar as contas da previdência, a reforma passou a exigir, das mulheres, pelo menos 62 anos de idade e 15 anos de contribuição para se aposentar. No caso dos homens, 65 anos de idade e 20 anos de contribuição.
Antes, mulheres podiam se aposentar com 60 anos e não havia, para nenhum dos dois sexos, idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição. Para homens, não houve mudança na idade mínima.
Informalidade
O estudo do Nexus identificou que para mais da metade (53%) dos 60+ no mercado de trabalho, a informalidade é uma realidade superior à de outros estratos da população. Na população geral, o índice é de 38%. Entre os jovens de 18 a 24 anos, 41%.
O IBGE considera informais os empregados sem carteira assinada e autônomos sem CNPJ, por exemplo. Na informalidade, os trabalhadores não têm garantidos direitos como férias, contribuição para a Previdência Social e décimo terceiro salário.
Para Marcelo Tokarski, da Nexus, a informalidade é uma característica estrutural do emprego 60+. “Isso indica uma precarização do trabalho”.
“Um público que não pode se dar ao luxo de permanecer desocupado. Enquanto o jovem, muitas vezes, consegue focar nos estudos ou prolongar a busca pela vaga ideal, o 60+ migra rapidamente para a informalidade”, avalia.
Uma das conclusões da pesquisa é que “a sustentabilidade econômica do país agora depende de políticas públicas de incentivo à formalização e de uma revisão urgente das estruturas corporativas de ergonomia, benefícios e inclusão geracional”.
O cibercrime tem vindo a adaptar-se a novas tecnologias, mas continua a explorar sobretudo momentos de distração e excesso de confiança. Entre os esquemas que mais preocupam especialistas estão as burlas telefónicas, nas quais os criminosos se fazem passar por entidades credíveis para obter dados pessoais, bancários ou até gravações de voz. Por vezes, um truque simples é suficiente para causar prejuízos sérios à sua conta bancária.
Segundo o jornal espanhol El Economista, uma das fraudes telefónicas em circulação recorre à clonagem de voz para tentar suplantar a identidade das vítimas. A técnica pode ser usada em tentativas de autorização de operações, contratação de serviços ou outros contactos fraudulentos em nome de terceiros.
O esquema começa, muitas vezes, com uma chamada aparentemente normal. Do outro lado da linha pode não haver resposta, ou pode surgir alguém a apresentar-se como funcionário de uma empresa, banco ou entidade conhecida. O objetivo é manter a vítima em linha tempo suficiente para recolher respostas curtas e claras.
Palavras a evitar
De acordo com a mesma fonte, expressões como “Sim”, “OK” e “Aceito” devem ser evitadas em chamadas suspeitas, sobretudo quando surgem perguntas insistentes ou demasiado óbvias. O risco apontado está na possibilidade de esses pequenos excertos serem usados com ferramentas de inteligência artificial para imitar a voz da vítima, embora as autoridades recordem que as burlas dependem muitas vezes de vários elementos, como engenharia social, dados pessoais e códigos de autenticação.
Como pode proteger-se e à sua conta bancária
O Banco de Portugal alerta que, perante contactos supostamente feitos por bancos ou prestadores de serviços de pagamento, nunca se devem divulgar dados pessoais, credenciais de acesso ou códigos de autenticação por telefone, SMS ou email. Em caso de dúvida, a recomendação é não partilhar informação e contactar diretamente a entidade através dos canais oficiais.
Confirme a identidade de quem liga
Outra medida essencial passa por confirmar sempre a identidade de quem está do outro lado da linha. O INCIBE, instituto espanhol de cibersegurança, recomenda, citado pelo El Economista, que, perante chamadas suspeitas ou pedidos inesperados, se confirme a informação através de outro contacto seguro, se bloqueie o número fraudulento e nunca se forneçam dados pessoais ou bancários.
Estas precauções simples podem fazer a diferença perante burlas que misturam chamadas telefónicas, pressão psicológica e novas ferramentas de inteligência artificial. Desligar uma chamada suspeita, contactar o banco pelos canais oficiais e denunciar a situação às autoridades continua a ser a forma mais segura de evitar prejuízos.
Europa stretta tra inflazione e crescita, Tognoli: “Rischio stagflazione concreto”
Mentre la Banca centrale europea interviene nuovamente sui tassi in un contesto segnato da inflazione persistente e nuove tensioni geopolitiche legate al Medio Oriente, l’Europa si trova a gestire un equilibrio sempre più fragile tra contenimento dei prezzi e sostegno alla crescita economica. Le decisioni di Francoforte si inseriscono in uno scenario in cui mercati finanziari, famiglie e imprese fanno i conti con un costo del denaro ancora elevato e con prospettive di medio periodo tutt’altro che stabili.
Sul fronte macroeconomico, il rischio di una nuova fiammata inflattiva legata all’energia riapre il dibattito sull’efficacia della politica monetaria in presenza di shock esterni, mentre si riaccende la discussione sulle possibili mosse future della BCE e sui margini di manovra ancora disponibili per evitare un rallentamento eccessivo dell’economia.
A fare il punto è Antonio Tognoli, economista ed esperto dei mercati finanziari, che analizza ad Affaritaliani gli effetti del rialzo dei tassi, le prospettive per i prossimi mesi e i principali rischi per l’economia europea.
La BCE ha alzato i tassi: cosa cambierà concretamente per famiglie, imprese e mutui?
“I mercati avevano ampiamente anticipato la mossa, tant’è vero che le borse non hanno reagito in modo scomposto. Per quanto riguarda i mutui, invece, l’impatto ci sarà: le banche tenderanno inevitabilmente ad adeguarli. Forse non assisteremo a un incremento immediato di 25 punti base sui mutui a tasso variabile, ma lo scenario è mutato: se fino a ieri la tendenza virava verso un lento ribasso, ora la direzione punta a un progressivo rialzo. Gli analisti stimano infatti un nuovo ritocco in autunno, probabilmente a settembre. Molto dipenderà dalla durata della crisi in Medio Oriente e dalla capacità del rincaro dei prezzi di infiltrarsi nell’economia reale”.
L’inflazione legata alla crisi in Medio Oriente torna a preoccupare: la BCE rischia di frenare troppo la crescita pur di contenere i prezzi?
“Sì, il rischio è concreto. Il nodo centrale, tuttavia, è un altro: ci troviamo di fronte a un’inflazione da costi, cioè importata dall’esterno. Su questo tipo di inflazione le banche centrali non hanno praticamente alcun potere, poiché non è alimentata da un eccesso di domanda. Di conseguenza, continuare ad alzare i tassi d’interesse riduce sì la corsa dei prezzi, ma lo fa necessariamente provocando una contrazione della crescita economica.
Non a caso la stessa BCE ha rivisto al ribasso le stime di crescita che, a mio avviso, restano fin troppo ottimistiche. Il prezzo da pagare per frenare la crescita dei prezzi è, purtroppo, il rallentamento dello sviluppo. Quando l’economia frena, anche l’inflazione da domanda si azzera, ma sulla componente energetica – che è la vera spinta di questa crisi – la leva monetaria può fare ben poco, se non penalizzare fortemente il Pil”.
Dopo il rialzo di oggi, dobbiamo aspettarci altri aumenti nei prossimi mesi o siamo vicini al punto di arrivo?
“In uno scenario base, quindi standard e non necessariamente pessimistico, gli analisti prevedono un ulteriore aumento a settembre. La stessa BCE ha chiarito che le prossime decisioni saranno subordinate ai dati macroeconomici e, soprattutto, all’evoluzione del conflitto mediorientale. Sarà decisivo monitorare la trasmissione dei costi all’economia reale: banalmente, se i trasporti su gomma pagano il gasolio a prezzi più alti, la spesa al supermercato costerà di più. La risposta è quindi sì: un nuovo aumento in autunno resta del tutto probabile”.
Tra tensioni geopolitiche e rincaro dell’energia, qual è oggi il principale pericolo per l’economia europea?
“Il vero pericolo è la stagflazione. L’Europa è l’anello debole della catena globale: gli Stati Uniti, la Cina, la Russia, l’India e il Sud America perseguono i propri interessi e il vecchio continente è rimasto isolato. È venuto meno il traino americano alla crescita europea. Per invertire la rotta non basta più una strategia “all’acqua di rose” come l’agenda Draghi; serve un punto di rottura politico radicale.
La soluzione non risiede solo nel riarmo o negli investimenti per l’Ucraina nella speranza che la futura ricostruzione riattivi l’economia. È necessario investire massicciamente nel Green e nel sostegno strutturale alle industrie europee. Se non si agisce come un’unica entità politica – emettendo bond sovrani europei e conferendo poteri decisionali diretti al Parlamento Europeo, superando i veti dei singoli parlamenti nazionali – l’Unione è destinata alla stagnazione dello “zero virgola”.
I capitali ci sono, manca la volontà politica di mobilitarli. Questo cambio di paradigma richiede anche una revisione profonda del Patto di Stabilità: non ha senso imporre vincoli rigidi sul deficit al 3% o sul debito al 60% e sanzionare chi è già in difficoltà. Dinanzi a istituzioni sorde, la reazione dei cittadini è la svolta a destra e la crescita del populismo a cui stiamo assistendo in tutta Europa. Se l’Unione non si darà una svegliata immediata e vigorosa, saremo costretti a subirne le conseguenze”.
Bisogna essere onesti, la decisione era ampiamente attesa. D’altronde, con un’inflazione prossima al 3% nella zona euro, per la Banca centrale era difficile fare altrimenti. Certo, ci fosse la certezza di una salva di cannone, i correntisti starebbero più tranquilli. Ma la certezza, oggi, gioco di parole obbligato, è l’incertezza. La Bce ha dunque rotto gli indugi operando un primo rialzo dei tassi, in risposta ai rincari dell’energia e alla generale accelerazione dell’inflazione nell’eurozona innescate dalla guerra in Iran e dalla chiusura dello stretto di Hormuz. Si tratta del primo aumento dal settembre del 2023, quando Christine Lagarde operò l’ultimo rialzo in occasione della precedente fiammata inflazionistica (all’epoca i tassi di riferimento erano stati aumentati al 4%).
E dunque, in linea con le aspettative, il Consiglio direttivo alzato di 0,25 punti percentuali i livelli guida e il principale riferimento, che resta il tasso sui depositi, sale così al 2,25%. Per Francoforte non ci sono dubbi, al mercato serviva un segnale circa un intervento chirurgico per disinnescare una nuova, eventuale, bomba inflazionistica in stile 2022. ” Il conflitto in Medio Oriente sta generando pressioni inflazionistiche e la decisione di aumentare i tassi è solida rispetto a una serie di scenari che delineano come lo shock potrebbe evolvere e incidere sulle prospettive di medio termine per l’area dell’euro”, ha sintetizzato la Bce nel comunicato diffuso a valle del board. La decisione di oggi sui tassi di interesse della Bce era scontata e “se non avessimo preso questa linea, una decisione molto ovvia, alla fine del periodo previsionale ci saremmo ritrovati con l’inflazione al di sopra dei nostri livelli obiettivo”, ha poi ulteriormente chiarito Lagarde nella conferenza stampa che ha seguito la riunione del Consiglio direttivo.
Una decisione che però non è piaciuta alla maggioranza che sostiene il governo italiano. Tra tutte, si è levata la voce di Stefania Craxi, presidente dei senatori di Forza Italia. “La Bce continua a rispondere all’inflazione con un riflesso quasi pavloviano: sente pronunciare la parola inflazione e la risposta è sempre la stessa, aumentare il costo del denaro. Un aumento dei tassi d’interesse della Bce non solo incide sui nuovi prestiti, ma anche sui costi di servizio del debito dei prestiti esistenti, danneggiando l’economia reale. Che è molto più complessa. In una fase di forte incertezza internazionale, questa rigidità rischia di trasformarsi in un freno alla crescita, agli investimenti e all’occupazione”.
Da Francoforte, discorso tassi a parte, sono arrivate anche le prime, vere, considerazioni sul ruolo dell’Intelligenza Artificiale per il sistema bancario. “Forse stiamo vedendo la punta dell’iceberg e forse si possono prevedere rischi più rilevanti. Forse andrebbero discusse ad alto livello governance e quadri normativi”, ha messo in chiaro Lagarde, invocando una serie e reale regolamentazione per l’IA. “Che sia da parte di Anthropic o Open AI, o di altri grandi sviluppatori e investitori in intelligenza artificiale, o che sia in altri Paesi stiamo assistendo a sviluppi nuovi, più rilevanti e più intrusivi. Questo è un fatto Sappiamo anche che questi sviluppi sono qui per restare e che continueremo a vederne altri nei prossimi mesi”.
Tutto questo mentre la Germania, e qui si cambia fronte, spegne ancora una volta le speranze di chi vorrebbe una nuova stagione di debito europeo (a cominciare dal governatore di Bankitalia, Fabio Panetta), dopo l’esperienza del Recovery Plan. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz si è detto ancora una volta contrario a un nuovo indebitamento dell’Unione europea e ha chiesto riforme più rapide, in Germania e a Bruxelles, per rafforzare la competitività, ridurre la burocrazia e rispondere a invecchiamento della popolazione, minacce militari e concorrenza economica globale. In un intervento al Bundestag in vista del prossimo Consiglio europeo, Merz ha avvertito che un debito eccessivo “minaccia la sovranità e limita la libertà d’azione”. Alcuni Paesi europei, ha osservato, a causa del loro enorme debito spendono ormai più per il pagamento degli interessi che per la difesa. “Non dobbiamo permettere che il bilancio europeo arrivi a una situazione simile”, ha detto. Il cancelliere ha chiesto una profonda revisione del bilancio dell’Ue a partire dal 2028, sostenendo che la spesa dovrà riflettere la priorità della competitività. Merz ha criticato i piani per aumentare il bilancio europeo e ha invitato Bruxelles alla moderazione sia sulla spesa sia sul personale. Tradotto, niente da fare, i tedeschi sono sempre gli stessi.
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