Diploma deixa de fora obrigações do Estado face aos mais pobres como a garantia de apoio médico, o acompanhamento da saúde mental ou a vaga em creches. Governo continua sem responder às perguntas sobre os valores da PSU

La tasación final del lote de joyas intervenidas por la Policía en la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero cifra el valor total en unos 1,3 millones de euros, según han confirmado a EL PAÍS fuentes cercanas a la investigación. La valoración ha corrido a cargo de la joyería Ansorena, después de que el instructor del caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ordenara realizar este análisis exhaustivo de las piezas. La casa joyera envió las piedras más valiosas para que fueran certificadas por el Instituto Gemológico Español, que ha colaborado en la tasación de los zafiros, rubíes y esmeraldas auténticas.

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El Estado Mayor israelí lleva semanas trabajando en planes operativos para una posible ofensiva terrestre a gran escala en Gaza, desveló el medio israelí Haaretz. El jefe del Ejército, el teniente general Eyal Zamir, ha aprobado varios de estos planes elaborados por el Mando Sur, según filtraciones militares. Las fuentes políticas israelíes subrayan que el gobierno no ha aprobado aún ningún plan de expansión de los combates, a pesar de que Netanyahu impulsa los preparativos.

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El Congreso de los Diputados tramitará una reforma de la ley de eutanasia para reducir los plazos judiciales, que no podrán superar los 25 días entre el visto bueno de la prestación de ayuda para morir y la respuesta a un recurso judicial a esa resolución. La reforma ha superado este jueves su primer examen en la Cámara Baja —el de la toma en consideración— con los únicos votos en contra del PP y Vox. Ahora pasará a ser negociada en la Comisión del ramo, donde los partidos podrán proponer posibles modificaciones antes de enviarla al Pleno para su aprobación definitiva.

La iniciativa fue impulsada por el Parlament de Catalunya, después de que el pasado 29 de abril, los grupos del PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP propusiesen esta reducción de plazos judiciales, que salió adelante con el voto favorable de Aliança Catalana. La norma reforma la ley de 2021 que reconoció el derecho a la eutanasia y aspira a evitar casos como el de Noelia Castillo, que tuvo que esperar 601 días (casi dos años) desde que su padre interpuso el primer recurso hasta que pudo recibir la eutanasia el 26 de marzo de 2026. Hasta 15 instancias judiciales se interpusieron en ese periodo.

Así, y con el objetivo de "no prolongar de una manera innecesaria e inhumana el sufrimiento" de la persona que ha solicitado la eutanasia, la reforma propone regular un procedimiento "especial" para los recursos que se interpongan contra las resoluciones de las comisiones de garantía y evaluación, que atienda al criterio de "máxima celeridad". La norma insiste en la importancia de que el procedimiento judicial de control sea "lo más breve posible" y no se dilate "más allá de lo estrictamente imprescindible". Plantea, con ese fin, que los recursos —normalmente interpuestos por los familiares— se resuelvan ante un único tribunal (el Tribunal Superior de Justicia correspondiente) y en un máximo de 25 días.

Desde la entrada en vigor de la ley en junio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2024, se han registrado un total de 2.432 solicitudes de prestación de ayuda para morir. De estas solicitudes, 1.123 (46%) terminaron en una prestación efectiva. En torno al 75% tenían más de 60 años, y el tramo de edad más frecuente fue el de mayores de 80 años (27,77%).

Evitar una "cadena interminable de recursos"

Para defender la reforma en representación del Parlament de Catalunya han intervenido los grupos que impulsaron la iniciativa. El diputado de Junts, Jordi Fàbrega, ha asegurado que la modificación legislativa no cuestiona las garantías de la ley de eutanasia, que sostiene que es "uno de los procesos más garantistas de nuestro ordenamiento jurídico", sino que pretende evitar que los recursos judiciales se prolonguen durante meses o incluso años el sufrimiento de quienes ya han obtenido la autorización para recibir esa prestación. "Retardar tiene consecuencias humanas", ha señalado.

En la misma línea, el portavoz de ERC, Juli Fernàndez, ha asegurado que la reforma solo busca "perfeccionar" un derecho que ya está reconocido en España, para que quienes ya han superado todos los controles y evaluaciones previstos en la ley no vean prolongada su vida "en contra de su voluntad".

El debate se ha producido, además, apenas cuatro días después de que el papa León XIV se mostrase en esa misma Cámara en contra de derechos como la eutanasia y el aborto. Algo que algunos portavoces de la izquierda no han dudado en señalar e incluso reprochar, mientras que los de la bancada de la derecha han querido incluso recordar textualmente algunas de las palabras emitidas en su discurso.

Casi todos los grupos sacaron a colación el caso de Noelia Castillo, la joven de 25 años cuya solicitud quedó bloqueada durante un año y ocho meses por sucesivos recursos judiciales. Desde el PSOE, la diputada Carmen Andrés defendió la reforma para evitar que el "interés legítimo" de quienes deciden impugnar la concesión de una eutanasia "no agrave más el sufrimiento" de quien la pide. También la diputada de Sumar, Júlia Boada, ha recordado la dilatación de los procesos de recursos en el caso de la joven, provocando un "debate público, mediático y con sensacionalismo" que seguramente le causó "más dolor".

En Podemos, el portavoz Javier Sánchez denunció que los procesamientos actuales permiten una "cadena interminable de recursos"; igual que el de PNV, Mikel Legarda, que defendió la urgencia de evitar que las situaciones de sufrimiento reconocidas por la ley queden sometidas a "peregrinajes judiciales" que se prolongen durante meses.

El PP: la"prudencia jurídica" no es un obstáculo

La norma se tramitará en el Congreso pese al rechazo del PP y Vox, que han expresado este jueves su oposición, ya no solo a la reforma, sino también a la propia ley impulsada hace cinco años, que leen como un "fracaso" de la sociedad con las personas que sufren. El diputado popular Antonio Román ha asegurado que la norma impulsada por el Parlament de Cataluña "no es una mera reforma técnica" y puntual, pues considera que afecta "directamente" a las "garantías jurídicas que rodean una decisión irreversible", en este caso, la muerte.

"Detrás de cada recurso hay una persona vulnerable, una familia afectada, y una situación de sufrimiento físico y psicológico que merece atención y respeto", ha defendido, antes de denunciar la "contradicción" de quienes defienden que la norma está "rodeada de todas las cautelas", por querer ahora reducirlas. "Si era tan garantista, ¿por qué se pretende debilitar algunos de sus mecanismos de control? Nuestro grupo considera que cuando una decisión es irreversible, las garantías nunca sobran", ha defendido.

Para los de Génova, los recursos judiciales "no constituyen un obstáculo", sino una garantía de que la decisión se ejecuta con la prudencia necesaria. "Porque cuando está en juego una vida humana, la prudencia legislativa, jurídica, médica y ética, no es un obstáculo, es una obligación", ha zanjado.

Por su parte, la diputada de Vox María de la Cabeza ha calificado la ley de "terrible" con el objetivo de "matar a personas" y ha reivindicado que la solución al sufrimiento no puede ser la muerte. "La solución al sufrimiento de una persona no puede ser la muerte, y jamás apoyaremos una ley con ese espíritu", ha aseverado.

A proposta de lei do Governo para a nova Prestação Social Única prevê a obrigatoriedade de trabalho “social” para todas as pessoas com um grau de incapacidade inferior a 80%. “Essa medida é um recuo, um retrocesso. Parece que a culpa de não trabalhar é da pessoa com deficiência”, critica a presidente do Observatório da Deficiência e Direitos Humanos

Home secretary also urged to force tech firms into sharing data on stolen devices and if they are reactivated

The Metropolitan police commissioner, Sir Mark Rowley, has asked the home secretary, Shabana Mahmood, to force all phone companies to make stolen devices “unusable bricks” in order to make them harder to sell on and less desirable to steal.

London is widely regarded as the phone-snatching capital of Europe, with between 200 and 300 devices stolen each day. The city accounts for up to three-quarters of all mobile phone thefts in England and Wales.

«Aída» regresa al Teatro de la Maestranza, donde llevaba ausente desde 2013. Y lo hace a lo grande, de la mano de Paco Azorín como director de escena y Danielle Callegari en la dirección musical. Un binomio perfecto para llevar a escena una nueva versión de la obra más compleja del maestro italiano Guiseppe Verdi. Esta «Aída» que se estrena en el Maestranza el día 20 de junio está concebida desde un punto de vista político, como explicó su director de escena, «en el sentido de ‘polis’, de temas que interesan a la ciudadanía» con una crítica contundente a la connivencia del poder político y religioso.

Paco Azorín ha proyectado una «Aída» para todos los públicos, para aquellos que van a la ópera por primera vez y para los que ya han visto la obra mi veces. «Me autoimpongo el reto de explicar la obra con ojos de un recién nacido, pero con un nuevo punto de vista». Y para ello, ha introducido un «exoplano, un personaje a través de cuyos ojos miramos la acción de ‘Aída’». Y ese exoplano es Odiseo, el rey de Ítaca. Ese Ulises de Homero es un funambulista que viaja a través del tiempo y «desde un futuro distópico en el que se han cumplido las profecías del Reino de los Muertos llega al antiguo Egipto donde sucede la acción de Aída, y desde sus ojos incrédulos comprende el pasado de guerra, de exterminio, pero también la idea de amor capaz de transformar el mundo». Cuando ese Ulises vuelve sobre sus pasos de nuevo al futuro «hace algo que no vamos a revelar», comentó, entre risas, Paco Azorín.

Por su parte, el director musical comentó que para él «Aida» es una obra abierta y que así le gustaría que fuese interpretada por el público: «Me gustaría que no hubiese aplausos porque es una manera de contar la historia sin final, porque no tiene números cerrados y eso es lo que mantiene la tensión», explicó Callegari. «Es una historia que no para, que tiene un tejido orquestal precioso, porque empieza a ser un Verdi sinfónico, no de acompañamiento», apostilló. Callegari estrena por primera vez en el Maestranza y lo hace con Verdi, que «ya forma parte de mi vida» teniendo en cuenta que ha dirigido más de 22 obras del compositor italiano.

La ópera verdiana cierra la temporada en el Teatro de la Maestranza con cinco representaciones los días 20, 23, 24, 26 y 27 a las 20 horas y una representación final el día 28 a las 19 horas. El director de la institución, Javier Menéndez, reconoció que «es la primera vez que lideramos un proyecto de tal envergadura», ya que han coproducido esta ópera junto con el ABAO Bilbao, el Auditorio de Tenerife, el Teatro Municipal de Santiago de Chile y el Teatro Nacional São Carlos de Lisboa. Aunque se estrena el día 20,de junio, Menéndez recordó que el día 17 se preestrena para jóvenes menores de 30 años y que «ya quedan pocas entradas».

En todo caso, invitó a todo el público a disfrutar de una de las obras más geniales de Verdi, llena de «momentos gloriosos» . Una «obra íntima, que «se muestra en un envoltorio grandioso, faraónico, y que reúne todas las condiciones para sacar las grandes emociones que la ópera despierta en el público».

Faustin casi no se lo creía cuando le dijeron que el Papa podía visitar su parroquia. Aunque la realidad es que él, como agustino, ya conocía a Robert Francis Prevost. Aún así, lo primero que pensó es que había que limpiar las paredes de la iglesia de San Agustín, en el Raval de Barcelona. El templo está en un barrio duro, ruidoso, lleno de vida y de heridas. Un lugar donde habita la inmigración, la pobreza, la droga, la prostitución… y también la comida repartida a diario, la ropa entregada los miércoles y las personas que llegan buscando papeles, trabajo o simplemente un sitio donde alguien les mire a los ojos. Hasta allí llegó ayer León XIV.

El Papa se ha reunido en San Agustín con realidades de caridad y asistencia diocesanas, en un encuentro que ha puesto el foco sobre una Barcelona que no siempre aparece en los discursos oficiales. “El Papa venido a un lugar humilde, casi ignorado en la ciudad”, explica Faustin. “Para mí es muy importante, porque está llegando a los más humildes”.

San Agustín no es una parroquia al uso. En realidad, dentro del mismo edificio conviven dos comunidades. Por un lado, la parroquia de San Agustín, que atiende sobre todo a fieles de habla castellana y catalana, españoles y muchos inmigrantes latinoamericanos. Por otro, una gran comunidad filipina que llena la iglesia cada domingo con varias misas en tagalo y una en inglés.

“Los filipinos tienen tres misas los domingos y llenan toda la iglesia”, cuenta Faustin. El templo puede acoger a unas 460 personas sentadas, pero en esas celebraciones llegan a entrar unas 600. También hay latinoamericanos de Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Chile y otros países. Muchos han formado cofradías y conservan en la parroquia la devoción a los patronos de sus lugares de origen. “Les he dado una capilla a cada uno para que pongan el patrón de su país”, explica.

Por otro lado, la labor social de la parroquia va desde lo más burocrático hasta lo más elemental. “Trabajamos para ayudar a los inmigrantes a que logren tener sus identificaciones aquí en España”, resume Faustin. Asimismo, en los salones parroquiales trabajan las Misioneras de la Caridad, las religiosas fundadas por Teresa de Calcuta. Cada día cocinan y dan de comer a más de 400 personas. Además, una fundación vinculada a la parroquia reparte alimentos y recoge ropa para personas que viven en la calle.

El encuentro, recuerda, no se ha organizado únicamente para mostrar lo que hace San Agustín. La iniciativa, impulsada por el cardenal Juan José Omella, ha querido reunir al Papa con responsables de entidades sociales, Cáritas, comedores, fundaciones y proyectos de asistencia de Barcelona y Cataluña.

Ahora, con la visita del Papa al Raval, el párroco reconoce que se siente “muy animado a continuar haciendo mi misión aquí, aunque a veces sea difícil”. “Para mí es muy importante porque ha llegado a los más humildes”, repite.

El sindicato CCOO ha denunciado este miércoles la "pasividad" del Ministerio de Educación, que se habría presentado en la reunión que había convocada junto a otros sindicatos sin "ninguna propuesta" para bajar ratios en la etapa de 0 a 3 años, como había prometido. Esta es una de las principales demandas de los profesores que llevan un mes movilizándose en varios puntos de Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid, para denunciar sus condiciones laborales y unas aulas demasiado masificadas para una etapa que requiere una atención mucho más individualizada.

Este miércoles se reunía el grupo de trabajo de la mesa técnica, en la que están representados los sindicatos CCOO, ANPE, STES y UGT. El tema a tratar, más allá de las protestas que se están dando, era el decreto que prepara el Gobierno para reducir las ratios en la primera etapa de Infantil. Pero, según ha contado después CCOO, el encuentro con el ministerio se ha saldado sin avances concretos en la principal reivindicación del colectivo: la reducción de ratios en las aulas. En un comunicado, la organización ha lamentado que Educación se haya presentado sin ninguna propuesta específica sobre este asunto y ha advertido que no admitirá "más demoras".

"El ministerio debe abandonar de una vez la pasividad y las maniobras de distracción ante un problema de tal urgencia", ha señalado el sindicato, que espera que en la próxima reunión, prevista para el 23 de junio, el departamento que dirige Milagros Tolón se presente con "propuestas firmes y concretas" en cuestiones que consideran imprescindibles. "Cualquier otra cosa sería inaceptable", asevera.

El ministerio, por su parte, no ha querido pronunciarse sobre el encuentro mantenido este miércoles. Hace apenas una semana, la ministra recordó que estaba trabajando en la revisión del decreto de 2010 para mejorar las ratios en la etapa educativa de 0 a 3 años. Una norma que vendría después de la ley de ratios, enviada hace poco al Congreso de los Diputados, y que -de aprobarse- reducirá el número de alumnos por aula en el resto de etapas educativas. "Es una prioridad y este ministerio está en la solución", aseguró la titular de Educación.

Así, en la reunión de este miércoles, le han pedido al Ejecutivo que incoprore en la futura norma una serie de reivindicaciones que consideran básicas: que las ratios en Infantil sean de cuatro niños por educadora en 0-1 años, de seis niños en 1-2 años, y de ocho niños en 2-3 años, asegurando la "pareja educativa".

Un plan B a la ley que está en el Congreso

Para el sindicato, es una buena noticia que el Gobierno haya optado por la vía del decreto para impulsar estas medidas, pues temen que la otra ley, la de ratios, quede abandonada en la Cámara Baja por falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios. Por este motivo, viendo el panorama político, CCOO también ha exigido que se incluyan algunas de esas medidas en el nuevo decreto.

"El ministerio no debe esperar a ver qué pasa y debe tener un plan B", defiende. La organización defiende incorporar a la futura iniciativa (que no necesitaría aprobación parlamentaria) la bajada general de ratios en todas las enseñanzas, que el alumnado con necesidades cuente el doble y medidas específicas para la escuela rural.

Piden también mayor atención a la diversidad, con dotaciones de especialistas, y una red de orientación de máximo 250 alumnos por profesional, junto con un recurso adicional para la coordinación de bienestar en los centros. Y, por último, "climatización, sostenibilidad y mejora de las infraestructuras de los centros educativos".

Only 24 hours remain before the World Cup kicks off in Mexico and the country is going though its final dress rehearsals. Preventing demonstrations on opening day is already a pipe dream: negotiations with teachers have stalled and search groups will march to make their missing relatives visible. With everyone in position and the cards on the table, attention is focused on avoiding the worst-case scenario for the government of Claudia Sheinbaum — an image of a police officer striking a teacher circling the globe on the day the country is playing for its international image. The concern is not unfounded: on the first day of protests a teacher lost an eye in clashes with police. The past two weeks have tested containment measures, and Wednesday will be the last chance to fine-tune the public staging. To ease the pressure, authorities have canceled classes for Thursday and ordered remote work for public servants.

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La defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho llegar al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama un escrito en el que plantea dudas sobre la obtención y la correcta custodia del contenido del teléfono móvil que fue interceptado por agentes norteamericanos en 2021 a Rodolfo Reyes, empresario que por entonces era socio mayoritario de Plus Ultra.

En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, el letrado reacciona al auto de Calama por el que emitía una comisión rogatoria a EEUU con el objeto de tener el consentimiento de ese país para poder usar como fuente de prueba de cara a un eventual juicio penal esas conversaciones del empresario. Conversaciones que fueron clave tanto para la imputación del expresidente como para las entradas y registros llevados a cabo por agentes de la UDEF.

Ante la “parquedad de información” proporcionada hasta el momento sobre el origen de estas pruebas, la defensa del expresidente ha solicitado que el requerimiento a EEUU se amplíe con ocho peticiones. Entre ellas, reclama la resolución judicial o administrativa que autorizó la incautación y el clonado del teléfono, así como los detalles del procedimiento abierto contra Reyes en EEUU. A nivel técnico, exigen conocer qué autoridad realizó el volcado, qué software se empleó y, sobre todo, que se aporten los mecanismos de verificación —como códigos hash y actas de desprecinto— con los que se pueda determinar si las conversaciones han sufrido algún tipo de manipulación.

El letrado, Víctor Moreno Catena, explica que con esta ampliación de la información lo que se busca es “garantizar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales” del expresidente en el procedimiento abierto en la Audiencia Nacional contra él por haber participado, presuntamente, en una trama dedicada al tráfico de influencias. Su defensa entiende que la ausencia de una información completa que arroje luz sobre el método de volcado, la autenticidad de las comunicaciones o la conservación y custodia del dispositivo por parte de la policía norteamericana “permite plantear dudas razonables sobre el respeto del derecho a un proceso con todas las garantías”.

También se muestra preocupado por las circunstancias en las que se ha producido el intercambio de esa información entre los órganos policiales, “sin intervención judicial conocida”. Y explica que estos vacíos de información provocan “graves dificultades sobre las condiciones para el ejercicio del derecho de defensa”. E insiste en que es imprescindible que la defensa pueda disponer “de una posibilidad real y efectiva de discutir y controvertir (...) la autenticidad, integridad, trazabilidad y contexto de todos los materiales que se usan como elementos probatorios de cargo”.

Por eso, además de las peticiones mencionadas, Moreno Catena quiere conocer también el alcance de la extracción (“total, parcial, física, lógica, remota o selectiva”) del contenido del móvil así como el software o la herramienta utilizada para ese fin y la autoridad que llevó a cabo el análisis del dispositivo. Y pide conocer cómo y cuándo se remitieron esas evidencias a las unidades policiales españolas, y las comunicaciones precedentes entre las unidades policiales españolas y el Homeland Security Investigations (HSI). A esto añade que se debe saber si esa cooperación policial contó con la autorización del órgano competente de los EEUU.

Recuerda que, según detalló el juez este pasado martes en un auto, el HSI remitió ese contenido del móvil de Reyes el pasado 18 de marzo de 2026. Cinco años después de que fuera intervenido cuando el empresario trató de acceder a EEUU por el aeropuerto de Miami. Y lamenta que hasta el momento ese volcado “no consta que se haya elevado a la plataforma Cloud” a la que acceden todas las partes del proceso.

En otro escrito de 2 de junio, previo a éste y al auto del juez acordando el requerimiento a EEUU, el abogado ya denunciaba “algunas omisiones relevantes” que afectaban directamente al ejercicio del derecho de defensa porque “hay evidencias digitales que no constan en la causa”. Se refería ya entonces a que no podía consultar dos dispositivos de los que se habían extraído múltiples conversaciones para sustentar los atestados de la UDEF.

Y concretaba que se refería al llamado “disco Crucial” donde se contiene el chat 'Danilo España', y el dispositivo de Rodolfo Reyes que fue facilitado a la policía por la HSI. “Esa circunstancia genera una clara indefensión y vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías, pues no cabe espigar o presentar fragmentariamente una comunicación y ocultar su totalidad”, decía.

Por eso, advertía de que o se proporcionaban íntegramente los dispositivos a se debían excluir también por completo, “suprimiendo las referencias a los contenidos que han podido ser examinados por las partes”.

Calama busca asegurar la prueba

En el auto del juez por el que acordaba esa comisión rogatoria a EEUU, se indicaba que el contenido de ese móvil llegó a los investigadores españoles por cauces de colaboración internacional entre cuerpos policiales. Reconocía, al mismo tiempo, que el material incautado a Reyes ya había sido utilizado hasta la fecha “como elemento de investigación”, pero advertía de que, dada su relevancia para el esclarecimiento de los hechos investigados, resultaba necesario “determinar las condiciones de su eventual incorporación al proceso para poder ser utilizado, en su caso, en el plenario, como medio de prueba con plenos efectos procesales”. Es decir, buscaba asegurarse de que su contenido pueda ser usado en el juicio y no sea fuente de posibles nulidades futuras.

En los fundamentos del auto explicaba que esa cooperación entre policías permitió que la UDEF tuviera en sus manos información relevante sobre una investigación transnacional iniciada en 2018 “contra una red de empresarios venezolanos y personas políticamente expuestas dedicada al blanqueo de capitales, corrupción y ocultación de activos mediante estructuras financieras sofisticadas”. Y que esa red usaba empresas pantalla y realizaba operaciones internacionales que incluían sobornos, fraudes y el desfalco de fondos públicos.

El juez apuntaba que esa investigación transnacional se ha realizado en coordinación con las oficinas del HSI de en Nueva York, Tampa, Miami y Boston, y con autoridades de Francia, Suiza, España, Andorra y Portugal. El objetivo era “identificar y desarticular redes que facilitan la circulación global de fondos ilícitos y favorecer la recuperación de activos”. Indicaba que una de las líneas se centraba en Rodolfo Reyes, investigado por blanqueo y evasión de sanciones mediante compañías como Plus Ultra, Capital Bank, Panacorp y Dinosaur Bank. El HSI obtuvo en 2021 una extracción telefónica que, aunque inicialmente estaba orientada a ver si participó en contrabando, reveló comunicaciones con instrucciones para mover fondos ilícitos, gestionar préstamos de rescate y coordinar pagos ilegales. No ha sido hasta 2026 que el HSI ha considerado que podría tener relevancia para la investigación española relativa a Plus Ultra.

La Fiscalía General del Estado ha respondido en la mañana de este miércoles al requerimiento de información realizado por el juez de la Audiencia Nacional que investiga las maniobras de la exmilitante del PSOE Leire Díez contra los jefes de la UCO o de la Fiscalía Anticorrupción que investigaban a dirigentes socialistas. El escrito confirma la existencia de dos reuniones de Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo con el entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, en los meses de marzo y abril de 2025, tal y como publicó elDiario.es. 

A diferencia de lo que Leire Díez alardeaba ante sus contactos, la Fiscalía General del Estado niega que quien fuera su máximo representante en ese momento, Álvaro García Ortiz, estuviera presente en esas reuniones. Así, el escrito enviado al juez sostiene que el ex fiscal general fue informado “a posteriori” de ambas reuniones.

Además, el informe subraya que ninguno de los dos fiscales recibió “indicación alguna” de García Ortiz y que no se llevó a cabo “ninguna actuación” posteriormente por la Fiscalía, ya que se entendió que la narración efectuada por el letrado Jacobo Teijelo se limitaba a contener una serie de alegaciones carentes de cualquier tipo de sustento probatorio concreto.  

Jacobo Teijelo es ahora uno de los dos letrados que defienden a Santos Cerdán, el ex secretario de Organización del PSOE imputado en el caso de supuesto amaño de obras públicas del Ministerio de Transportes que investiga la Audiencia Nacional. El fiscal Villafañe llegó a estar imputado en el caso que acabó con la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y su causa fue archivada en la fase de instrucción sin llegar a juicio.

El informe revela, por otro lado, que el 17 de septiembre de 2025, la propia Leire Díez presentó una denuncia contra el fiscal José Grinda, a quien el empresario Javier Pérez Dolset —también imputado en este caso— atribuye sus problemas con la Justicia. Esta denuncia fue archivada en diciembre de 2025 porque solo contenía “meras afirmaciones” sin indicios que justificaran una investigación, según el informe presentado en la Audiencia Nacional. 

Asimismo, el escrito de la Fiscalía General del Estado afirma que Leire Díez tuvo una “intervención menor” en esas reuniones y que “fue presentada como una compañera de despacho” del letrado Jacobo Teijelo. Fue con posterioridad cuando fue “identificada a través de los medios de comunicación” como la exmilitante Leire Díez.

Además, la Fiscalía niega que ninguno de sus miembros haya mantenido ninguna reunión oficial con el citado Javier Pérez Dolset, con el abogado Ismael Oliver o con el letrado del comisario José Villarejo, José García Cabrera. 

El intento de acercamiento entre las comunidades autónomas y el Gobierno para abordar el conflicto médico ha culminado este miércoles en fracaso. El Consejo Interterritorial ha desembocado en un cruce de reproches ya habitual entre las autonomías y el Ministerio de Sanidad: unas afean la aprobación del nuevo Estatuto Marco sin el beneplácito de los sindicatos médicos, mientras el departamento que dirige Mónica García las acusa de bloquear la solución al conflicto médico, que el próximo lunes se reactiva con la quinta huelga de facultativos en lo que va de año.

Los consejeros no han llegado siquiera a debatir los puntos del orden del día en los que el ministerio proponía a las autonomías que tomasen cartas en el asunto e incorporasen en sus respectivas legislaciones las demandas de los sindicatos médicos que quedaron fuera de la norma del Ejecutivo. La ministra Mónica García ha expresado su decepción y ha acusado a los consejeros del ramo de no haber puesto de su parte para rebajar la tensión. "No se pueden hacer como el perro del hortelano, que ni resuelves ni dejas resolver", ha aseverado García en rueda de prensa.

La ministra ha acusado a las autonomías de haber desperdiciado una oportunidad para contribuir a desactivar el conflicto y les ha reprochado que rechacen asumir competencias que, según sostiene, dependen directamente de ellas. "Hoy las comunidades autónomas podrían haber desbloqueado el conflicto asumiendo su parte de las competencias y han decidido mirar para otro lado", ha señalado.

Los acuerdos que quería someter a debate este miércoles buscaban dar respuesta a algunas de las reivindicaciones del Comité de Huelga y que, según ha defendido, no dependen directamente del Estatuto Marco: la limitación de las horas de guardia, la implantación efectiva de la jornada laboral de 35 horas, la creación de espacios específicos de negociación para los facultativos o la jubilación anticipada son algunas de ellas. En línea con lo que viene destacando en las últimas semanas, todas estas reformas no pueden impulsarse desde el Gobierno central, pues se encuentran dentro del ámbito competencial de las comunidades autónomas. Por ello ha acabado criticando con dureza a los consejeros después de que estos se opusieran a debatirlas en la Interterritorial.

Las declaraciones de la ministra llegaban pocas horas después de que todas las comunidades, menos Cataluña, le entregaran una carta conjunta en la que le pedían que reabriese el diálogo con los sindicatos médicos para poner fin a un conflicto que amenaza con escalar después del verano. Los consejeros argumentan que el malestar médico nació de una norma estatal —el Estatuto Marco— y que, por tanto, la solución debe salir también del Gobierno central y no de las autonomías.

No obstante, el sentir a la salida del ministerio era más bien pesimista. El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, en representación de las comunidades presentes en la Interterritorial, ha lamentado que este miércoles se haya "perdido una oportunidad" más para resolver el conflicto. "Estamos aquí, todas las comunidades autónomas unidas, para defender a los pacientes, a los profesionales y al Sistema Nacional de Salud, ante los problemas generados por un Ministerio de Sanidad que no ha sabido llegar a un acuerdo para reformar el Estatuto Marco", ha afirmado.

En cualquier caso, la ministra ya ha avanzado que no va a "renunciar" al Estatuto Marco, al que todavía le queda camino parlamentario antes de aprobarse definitivamente. Según ha defendido, guardar en un cajón la norma que reforma las condiciones laborales de los sanitarios por primera vez desde 2003 supondría "traicionar" a todos los profesionales. "Es la primera vez que hay un marco jurídico de mínimos", ha asegurado García, que ha insistido en que la ley acaba con la precariedad de los sanitarios. "Renunciar a que eso se materialice sería traicionar el espíritu de transformación del Sistema Nacional de Salud", ha zanajado.

Las mousses, los helados caseros o las tartas frías son algunas de las preparaciones estrella del verano para una merienda dulce o terminar una comida con un toque goloso pero sin renunciar a los bocados más refrescantes para combatir las altas temperaturas. Los postres fríos son los grandes protagonistas de esta época, cuando el calor nos invita a dar con opciones dulces y al mismo tiempo ligeras sin obligarnos a encender el horno.

En verano, más que nunca, nos gusta echar mano de preparaciones sencillas y prácticas, ideales para seguir disfrutando de las recetas más caseras pero sin pasar mucho tiempo en la cocina. Son opciones, además, que se pueden armar en poco tiempo pero siempre mejor con antelación, para reservarlas en la nevera y no hincarles el diente hasta que estén en su punto. Las carlotas son tartas frías a base de galletas o bizcocho de soletilla y rellenas de crema y frutas. Se tienen que servir muy frías, casi heladas.

Tenemos que buscar su origen en el siglo XVIII. Su nombre se debe a la reina Carlota de Mecklemburgo-Strelitz, esposa del rey Jorge III de Gran Bretaña; aunque en sus inicios se preparaba con compota de manzana y un molde de pan con mantequilla horneado. En 1808, en el recetario A New System of Domestic Cookery de Maria Rundell encontramos la primera receta escrita que hace referencia a este postre. Sin embargo, la forma más moderna parte del siglo XIX, de una adaptación del chef francés Marie-Antoine Carême, a quien se atribuye la sustitución del pan por bizcochos de soletilla, la forma de corona de este postre, el añadido de las cremas y la eliminación del horneado.

Podemos encontrar distintos tipos de carlotas: las clásicas, a base de vainilla, chocolate o frutas; las de limón (muy populares en países de América Latina) y algunas versiones más modernas con café soluble o bases con galletas de chocolate tipo sándwich rellenas de crema.

La receta de carlota de piña colada, paso a paso

Dentro de toda esta variedad, hay una carlota que concentra perfectamente el espíritu estival y festivo de esta época: la de piña colada, que evoca al cóctel que le da nombre pero en forma de tarta. Un bocado cremoso y tropical que combina la acidez de la piña con el dulzor del coco y el crujiente de las galletas. Y que, además, es muy sencilla y bastante rápida de preparar.

Una de las claves de este postre es el reposo en la nevera, permitiendo que las capas de la carlota se asienten y se realcen los sabores tropicales de esta combinación fundiéndose en una textura muy cremosa pero al mismo tiempo firme. Anota los ingredientes que necesitas para ponerte manos a la obra (para unos seis comensales):

Para preparar una carlota no vamos a necesitar técnicas complejas. Es una preparación bastante sencilla, para la que tendrás que bloquear como máximo media hora de tiempo. Aunque sí que necesita algunas horas de reposo en la nevera para que se enfríe bien y se asienten los sabores, calcula al menos cuatro o cinco. Si pueden ser más, mejor. Sigue estos pasos para comenzar la preparación: