El 84% del presupuesto de la CPI viene de potencias imperialistas, que dictan sus investigaciones y protegen a sus aliados.

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Para perseguir a gobernantes incómodos para el imperialismo, la CPI pasó por encima de su norma básica: limitar su actuación a los países que ratificaron el Estatuto de Roma. Sin embargo, mientras la Libia de Gadafi y la Rusia de Putin fueron víctimas de la CPI, Estados Unidos continúa impune. Y ha demostrado que, aun sin formar parte de la Corte, es quien verdaderamente manda en ella.

Cuando Bensouda intentó investigar los crímenes de guerra en Afganistán —sin limitar su investigación a la actuación del Talibán y del Estado Islámico, sino incluyendo a lo que ella consideraba los mayores criminales de aquella guerra (el ejército estadounidense y la CIA)—, sufrió una fuerte presión desde Washington, hasta el punto de resultar en sanciones gubernamentales. Sus cuentas bancarias y las de sus familiares fueron congeladas, y su marido fue espiado.

Finalmente, Bensouda fue sustituida por un nuevo fiscal dócil a Estados Unidos. Karim Khan modificó el enfoque de las investigaciones sobre Afganistán, declarando que daría prioridad al Talibán y al ISIS y retiraría la prioridad de Estados Unidos, alegando falta de recursos para una investigación más amplia.

Durante una de las muchas intervenciones militares francesas en África en este siglo (entre 2013 y 2016), soldados violaron y abusaron sexualmente de niños en campos de desplazados en la República Centroafricana. La ONU, aunque prestó una atención limitada al caso, fue acusada de una “grave falla institucional” por una comisión independiente, al haber permitido que las atrocidades continuaran. La CPI —que podría haber intervenido, dado que Francia es un Estado Parte y los magistrados franceses no lograron condenar a ningún soldado por una supuesta insuficiencia de pruebas— prefirió guardar silencio al respecto.

Durante el mismo período, en su intervención en el Sahel, soldados franceses —incluidos mercenarios de la Legión Extranjera— fueron acusados de asesinar civiles y de entrenar y armar fuerzas de seguridad responsables de masacres, ejecuciones sumarias y violaciones. Los gobernantes franceses tampoco tuvieron de qué preocuparse.

Por otro lado, la CPI incluso fingió examinar los crímenes de guerra cometidos por el Reino Unido en Irak, incluidas torturas contra prisioneros. Pero justificó el cierre del caso alegando que las autoridades británicas ya estaban llevando a cabo investigaciones internas, aun cuando la propia Oficina del Fiscal de la CPI reconoció que existía una “base razonable” para creer que tropas británicas habían cometido crímenes de guerra.

El Reino Unido no castigó a ningún oficial, aunque una investigación pública posterior concluyó que hubo violencia generalizada y un silencio corporativo —es decir, una responsabilidad de altos mandos militares—. Como el Reino Unido realmente no había sido capaz de concluir el caso, la CPI podría haber intervenido, ya que Londres integra el Estatuto de Roma. Pero la CPI volvió a lavarse las manos.

Ahora, como reveló Bensouda, Israel también está protegido, y no solo por las sanciones estadounidenses, sino también por la actuación de una burocracia de la CPI confabulada con el Mossad, que permite la injerencia directa e ilegal de Israel sin hacer absolutamente nada al respecto.

Una estructura dominada por las naciones imperialistas

De acuerdo con los datos disponibles en el último balance financiero de la CPI, correspondiente a 2024 y publicado en julio de 2025, es posible calcular que alrededor del 84% de toda su financiación proviene de países imperialistas y asociados (miembros de la OTAN, Suiza, Austria, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda). Sin embargo, en conjunto representan apenas el 28% de los Estados Parte del organismo. Mientras tanto, el resto de los países (72%) aportan solamente el 16% de su presupuesto.

Existe un claro desequilibrio estructural en la financiación de la CPI. Naturalmente, esto está directamente relacionado con la actuación parcial de la Corte. Como dice el dicho, quien paga manda.

La propia CPI considera que el 60% de los países africanos que la integran están “no representados” o “subrepresentados” en su estructura interna. Es decir, apenas el 40% cuenta con algún tipo de representación. Para los países latinoamericanos y caribeños, ese porcentaje es todavía menor: solo el 14% de los integrantes de la Corte están adecuadamente representados. En los países de Asia-Pacífico, la cifra es del 28%. En cambio, la mitad de los países imperialistas y asociados sí están debidamente representados, un porcentaje muy superior al de las demás regiones.

Según un informe de la Asamblea de los Estados Parte, el 56% de los funcionarios de la CPI en 2024 provenían del grupo compuesto por países de Europa Occidental y relacionados. Apenas el 16% eran africanos, el 11% provenían de Europa Oriental, el 8% de Asia-Pacífico y el 8% de América Latina y el Caribe.

Entre los 18 jueces actuales de la Corte, ocho pertenecen a países imperialistas y asociados, y cinco mantienen vínculos académicos y/o profesionales con instituciones hegemónicas de esos países. Los demás son altos burócratas estatales, generalmente de países cuya burocracia estatal es intrínsecamente dependiente del imperialismo.

De esta forma, queda claro que las víctimas de la CPI siempre serán los dirigentes incómodos para las potencias imperialistas. Mientras incluso Putin ha tenido una orden de arresto emitida por el organismo y los gobiernos africanos continúan siendo su objetivo favorito, ningún país de la OTAN ha sido jamás seriamente molestado por procesos de la CPI.

Los bombardeos con armas prohibidas en Yugoslavia en 1999, las torturas en Abu Ghraib y Guantánamo, las masacres en Irak y Afganistán, las violaciones en África o, más recientemente, la masacre en la escuela de Minab y los asesinatos semanales de pescadores en el Caribe y el Pacífico Oriental, no preocupan a los jueces de la CPI.

Precisamente por ello, la mayoría de los países soberanos que no se arrodillan ante el imperialismo jamás se adhirieron a la CPI. Cuba acusó al organismo de tener una política “selectiva contra los países en desarrollo”. Corea del Norte calificó sus maniobras como “un producto de fuerzas hostiles”.

Pero, junto con la declaración de Burundi, quizás la mejor definición de lo que es la CPI fue dada por el vicesecretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Alexander Venediktov: “Un títere obediente en manos del Occidente colectivo.”

EUA atacam relatores da ONU que denunciam racismo, pobreza ou sanções. Defendem “interferência” quando convém e arruínam quem investiga seus crimes.

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As tensões entre Washington e os relatores especiais da ONU não se limitaram à política externa ou à “guerra ao terror”. Em diferentes momentos, especialistas internacionais que voltaram os olhos para problemas internos dos Estados Unidos — racismo estatal, pobreza extrema e impactos humanitários de sanções econômicas — também passaram a enfrentar pressão política, ataques públicos e campanhas de deslegitimação.

A questão racial foi um dos temas mais sensíveis.

Muito antes do assassinato de George Floyd, mecanismos da ONU já vinham denunciando padrões persistentes de discriminação racial, violência policial e encarceramento em massa nos EUA. Um dos nomes mais associados a esse debate foi o sociólogo senegalês Doudou Diène, relator especial da ONU sobre formas contemporâneas de racismo entre 2002 e 2008.

Após visitas aos Estados Unidos e investigações sobre discriminação racial, Diène alertou para a persistência de estruturas históricas de desigualdade profundamente ligadas ao legado da escravidão e da segregação racial. Seus relatórios chamavam atenção para disparidades econômicas, tratamento desigual no sistema de justiça criminal e violência policial contra negros.

Em certos momentos, diplomatas americanos trabalharam para reduzir o impacto político de relatórios considerados excessivamente críticos dentro dos fóruns multilaterais.

A tensão se intensificou após os protestos de 2020 contra a violência policial. Países africanos chegaram a defender, no Conselho de Direitos Humanos da ONU, mecanismos internacionais mais robustos de investigação sobre racismo sistêmico nos Estados Unidos. Washington resistiu à ideia de qualquer instrumento de monitoramento direcionado especificamente ao país, e a proposta acabou diluída em uma investigação mais ampla sobre racismo no mundo.

Outro caso emblemático de atrito ocorreu com o professor australiano Philip Alston, relator especial da ONU sobre pobreza extrema e direitos humanos entre 2014 e 2020.

Após uma missão aos EUA em 2017, Alston publicou um relatório devastador sobre desigualdade, desproteção social e precarização econômica no país mais rico do mundo. O especialista afirmou que o chamado “American Dream” corria o risco de transformar-se numa “American illusion”, denunciando o contraste entre extrema riqueza e pobreza disseminada.

Durante visitas a estados como Alabama, Califórnia e Porto Rico, Alston descreveu comunidades sem saneamento adequado, pessoas vivendo em trailers degradados, crescimento do número de sem-teto e erosão de programas sociais.

Suas conclusões provocaram reações irritadas entre políticos conservadores e setores da imprensa americana. Ao contrário do que sempre fazem quando as críticas são aos inimigos dos EUA, eles acusaram o relator de ideologização e de ignorar a prosperidade média do país. Em certos círculos políticos, sua missão foi retratada como interferência indevida em assuntos internos dos EUA – uma grande ironia, vindo de quem veio.

A relação conflituosa reapareceria ainda no debate sobre sanções econômicas internacionais.

A jurista bielorrussa Alena Douhan, relatora especial sobre o impacto negativo de medidas coercitivas unilaterais, tornou-se alvo frequente de críticas após publicar relatórios apontando os efeitos humanitários das sanções impostas por Washington contra países como Venezuela, Síria e Irã.

Douhan argumentava que restrições econômicas amplas frequentemente agravavam crises humanitárias ao afetar acesso a medicamentos, alimentos, infraestrutura energética e sistemas de saúde. Em visitas e relatórios, sustentou que sanções unilaterais podiam violar direitos humanos fundamentais quando produziam sofrimento generalizado da população civil.

Nos EUA e em países aliados, críticos passaram a acusá-la de reproduzir narrativas de governos “autoritários” e minimizar responsabilidades internas por crises econômicas. Organizações políticas e think tanks ocidentais frequentemente tentaram desqualificar seu mandato, questionando a credibilidade de suas conclusões e denunciando suposta proximidade excessiva com governos sancionados.

Durante décadas, os Estados Unidos responderam a especialistas da ONU com métodos relativamente previsíveis: ataques políticos, campanhas diplomáticas, recusa de acesso, tentativas de esvaziar mandatos, pressão sobre o Conselho de Direitos Humanos ou esforços para deslegitimar publicamente relatores considerados hostis. No caso Albanese, Washington lançou mão do aparato coercitivo do próprio Estado americano — especialmente seu poder financeiro global.

Em todos os casos, o preço de se desafiar os EUA é muito alto. Não apenas para os relatores, que não podem realizar plenamente o seu trabalho. Mas, sobretudo, para os futuros relatores e especialistas – o recado é: não mexam com os interesses dos EUA e de seus aliados (sobretudo Israel), caso contrário sua carreira será arruinada.

Basta ver que, comparativamente aos países do chamado “Sul Global”, a abordagem dos funcionários independentes da ONU é muito mais amistosa com os EUA e seus aliados e os casos expostos nesta série são exceções da regra número um das Nações Unidas: atue contra os países alvo da cobiça imperialista.

Aqueles, que são a maioria, que seguiram perfeitamente o roteiro da ONU e investiram contra a Rússia, China, Belarus, Coreia do Norte, Venezuela, Irã, Nicarágua (ou seja, contra os alvos do imperialismo) tiveram sua carreira garantida, com premiações, sucesso, prestígio, forte apoio diplomático ocidental, ampla repercussão nos grandes jornais, intensa circulação de seus relatórios em ONGs e governos e audiências parlamentares, sanções e resoluções baseadas em suas acusações.

Por sua vez, os que desafiaram as estruturas e os chefes imperialistas da ONU são basicamente censurados, invisibilizados, descredibilizados, caem no ostracismo, sofrem intensa pressão psicológica, ameaças, sanções econômicas e proibição de entrada em eventos internacionais – inclusive os da própria ONU, pois sua sede central é justamente nos Estados Unidos.

Tenhamos um pouco de empatia com os burocratas a serviço da ONU: quem que deseje subir na vida e receber amplo prestígio mundial irá arriscar sua carreira colocando o dedo nas feridas dos seus patrões? Praticamente ninguém. E é assim que a ONU permanece quase absolutamente instrumentalizada pelas potências imperialistas, desde o primeiro momento de sua criação.

Dalla Jugoslavia alla Libia, il messaggio è chiaro: giustizia solo per i nemici dell’America.

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Fatou Bensouda, ex procuratore capo della Corte penale internazionale, ha recentemente rivelato che il Mossad ha esercitato pressioni dirette su di lei nel tentativo di bloccare le indagini sui famigerati crimini commessi da Israele durante il genocidio a Gaza.

Il primo approccio ha avuto luogo presso la sua stessa abitazione all’Aia. «Sono venuti direttamente a casa mia», ha dichiarato ad Al Jazeera. Successivamente, l’allora capo del Mossad, Yossi Cohen, ha tenuto personalmente degli incontri con Bensouda, durante i quali ha minacciato lei e la sua famiglia qualora le indagini fossero proseguite.

Un’altra rivelazione fatta da Bensouda — che, tuttavia, non ha ricevuto altrettanta attenzione — è stata che, sebbene avessero rintracciato i numeri di telefono degli agenti e ne avessero identificato l’origine in Israele, i funzionari responsabili della sicurezza presso la CPI e le autorità olandesi non hanno dato seguito al caso di intimidazione. «Mi sono sentita abbandonata. Mi sono sentita priva di sostegno», ha confessato Bensouda.

Le sue dichiarazioni costituiscono una nuova prova della protezione concessa a Israele dalle istituzioni multilaterali. Inoltre, indicano che queste istituzioni forniscono tale protezione proprio perché sono controllate dalle potenze imperialiste — le stesse potenze che hanno creato lo Stato di Israele e lo hanno sostenuto fino ad oggi, anche durante il genocidio a Gaza.

La Corte penale internazionale — nota anche come Corte dell’Aia — è stata uno degli strumenti imperialisti più importanti per attaccare i paesi i cui governi sono scomodi alla dittatura degli Stati Uniti e dei loro alleati europei, impiegando un doppio standard sempre più evidente. Creata per perseguire i crimini commessi in tempo di guerra, con il consenso dei sistemi giudiziari locali e solo quando questi ultimi erano incapaci di farlo a causa delle conseguenze della guerra, la CPI si è trasformata nel padrone del diritto internazionale e persino delle giurisdizioni nazionali.

Perseguire i nemici

«La CPI è diventata uno strumento di pressione e destabilizzazione contro i paesi poveri», ha dichiarato il ministro della Giustizia del Burundi nel 2016, annunciando il ritiro del paese dalla corte internazionale.

Negli ultimi anni si è verificata una vera e propria ribellione tra i paesi africani contro la CPI, che sembra interessata solo a perseguire i leader di quel continente. Jacob Zuma ha tentato di ritirare il Sudafrica, ma la magistratura sudafricana ha annullato la sua decisione e poco dopo è stato destituito in quello che è stato a tutti gli effetti un colpo di Stato — un evento che puzza chiaramente di cospirazione imperialista contro il leader nazionalista dell’African National Congress.

Poco dopo, la Corte penale internazionale ha accusato i leader della Costa d’Avorio di “crimini contro l’umanità” per giustificare un colpo di Stato promosso dalla Francia (assolvendoli in seguito, ma solo dopo che il colpo di Stato si era già consolidato).

Forse il caso più scandaloso (o che dovrebbe esserlo) è stata la detenzione all’Aia di Slobodan Milošević. Dopo la caduta dell’Unione Sovietica e del blocco orientale, la Jugoslavia era l’unico paese al di là dell’ex «cortina di ferro» a mantenere un regime sovrano, con Milošević alla sua guida. Le potenze imperialiste si mossero per sbarazzarsi di lui: alimentarono una serie di guerre per disintegrare la Jugoslavia, bombardarono la Serbia e successivamente promossero una rivoluzione colorata.

Non contente di tutto ciò, hanno utilizzato il Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (un laboratorio giuridico e istituzionale per quello che sarebbe poi diventato la Corte penale internazionale) per accusare Milošević di essere responsabile della pulizia etnica in Bosnia. È stato incarcerato all’Aia ed è morto nel 2006 prima di ricevere una sentenza perché i responsabili della sua detenzione gli hanno negato le cure mediche di cui aveva bisogno.

Dieci anni dopo, il tribunale ha finalmente riconosciuto di non aver trovato prove sufficienti per condannarlo. Non ce n’erano state — né erano necessarie, poiché la missione era già stata compiuta: la Jugoslavia non esisteva più e le sue rovine erano passate nelle mani degli Stati Uniti e dell’Unione Europea.

Muammar Gheddafi subì un destino simile a quello di Milošević anni dopo. La Corte penale internazionale (CPI) fornì inoltre il proprio sostegno all’assassinio del leader arabo e alla distruzione della Libia. L’allora procuratore capo della CPI, Luis Moreno Ocampo, era un uomo legato alle università americane e israeliane e all’ONG Transparency International.

Basandosi esclusivamente su articoli pubblicati da giornali che sostenevano l’invasione della Libia — e che a loro volta erano sostenuti dai governi invasori della Libia — Ocampo ha raccolto presunte prove per incriminare Gheddafi, suo figlio e suo genero. Probabilmente ha riso proprio come Hillary Clinton quando è stata applicata una giustizia di stampo imperiale contro Gheddafi.

Più recentemente, la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto contro Vladimir Putin sulla base di ciò che l’autore definisce una vera e propria menzogna: che la Russia avesse rapito bambini ucraini. In realtà, la maggioranza della popolazione del Donbass, oppressa dal regime ucraino dal 2014, si considera russa e ha sostenuto l’integrazione delle proprie regioni nella Federazione Russa attraverso un referendum.

I bambini del Donbass sono fuggiti in Russia insieme alle loro famiglie alla ricerca di un luogo sicuro per sfuggire ai bombardamenti e ai massacri perpetrati dalle forze militari e paramilitari fasciste che agiscono su ordine di Kiev. Circa 15.000 persone sono morte per mano del regime ucraino tra il 2014 e il 2022, e da allora sono stati commessi ulteriori massacri, ma questo non ha importanza per la CPI.

Nel prossimo articolo vedremo come la CPI protegga le potenze imperialiste – che sono le nazioni più criminali del mondo – e la composizione della struttura interna della Corte, dominata dagli interessi imperialisti a tutti i livelli, garantendone il funzionamento come strumento di controllo e dittatura sui paesi poveri.