En 2019, abrió sus puertas el restaurante Sintonia con una cocina con mucha personalidad, caracterizada por el amor y respeto al producto, la subordinación a la temporalidad de la materia prima, la búsqueda del sabor, sus raíces tradicionales y un toque de autor que confiere a su propuesta un aire renovado.

Durante estos siete años, Sintonia se ha hecho con un lugar preferente en la gastronomía barcelonesa y su steak tartar se ha convertido en el más deseado y, prueba de ello es que, en este tiempo, ya se han servido 30 mil raciones del mismo.

Y aunque existe la creencia de que lo que funciona, no hay que tocarlo, a veces viene bien adaptarse a los nuevos tiempos así que, aprovechando un cambio en la propiedad del hotel en el que se ubica el restaurante, en Sintonia se apostó por simplificar la carta y adaptarla a la actual tendencia de compartir y llevar a cabo un restyling del espacio.

"Sigue siendo una cocina de producto y mercado, con un toque de brasa, mucho sabor y muchas horas de cocina", comenta el chef Pablo Tomás, quien sin embargo señala que a "nuestros clásicos, como el cabrito, el canelón XL, el steak tartar, el arroz de gamba roja o el croissant ahumado, hemos añadido ahora otras propuestas para compartir".

Estamos hablando de "bocados de entrante, como la bomba de crujiente de brandada de bacalao con allioli de miel, el Ssam de cerdo negro o el lingote de cochinillo", indica el chef, "así como las piezas de pescado enteras, de kilo, gracias a las cuales las brasas, en las que también cocinamos carnes como la chuleta o el secreto, han tomado un mayor protagonismo". "El pescado lo servimos con agua de Lourdes, un aliño ligero que potencia su sabor".

Sobre el producto del mar, Tomás recuerda que "estamos siempre condicionados por lo que nos trae cada día nuestro proveedor, así que los pescados solemos ofrecerlos al cliente como sugerencias fuera de carta, así como otras propuestas de temporada".

En definitiva, Sintonia mantiene su esencia, pero ha procurado adaptar su propuesta a los gustos, inquietudes y necesidades de sus comensales.

En esta línea, ha rediseñado su fórmula de mediodía para ofrecer un menú ejecutivo que consta de una media ración de entrante y un plato principal de la carta, más postre y bebida, por 35 euros. "Vimos que a mediodía venía mucha gente que tan solo tenía una hora para comer y este menú se adapta mucho mejor a sus necesidades", explica Tomás.

Por contra, el menú gastronómica de fin de semana, que incluye unos siete pases y tiene un precio de 55 euros, se mantiene intacto.

Paralelamente, en Sintonia también se ha llevado a cabo una renovación de la oferta de su barra para convertirla en un Steak & Wine, con una propuesta basada en quesos, embutidos y vinos, como hasta ahora, pero también con bocados como el brioche de steak tartar.

Todo ello ha ido acompañado de un rediseño del espacio para darle un aire de bistrot urbano y el reacondicionamiento de su terraza, que para el chef, "es ahora mucho más agradable".

En nuestra época de fiebre memorialística, pocas operaciones están más consensuadas en el arte que el rescate de los cuerpos y voces que quedaron fuera de la historia. Todo muy necesario. Hasta que esa reparación empieza a funcionar con otro sesgo, otra forma de orden, trivial, masculino, que de nuevo deberá quedar sometido a cuestión. El trabajo de Cabello/Carceller está muy lejos de esa preocupación. Su ambigüedad cuidadosamente sostenida genera, incluso en sus momentos más manieristas, más respeto que sospecha.

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Las maniobras de las presuntas «cloacas del PSOE» para articular «diversas vías» con el objetivo de «desestabilizar» los procedimientos judiciales que cercan al Gobierno de Pedro Sánchez llegaron hasta en forma de denuncia ante el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Se trata de un escrito con el que se pretendía atacar a la magistrada Beatriz Biedma, que instruye las pesquisas contra el hermano del presidente del Gobierno, y, por ende, tratar de destruir el procedimiento.

En este sentido, y según ha puesto ya de manifiesto la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en sus informes, la presunta trama criminal a cuyo frente el magistrado Santiago Pedraz sitúa a Santos Cerdán, se habría servido especialmente del exjuez José Sáenz de Tejada –apartado de la carrera judicial por un caso de violencia de género contra su exmujer– para articular un ataque contra Biedma en forma de denuncia. A cambio, las cloacas le prometieron el reingreso en la judicatura.

El escrito, al que ha tenido acceso este periódico y redactado por Sáenz de Tejada, describe una «presunta organización criminal» en el poder judicial de Badajoz que habría actuado durante años de forma coordinada y con el amparo o la pasividad de distintas instituciones judiciales y fiscales. El exmagistrado, que remitió este escrito a Garcia Ortiz, solicitó la investigación de una supuesta trama de corrupción judicial en la provincia extemeña y cuestionó duramente la actuación de la propia Fiscalía General del Estado tras el rechazo inicial de su escrito.

Pero hay que ir por partes. La denuncia también recoge que siendo él (Sáenz de Tejada) magistrado, ya había denunciado esta trama de «corrupción en el anterior Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)» y que ello sería una de las causas por las que ha sido «gravemente represaliado durante años y a dia de hoy siguen las represalias para impedirme entre otras cosas que pueda solicitar mi reingreso en la carrera judicial».

La denuncia sitúa entre los señalados a varios magistrados y profesionales del Derecho de Badajoz, además de la jueza Biedma, a los que atribuye una actuación conjunta que, según su relato, habría perjudicado a ciudadanos y letrados que intentaron cuestionar determinadas decisiones judiciales.

El abogado sostiene que la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado el 21 de octubre de 2024 estaba firmada por abogado y procurador y contenía una relación de hechos que, a su juicio, justificaban la apertura de una investigación. Entre los delitos que menciona figuran organización criminal, prevaricación continuada, falsificación en documento público, coacciones, tráfico de influencias, revelación de secretos y represalias contra denunciantes, entre otros.

Las fechas de estas denuncias coinciden con los avances de la instrucción de Biedma, que admitió a trámite el escrito puesto por Manos Limpias en mayo de 2014 para investigar al hermano del presidente del Gobierno. La instrucción se prolongó durante once meses, hasta que a finales de abril la jueza emitió el auto que convertía la instrucción en procedimiento abreviado que dejaba al borde del banquillo a los once imputados y que finalmente han sido juzgados. El caso está visto para sentencia.

En cualquier caso, la denuncia interpuesta por Sáenz de Tejada buscaba ejecutar un ataque directo conta la magistrada Biedma, contra quien las «cloacas» desplegaron una campaña de acoso y derribo y una operación en su entorno más cercano destinada a la búsqueda de trapos sucios.

Hay, no obstante, otro detalle que llama la atención en el escrito del magistrado apartado de la carrera judicial: la respuesta que recibió posteriormente desde la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Según relata en la denuncia, la fiscal de Sala jefa de la Secretaría Técnica, Ana Isabel García León, contestó a la denuncia mediante un escrito en el que indicaba que los hechos comunicados debían canalizarse a través de un canal facilitado en la carrera judicial para denunciar conductas ilícitas de algunos miembros de la judicatura. Asimismo, señalaba que el Ministerio Fiscal carecía de competencia para iniciar una investigación en ese ámbito concreto.

Esa contestación provocó una reacción inmediata del denunciante. En el nuevo escrito remitido directamente al fiscal general, Sáenz de Tejada califica la respuesta de la Secretaría Técnica como una actuación «insólita e ilegal» y sostiene que la Fiscalía sí dispone de capacidad para impulsar las investigaciones derivadas de una denuncia penal.

Con todo, los agentes de la UCO explican también que Leire Díez fue quien instruyó al exmagistrado condenado para que remitiese la denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra la jueza Biedma, «porque ella consideraba que tenía control sobre la citada institución, y que allí le estarían esperando». «Que se remitieron al menos dos denuncias: una primera que no prosperó, y una segunda que no puede precisar con exactitud si salió adelante», refleja el informe.

En paralelo, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha negado que el exfiscal Álvaro García Ortiz diera instrucciones sobre la denuncia contra la jueza del «caso David Sánchez». Pero hay que recordar que las citas de la exmilitante socialista Leire Díez con la FGE coinciden con el intento de Sáenz de Tejada de personarse como acusación en la causa contra el hermano de Pedro Sánchez.

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha negado que el exfiscal Álvaro García Ortiz diera instrucciones sobre la denuncia contra la jueza del "caso David Sánchez", Beatriz Biedma, que interpuso el exjuez Luis José Sáenz de Tejada. En un comunicado, la institución ha asegurado que recibió el 21 de octubre de 2024 una denuncia presentada contra cuatro jueces y un abogado de Badajoz, pero que el escrito fue inicialmente archivado por defectos formales al haberse presentado al amparo de una normativa destinada a canalizar denuncias internas sobre posibles infracciones cometidas por miembros de la carrera fiscal.

Hay que recordar que, tal y como ha contado este periódico, que las citas de la exmilitante socialista Leire Díez con la FGE coinciden con el intento de Sáenz de Tejada de personarse como acusación en la causa por tráfico de influencias que instruía la magistrada Beatriz Biedma contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a cuenta de su supuesto enchufe en la Diputación de Badajoz.

En la denuncia se invocaba una normativa que prevé un canal interno para denunciar posibles infracciones de miembros de la carrera fiscal por parte de otros fiscales. En este caso, según explica la FGE, ni el denunciante ni los denunciados eran fiscales. La denuncia fue archivada por la Secretaría Técnica de la FGE por defectos formales. "El archivo y su motivación se notificó al denunciante", añaden.

"Ante ello, el denunciante dirigió una queja por burofax al Fiscal General del Estado quien, a su vez, siguiendo el trámite establecido y habitual, la remitió a la Secretaría Técnica de la FGE para que le diese el curso oportuno. En el burofax se solicitaba que se tramitara la denuncia en la forma que se considerase adecuada, independientemente de la normativa que el denunciante alegó en su primer escrito", apuntan.

La Secretaría Técnica de la FGE, cuyos dos miembros se reunieron con Leire Díez, optó entonces por remitir la denuncia el 29 de noviembre de 2024 a la Fiscalía territorialmente competente, que era la Fiscalía de la Comunidad autónoma de Extremadura, puesto que en la FGE no se realiza ningún tipo de actuación procesal.

Eso sí, aseguran con contundencia que, la FGE no dio ningún tipo de directriz a la Fiscalía competente sobre cómo proceder.

Former street seller celebrates newfound rights after debacle in claiming €500,000 scratchcard prize while undocumented

A Nigerian man who won €500,000 in an Italian lottery – but was barred from collecting his windfall because he was undocumented – said the hardship of his more than decade-long immigration journey had been eased after he was finally granted a residency permit.

“I’ve been praying for this moment ever since I arrived in Italy,” said Imagbe Ehizomwengie, 36. “It’s a huge relief. You might think it’s incredible, but receiving the permit means more to me than winning the money. I want to work and contribute to society.”

Durante casi ochenta años, los Archivos Nacionales de Estados Unidos han guardado un secreto histórico: la identidad de más de doce millones de personas afiliadas al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP) fundado por Adolf Hitler en enero de 1933, en fichas dispersas entre microfilmes y fondos parcialmente inaccesibles. 

La publicación de estos registros en marzo de 2026 generó un revuelo público, sobre todo, después de que cabeceras alemanas como Die Zeit lo pusieran aún más fácil para rastrear la información, hasta el momento solo disponible si se solicitaba específicamente a los Archivos Federales Alemanes. El periódico ideó un buscador para bucear fácilmente en la base de datos tan solo utilizando el nombre y el lugar de nacimiento de los antepasados en cuestión. 

“¿Alguno de sus familiares —su padre, su abuela o su bisabuelo— perteneció al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP), los nazis?”, preguntan retóricamente en la página principal de la herramienta, pensada para descubrir la historia de las familias y su vinculación con el partido que terminó materializando -con continuas atrocidades, cuya máxima expresión fue el Holocausto- la ideología supremacista de los nazis. 

Al profesor e investigador mallorquín Joan Buades, cuando se hizo eco de la desclasificación, se le ocurrió una manera muy diferente de utilizar el buscador, más vinculada a la investigación histórica: ¿qué personalidades de origen alemán, relacionadas con la Balears de esa época de entreguerras, podían aparecer?

Entonces descubrió que la huella del nazismo se escondía tras biografías individuales tan inusitadas como la del pintor alemán de Will Faber, que llegó por primera vez a Eivissa cuando ya sonaban tambores de Guerra Civil en territorio español. Casi de forma simultánea, en su país natal, Hitler ascendía al poder.

Como consecuencia de este nuevo régimen, se producía una diáspora de población alemana, judía y no judía -gente de izquierdas y demócratas-, contrarias a la ideología del nuevo régimen, que recaló en algunos casos en Barcelona y también en Mallorca y Eivissa, muy baratas en aquella época. La capital catalana, primera ciudad de exilio del artista alemán, era, por otro lado, uno de los bastiones nazis, estratégicos, en España, para controlar las rutas marítimas del Mediterráneo Occidental. 

En Barcelona vivió Faber hasta 1936, cuando decidió volver a Alemana coincidiendo con el estallido de la Guerra Civil. Tres años más tarde, en diciembre de 1939, se inscribía al NSDAP utilizando su dirección barcelonesa: Carolinas, número 11, según el documento oficial al que ha accedido elDiario.es. “Es bastante extraño porque pertenecía a un grupo de artistas que hacían arte -el de las nuevas corrientes- que para los nazis era considerado degenerado. Vienen a las islas a refugiarse, alguno de ellos, como el también alemán Erwin Broner, eran judíos”, explica Lluis Ruiz, presidente del Fórum per la Memòria Histórica en las Pitiusas.

Es bastante extraño porque pertenecía a un grupo de artistas que hacían arte -el de las nuevas corrientes- que para los nazis era considerado degenerado. Vienen a las islas a refugiarse, alguno de ellos, como el también alemán Erwin Broner, eran judíos

Lluís Ruiz — Presidente del Fórum per la Memòria Histórica en las Pitiüses

Una imagen vinculada a la vanguardia

Junto a sus datos personales, se reflejan, en la ficha hecha pública por los archivos estadounidenses, su profesión: “Maler” -pintor, en alemán- junto a la abreviatura “Graph” -gráfico-, lo que revoca las posibilidades de que -como especula Ruiz con incredulidad- pueda tratarse de otra persona y no del mismo artista que aterrizó en la vida cultural ibicenca de la segunda mitad del siglo XX y se arropó en la bohemia de sus tribus extranjeras.

Faber llegó a convertirse en una de las figuras más reconocibles de la isla: pintor e ilustrador, su trayectoria autodidacta estuvo marcada por los desplazamientos entre países y la experimentación artística de una carrera que se forjó principalmente en las ciudades de Múnich y Berlín.

El pintor alemán fue una de las figuras más reconocibles de la isla y su carrera se forjó principalmente en Múnich y Berlín

Nació en 1901 y, aunque primero trabajó como herrero, pronto orientó su actividad hacia el arte, recoge la Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera, que le dedica un apartado a su biografía como parte de las personalidades que pasaron entonces por la pitiusa. Su carrera arrancó con técnicas de grabado sobre madera y a finales de aquellos felices años 20 contrajo matrimonio con Emma Kaiser en la capital alemana. Precisamente, una de las hipótesis con más peso de que aparezca en los registros al partido nazi es que lo hiciera para, de algún modo, salvar a su mujer y no por afinidades reales con el nazismo. 

Una de las hipótesis con más peso de que aparezca en los registros al partido nazi es que lo hiciera para, de algún modo, salvar a su mujer y no por afinidades reales con el nazismo

La pareja se estableció en 1932 en Barcelona, donde Faber trabajó como diseñador gráfico e ilustrador antes de viajar a Eivissa para una estancia corta que terminaría prolongando. Allí coincidió con algunos de los artistas e intelectuales europeos que habían encontrado refugio en la isla, entre ellos el dadaísta vienés Raoul Hausmann y el arquitecto Erwin Broner, antes de marcharse a su país de origen hasta el 39 -año en que se afilia al partido de Hitler-. Inmediatamente después se embarcó por segunda vez el mismo recorrido: primero la ciudad catalana y luego Balears. Esta vez para quedarse.

Su obra empezó a exponerse de manera habitual en galerías y espacios artísticos de Eivissa. El pintor había bebido del expresionismo alemán y recibido influencias del racionalismo espacial de la Bauhaus -que primero colaboró con el nazismo, pero más tarde fue prohibida por el mismo- y llegó a formar parte de instituciones como el Museu d’Art Contemporani d’Eivissa (MACE), que todavía alberga alguna de sus colecciones. Así como en instituciones museísticas catalanas (llegó a recibir la Medalla d’Or en Barcelona).

Eivissa: refugio de artistas europeos

La llegada del pintor vanguardista a la isla se produjo en un contexto mundial en que la pitiusa atraía a numerosos artistas e intelectuales europeos, fugitivos de la inestabilidad política y del avance de los regímenes fascistas. Entre ellos Haussmann o el filósofo judío Walter Benjamin, quien vivió durante una temporada en Sant Antoni y terminó suicidándose por la continua persecución de la Gestapo. También la -menos conocida- pintora judía-austriaca Lene Schneider-Kainer residió en Eivissa entre 1933 y 1936 después de que el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán se convirtiera en la principal fuerza política de su país.

La llegada del pintor vanguardista a la isla se produjo en un contexto mundial en que la pitiusa atraía a numerosos artistas e intelectuales europeos, fugitivos de la inestabilidad política y del avance de los regímenes fascistas, como el filósofo judío Walter Benjamin

El existencialista argelino -y de ascendencia menorquina- Albert Camus se asentó igualmente en el paraíso mediterráneo, junto a literatos nacionales de la generación del 27, como Rafael Alberti o María Teresa León, en un grupo vanguardista que complementaban los arquitectos Broner y el catalán Josep Lluís Sert.

Eivissa se convierte así en un punto de encuentro para creadores europeos que buscaban desarrollar su trabajo en un entorno alejado de las tensiones políticas que sacudían el continente. “Durante la Segunda República hubo una presencia significativa de intelectuales foráneos que propagaron esta visión paradisíaca de la isla al exterior”, explicó Rosa Rodríguez, licenciada en Historia del Arte y autora de La construcció d’un mite. Cultura i franquisme (1936-1975), para otro reportaje de elDiario.es publicado en 2022.

El grupo ‘Ibiza 59’

Pese a que muchos huyeron con el estallido de la Guerra Civil -y antes fueron perseguidos o represaliados por los regímenes nazi-fascistas-, otros como Faber siguieron encontraron refugio en la isla hippie, que, por otro lado, estaba atada al yugo de una dictadura que había sido apoyada por las mismas que les habían obligado a huir. 

Las particulares circunstancias terminaron creando, a finales de los cincuenta, el Grupo Ibiza 59, formado por artistas de vanguardia de variopintas nacionalidades que compartían un interés por el arte contemporáneo, especialmente por las corrientes renovadoras europeas y la abstracción geométrica de posguerra.

A esta cuadrilla de tendencia izquierdista pertenecía Faber, que, cuando se afilió, por otro lado, al Partido Nazi, tenía 38 años y ya había pertenecido a este ecosistema bohemio de la isla. “A esa edad, ya no era demasiado joven, sino que ya debía tener una conciencia política plena”, considera Buades. Fue en el año 36, tras el estallido de la contienda civil en España, cuando el pintor volvió a Alemania, a Saarbrücken, la capital del land alemán de Sarre, de donde era oriundo. 

En este territorio fronterizo con la región francesa de Lorena y que pasó a ser administrado por Francia como represalia tras la Primera Guerra Mundial, pero recuperado por Hitler en 1935, vivió Faber cuando se afilió al NSDAP. Por su género y su edad, le habría correspondido ir al frente -escalaba el segundo conflicto bélico a nivel mundial-. Sin embargo, volvió a las islas posteriormente.

El artista, que perteneció a una cuadrilla de tendencia izquierdista -el Grupo Ibiza 59-, abandonó España en el 36 tras el estallido de la Guerra Civil. Volvió a Alemania, desde donde se afilió al Partido Nazi con 38 años de edad. Regresó a la isla años más tarde

Su predilección fidedigna por Eivissa y su presunta identidad rupturista con el fascismo le merecieron al pintor una calle en el barrio de ses Figueretes de Vila que todavía conserva su nomenclatura. Pero el nuevo hallazgo levanta la cuestión sobre el reconocimiento, que ahora suscita contrariedad de opiniones entre los expertos en memoria histórica. 

Tras su hallazgo en la base de datos de Die Zeit, el mismo Buades intentó rectificar la información sobre el artista en Viquipèdia -la versión catalana de Wikipedia-, pero la persona responsable del perfil de Faber revocó los nuevos archivos que el profesor había publicado y demostraban su afiliación al partido nazi, así como parte de la información que había añadido, cuenta a elDiario.es. 

Afiliarse la partido: una decisión

Por ahora, solo existen especulaciones e incógnitas respecto a los motivos que le condujeron a inscribirse en un partido aparentemente tan contrario a sus ideales y los de sus afines. Por otro lado, no era obligatorio inscribirse a los NSDAP. “De hecho, durante largos periodos suspendieron las nuevas afiliaciones para evitar una avalancha de oportunistas”, señala Joan Buades. Es decir, evitar que la población alemana se registrara para protegerse de recibir represalias por parte del régimen.

Según la página oficial de los Archivos Nacionales de Alemania, la mayoría de las solicitudes datan del período 1936-37 -previamente no estaban permitidas-, antes de la reapertura de la membresía al público en general en 1939. Fue entonces, durante el mes de diciembre, cuando Faber se inscribió. 

“Le dieron acceso en el año 40, entró bastante tardío. Muchos alemanes se afiliaron por motivos oportunistas, porque era más fácil conseguir trabajo, obtener encargos por parte del Gobierno y entrar a las ofertas públicas de empleo”, detalla Alex Sepasgosarian, periodista del diario alemán Mallorca Magazin y autor del libro Mallorca bajo la cruz gamada. 1933- 1945. Otra de las razones por las que la gente se inscribía era que era más fácil salir de Alemania y gestionar los visados, lo que podría explicar la decisión del artista.

Le dieron acceso en el año 40, entró bastante tardío. Muchos alemanes se afiliaron por motivos oportunistas, porque era más fácil conseguir trabajo, obtener encargos por parte del Gobierno y entrar a las ofertas públicas de empleo

Alex Sepasgosarian — Periodista de 'Mallorca Magazin' y autor del libro 'Mallorca bajo la cruz gamada. 1933- 1945'

Hitler había desplegado organizaciones del partido por el extranjero, incluido Balears, que contaba con su filial. En el caso de Mallorca, tenía su propia Org-Gruppe (grupo de organización), que se fundó en verano de 1932, medio año antes de que Hitler llegara a la Cancillería. También había una en Eivissa, eso sí, con un número de miembros mucho menor porque la pitiusa no era un destino tan popular entre los alemanes -a día de hoy, su principal mercado turístico sigue siendo el británico-.

“En Ibiza había un roce ideológico entre el grupo de germanos exiliados, de hecho, el grupo de organización ibicenco se puso en contacto con el de Mallorca para presentar una queja -por la existencia de una especie de disidencia contra el NSDAP- que llegó hasta el cónsul”, pormenoriza el periodista de Mallorca Magazin.

En datos, según un artículo de 2017 publicado en la Revista de Estudios Políticos del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, entre mayo 1937 y 1942 se afiliaron más de 4.800.000 personas al partido. La cifra había crecido escandalosamente cuando terminó la Segunda Guerra Mundial: el partido nazi tenía 8,8 millones de afiliados en todo el territorio bajo su control; esto es el 15% de la población con derecho al voto. El principal requisito era ser ario, y secundariamente, no tener antecedentes penales, contar con un trabajo “honesto” y no haberse convertido al islam, entre otros.

Una “fiebre patriótica” derivada del nazismo

Uno de los episodios más llamativos del último periodo de Faber en España fue su amistad con Camilo José Cela, censor durante el franquismo. Ambos se conocieron en 1960, cuando Faber obtuvo un premio de pintura organizado por la galería El Corsario y que estaba presidido por el escritor gallego. La relación se prolongó durante años y estuvo marcada por encuentros frecuentes durante las visitas de Cela a Eivissa.

“En realidad, esto muestra que estaba muy arropado por gente del régimen y que, aún así, ha podido mantener esta ficción -él como figura rupturista- hasta hoy, cuando los americanos han hecho pública la base de datos de afiliados”, conjetura Buades. Por su parte, el experto en memoria histórica Antonio Viñarás añade que, cuando emergió, había una “fiebre absoluta” por el partido de Hitler: “La gente estaba eufórica, confiaba en que iba a traer grandes cambios a la sociedad alemana”. Lo compara, ahora, con el auge de la ultraderecha en Europa.

Sepasgosarian precisa que, efectivamente, en el 39 había una “euforia patriótica” desencadenada por el nazismo y acentuada por la reciente conquista de Polonia. “En el caso de Faber parece más una cuestión oportunista, para quedar bien con las autoridades alemanas y también con las autoridades españolas y poder continuar con sus objetivos vitales”, añade.

En abril de 1939 el Bando Nacional -afín al régimen hitleriano- había derrotado al bando republicano. Durante el conflicto, los alemanes, que ya profesaban amor por Balears y se habían asentado en España, huyeron por miedo, ayudados incluso por la Marina Alemana. “Pero, cuando terminó la guerra, la mayoría quería volver al mar y al sol, y muchos lo hicieron”, añade el periodista.

Las citas de la exmilitante socialista y el letrado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, con miembros de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la sede de la institución acerca la posibilidad de que el magistrado Santiago Pedraz acuerde nuevas declaraciones. Sobre todo, las comparecencias en calidad de testigos que empiezan a perfilarse como un escenario difícilmente evitable son las del entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica y actual fiscal del Tribunal Supremo Diego Villafañe y la de la ahora fiscal de la Audiencia Nacional Beatriz López Pesquera, que fueron quienes se reunieron con ambos y quienes también reportaron al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz el contenido de las citas.

Fuentes jurídicas consultadas por LA RAZÓN aseguran que, por ahora, no se plantea la opción de citar a estos miembros de la Fiscalía a declarar como testigos. Hay que tener en cuenta que la ronda de comparecencias en el marco de estas diligencias comienza el próximo día 26 de junio y no termina hasta el 14 de julio con la declaración en calidad de investigada de la letrada Leticia de la Hoz –que ejerce el derecho de la defensa de Koldo García–. Sin embargo, otras fuentes consultadas de Hazte Oír, que ejerce la acusación popular en los principales casos de corrupción que cercan al PSOE, han confirmado a este periódico que solicitarán al Partido Popular –que lidera la acusación popular– que se presente un escrito solicitando la testifical de Villafañe, López Pesquera e incluso García Ortiz.

El criterio de la acusación popular coincide con lo solicitado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ve pertinente la testifical de estos miembros de la carrera fiscal en aras de un ejercicio de «transparencia» y de conocer la verdad «oculta» que aún impera en la realidad de esos encuentros. De hecho, los fiscales tienen aún muchos interrogantes que resolver: cuál fue el motivo de dichas reuniones, qué objetivo perseguían y por qué no se informó a la Fiscalía Anticorrupción sobre su contenido.

APIF ve necesario que testifiquen

Esta organización explicó ayer en un duro comunicado que veía insuficientes las explicaciones dadas por la Fiscalía General para justificar sus citas con Leire Díez y que esta secuencia de hechos apuntaban «indiciariamente a una posible cooperación» de la Fiscalía General «para apoyar las estrategias de influencias, corrupción y falsedad de los citados investigados en perjuicio del servicio a la Administración de Justicia y del impulso de determinadas causas judiciales».

En líneas generales, los fiscales tanto de esta organización como aquellos agrupados bajo el paraguas de la mayoritaria Asociación de Fiscales han arremetido contra la institución porque, a su juicio, estas citas acumulan demasiadas anomalías para ser consideradas un trámite ordinario. Para ellos, esta secuencia de hechos resulta difícil de explicar por varios motivos. Primero, porque es «anómalo» que se reciba a dos «particulares» en la sede de la institución. Segundo, porque estos intentan poner unas denuncias supuestamente carentes de fundamento, pero cuya información se pone en conocimiento del fiscal general del Estado. Y, tercero, porque no consta expediente ni registro administrativo alguno de aquellas visitas que ya definen sin «amparo legal». «Es precisamente esa concatenación de circunstancias lo que provoca extrañeza», señalan.

«La Fiscalía es una institución básica en un Estado de Derecho y, por tanto, no solo debe funcionar de manera independiente, sino que, además, debe parecerlo. Estos comportamientos nos alejan seriamente de esa apariencia de neutralidad política y de independencia», han añadido.

Las anotaciones de la agenda de Leire Díez en febrero de 2025 y las dos reuniones reconocidas por la Fiscalía con la conocida como «fontanera del PSOE» y el abogado Jacobo Teijelo en marzo y abril de ese mismo año coinciden con fechas clave de la ofensiva de las «cloacas» socialistas para intentar despeñar la investigación judicial al hermano de Pedro Sánchez.

Leire Díez anotó en su agenda del día 19 de febrero de 2025 «Reunión FGE». Según ha podido constatar este periódico, ese mismo día el exjuez Luis José Sáenz de Tejada intentó personarse como acusación en la causa por tráfico de influencias que instruía la magistrada Beatriz Biedma contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a cuenta de su supuesto enchufe en la Diputación de Badajoz.

Además, Leire Díez y Teijelo se vieron con el entonces número dos de Álvaro García Ortiz, el jefe de la Secretaría Técnica Diego Villafañe y con la fiscal Beatriz López Pesquera el 6 de marzo de ese mismo año –según ha admitido la Fiscalía General del Estado–, tan solo 24 horas después de que la instructora del «caso David Sánchez», Beatriz Biedma, denegase al exmagistrado la posibilidad de personarse en el procedimiento.

Esta es una de las causas, según la investigación que lidera el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que las «cloacas del PSOE» tenían en el punto de mira para intentar desactivarlas (como la de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez). Y según ha puesto ya de manifiesto la Unidad Central Operativa (UCO) en sus informes, la presunta trama criminal a cuyo frente Pedraz sitúa a Santos Cerdán, se habría servido especialmente de Sáenz de Tejada para articular «diversas vías» con el objetivo de «desestabilizar» el proceso judicial en el que estaba siendo investigado David Sánchez (que acaba de ser juzgado por la Audiencia de Badajoz).

La personación del exjuez

La primera ofensiva, precisamente, pasaba porque el exmagistrado –apartado de la carrera judicial tras ser condenado por violencia de género– se personase como acusación particular «para producir una parálisis en el procedimiento» –esgrimiendo, como efectivamente hizo, un auto de la Audiencia de Badajoz de 2015 en el que sustenta esa «enemistad manifiesta» de Biedma hacia su persona)–.

En esa resolución de 5 de junio de 2015, la Sala estimó por «mera prudencia» la recusación planteada por el exmagistrado al considerar que el hecho de que Biedma se hubiera reservado la posibilidad de ejercer acciones legales contra Sáenz de Tejada por comentarios que la propia Audiencia Provincial de Badajoz calificó como «intolerables», «irrespetuosos» y «al margen de su estricto derecho de defensa» podía comprometer su «apariencia de imparcialidad».

Una vez asegurada su presencia en el procedimiento (a la que la fiscal del caso se opuso), el objetivo era poner sobre la mesa esa «enemistad manifiesta» para apartar a Biedma de la causa.

Y es precisamente ese día en que se formaliza la petición de ser parte del procedimiento como acusación cuando Leire Díez anota en su agenda: «Reunión FGE».

«Vía» clave contra Biedma

Si esa reunión se produjo o no es una incógnita, pues la Fiscalía solo reconoce dos reuniones con la «fontanera del PSOE» y el abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, a quien Ferraz pagó al menos 125.000 euros por trabajos de asesoría jurídica de los que la Unidad Central Operativa (UCO) sospecha, pues considera que la presunta trama recurrió a «facturas mendaces» del PSOE para enmascarar los pagos a las «cloacas». Pero solo una de esas reuniones tiene fecha, el 6 de marzo del pasado año, dado que la otra la sitúa entre finales de marzo y principios de abril de ese mismo año.

En todo caso, como se ha apuntado, esa reunión reconocida por la Fiscalía General del Estado el 6 de marzo de 2025 también está vinculada estrechamente con el «caso David Sánchez» y los intentos de la presunta trama de desestabilizarlo. No en balde, 24 horas antes, el 5 de marzo, Biedma había rechazado la personación del exjuez Sáenz de Tejada, con lo que esa primera «vía» de las «cloacas» para poner patas arriba la investigación judicial al hermano de Pedro Sánchez estaba condenada al fracaso salvo que la Audiencia de Badajoz diese la razón al exmagistrado (algo que no hizo).

La recusación de Biedma

De la segunda reunión de dos de los supuestos puntales de la «trama» con el círculo más próximo a García Ortiz no se conoce la fecha, pero la Fiscalía General del Estado la sitúa entre finales de marzo y principios de abril, cuando todavía estaba abierta esa ofensiva contra Biedma para intentar echar por tierra la investigación judicial a David Sánchez.

Es en esas fechas cuando, por ejemplo, se estaba sustanciando la recusación de Biedma por parte de Sáenz de Tejada (la presentó el 19 de marzo) o, incluso, el intento de personación (visto que la vía del exjuez no prosperaba) de la hermana de Sáenz de Tejada, a quien Biedma fijó una fianza de 10.000 euros.

Los fiscales han alzado la voz en contra de las explicaciones que ha ofrecido la Fiscalía General del Estado (FGE) respecto a las dos reuniones de la exmilitante socialista Leire Díez en la sede institucional. Este jueves la Asociación de Fiscales (AF) expresaba en un comunicado su desconcierto ante el hecho de que dos "particulares" -Leire Díez y el letrado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo- se reunieran y dieran cuenta del contenido al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Ahora, a sus reproches se ha sumado la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ha emitido otro duro comunicado en el que ha expresado su "preocupación" por las reuniones del entonces Teniente de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, y miembros de las ya denominadas "cloacas" del PSOE.

La organización considera que estos encuentros generan serias dudas sobre la independencia y la apariencia de neutralidad política de la institución fiscal. Más aún, que estas reuniones se conozcan cuando aún se están "recuperando de la situación vivida por el Ministerio Fiscal que tuvo que presenciar cómo su Jefe, el Fiscal General del Estado, sin dimitir de dicho cargo, tenía la condición de acusado y se sometía a un procedimiento penal en la Sala Segunda del Tribunal Supremo y, finalmente, fue condenado por la comisión

de un delito en el ejercicio de su cargo".

En el documento, la Asociación recuerda que la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado es el órgano encargado de asesorar al Fiscal General y de elaborar documentos doctrinales de obligado cumplimiento para todos los fiscales del país. Por ello, la asociación se pregunta cuál fue el motivo de dichas reuniones, qué objetivo perseguían y por qué no se informó a la Fiscalía Anticorrupción sobre su contenido.

Para la organización, estos interrogantes "no han sido contestados por la FGE" y esto produce "una lógica intranquilidad porque tiñe a estas reuniones de fines espurios, de fines que no pueden explicarse porque no tienen amparo legal".

"La Fiscalía, el Ministerio Fiscal, es una institución básica en un Estado de Derecho y, por tanto, no sólo debe funcionar de manera independiente sino que además debe parecerlo. Estos comportamientos nos alejan seriamente de esa apariencia de neutralidad política y de independencia", aseguran.

En su comunicado, APIF sostiene que las informaciones conocidas sobre estos encuentros perjudican la credibilidad de la institución, profundizan el descrédito que afecta al Ministerio Fiscal, y va en contra de las manifestaciones de la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, de "curar heridas" y "pasar página". Al contrario, dicen, "nos hunde aún más en un descrédito que no nos merecemos y, mucho menos, se merecen los ciudadanos".

Como medida inmediata, la asociación solicita a la Fiscalía General del Estado que ordene la apertura de diligencias de investigación para esclarecer los hechos. Asimismo, pide que se tome declaración a diversos fiscales que habrían tenido relación con los encuentros y con las circunstancias investigadas como son Álvaro Garcia Ortiz, Diego Villafañe y la fiscal de la Audiencia Nacional Beatriz López Pesquera.

El «caso Leire Díez» ha consolidado las dudas sobre la financiación ilegal y la «caja B» del PSOE. Ya adelantábamos en este periódico la semana pasada que el levantamiento del secreto de sumario del «caso SEPI, del que deriva el «caso cloacas», preveía ser un nuevo clavo judicial para el Gobierno de Pedro Sánchez. Porque, si por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha conocido que el partido del Ejecutivo financió parte de la actividad orquestada para desestabilizar las causas judiciales que le cercan, se podría dar veracidad –a la espera de que se pronuncie la Justicia– a las pruebas que el comisionista Víctor de Aldama aportó en la Audiencia Nacional sobre la presunta financiación irregular de la formación.

La mayor parte de los comportamientos delictivos que el empresario ha ido señalando han terminado por tener un respaldo policial y jurídico. El comisionista entregó al juez instructor del «caso Koldo» –el magistrado Ismael Moreno– y a la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de marzo el «famoso» sobre que le había supuestamente dado la entonces vicepresidenta ejecutiva de Venezuela Delcy Rodríguez con el membrete de PDVSA, la empresa estatal de petróleo venezolana, y que probaría,a juicio del empresario, una presunta «caja B» del Partido Socialista. Según explicó Aldama, el contenido del sobre solo es un único documento relativo a un cupo de petróleo que tendría que correspondería con el relato del empresario sobre aportaciones a Ferraz y la Internacional Socialista.

Pero esta no es la única referencia que el comisionista de la trama ha hecho respecto a la posible existencia de una «caja B» del PSOE. En su declaración ante el Tribunal Supremo, el pasado mes de abril, Aldama señaló que el exasesor ministerial Koldo García le pedía que consiguiera «donaciones» de constructoras para la «financiación del partido».

Al hilo de esto, cabe no olvidar que le exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán está imputado por el presunto amaño de obras públicas, a cambio de «mordidas».

En esa misma comparecencia ante el alto tribunal, el comisionista llegó a desmenuzar la cantidad exacta que el partido del Gobierno habría ingresado a su caja contable con las comisiones que la «trama mascarillas» habría entregado: un total de 1,8 millones de euros.

Todas aquellas declaraciones del empresario cogen ahora más forma después de conocer que la trama de las «cloacas» encabezada por Cerdán, Díez, y otros tantos miembros, se valía de la logística del PSOE para poner en marcha su actividad presuntamente delictiva. En concreto, entre los pagos que están bajo sospecha tras los registros efectuados por la UCO en la sede de Ferraz y en otros puntos de interés estarían los 4.000 euros mensuales que la exmilitante Díez habría cobrado por tratar de destruir «cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno».

Se trata de unos montos de dinero que la «fontanera» habría recibido a través de la consultora del exvicepresidente socialista de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y de sociedades ligadas al letrado Ismael Oliver Romero. Para ello, contaban con el beneplácito de la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, también imputada en el procedimiento, que se encargaba de emitir órdenes de encargo sobre las que elaboraba «mendaces facturas» para permitir la transferencia de fondos a Leire Díez.

Otro de los pagos que está bajo el foco de los investigadores es el que la trama destinó a un medio de comunicación vinculado con los miembros de la presunta organización criminal en el marco de una campaña de publicidad de las elecciones europeas del año 2024.

En el sumario del caso se expone que, poco después de la primera reunión de las «cloacas» en Ferraz en abril de 2024, el partido hizo llegar a Crónica Libre una cuantía cercana a los 20.000 euros y que fue supuestamente Ion Antolín, entonces jefe de prensa del PSOE, el encargado de gestionar esta operación.

Este periódico adelantó también la semana pasada que hubo una persona ajena a los miembros de la considerada como organización criminal que les avisó de que ese pago sería «ilegal». Tanto es así, que llegó a aconsejarles que declararan ese pago a Hacienda para no tener «líos».

Hay, no obstante, otra cantidad de dinero en el punto de mira. Según las indagaciones realizadas por la UCO, el letrado que ejerce la defensa de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, cobró del PSOE «al menos, 125.000 euros» hasta que el exsecretario de Organización fue imputado en una pieza del «caso Koldo», en junio de 2025.

Mientras, el abogado, según pudo saber este periódico, sostiene que ofreció asesoría jurídica a la formación socialista de manera completamente legal y de una forma que está correctamente documentada, pero la UCO apunta a que los pagos «quedaron amparados por un soporte documental aparente y una facturación falaz, cuya confección no habría resultado posible sin la confección de una nota de encargo por Díez a través de Cerdán y rubricada en última instancia por Fuentes, en calidad de directa gerente federal del PSOE».

Por otro lado, hay que tener en cuenta también la declaración en sede judicial de una empresaria imputada en el «caso hidrocarburos», Carmen Pano, que aseguró haber llevado 90.000 euros en efectivo en bolsas de plástico a la sede del Partido Socialista.

En línea con este testimonio, el sumario del «caso Leire» también ha revelado que supuestamente la abogada Leticia de la Hoz, que ejerce la dirección letrada de Koldo García, le ofreció 50.000 euros a cambio de que ésta cambiase su declaración en sede judicial. Esta última cantidad no se sabe si hubiese procedido o no de los fondos de la formación, pero está, en cualquier caso, bajo sospecha de los investigadores, aunque la letrada haya negado este ofrecimiento.

No es de extrañar, por tanto, que el magistrado del procedimiento, Santiago Pedraz, haya accedido a una petición de los agentes para ejecutar una radiografía completa de las cuentas bancarias del partido en los ejercicios 2024 y 2025.

Además, ha solicitado un informe exhaustivo al Ministerio de Hacienda sobre el estado y los movimientos de los productos bancarios del Partido Socialista y de empresas y particulares presuntamente implicados.

La reforma que prometía hacer más ágil la Justicia está teniendo el efecto contrario en los juzgados de Balears, según denuncian abogados, jueces y otros operadores jurídicos. La nueva organización judicial impulsada por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia —más conocida como Ley de Eficiencia Procesal— habría añadido nuevas complejidades a un sistema que ya arrastraba una grave falta de medios.

Expedientes ya instruidos acumulan meses de espera para recibir sentencia y algunos procedimientos comienzan a señalarse para dentro de tres e incluso cuatro años. La situación se extiende a todas las islas, pero empeora en Eivissa. En parte, por la actual crisis de la vivienda, pero también desde que los hermanos Cazorla incendiaron la antigua sede de los juzgados en 2019, lo que les mereció una condena de cuatro años de cárcel. 

Aquel episodio supuso una paralización, reconocida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de la Justicia en la isla, que fue reactivándose de forma progresiva en edificios provisionales donde a día de hoy aún mantienen algunos órganos judiciales —el resto está en la sede principal—. Desde entonces, el sistema judicial de Eivissa y Formentera ha operado bajo una situación de sobrecarga.

Los trabajadores de los tribunales pitiusos perciben que el atasco de asuntos, lejos de aliviarse, continúa aumentando con la nueva Ley de Eficiencia. La aplicación de la norma habría afectado especialmente a la tramitación de denuncias, ya de por sí lenta, y que se ha visto aún más ralentizada tras la reorganización del sistema judicial, según su versión. elDiario.es se ha puesto en contacto con el Ministerio sin recibir respuesta en el momento de la publicación.

Esta reorganización se suma al problema crónico de falta de personal en Eivissa —donde el área forense lleva años prácticamente desmantelada— y contribuye a una mayor dilación en la resolución de los procedimientos, según señala un letrado con asuntos en la isla que prefiere no identificarse. El profesional, que también trabaja en ciudades como Madrid, Valencia o Barcelona, sostiene que, pese a su tamaño, estas no presentan la misma carga de trabajo que la isla, que cuenta con 164.265 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Un beneficio para los acusados

“Para los demandantes -estos retrasos judiciales- suponen un estrés añadido al que ya se sufre durante los procedimientos. Se victimiza aún más a la víctima”, señala el abogado.  En cuanto a los acusados, añade, sucede justo lo contrario: en algunos casos pueden verse incluso beneficiados por las dilaciones indebidas, es decir, los retrasos en la tramitación de los procedimientos.

De hecho, el artículo 24.2 de la Constitución española reconoce el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: “Todos tienen derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías”. “Desde enero, hay expedientes que no se tramitan y ejecutorias -el documento mediante el que se hace efectiva una sentencia firme- que se están viendo afectadas. Esto puede beneficiar a los acusados”, explica el abogado especialista en derecho administrativo y penal David Salvà. 

Desde enero, hay expedientes que no se tramitan y ejecutorias -el documento mediante el que se hace efectiva una sentencia firme- que se están viendo afectadas. Esto puede beneficiar a los acusados

David Salvà — Abogado especialista en derecho administrativo y penal

En el caso de las víctimas, el letrado asegura que se ve obligado a presentar escritos ante el Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) para instar la agilización del procedimiento, advirtiendo incluso de posibles denuncias por dilaciones ante el CGPJ. Por ahora, añade, esto no ha afectado a las condenas, aunque “puede llegar a hacerlo”.

Con la nueva norma se preveía resolver la saturación del sistema judicial, “pero no ha sido así”, advierten desde el decanato de los juzgados de Eivissa y Formentera. La reforma contemplaba una reorganización del sistema judicial, con la eliminación de juzgados, la creación de Tribunales de Instancia con secciones y la unificación de oficinas judiciales con personal común.

Más medios: la auténtica necesidad

El número de trabajadores resolviendo asuntos es, sin embargo, “exactamente el mismo”, y la cantidad de procedimientos tampoco se ha reducido, sino que se mantiene o incluso ha aumentado, asegura a elDiario.es el juez decano de las Pitiusas, Sergio González. “Todo lo que no pase por una inversión de medios personales y materiales no sirve para nada”, asevera.

A esto se suma que la redistribución de los funcionarios en distintas secciones habría sido deficiente. En el caso de Eivissa, en Tramitación -admisión de demandas, recursos y querellas, entre otros- se ha destinado poco personal, mientras que el área de Ejecución, encargada de hacer cumplir las sentencias, se ha reforzado con una mayor dotación de medios, según el decano.

Todo lo que no pase por una inversión de medios personales y materiales no sirve para nada

Sergio González — Juez decano de las Pitiusas

La falta de efectivos en el departamento encargado de todos los trámites previos al dictamen de la sentencia habría provocado que la documentación no llegue a esta segunda fase. “Se ha creado un tapón tremendo”, describe González.

Las quejas no se limitan a los representantes de la Justicia en Eivissa, sino que se extienden al Ilustre Colegio de Abogados de Baleares (ICAIB) y a su homólogo en Mallorca, así como a otros operadores jurídicos del archipiélago. En diciembre de 2025, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB), Carlos Gómez, se reunió con los jueces y juezas de paz de las islas para tratar los cambios de la Ley de Eficiencia.

Los antiguos juzgados de paz se irán transformando en Oficinas de Justicia a medida que se constituyan los nuevos Tribunales de Instancia en Palma, Eivissa, Maó y Ciutadella. En total, más de mil funcionarios de todas las islas se han visto afectados por la irrupción de la nueva norma y por la reorganización derivada de su implantación durante la tercera y última fase, según publicó en su momento Diario de Mallorca.

La primera fase arrancó en enero de 2025, a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La segunda se activó en abril, cuando entraron en vigor los MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias) como requisito previo en muchos asuntos civiles, además de reformas en la legislación procesal civil, penal, social y contencioso-administrativa.

Justicia defiende la norma

Tres meses después, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguraba en la clausura de las XX Jornadas de presidentes y presidentas de Tribunales Superiores de Justicia, en Palma, que la nueva norma haría la administración de justicia “más ágil, más flexible y más cercana”.

De momento, esta nueva obligación de recurrir a los MASC ha reducido en un 20,4% el número de asuntos que han ingresado en los órdenes jurisdiccionales civil y mercantil —donde se ven desde divorcios o desahucios a cláusulas abusivas—. La legislación establece que, salvo las excepciones previstas —tutela de derechos fundamentales, filiación, concursales, medidas cautelares o casos de violencia de género, entre otras—, es obligatorio acreditar el intento de solución extrajudicial antes de interponer una demanda.

El objetivo es pasar de “una cultura del litigio a una del diálogo y del acuerdo”, según el Gobierno central. Además de reducir la carga de trabajo de los tribunales. En total, la bajada de la litigiosidad en los cuatro órdenes (incluyendo penal, social y contencioso-administrativo) es del 9,9% de abril de 2025 a abril de 2026. Son datos de las comunidades que no tienen la competencia de Justicia transferida, entre ellas Balears.

Sin embargo, a nivel nacional, los sindicatos también han denunciado cierto “caos” en la puesta en marcha de la reforma, con “problemas de coordinación y falta de información”. Fuentes sindicales consultadas en su momento por elDiario.es apuntaron, el pasado marzo, que la reasignación masiva de funcionarios había provocado que muchos desconocieran sus nuevas funciones, lo que ha derivado en suspensiones de juicios y retrasos procesales. Las mismas fuentes denunciaron el registro de incidencias técnicas y problemas con la asignación digital de expedientes antiguos, así como incompatibilidades de los sistemas operativos.

El CGPJ no encuentra “suspensiones o demoras” generalizadas

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) analizó en una reunión celebrada el pasado marzo un informe, basado en otros informes remitidos por los presidentes de la Audiencia Nacional y de los distintos Tribunales Superiores de Justicia, en el que se aprecian problemas de “insuficiencia de personal”. Así como de falta de adaptación de los medios informáticos y de “dispersión” de las sedes. Por otro lado, el documento concluye que la ley de eficiencia “no ha provocado suspensiones o demoras, más allá de casos puntuales”.

La nueva estructura judicial transforma 3.900 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia organizados por jurisdicciones y secciones especializadas. Tras el análisis, el grupo de trabajo creado para analizar el seguimiento de la reforma se reunió la semana siguiente para abordar y tratar de resolver las disfunciones detectadas.

En materia de personal, el informe afirma que en muchos territorios no han concluido los procesos para acoplar al personal a sus nuevos puestos. A esto se suma una insuficiencia general de personal, escasez de plantilla, pérdida de refuerzos, desequilibrios entre secciones y un elevado volumen de personal interino “con falta de formación” y una inestabilidad en la plantilla que se acentúa en el caso de Balears.

El acuciante problema de la vivienda

González ya advirtió al Ministerio de Justicia, antes de la entrada en vigor de la normativa, de que en las islas existía un colapso derivado de la falta de medios, que la nueva ley iba a “empeorar”. “Ahora estamos peor”, resume.

Por su parte, la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de las Illes Balears (ICAIB) denuncia que la reforma se está aplicando en un contexto ya conocido, marcado por la falta de medios materiales y un acusado déficit de personal, tanto en jueces como en funcionarios de tramitación y gestión.

“Lo que se reclama siempre son más medios para la Justicia, porque, hagamos los cambios legislativos que hagamos, completar plantillas es complicado en todo el territorio nacional”, asegura Eva Cardona, miembro de la junta. “Y en Baleares aún más, porque aunque haya funcionarios dispuestos a venir, no hay vivienda para ellos”.

Lo que se reclama siempre son más medios para la Justicia, porque, hagamos los cambios legislativos que hagamos, completar plantillas es complicado en todo el territorio nacional. Y en Baleares aún más, porque aunque haya funcionarios dispuestos a venir, no hay vivienda para ellos

Eva Cardona — Miembro de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de las Illes Balears

La emergencia habitacional genera desde hace años un déficit estructural de personal, una elevada rotación de plantillas y una inestabilidad permanente que complica la reorganización interna exigida por el nuevo modelo judicial.

La transición —según el colegio profesional— está agravando especialmente la situación en la jurisdicción civil. Entre las consecuencias, señalan la suspensión y el aplazamiento de juicios, con señalamientos fijados ya a tres o incluso cuatro años vista, frente a los dos años de espera anteriores. También apuntan a causas ya instruidas que tardan hasta un año en recibir sentencia.

Según el Colegio de Abogados de las Illes Balears, la reforma ha generado la suspensión y el aplazamiento de juicios, con señalamientos fijados ya a tres o incluso cuatro años vista, frente a los dos años de espera anteriores

Aumento de la inseguridad jurídica

La desaparición de canales unificados para la gestión de los procedimientos dificulta, además, el seguimiento de los expedientes y conocer con precisión en qué fase se encuentra cada asunto, señala el Colegio de Abogados. Ahora, varios juzgados de distintas jurisdicciones o especialidades —penal, instrucción o primera instancia, entre otras— se integran dentro de un único Tribunal de Instancia.

El objetivo de la reforma es equilibrar las cargas de trabajo mediante una distribución más flexible de las tareas. Sin embargo, según denuncia el Colegio de Abogados, esa reorganización todavía no ha dado los resultados esperados y ha provocado un deterioro en la atención que reciben tanto los profesionales como la ciudadanía. 

A ello se suman los problemas tecnológicos y las frecuentes incidencias de interoperabilidad entre sistemas informáticos, que ralentizan aún más el funcionamiento cotidiano de los órganos judiciales y aumentan la inseguridad jurídica. Un hecho que también reconoció el informe de la Comisión Permanente.

Otro de los factores que aumenta esta inseguridad jurídica, que critica el ICAIB, es la falta de criterios homogéneos sobre cómo acreditar que se ha intentado una solución extrajudicial del conflicto, requisito que la Ley de Eficiencia Procesal introduce mediante los denominados Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC). Esta exigencia ha dado lugar a interpretaciones dispares entre juzgados e incluso entre partidos judiciales.

Esta disparidad, advierten los abogados, abre la puerta a que algunas demandas sean inadmitidas por defectos formales relacionados con la acreditación de ese trámite previo. “Lejos de contribuir a descongestionar los tribunales, esta medida está provocando nuevos litigios derivados precisamente de las resoluciones de inadmisión”, lamentan desde el Colegio.

El reconocimiento por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de que dos de sus máximos responsables se reunieron en dos ocasiones en marzo del año pasado con la exmilitante socialista Leire Díez y el letrado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, ha caído como una piedra en una parte de la carrera fiscal. Entre el «desconcierto» y la «incredulidad», parte de los representantes del Ministerio Público consideran que las explicaciones ofrecidas hasta el momento no solo no despejan las dudas, sino que agrandan las incógnitas sobre unas reuniones que, a su juicio, acumulan demasiadas anomalías para ser consideradas un trámite ordinario. «Hay incoherencia en lo que se está contestando», explican fuentes consultadas a LA RAZÓN.

La primera sorpresa, apuntan, es el propio escenario. No es habitual que un particular acuda directamente a la Fiscalía General del Estado para presentar denuncias o «informaciones de posible relevancia penal», que es bajo el objeto que se presentó el letrado de Cerdán, cuando existen otros cauces habituales para estos asuntos como la Fiscalía Provincial. «Es anómalo», dicen. Menos aún, explican, que estos dos investigados en el «caso cloacas» hayan sido recibidos «nada menos» que por quien está considerado la mano derecha del fiscal general del Estado, el fiscal Diego Villafañe, que llegó a estar imputado en el caso que acabó con la condena de Álvaro García Ortiz.

«Si el contenido de la reunión o de las denuncias no tenía relevancia y acabó en nada, ¿por qué se elevó la información al fiscal general?», se preguntan desde esta parte de la carrera fiscal tras conocer los detalles trasladados por la propia institución al juzgado. La cuestión, sostienen, resulta difícil de encajar con la versión oficial de que las «denuncias carecían de sustento suficiente para impulsar actuación alguna».

Estas mismas fuentes consultadas también ponen el foco en la ausencia de documentación formal de ambas reuniones: no hubo constancia de la apertura de un expediente administrativo ni tampoco de un registro formal de entrada de la exmilitante socialista y el letrado en la sede de la FGE.

En este sentido, recuerdan que una circular interna aprobada por la propia Fiscalía General del Estado hace dos años establecía la necesidad de «incoar expediente administrativo» para cualquier asunto. Por eso consideran especialmente llamativo que unas reuniones celebradas en la cúspide de la institución no hayan dejado, al menos de momento, rastro documental conocido. «Es bastante inusual. Si esa es la instrucción vigente, hay que explicar por qué aquí no existe constancia», añaden.

La secuencia resulta, a su juicio, difícil de explicar: unas denuncias supuestamente carentes de fundamento llegan a la Fiscalía General; son recibidas por altos cargos de la institución; la información se pone en conocimiento del fiscal general del Estado; y, sin embargo, no consta expediente ni registro administrativo alguno. «Es precisamente esa concatenación de circunstancias lo que provoca extrañeza», señalan.

Estas mismas fuentes recuerdan que, antes de que el magistrado Santiago Pedraz pidiese información a la institución relacionada con los encuentros de la exmilitante socialista y el letrado de Santos Cerdán, ellos mismos elevaron un escrito al Servicio de Inspección Fiscal no solo para pedir explicaciones sino también para corroborar que las informaciones sobre ello que se iban publicando en la prensa tuviesen veracidad.

Las críticas llegan después de que la propia institución haya reconocido los encuentros y haya sostenido que los datos aportados no permitieron impulsar ninguna actuación al no venir acompañados de elementos probatorios suficientes.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya expusieron en sus últimos informes que existió un «contacto directo» entre Leire Díez y el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y que los vínculos entre los miembros de las presuntas «cloacas» del PSOE y la Fiscalía eran un asunto recurrente en las conversaciones de la red. Tanto, que llegaron a cerrar otras presuntas reuniones en la sede del Ministerio Público para el letrado del excomisario José Manuel Villarejo. «Te va a recibir el FGE. Ahora te digo lo que me ha dicho», le dijo Leire Díez al abogado Antonio García Cabrera en febrero del año pasado.

Hay, no obstante, otros mensajes entre Leire y Teijelo de mayo del año pasado donde esta le dice al letrado que pida «cita a nuestros amigos de FGE».