La Asamblea de Madrid ha vuelto a vivir este jueves un momento de tensión, esta vez a raíz de un debate sobre las víctimas del terrorismo que ha terminado con el portavoz adjunto del PSOE, Fernando Fernández Lara, expulsado tras encararse al diputado del PP Enrique Serrano.

Sucedió en el debate de una Proposición No de Ley (PNL) sobre permisos penitenciarios a etarras. La vicepresidenta de la Asamblea, Ana Millán, decidió expulsar a Fernández Lara del hemiciclo tras tratar de hablar fuera del turno de palabra. Cuando abandonaba el Pleno, siguió discutiendo con Enrique Serrano en un episodio en el que los diputados socialistas tuvieron que terciar para sacarle de la Asamblea.

La tensión empezó a crecer cuando Fernández Lara tomaba la palabra para recriminar que desde la bancada del PP se hubiera dicho que "las víctimas" del terrorismo de ETA estaban en su bancada, informa Europa Press.

La vicepresidenta de la Cámara le matizaba y le decía que lo que se había dicho desde las filas 'populares' era que tenían tres víctimas del terrorismo en su Grupo Parlamentario --entre ellas la hermana de Miguel Ángel Blanco, Marimar Blanco, y el presidente de Dignidad y Justicia, Luis Portero, quien defendía la PNL--.

Fernández Lara intentaba replicar y criticar a la vicepresidenta por no permitirle intervenir, lo que ha llevado a que Ana Millán le llamara al orden tres veces y terminase en su expulsión mientras recriminaba a la bancada de la derecha sus palabras.

"Se había ido de las manos" el debate

La portavoz del PSOE en la Cámara, Mar Espinar, ha pedido la palabra y, tras destacar que se había ido "de las manos" el debate "a todos", ha reprochado que desde la bancada del PP se les gritara "traidores". Ana Millán no ha permitido a Espinar intervenir y, en respuesta, el Grupo Parlamentario Socialista ha abandonado el hemiciclo.

Justo a continuación se debatía una PNL del PSOE sobre Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Para defenderla tomaba la palabra la diputada Silvia Monterrubio, quien arrancaba reivindicando la "indignación" de su Grupo Parlamentario porque "las víctimas están en ambas bancadas". "La diferencia es que algunos no pretendemos vivir de ellas", ha rematado.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) dio a conocer este jueves su nuevo barómetro correspondiente al mes de junio que a diferencia del anterior, aplazado a finales del mes pasado por las elecciones de Andalucía, sí recoge la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en relación al rescate de Plus Ultra y las novedades en investigaciones como el 'caso Leire' que cercan al PSOE en asuntos como la construcción de una estructura contra jueces, fiscales, mandos policiales o periodistas que investigaban asuntos de presunta corrupción que afectaban al Gobierno, al partido, a Pedro Sánchez o a su entorno. Y eso, deja tocado a ojos del centro público al PSOE.

En un mes, el CIS aprecia un desgaste importante del PSOE de Sánchez, que sin embargo sigue a la cabeza de la estimación electoral a ojos del director del organismo, José Félix Tezanos. Sánchez ganaría las elecciones de producirse esta jornada. Los socialistas obtendrán el 31,3% de los votos frente al 36,4% del mes pasado, cuando creció dos décimas. Esa caída repercute en dos direcciones, hacia los socios de izquierda estatales, o hacia el PP. Alberto Núñez Feijóo se refuerza, pasa un subida de 1,3 puntos hasta el 24,9% de los votos en mayo, a una previsión de 27,1 puntos en junio. Asciende ahora 2,2 puntos.

Después de dos meses de recuperación, Vox vuelve a caer unas décimas. La papeleta de Santiago Abascal pasa del 16,2% al 15,8% de los sufragios. En un momento crítico, la caída de Sánchez en las previsiones beneficia a Sumar y a Podemos. Sin embargo, en cuanto a los primeros, este estudio, elaborado entre finales y principios del mes pasado, no recoge las últimas novedades dentro de Sumar, con denuncias de "maltrato laboral" dentro de la dirección. La coalición de izquierdas pasaría del 5,7% al 6,4%, y Podemos, por su parte, del 2,5% al 2,8%.

Entre las previsiones a partidos regionalistas, nacionalistas o independentistas, ERC se mantiene con un 1,9%, EH Bildu con un 1,2%, alejándose del PNV, a quien duplica ya en unas votaciones al Congreso. Junts se queda en un punto, como el BNG, que crece unas décimas. Coalición Canaria y UPN aguantan con un 0,2 y un 0,1% respectivamente. Las cifras ponderan a nivel nacional, no autonómico, lo que reduce la precisión. Se Acabó la Fiesta desciende del 2,4% al 1,9%.

La imputación de Zapatero o las pesquisas contra Leire

Ahora el nuevo CIS recoge asuntos clave que afectan al PSOE, como esas investigaciones judiciales. El trabajo de campo del CIS anterior se suscribió a principios de mayo y la publicación del estudio se prorrogó una semana por el cierre de campaña andaluza. Se dejó para finales de mes. Por entonces, el 19 de mayo, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, quien indaga en presuntas irregularidades por el rescate de 53 millones de euros del Gobierno concedida a la aerolínea Plus Ultra, imputó al expresidente Zapatero por un presunto delito de tráfico de influencias u otros como el de organización criminal. Se le vincula con una red de blanqueo de capitales, como líder de una organización "jerarquizada y estable" para beneficiarse de la Administración por su acceso y contactos.

Por otro lado, tan solo una semana después, el 27 de mayo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entraba en la sede del PSOE para obtener documentación sobre esa presión a jueces, fiscales y policías por la que se investiga a Leire Díez, entre otros. Lo ordenó el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que al mismo tiempo imputó a la gerente socialista, Ana María Fuentes y al exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías. Después de eso, han salido a la luz reuniones de Díez con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, conversaciones con la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y agendas con apuntes donde aparecen las siglas P.S. que desde la oposición vinculan ya directamente a Sánchez.

La dirección nacional del PP no ve ningún inconveniente en que el andaluz Juanma Moreno acepte el término de "prioridad nacional" de Vox en su negociación con este partido para garantizarse la investidura y la futura gobernabilidad de la región. Así lo ha expresado la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra. Interrogada respeto a si animan a Moreno a entenderse con Vox -quien hace de la "prioridad nacional" la condición irrenunciable de cualquier pacto- ha arguido que "le animamos a que haga lo que los ciudadanos le han pedido en las urnas, que es formar un gobierno estable y responsable que atienda a los problemas de la gente".

La número tres de Génova asegura no ver "dónde está el problema" en el controvertido término que tanto chirría al propio Moreno y que los presidentes de Extremadura, Aragón y Castilla y León han aceptado en sus respectivos acuerdos con la ultraderecha. En este sentido, Ezcurra ha defendido que "es perfectamente compatible defender la dignidad del ser humano y del inmigrante con una adecuada organización de los recursos públicos y si los recursos públicos están bien organizados podemos ser más solidarios. Orden y ley son compatibles con solidaridad", ha agregado desde Valladolid a donde ha acudido a la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco.

PP y Vox "tenemos en común muchas preocupaciones y muy sensatas"

Los andaluces "nos han dicho que nos tenemos que entender y la gente se pone de acuerdo en lo que tiene en común". PP y Vox, ha agregado, "tenemos en común muchas preocupaciones y muy sensatas: la decadencia de España, la inseguridad en las calles, la inmigración descontrolada, el deteriodo de los servicios públicos... así que sí, por supuesto, animamos a Juanma Moreno a que forme gobierno cuanto antes".

Del mismo modo creen compatible la posición del PP en materia migratoria con la del Papa León XIV en lo que respecta "a la difgnidad del ser humano". Este princpio, aduce, "está en la primera página de nuestro plan nacional de inmigración. Para nosotros, el inmigrante es un ser digno y libre, capaz de la máxima prosperidad y obligado a cumplimiento de la ley"

Es más que probable que esta legislatura tan cuesta arriba para el Gobierno concluya sin unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE). El Ejecutivo no ha llevado a la Cámara ningún proyecto en estos tres años, pese a haberlo prometido insistentemente, por la evidente falta de apoyos. Pero el mandato emboca ya la recta final y las generales, aunque no tengan fecha, están más cerca. Y ahora sí que Pedro Sánchez puede utilizar unas nuevas cuentas como "relato", como creen en su partido, como programa electoral. Por eso el Gobierno quiere lanzar la señal de que irá más rápido con los trámites. Ya publicó el viernes pasado en el Boletín Oficial del Estado la orden de Hacienda para poner en marcha la maquinaria interna y el 23 de junio estará lista otra piedra fundamental, el cuadro macroeconómico, así que julio se aprovechará, previsiblemente, para que las Cámaras debatan y voten los objetivos de déficit y deuda. Y suceda lo que suceda con ellos, el texto con los nuevos PGE llegaría al Congreso en los últimos meses del año para su tramitación parlamentaria.

Sánchez, por tanto, quiere marchar de vacaciones, que este año previsiblemente serán algo más largas —cuatro semanas sin reunión del Consejo de Ministros, todo agosto— con un paso dado hacia los PGE de 2027. Porque para los socialistas es prioritario enviar la señal de que, pese a todos los casos judiciales que les acechan, el Gobierno continúa trabajando, sigue con su labor y no está paralizado. El mensaje, mil y una vez reiterado, es que agotará la legislatura.

Vamos a avanzar para la presentación de los Presupuestos, presentando el cuadro macro el día 23 de junio, se lo dejo anunciado que a lo mejor es incluso de su interés", espeta Cuerpo al PP

La sesión de control de este miércoles en el Congreso estuvo tomada por el caso Leire. El PP percutió una y otra vez con ella, empezando por Alberto Núñez Feijóo. Pero en la respuesta a la portavoz popular, Ester Muñoz, el vicepresidente primero sí avanzó un compromiso del Gobierno. "Como ya dijo el presidente del Gobierno, vamos a avanzar para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, presentando el cuadro macro el día 23 de junio, se lo dejo anunciado que a lo mejor es incluso de su interés", apuntó Carlos Cuerpo.

Es decir, que el Consejo de Ministros aprobará el cuadro de previsiones macroeconómicas en menos de dos semanas, y justo un día antes de la comparecencia en el pleno de la Cámara baja de Sánchez, en la sesión en la que dará cuenta del caso Leire y de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La idea del Ejecutivo, según avanzan fuentes del área económica a este diario, es que los objetivos de déficit y deuda sean aprobados primero por el Consejo de Política Fiscal y Financiera —la reunión del titular de Hacienda, Arcadi España, con los consejeros autonómicos sería por tanto el lunes 22— y luego por el Gobierno —el martes 23—, ya junto con el techo de gasto.

La idea es que el Consejo de Política Fiscal y Financiera pudiera reunirse el 22 de junio, aunque no está cerrado. La senda de estabilidad se votaría así en julio, y casi seguro será tumbada dos veces

Ese es "el escenario central" ahora mismo, indican fuentes del más alto nivel del Ejecutivo. De este modo, los objetivos de déficit y deuda —la llamada senda de estabilidad— serían debatidos y votados por el Congreso en un pleno extraordinario de julio. Si ocurre como en los ejercicios anteriores, serán tumbados por PP, Junts y Vox. En ese caso, el Consejo de Ministros debe remitir la senda de nuevo al Parlamento —si es la misma, no debe pasar previamente por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)— para un segundo debate y votación. Y si cae por segunda vez, entonces el Gobierno está obligado a elaborar los nuevos Presupuestos con el marco de déficit anterior, menos flexible para comunidades autónomas y ayuntamientos.

Si se cumplen todos estos pasos, entonces el proyecto de nuevas cuentas aterrizaría en el Congreso ya en el otoño. La Constitución obliga a que se presenten antes del 30 de septiembre, aunque en la pasada legislatura, cuando Sánchez sí disponía de mayoría parlamentaria, se enviaban a la Cámara baja avanzado octubre y conseguía, en todo caso, que acabara su tramitación antes del 31 de diciembre, de tal manera que entraban en vigor el 1 de enero del año siguiente. Así se aprobaron las cuentas de 2021, las de 2022 y las de 2023, las que están todavía vigentes.

Las otras alternativas

No obstante, como advierten en la cúpula del Ejecutivo, no está todo cerrado, de tal manera que no está sellado aún que el CPFF se celebre el 22 de junio y que, en consecuencia, la senda de estabilidad llegue a Congreso —y, si superara esa pantalla, algo poco probable, al Senado— en julio. Podría suceder, continúan estas fuentes, que el 23 de junio el Consejo de Ministros aprobara el cuadro macro y que posteriormente se diera luz verde a los objetivos de déficit y deuda y al techo de gasto, de modo que los tiempos se estirarían.

El Gobierno señala que esta vez, pese a que no ha cumplido con la Constitución en esta legislatura, sí piensa mandar los PGE "en tiempo y forma" al Congreso. El mensaje, "trabajo y normalidad"

Pero la idea del Gobierno es que esta vez sí se cumpla —no ha ocurrido en toda la legislatura— el calendario ordinario, de tal manera que los PGE puedan ser entregados a la Cámara baja en torno a esa fecha límite del 30 de septiembre. Que se presenten, detallan, "en tiempo y forma". Porque el mensaje, pese a todos los nubarrones que rodean a Sánchez, es de "trabajo y normalidad", subraya un ministro de mucho peso.

Para comparar cómo esta vez el Gobierno está manejando de forma muy diferente los tiempos basta con recordar qué ocurrió el año pasado. El CPFF aprobó la senda de estabilidad el lunes 17 de noviembre, y el Consejo de Ministros del día siguiente, martes 18, la respaldó y dio el visto bueno al techo de gasto y al cuadro macroeconómico, que preveía un crecimiento para 2026 del 2,2% del PIB. Los objetivos de déficit y deuda fueron rechazados por dos veces por el Congreso, con el voto de PP, Junts y Vox, antes de que acabara el año. La entonces vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prometió presentar los PGE de 2026 en el primer trimestre, pero poco antes de que concluyera el plazo el Ejecutivo echó el freno con el argumento de que había sobrevenido la guerra de Irán, y eso podía alterar las previsiones. Desde entonces, se ha ido monitorizando la situación.

El vicepresidente había calculado que la guerra de Irán podía restar unas décimas de crecimiento. Ahora también se está hablando con los sectores cómo actualizar el plan de respuesta al conflicto

El pasado 28 de abril, ya con Montero fuera del Gabinete y su sucesor, Arcadi España, en Hacienda, el vicepresidente Cuerpo calculó que el conflicto en Oriente Próximo podría traducirse en una merma de entre 0,1 y 0,4 puntos del crecimiento económico y un punto más de inflación media anual. Esa perspectiva se incluyó en el informe de progreso anual remitido a Bruselas, pero no se introdujeron cambios en el cuadro macro, a la espera de cómo evolucionase la contienda. Tras una primera reunión con los agentes sociales el pasado 25 de mayo, ayer miércoles continuó la ronda de encuentros del Gobierno con los sectores para analizar el impacto de la guerra y hacer seguimiento del funcionamiento del plan de respuesta, "con la vista puesta en su continuidad y adaptación más allá del 30 de junio". El vicepresidente primero despachó con las patronales y asociaciones de los sectores del transporte, la logística y la distribución.

En caso de que esta vez el Gobierno cumpla con el mandato constitucional y lleve su proyecto de Presupuestos a la Cámara, la siguiente pregunta es qué ocurrirá con ellos. Aunque Sánchez ha prometido diálogo y ha lanzado guiños sobre todo a Junts, insistiendo en que él desea el despliegue efectivo de la ley de amnistía —que depende de lo que resuelva el Tribunal de Justicia de la Unión Europea— y en que su Ejecutivo desea cumplir con lo firmado en Bruselas en 2023, los posconvergentes siguen muy distantes.

Es muy probable que PP, Junts y Vox se opongan a la senda, y se da por casi imposible que los de Puigdemont, que rompieron con el Gobierno en octubre, puedan dar luz verde a los PGE de 2027

La formación de Carles Puigdemont rompió con los socialistas el pasado octubre y desde entonces no se han retomado las negociaciones. Y, como el PNV, pide el adelanto de las generales, aunque ha reiterado, también como el PNV, que no se sumaría nunca a una moción de censura del PP que, para prosperar, requeriría del concurso de Vox. La derecha independentista recuerda siempre que puede que el Ejecutivo no ha cumplido con lo suscrito para la investidura y agita el discurso del agravio constantemente. Este miércoles, la portavoz en la Cámara baja, Míriam Nogueras, volvió a quejarse ante Sánchez de que el Gobierno ha "abandonado" Cataluña y no ha pagado "ni un solo euro" de lo que le corresponde a la comunidad. Junts rechazó la senda de estabilidad en 2024 y 2025 con el argumento de que no concedía la mitad del margen de déficit a las CCAA. Y nunca se prestó a negociar los PGE.

Balance en la última semana de julio

Si el "escenario central" del Ejecutivo es el finalmente elegido, Sánchez podrá cerrar este curso político con la senda de estabilidad llevada al Congreso (y probablemente tumbada por él). La previsión es que la última reunión del Consejo de Ministros tenga lugar el 28 de julio —ese mismo día o en esa semana, previsiblemente, Sánchez hará balance de este año en rueda de prensa—, y dé paso a un largo periodo vacacional. Este año podrían ser cuatro las semanas sin reunión del Gabinete, de modo que el primer Consejo de Ministros de vuelta de vacaciones se celebre el martes 1 de septiembre.

Ahora mismo, la previsión del Ejecutivo es que el último Consejo de Ministros se celebre el 28 de julio, y no tenga lugar la primera reunión del Gabinete hasta el 1 de septiembre, cuatro semanas después

Sánchez, como ocurriera el año pasado, necesita que la temperatura y la tensión política se enfríen. Esta semana, él y su equipo están pudiendo refugiarse en la visita del Papa —ayer, el presidente, su mujer y una buena parte de sus ministros acudieron a la misa en la Sagrada Familia y a la posterior apoteósica inauguración de la Torre de Jesús, y hoy acompañará a León XIV en Gran Canaria— y confía en que el Mundial de fútbol también ayude a desplazar el foco. La competición deportiva comienza precisamente este jueves y se prolongará hasta el 19 de julio.

En la Moncloa esperan que el desempeño de la Selección española, una de las grandes favoritas, contribuya a mitigar el impacto de las noticias en terreno judicial que están por venir en las próximas semanas: la comparecencia en audiencia preliminar de Begoña Gómez (lunes 15), la declaración de Zapatero (miércoles 17 y jueves 18), las sentencias del caso mascarillas y del juicio al hermano del presidente, David Sánchez —en fecha por determinar—, y las declaraciones de varios testigos (entre ellos, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, el 10 de julio) por el caso Leire. Elementos que nutrirán la comparecencia del presidente en el Congreso del 24 de junio y ante el comité federal de su partido del sábado 27. Pero el Ejecutivo se agarra sobre todo al efecto verano, a que el parón suponga un reset en la agenda política que le dé el oxígeno suficiente como para intentar recuperar el impulso a la vuelta, en septiembre. Y ahí los PGE jugarán un papel fundamental.

Si las cuentas son devueltas, Sánchez tendrá que decidir si continúa hasta la meta de 2027 o bien adelanta las generales y las sitúa antes que las municipales y autonómicas de mayo

Si la votación de totalidad de las cuentas públicas se produce en octubre, y estas son rechazadas, Sánchez tendrá que decidir si continúa, más debilitado, hasta la meta de julio de 2027, o bien adelanta las generales y las sitúa, como quieren muchos en su partido, antes de las municipales y autonómicas de mayo. Ni él ni los suyos se sitúan en ese punto. Hay varios partidos por jugar antes. Aunque, en realidad, todo el escenario esté embarrado por los distintos casos de presunta corrupción que amenazan a los socialistas y que roban al Gobierno todo el control de la agenda y buena parte de su capacidad de iniciativa. Todo lo devora el fuego de los escándalos.

El caso Leire Díez apenas ha echado a rodar. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ya dictó un primer auto en el que dibujaba cómo operaba una presunta red criminal en Ferraz que tenía a la cabeza al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y a la ya exmilitante Leire Díez como mano ejecutora, como fontanera. El magistrado levantó parcialmente el secreto de la causa y ayer ordenó el libramiento de varios oficios y la citación de hasta 22 testigos entre el 26 de junio y el 13 de julio. Entre ellos, la presidenta del partido, Cristina Narbona. Y al día siguiente tendrá que declarar como imputada ante él la abogada Leticia de la Hoz, por presuntamente haber sobornado a la empresaria Carmen Pano para que cambiara su versión respecto a que había entregado 90.000 euros en efectivo en el cuartel general de los socialistas a petición del comisionista Víctor de Aldama.

Quedan por practicar muchas diligencias pero es verdad que en el partido, como ya publicó este diario, se teme que el caso escale más y pueda acabar suponiendo una imputación del PSOE como persona jurídica. Algo que sería letal para los ánimos de una formación hundida anímicamente también por otro caso, el que mantiene investigado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Pero la puntilla definitiva podría ser la imputación del propio Pedro Sánchez. No sería sencilla, porque para que esa circunstancia se diera, Pedraz tendría que hallar indicios que le condujeran hasta él que justificasen elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo. Este sería el competente para decidir si investiga o no al jefe del Ejecutivo, dado que este es aforado, y en caso de que determinara proceder contra él, tendría que solicitar el suplicatorio al Congreso.

Sin embargo, fuentes la Moncloa aseguran no ver "motivo alguno" ni para la imputación del PSOE ni para la de Sánchez. Tampoco creen justificado que Pedraz pudiera llamar a declarar al presidente del Gobierno y secretario general del partido ni siquiera como testigo. "Es que no hay indicio ninguno de que Sánchez conociera a Leire. Ni hay una prueba de que operara la trama como tal ni mucho menos que implicara al partido", esgrimen. La tesis de la dirección socialista es que Cerdán pudo montarse su propia red para taparse a sí mismo, para esconder sus chanchullos, y que para ello tiró de la ayuda de Díez.

El juez tiene imputada a la gerente actual, Ana Fuentes, y la UCO descubrió que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, se reunió al menos tres veces con Díez. Citas que ella ratificó

Pero el juez tiene imputada a la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes —promovida al cargo por Cerdán en 2021—, y además en el sumario de la causa los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revelaron que Díez se había reunido en al menos tres ocasiones con la directora general del cuerpo, Mercedes González. Encuentros que ella al final tuvo que reconocer después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska hubiera negado esa posibilidad apenas unos días de conocerse el sumario. El PSOE no ha abierto ningún tipo de expediente a Fuentes y el Ejecutivo, empezando por el propio Sánchez y siguiendo por Marlaska, han manifestado su respaldo pleno a la jefa de la Guardia Civil.

Este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, reiteró que Sánchez nunca supo nada de la fontanera del PSOE: "El presidente nunca ha conocido, ni avalado ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado". Repitió prácticamente palabra por palabra aquello que el propio jefe del Ejecutivo respondió a los periodistas el pasado viernes en Tivat (Montenegro).

Los informadores preguntaron a la portavoz por qué ahora el partido y el Gobierno no actúan como en el pasado, cuando pidió sus actas y echó a los exsecretarios de Organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Ahora no se ha adoptado ningún tipo de medida contra Zapatero, ni contra la gerente del partido, ambos imputados en la Audiencia. La ministra reivindicó que la posición es "absolutamente coherente". "Somos el Gobierno de la tolerancia cero contra la corrupción, de la colaboración con la Justicia, de respetar los tiempos de la Justicia, de confiar en la Justicia", remachó, recordando de nuevo el plan de medidas anticorrupción que Sánchez presentó en julio del año pasado ante el Congreso. El problema es que la norma estrella, el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, aún no ha llegado al Congreso y se antojan muy complicados sus apoyos parlamentarios.

El Ejecutivo mantiene la confianza en González y también en Narbona. La presidenta del PSOE "tiene una moralidad intachable". "Jamás ha intervenido en nada ilícito o impresentable", apuntan

En el Gobierno mantienen toda la confianza en González —no se plantea de ningún modo su cese, y menos aún después de que Sánchez le explicitara su respaldo— y también en Narbona. En su caso, la UCO describe en su informe que la presidenta del PSOE mantuvo una conversación por WhatsApp con Díez el 24 de abril de 2024, cuando Sánchez publicó su Carta a la ciudadanía, en la que abría un periodo de reflexión de cinco días en el que se planteó dimitir. La exmilitante le habló de "reconducir" los ataques al presidente, de dar "ayuda cualificada" y dar la vuelta al asunto "como un calcetín". "[Esto] se lo habías contado a Santos el otro día", respondió ella. Narbona deberá comparecer como testigo ante Pedraz el 10 de julio. Ni Saiz ni el ministro de Transportes, Óscar Puente, presente en la rueda de prensa de este martes, quisieron hacer referencia a la citación de la presidenta del PSOE, pero fuentes de la Moncloa mostraron su "pleno respaldo" a la dirigente.

"Cristina tiene una moralidad intachable. Estamos seguros de que jamás ha intervenido en nada ilícito o impresentable. Es la persona más seria del mundo", señala un miembro del Ejecutivo que confía en que no obstante el caso Leire se vaya desactivando, porque no le ve recorrido. "Leire sería lo que en derecho se llama una tentativa inidónea, que es como elegir un medio incapaz de provocar el resultado buscado. Ella no tenía capacidad de influir en nada. Habría que darle la medalla de Isabel la Católica. Desde Mata Hari no se conocería nada igual", bromea este alto mando.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no consiguió conectar con una parte del empresariado catalán presente el martes pasado en la 41 Reunió del Cercle d'Economía de Barcelona. La presión del sector y del Cercle para que el partido llegue a acuerdos de Estado con el PSOE como el de una nueva financiación autonómica –avivado por Hacienda días antes–, o el pulso de Junts exigiendo un encuentro con Carles Puigdemont en Waterloo si se quiere promover una moción de censura llevaron al popular a ejecutar un discurso que iba a ser "valiente" con contundencia. En definitiva: si no había presión a Junts para acceder sin condiciones, los efectos de Sánchez en el año que queda de legislatura podrían ser desastrosos para los intereses económicos.

Los empresarios lamentaron una cierta falta de "empatía" pública y un decálogo de propuestas detalladas más allá de denunciar la situación de la que advierte el PP, de España en un aprieto económico si continúa Sánchez. Algo que sí se produjo durante un desayuno previo donde Feijóo coincidió con nombres relevantes. Desde el presidente de Repsol, Antonio Brufau, el de Banc Sabadell, Josep Oliu, o Marc Murtra, de Telefónica. También con Josep Sánchez Llibre, presidente de la patronal, Foment del Treball. También se echó en falta la participación del responsable de Economía, Alberto Nadal, dado que el interés era "hablar de economía" más que de política.

Pese a todo, entre el PP y el sector hay sintonía general, de relaciones y con los objetivos fiscales o la desregularización. La denuncia por la carga impositiva o el parón legislativo es mutua. Aunque hay preocupación en el papel que tendrá Vox en la materia económica en vistas a que tendrán que gobernar en coalición –hay ya tres precedentes autonómicos– la próxima legislatura, pese a que el PP confía en lograr la mayoría absoluta. El mensaje de presión de Feijóo quedó claro in situ, pero hay temor en que condicionar a Junts puede volvérseles en contra en el futuro, por promocionar indirectamente con ello la llegada de Vox al poder, aunque haya elecciones entre medias del proceso.

En consultas con el departamento económico del PP, fuentes del mismo aseguran a El Independiente que las relaciones con el sector tanto a nivel de partido como del propio Feijóo son "buenas y constantes". "Es una relación fluida, como debe de ser". Fuentes del equipo de Feijóo coinciden en los adjetivos y profundizan en la cuestión, con la mirada a lo ocurrido en el Cercle. Se muestran críticos, en todo caso, con la recepción del discurso en el Cercle. No gustó que se reclamen esos acuerdos con un PSOE que está más cerca de necesitarlo con la justicia, y se muestran firmes ante el desconcierto entre el empresariado catalán: "No estamos en política para agasajar los oídos de nadie. Los empresarios deben valorar que haya un político con las ideas claras, con convicciones y que sea capaz de decir las cosas con firmeza aunque no gusten. No puede haber condescendencia en estos momentos o adaptarse a lo que se quiere escuchar".

No gustó la presión de la dirección del Cercle para llegar a acuerdos con Sánchez en financiación autonómica

Desde Génova se defiende el discurso de Feijóo, donde se expuso "lo que él considera que es la España que viene". No muestran mayor preocupación porque a parte del sector les haya "decepcionado que Feijóo no coja el guante" para alcanzar un acuerdo económico con el PSOE en un periodo de acorralamiento por presunta corrupción o por las 'cloacas' de Leire Díez, entre otros. En plena ofensiva política del PP.

"El Ibex no es el Cercle"

Desde el entorno de Feijóo se delimita, en todo caso, la situación. No se ve equiparable un hecho puntual con la relación cotidiana que el popular desarrolla con empresas y altos cargos de las mismas. No creen comparable al Ibex y todo el grueso económico del país con el Cercle, pese a que la relación de algunas grandes corporaciones como las citadas a través de sus presidentes, Caixabank o Naturgy, que cotizan en el Ibex, mantengan un vínculo estrecho. De Feijóo "el Ibex y las grandes empresas saben que si el PP gobierna al frente no hay una persona líquida". "Hay experiencia de gestión -por los 13 años al frente de la Xunta-, que no es frívola y que no te va a engañar cuanto te habla. Te puede gustar más o menos lo que dicen". Los populares evocan la existencia de una relación de confianza mutua con las empresas. "Hay atributos de Feijóo que el Ibex valora", dicen, reservándose ahondar más en ellos.

Las fuentes consultadas evitan hacer comparaciones sobre la relación con las empresas es mejor en esta etapa de Feijóo que en las anteriores de Pablo Casado o Mariano Rajoy. Éste último, durante su etapa de gobierno, aunque mostraba cercanía con los principales dirigentes económicos, apostaba por delegar en su ministro de Economía, Luis de Guindos. Afirman desconocerlo, pero sí recalcan que la materia es crucial para el PP en su enfoque de gobierno y se apuesta por tener las mejores relaciones. Se añade que el Ibex valora al equipo de Feijóo: "Hay tranquilidad. No hay temor a que llegue gente poco preparada. Saben que estamos listos y eso tranquiliza". "No reconocemos más capacidades en Sánchez que en Feijóo, o en Sara Aagesen y Arcadi España que en Nadal o Juan Bravo", ex titular de Economía del PP y actual responsable de Hacienda y Vivienda.

Génova prioriza la gestión económica de cara al próximo gobierno. La importancia de la materia es "absoluta"

Por otro lado, se alude a la "red de contactos" tejida con todo ese sector por Feijóo, lo que trasmite más confianza a juicio de los populares frente a acceso de perfiles como Sánchez o José Luis Rodríguez Zapatero, sin apenas relación con ese ámbito en su acceso al Gobierno. Se hace hincapié en el asesoramiento externo que tiene Feijóo, tanto particular como a través de la fundación Reformismo21, con figuras como el expresidente de Renfe y exmiembro de la consultora McKinsey, Pablo Vázquez o la exministra de Empleo Fátima Báñez. También Luis Garicano, ex de Ciudadanos. "La importancia que Feijóo le da a la economía es absoluta", añaden. "El Ibex sabe que viene un gobierno que dará números y que tiene sensibilidad con las necesidades del país en lo económico, tributario o energético". Alejan el miedo a Vox con el compromiso de que podrán gobernar en solitario. Lo que ocurra en Andalucía con Juanma Moreno será un espejo al que mirar.

Desde el Gabinete de Feijóo aseguran que hay interacción con ese sector empresarial constante, pero prefieren no dar nombres de las reuniones de último año. "Lo es desde el principio". Hay interlocución concreta, pero también interacción con "perfiles muy elevados" para la presentación de propuestas, y muchos "prefieren no vincularse a la marca" públicamente para que haya ese feedback, justifican. "Vamos muy nutridos". Ejemplifican esa interacción de cara a las posiciones económicas frente a la guerra de Ucrania o de Irán. "En Génova no vamos con ocurrencias de papel boli".

Cuatro años de altibajos

El retrato dibujado por el entorno de Feijóo es el más actual, pero las relaciones con el mundo empresarial ha sufrido momentos de todo tipo desde abril de 2022, cuando Feijóo alcanzó la séptima planta de Génova tras el congreso del PP en Sevilla. La irrupción del gallego supuso un idilio inicial. Nada más echar a rodar su nueva dirección, Feijóo apostó por rodearse de un 'consejo en la sombra' para recibir asesoramiento de empresarios y de la sociedad civil, imputs con el que llegar mejor preparado a las generales; con una apuesta atractiva. Antes de final de año, llegó a reunirse en privado con el presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé, con el del BBVA, Carlos Torres, con el de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán y con el de Naturgy, Francisco Reynés. Eso le permitió pronto marcar músculo.

Ese año, en septiembre, Feijóo protagonizó un desayuno informativo en Madrid al que acudieron representantes de otros bancos principales como el Santander y el Sabadell; cargos de Mutua Madrileña, de Endesa, de OHLA, DKV o los mismos Reynés y Brufau, entre otra decena de personas. Se desbordaron las previsiones de aforo. También hubo interacción desde el principio con CCOO y UGT, con la intención de demostrar un PP amplio. Otro evento ese mes fue el Almuerzo de la Cámara de Comercio de EEUU, se le presentó como "el próximo presidente" frente a directivos de empresas estadounidenses.

Ahondó en esas reuniones la primera mitad de 2023, con el entonces presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, con Borja Prado, de Mediaset, o con el presidente del Real Madrid y de ACS, Florentino Pérez. Nuevamente con Torres y Fainé. Pero por primera vez, en la campaña de generales la relación con el sector se resiente al mostrarse inseguro el popular y mostrarse proclive a mantener el impuesto extraordinario a la banca y a las energéticas, aprobado meses antes como respuesta a la crisis económica por Ucrania. Los modificaría, dijo. Es una de las principales condiciones que los empresarios le pedían. No ayudó tampoco apuestas del PP como la jornada labora de cuatro días o votar junto a Sumar asuntos sobre las cláusulas hipotecarias, en una especie de 'giro social' en el que se apelaba a la vivienda y al bienestar social.

Al igual que en el Cercle, en octubre de 2024 durante la intervención de Feijóo en el XXVII Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que el dirigente se centrase en cargar contra Sánchez dejó frío a los asistentes. "Va a bajar impuestos, pero no dice que va a hacer él", recogen algunas publicaciones de prensa los días posteriores. Esas dudas se salvaron ligeramente en diciembre. Feijóo intervino en el XXIII Congreso de Directivos CEDE en A Coruña frente a Fainé, Pallete y otras figuras de Criteria Caixa, de KPMG o de Deloitte. Se coincidió en esa sensación que ahora traslada Génova, de seguridad y seriedad.

En el último año, y ante otras dudas como en los objetivos –por la pluralidad de perfiles económicos en el equipo de Feijóo–, se trabajó por reforzar unas líneas que acabaron reflejadas en la ponencia política del PP tras el congreso de julio del año pasado en IFEMA. La incertidumbre del Ibex se rebajó al quedar en seis páginas el eje económico de la formación. Sobre todo, gustaron las menciones al fin del intervencionismo desde el Gobierno en empresas cotizadas, con ejemplos como Indra, Telefónica o Red Eléctrica, para señalar a Sánchez. Se concretaron las medidas en el plano laboral, como las "bolsas de horas" para dar mayor flexibilidad a las pymes y a los autónomos frente a la propuesta de jornada de 37,5 horas del Ejecutivo o ligar el subsidio de desempleo a la búsqueda activa de trabajo. También medidas para fomentar el turismo, atraer la inversión, no poner trabas a las empresas y proteger al campo de la "sobrerregulación" o de restricciones de las políticas climáticas que no crean justificadas.

Los empresarios o amuestran sintonía con Feijóo, pero asumen que la falta de voluntad de socios como el PNV y Junts conlleva aún un año de gobierno de Sánchez. Después de anunciar su intención de presentar Presupuestos, el Cercle llamó al presidente a tomar la iniciativa para esos acuerdos económicos.