Airbus, GMV, Grupo Oesía, Indra, ITP Aero y Sener han alcanzado un acuerdo para poner a disposición de España sus capacidades industriales para reconfigurar el caza de sexta generación, FCAS (Future Combat Air System), y así conseguir que el proyecto pueda salir adelante.

El fiasco europeo del programa del caza formado entre España, Alemania y Francia puso a la autonomía estratégica europea y a su industria en jaque. Ante la imposibilidad de seguir adelante con el megaproyecto de 100.000 millones de euros, Alemania creó una alianza entre ocho empresas bávaras para salvaguardar la creación del caza. Ahora, es el turno de España, que ha respondido con la unión corporativa de seis empresas líderes del sector aeronáutico para sacar adelante el caza de sexta generación.

Según la declaración conjunta, la industria española pone a disposición de España y de sus posibles socios sus capacidades y recursos para el desarrollo de un sistema de combate de nueva generación. Este estará formado por "un caza de sexta generación, plataformas no tripuladas o carriers, comunicaciones y sensores avanzados que forman un sistema de sistemas gracias a la nube de combate", asegura el comunicado. De esta manera, "el sector ofrece al Ministerio de Defensa sus capacidades y la voluntad para trabajar en este desarrollo, en colaboración con los países europeos que marque, contribuyendo activamente a la negociación y ejecución de las próximas fases de desarrollo de este sistema de combate de sexta generación".

El objetivo último es desarrollar un Sistema de Armas de Sexta Generación bajo un enfoque de "Sistema de Sistemas". Este sistema integrará una nube de combate, aviones de combate tripulados, operadores remotos (drones) y conectividad avanzada para operar de forma colaborativa. Así, la declaración conjunta se ha anunciado a la par que en Alemania, con el objetivo de subrayar un impulso conjunto para mantener viva la cooperación multinacional europea trabajando de forma "estrecha".

La Armada Española ha dado un paso decisivo para asegurar su futuro tecnológico mediante un acuerdo de colaboración con la empresa de ingeniería Ghenova, una de las firmas más activas en el ámbito naval y de defensa.

El pacto, suscrito por el Almirante General Antonio Piñeiro, Jefe de Estado Mayor de la Armada, y el CEO de la compañía, Francisco Cuervas, establece un marco estable de cooperación en I+D+i, ingeniería avanzada y apoyo técnico especializado.

El objetivo es claro: blindar la capacidad tecnológica de la Armada en un escenario internacional marcado por la competencia industrial, la digitalización acelerada y la necesidad de disponer de sistemas propios que garanticen la soberanía operativa.

El acuerdo permitirá compartir conocimiento, desarrollar soluciones conjuntas y fortalecer la relación entre Defensa y el tejido industrial español, considerado un pilar estratégico para la seguridad del país.

Un impulso directo a la innovación naval y a la autonomía tecnológica

El convenio contempla la participación de la Armada en proyectos de análisis, evaluación de sistemas futuros, ingeniería logística y desarrollo de capacidades avanzadas.

Para ello, la institución pondrá a disposición de Ghenova personal, instalaciones y medios, siempre sin interferir en las misiones esenciales de defensa.

Esta colaboración permitirá acelerar la maduración de tecnologías críticas en ámbitos como la guerra electrónica, la ingeniería naval digital, la simulación avanzada y los sistemas de apoyo al ciclo de vida de buques y plataformas.

La alianza se enmarca en la estrategia de la Armada de reforzar su relación con la industria nacional para garantizar que los futuros programas —desde los nuevos buques de superficie hasta los sistemas no tripulados— se desarrollen con una base tecnológica sólida y con participación española.

En un contexto en el que la competencia internacional es feroz, la cooperación con empresas como Ghenova se convierte en un elemento clave para mantener la autonomía y la capacidad de innovación.

Un acuerdo que consolida a Ghenova como socio estratégico de Defensa

La firma del acuerdo coincide con la celebración en Sevilla del Foro Almirante Bonifaz, organizado por Ghenova, que reunió a representantes de las Fuerzas Armadas, instituciones y empresas del sector.

El encuentro se ha consolidado como un espacio de referencia para debatir sobre innovación, investigación y desarrollo tecnológico aplicado a la defensa marítima.

Con esta alianza, Ghenova refuerza su posición como uno de los socios estratégicos del Ministerio de Defensa, ampliando su papel en proyectos de ingeniería naval, sistemas de misión y soluciones digitales.

Para la Armada, supone asegurar un flujo constante de innovación y disponer de un socio industrial capaz de responder a los desafíos tecnológicos que marcarán la próxima década.

Ya es oficial. El Ejército del Aire y del Espacio ha confirmado que queda poco para el despliegue permanente del Eurofighter en la base aérea de Gando (Gran Canaria). Estos cazas entrarán formalmente en servicio en el Ala 46 el próximo 26 de junio.

Esta llegada se produce en el marco de la retirada progresiva del F-18. El propio Ejército ha destacado que aún mantienen "plenamente operativas" seis de las ocho aeronaves, "una cifra que refleja el extraordinario esfuerzo realizado por el personal de mantenimiento de la unidad".

En este contexto, subraya que el proceso de sustitución está siendo progresivo, aunque el personal del Ala 46 lleva más de un año adiestrándose para garantizar el relevo sin contratiempos.

"El esfuerzo realizado durante estos meses confirma la capacidad de adaptación de sus hombres y mujeres, que afrontan simultáneamente el sostenimiento de la flota actual de F-18 y la conversión al nuevo sistema de armas, garantizando de manera ininterrumpida la misión permanente de vigilancia y control del espacio aéreo de Canarias las 24 horas del día, los 365 días del año", concluye.

Cabe destacar que el Ejército del Aire y del Espacio ha efectuado también inversiones destinadas a adaptar la base canaria a los Eurofighter, como la licitación para modernizar la infraestructura energética de Gando con un presupuesto de más de 12 millones de euros.

Adquisición de 45 cazas en dos fases

El Ala 46, señala Infodefensa, recibirá hasta 20 Eurofighter procedentes del Ala 14. A esta última unidad situada en la base aérea de Albacete llegarán los primeros Eurofighter Tranche 4 del programa Halcon a finales de año.

Este proyecto contempla la adquisición de 45 cazas nuevos, que se distribuyen en dos fases: la primera de 20 unidades y la segunda de 25.

Hoy en día el Ejército dispone de 69 unidades, repartidas entre las alas 11 y 14 de Morón y Albacete. Estos dos nuevos pedidos elevarán la flota de Eurofighter alcanzando las 114 unidades en 2035.

Europa no piensa renunciar a su futuro aéreo pese al colapso del FCAS. La división alemana de Airbus Defence and Space ha activado una nueva coalición industrial junto a siete empresas tecnológicas para diseñar un caza de sexta generación, concebido como la alternativa real al programa que España compartía con Francia y Alemania.

La iniciativa, que se presentará en el Salón Aeronáutico de Berlín (ILA), busca mantener la autonomía estratégica europea frente al dominio del F‑35 estadounidense y al avance del programa GCAP liderado por Reino Unido, Italia y Japón.

Para España, que había invertido más de 2.000 millones de euros en el FCAS, esta nueva vía representa una oportunidad para no perder su posición industrial, preservar el conocimiento generado y asegurar un asiento en el desarrollo del futuro sistema de combate europeo.

Airbus toma el control del futuro aéreo europeo tras el colapso del FCAS

El nuevo proyecto nace como respuesta directa a la ruptura con Dassault Aviation, que bloqueó durante meses el avance del FCAS. Alemania ha decidido mover ficha y respaldar a Airbus en la creación de un programa propio, más flexible y con un reparto industrial más equilibrado.

La alianza incluye a compañías clave como Hensoldt, MTU Aero Engines, MBDA Deutschland, Diehl Defence, Liebherr, Autoflug y Rohde & Schwarz, todas ellas con experiencia en sensores, motores, misiles, aviónica y sistemas de misión.

El objetivo es desarrollar un avión con capacidad furtiva avanzada, conectividad total, operación integrada con drones acompañantes y una nube de combate que permita coordinar plataformas aéreas, terrestres y navales.

Este enfoque mantiene la esencia tecnológica del FCAS, pero bajo un liderazgo industrial más claro y sin los bloqueos políticos que paralizaron el programa original.

Fuentes del sector consideran que la entrada de España sería “estratégica”, tanto por su peso industrial como por su papel dentro de la OTAN.

La decisión final dependerá del Ministerio de Defensa y de la capacidad de la industria española para integrarse en el nuevo ecosistema tecnológico.

España busca no quedarse atrás en la carrera por la sexta generación

Aunque el FCAS ha muerto como avión de combate, España mantiene vivos sus programas de I+D a través de los PEM gestionados por Indra y Airbus, que suman 700 millones de euros.

Estos proyectos permiten seguir desarrollando tecnologías críticas como sensores furtivos, sistemas de misión, comunicaciones seguras y capacidades de guerra electrónica.

La alternativa alemana encaja con la necesidad española de sustituir los Eurofighter a partir de 2040 y de mantener una industria aeronáutica competitiva.

Además, el precedente del acuerdo con Airbus para el Eurofighter Halcón demuestra que España puede integrarse en grandes programas europeos si el reparto industrial es equilibrado.

El nuevo caza de sexta generación se perfila como el proyecto que marcará el futuro de la defensa aérea europea. Y España, tras la caída del FCAS, debe decidir si se suma a la nueva alianza liderada por Airbus o si apuesta por un camino propio, más arriesgado y costoso.

El Consejo de Ministros autorizó el pasado martes una nueva inyección de 374 millones de euros procedentes del Fondo de Contingencia, destinada a cubrir los gastos operativos de las misiones internacionales del Ejército español.

Con esta partida, el Ejecutivo eleva a 1.714 millones de euros el total desembolsado en apenas seis meses, consolidando el mayor esfuerzo financiero en operaciones exteriores de los últimos años.

El mecanismo extraordinario, regulado por el artículo 50.2 de la Ley General Presupuestaria, permite atender “necesidades inaplazables” no previstas en los presupuestos anuales, como los costes derivados de despliegues sobre el terreno.

La decisión responde al aumento de la participación española en misiones de mantenimiento de la paz, gestión de crisis y diplomacia militar en África, Oriente Medio, Europa del Este e Iberoamérica.

Despliegues rápidos, la UME y la diplomacia militar

El paraguas económico y legal prorrogado por el Gobierno no solo cubre los contingentes regulares, sino también la capacidad de reacción rápida ante crisis imprevisibles.

En este marco, se autorizan despliegues de corta duración en el exterior de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y otras unidades operativas, capaces de intervenir ante catástrofes naturales, calamidades o situaciones de grave riesgo en países aliados.

El Ejecutivo fija un límite máximo de 400 efectivos operando simultáneamente como observadores, monitores, oficiales de enlace o asesores militares hasta finales de 2026.

Este personal, desplegable a petición del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, es clave para misiones de diplomacia, consolidación de la paz y canalización de ayuda humanitaria.

Además, los fondos financian actividades de seguridad cooperativa y bilateral que buscan fortalecer las capacidades defensivas de países socios y prevenir conflictos en regiones estratégicas para España.

El coste real de proyectar fuerzas a miles de kilómetros

El primer gran desembolso de 2026 se produjo el 10 de febrero, con 698,5 millones de euros destinados al arranque de las misiones.

Tres meses después, el 5 de mayo, el Consejo de Ministros aprobó otro paquete de 641,8 millones, y ahora se suma el tercero, de 374 millones, para mantener la operatividad de las fuerzas desplegadas.

De los 641,8 millones de mayo, 75 millones se destinaron a gastos de personal, 176,6 millones a gastos corrientes en bienes y servicios, y 391 millones se catalogaron como inversiones reales.

Este último concepto refleja el alto coste material, de infraestructura y logística que implica proyectar fuerzas militares a miles de kilómetros.

El Gobierno insiste en que estas operaciones no son misiones aisladas, sino parte de una estrategia alineada con tres pilares: seguridad internacional, diplomacia militar y cooperación con aliados.

El Ministerio de Defensa ha decidido mantener activo el FCAS a través de dos Programas Especiales de Modernización (PEM) valorados en 700 millones de euros, adjudicados a Indra y Airbus.

Aunque el caza conjunto europeo no saldrá adelante, España preserva la inversión en I+D para madurar tecnologías críticas: nube de combate, sensores furtivos y remote carriers.

El objetivo es evitar que los 2.000 millones de euros ya invertidos en la fase 1b se pierdan y consolidar una base industrial nacional capaz de sostener el salto tecnológico hacia la próxima generación de sistemas aéreos. Los PEM —el CTN NGWS y el FCAS Nacional— se integran bajo el proyecto Siagen, que busca un sistema aéreo integral de última generación.

Indra y Airbus sostienen el núcleo tecnológico del programa

Los dos programas, impulsados en 2025, están enfocados en investigación y desarrollo y tienen carácter nacional. Indra, líder del FCAS en España, coordina el Contrato Tecnológico Nacional (CTN NGWS) con un presupuesto de 540 millones de euros, mientras que una UTE formada por Indra y Airbus gestiona el Futuro Avión de Combate Nacional, dotado con 160 millones.

Ambos proyectos cuentan con financiación adicional del Ministerio de Industria, que ya ha transferido 278 millones a las empresas implicadas. El propósito es mantener la maduración de tecnologías clave que puedan integrarse en el futuro avión de combate que España elija como sustituto del FCAS.

Desde Defensa se insiste en que el programa “no puede morir”, y que las capacidades desarrolladas —desde la nube de combate hasta los sistemas furtivos y los sensores avanzados— son esenciales para la autonomía tecnológica del país.

La industria española se reorganiza tras el golpe al caza conjunto

La cancelación del FCAS como avión de combate afecta especialmente a ITP Aero, líder en el desarrollo del motor, que ve truncado uno de sus grandes proyectos.

Sin embargo, el impacto se compensa con la activación de nuevos consorcios como Satnus, formado por GMV, Grupo Oesía y Sener, que ya ha completado vuelos de demostración con remote carriers.

La industria nacional se reorganiza para mantener el impulso tecnológico y la autonomía industrial. En palabras de fuentes del sector, la cancelación del programa “supone un alivio tras un año de bloqueo”, pero también abre la puerta a una nueva etapa centrada en proyectos propios y colaboraciones bilaterales.

Defensa apuesta por mantener el desarrollo de capacidades críticas y por reforzar la posición de España como potencia tecnológica dentro de la OTAN y Europa, con una estrategia que prioriza la independencia industrial y la continuidad de los programas de modernización.

España ha entrado en una fase de modernización acelerada de sus capacidades militares. En lo que va de 2026, el Consejo de Ministros ha autorizado el uso de 1.714 millones de euros del Fondo de Contingencia para sostener las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas, una cifra récord que refleja el esfuerzo por mantener presencia operativa en escenarios estratégicos y avanzar hacia el objetivo de inversión del 2 % del PIB en Defensa.

El Ejecutivo ha aprobado tres grandes inyecciones económicas en apenas seis meses —698,5 millones en febrero, 641,8 millones en mayo y 374 millones en junio— destinadas a cubrir los costes operativos de los despliegues en el exterior.

Este mecanismo extraordinario, regulado por la Ley General Presupuestaria, se ha convertido en la herramienta clave para garantizar los compromisos internacionales de España y sostener su papel en la defensa europea.

Despliegues rápidos, diplomacia militar y guerra electrónica

El nuevo marco financiero no solo cubre los contingentes regulares, sino también la capacidad de reacción rápida ante crisis imprevisibles.

El Gobierno ha autorizado despliegues de corta duración en el exterior de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y otras unidades operativas, capaces de intervenir ante catástrofes naturales, conflictos o amenazas híbridas.

El plan incluye un límite de 400 efectivos operando simultáneamente como observadores, monitores, oficiales de enlace o asesores militares hasta finales de 2026.

Este personal especializado, desplegable a petición del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, es esencial para misiones de diplomacia militar, gestión de crisis y consolidación de la paz.

En paralelo, los fondos financian actividades de seguridad cooperativa y bilateral con países aliados, especialmente en África, Oriente Medio e Iberoamérica, regiones consideradas estratégicas para la defensa y la política exterior española.

El coste de la nueva estrategia militar europea

El esfuerzo económico subraya el alto coste material y logístico que implica proyectar fuerzas militares a miles de kilómetros. Solo en mayo, 391 millones de euros se catalogaron como inversiones reales, destinadas a infraestructura, transporte y sistemas de apoyo.

El Ejecutivo insiste en que estas operaciones no son misiones aisladas, sino parte de una estrategia alineada con tres objetivos: proporcionar estabilidad en zonas de tensión, combatir el terrorismo transnacional y disuadir agresores para proteger territorio aliado.

En este contexto, España busca reforzar su papel en la defensa europea ante la nueva guerra de drones y guerra electrónica que redefine el equilibrio militar en el continente.

La inversión en capacidades EW (Electronic Warfare) y plataformas de interferencia y supresión de defensas enemigas (SEAD) se considera prioritaria para mantener interoperabilidad con los aliados y responder a los desafíos tecnológicos que ya dominan los conflictos modernos.

Siete cazas F-18, versión EF-18M Hornet, han sido desplegados en Finlandia por el Ejército del Aire y del Espacio español en el marco del ejercicio Ramstein Flag de la OTAN. Se trata de un despliegue inédito, pues es la primera vez que estos aviones de combate participan en una operación de la Alianza Atlántica en el país nórdico.

Durante dos semanas, los cazas y aviadores españoles actuarán desde la base aérea de Jyväskylä. Estos siete F-18 realizarán tomas, despegues y aterrizajes en las autovías expresamente habilitadas por la Fuerza Aérea finlandesa.

El proceso de adaptación para los aviones de combate y pilotos será rápido, ya que Finlandia también tiene el F-18 en servicio. Por ello, los procedimientos de operación y protocolos de actuación están muy afinados.

Fuerzas aéreas de 18 países aliados

El ejercicio Ramstein Flag, que comenzó este lunes 8 de junio, ha reunido a fuerzas aéreas de 18 países aliados en tres áreas de operación conjunta: el norte de Noruega, Finlandia y el sur de España (base aérea de Albacete). Según destaca Infodefensa, en esta edición participarán más de 200 aeronaves.

La finalidad principal del ejercicio, señala el Mando Aéreo Aliado, es alcanzar objetivos críticos de entrenamiento colectivo. La actividad contempla el refuerzo de capacidades de Defensa Aérea y Antimisil integrada, la ejecución de operaciones complejas para contrarrestar acciones anti-acceso de área, la mejora de los procesos de intercambio de información y la ejecución de los marcos de Empleo Ágil de Combate (ACE).

Así, durante dos semanas, la OTAN prevé más de 150 salidas diarias en una veintena de ubicaciones operativas, entre las que se incluyen pistas de aterrizaje en autopistas, como parte del ACE de la Alianza Atlántica.

La polarización política, las diferencias ideológicas o las tensiones territoriales no cambian la forma en la que Juan Bengoechea entiende su trabajo como militar. Así, durante una entrevista en el pódcast Roca Project, el comandante del Ejército del Aire confesó que, cuando tiene que defender a España, lo hace desde aquello que une a los ciudadanos y no desde las diferencias que puedan separarlos.

El también piloto de caza explicó que esa idea de comunidad es una parte esencial de su vocación. "Estoy dispuesto a dar mi vida por lo que somos los españoles unos con otros, de puertas para fuera y de puertas para dentro", afirmó.

Preguntado por la primera imagen que le viene a la cabeza cuando se trata de servir o defender al país, aseguró que piensa en los vínculos compartidos entre los españoles. "Pienso en todo lo que nos une", explicó. "No pienso en la tortilla de patatas", dijo entre risas, "aunque también representa nuestra gastronomía".

Visiblemente conmovido, el presentador del pódcast, Carlos Roca, añadió que le honra decir esas palabras porque ponen el foco en las cosas que nos unen, pese a vivir en un país muy diverso con muchas "sensibilidades" que se utilizan para separarnos.

"El militar es militar para todos"

El comandante insistió en que el compromiso de los militares permanece intacto al margen de quién gobierne o del debate político. "El militar es militar para todos", señaló. "Estoy dispuesto a hacer lo que hago por todos, independientemente de quién sea cada uno, cómo sea, qué le guste o a quién vote".

Sea quien sea el que gestione "según qué cosas", añadió, "voy a hacer mi trabajo exactamente igual de bien y me levanto igual de motivado por las mañanas".

Bengoechea aseguró que esta forma de entender el servicio no responde únicamente a la formalidad de que el militar ha de ser apolítico públicamente, sino a una convicción profundamente compartida dentro de las Fuerzas Armadas. "Es algo de verdad. Es compartido por todos los miembros", concluyó.

Turquía ha mostrado por primera vez imágenes de su nuevo avión de guerra electrónica Hava SOJ, una plataforma de interferencia a distancia (Standoff Jamming) basada en el Bombardier Global 6000 y desarrollada por Turkish Aerospace Industries (TAI) y Aselsan.

El aparato, todavía en fase de integración, representa uno de los proyectos más ambiciosos de la industria militar turca y podría convertirse en un referente para países que buscan reforzar sus capacidades de guerra electrónica (EW).

Entre ellos, España, que acaba de activar el programa Santiago II para dotarse de nuevas plataformas aéreas de apoyo y ataque electrónico.

Las imágenes difundidas por el Ministerio de Defensa turco y la Agencia de la Industria de Defensa (SSB) muestran el primer prototipo del Hava SOJ, equipado con múltiples barquillas y pods específicos para misiones de interferencia, supresión de defensas enemigas (SEAD) y apoyo electrónico (ES/EA).

Turquía prevé adquirir cuatro aeronaves, todas transformadas en Ankara a partir de aviones Global 6000 ya entregados.

Una plataforma EW de altas prestaciones diseñada para operar fuera del alcance enemigo

El Hava SOJ incorpora una suite de guerra electrónica desarrollada por Aselsan, que incluye sistemas de ataque electrónico, sensores de inteligencia de señales y equipos de autoprotección como el DIRCM Miysis de Leonardo.

Aunque no se han revelado detalles completos, las barquillas bajo las alas recuerdan a los pods AN/ALQ‑218 utilizados por los EA‑18G Growler de la US Navy, lo que sugiere una capacidad avanzada de interferencia y detección de emisiones.

La aeronave estaría preparada para ejecutar misiones SEAD en modo standoff, es decir, desde fuera del alcance de las defensas antiaéreas enemigas, una capacidad crítica en conflictos modernos.

Además, el gran carenado ventral podría albergar un radar AESA con funciones SAR y GMTI, lo que ampliaría su papel a misiones ISTAR.

Para Turquía, el Hava SOJ supone un salto estratégico: un sistema de guerra electrónica desarrollado con recursos nacionales, que reduce la dependencia exterior y refuerza su autonomía militar.

Por qué España mira de cerca el modelo turco para el programa Santiago II

En España, el Ejército del Aire y del Espacio lleva años arrastrando una pérdida progresiva de capacidades en guerra electrónica. En 2025, el Gobierno dio luz verde al programa Santiago II, que contempla la adquisición de tres plataformas aéreas tripuladas de EW.

La industria nacional liderará el proyecto, pero el Ministerio de Defensa no descarta apoyarse en tecnologías ya maduras, como las desarrolladas por Turquía.

El precedente del acuerdo con TAI para el entrenador Hürjet, en el que participan empresas españolas, abre la puerta a una posible colaboración en el ámbito EW.

El Hava SOJ, por su configuración, autonomía y capacidad de carga, encaja en el tipo de plataforma que España necesita para recuperar un rol esencial en operaciones de supresión de defensas enemigas, interferencia electrónica y apoyo a misiones de combate.

La guerra en Ucrania ha demostrado que la falta de capacidades SEAD puede comprometer la superioridad aérea. España, consciente de ello, busca acelerar su modernización, y el Hava SOJ aparece como un modelo a observar muy de cerca.

Una filial de Airbus con sede en Alemania, y otras empresas armamentísticas germanas proponen una alianza para desarrollar un nuevo avión de combate tras el fracaso del proyecto franco-alemán FCAS de cazas de sexta generación en el que también participaba España, según la revista Der Spiegel.

Encabezada por Airbus Defence and Space, la división de defensa del fabricante aeronáutico europeo Airbus, la industria armamentística alemana quiere aprovechar el vacío que ha creado el naufragado proyecto del Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS).

La alianza se autodenomina 'Team Gen 6', en referencia a los cazas de sexta generación, que aún no existen en Europa y que en el proyecto franco-germano se iba a concretar en el reemplazo a partir de 2040 de los aviones Eurofighter y Rafale hoy en servicio, según EFE.

Ese grupo ha explicado en una carta dirigida al canciller alemán, Friedrich Merz, su intención de desarrollar conjuntamente un avión de combate de sexta generación, según Der Spiegel.

Además de Airbus Defence and Space, con sede en Taufkirchen, en el sur de Múnich, la alianza incluye a las empresas MBDA, Hensoldt, Diehl Defence, Liebherr, MTU Aero Engines, Rhode & Schwarz y Autopflug, de acuerdo con la misma fuente.

El principal impulsor de la iniciativa sería el jefe de Airbus Defence and Space, Michael Schöllhorn.

Der Spiegel asegura que los planes no están todavía muy desarrollados y que la intención de la carta era "enviar una señal al Gobierno alemán", que la víspera anunció el fin definitivo del proyecto germano-francés FCAS por diferencias entre Airbus y la gala Dassault, que quería hacerse con el control del 80 % del proyecto, pese a que inicialmente se había pactado una participación del 33 % para cada uno de los socios, que incluía a la española Indra.

La idea es hacer publica la alianza este miércoles en compañía de Merz en la Feria Internacional Aeoroespacial (ILA) en Berlín, como se desprende de una carta enviada al ministro alemán de Defensa, Boris Pistoriis.

El proyecto apunta a un caza menos complejo que el que preveía el proyecto del FCAS, teniendo en cuenta que los drones cobran cada vez más importancia en la estrategia militar, indicó Der Spiegel.

Los iniciadores de la alianza quieren sumar a la misma al consorcio aeronáutico sueco Saab.

Mientras que Airbus ha desarrollado aviones de combate como el Tornado y el Eurofighter siempre en colaboración con otros países y empresas, Suecia ha desarrollado de forma independiente aviones como el Saab JAS 39 Gripen.

No obstante, añade Der Spiegel, el Gripen, en su configuración actual, no se considera una base adecuada para un caza de sexta generación.

En cambio, los nuevos socios parecen descartar una cooperación con el consorcio de combate GCAP, impulsado por el Reino Unido, Italia y Japón, ya que consideran que su concepto no se ajusta a los requisitos alemanes.

Preguntado en una rueda de prensa junto a su homólogo checo, Jaromír Zůna, Pistorius señaló que hay "varias opciones" sobre la mesa para un nuevo avión de combate para Alemania.

"La primera sería adquirir más F-35 (estadounidenses), ya sea como solución temporal o para otros fines. La segunda opción sería incorporarnos a otro proyecto internacional que ya esté en marcha. Y la tercera sería desarrollar nosotros mismos un avión bajo liderazgo alemán, encabezado por Airbus y otros socios", explicó.

"Tal vez surja una cuarta opción de la que ahora no quiero hablar, pero sí, es algo imaginable y constituye una de las posibilidades", dijo sobre la alianza liderada por la filial germana de Airbus.

"Es lógico que, cuando se prevé que un proyecto pueda terminar, se empiece a estudiar qué otras opciones o alternativas podrían seguirle. Pero todavía no hay ninguna decisión tomada", indicó el ministro. 

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha atribuido el fracaso del proyecto europeo para desarrollar un caza de sexta generación, conocido como Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS), a que "se han antepuesto intereses de la industria a la seguridad de Europa". La ministra ha calificado este desenlace de "preocupante" y "grave" y ha asegurado que España trabajará para buscar alternativas que permitan avanzar en un programa que considera estratégico.

El proyecto ha quedado definitivamente suspendido después de que Alemania y Francia concluyeran al más alto nivel que las diferencias entre Airbus y Dassault Aviation eran insuperables, poniendo fin a una iniciativa en la que también participaba España.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Senado, Robles ha lamentado que los intereses industriales hayan prevalecido sobre las necesidades de defensa del continente y ha advertido de que este desenlace supone un revés para la construcción de una política europea común de seguridad.

"Por parte de España vamos a hacer todo lo posible para que este proyecto tenga otra vía", ha señalado la ministra, que, aunque ha descartado mantener la plataforma conjunta en los términos planteados hasta ahora, ha defendido la necesidad de encontrar una solución común. A su juicio, existen "muchas alternativas" que los Gobiernos de Alemania, España y Francia tienen previsto abordar en los próximos días.

Robles ha considerado además que lo ocurrido debe servir de advertencia para las industrias implicadas en grandes programas de defensa. Según ha afirmado , cuando llega el momento de desarrollar proyectos estratégicos para Europa, "algo falla" y terminan imponiéndose los intereses económicos sobre los de seguridad y defensa.

La ministra ha insistido en que España necesita disponer de un avión de sexta generación y defendido la importancia de impulsar programas conjuntos europeos, especialmente en un contexto en el que la protección del espacio aéreo resulta cada vez más relevante. En este sentido, ha calificado la suspensión del FCAS como un síntoma del "fracaso de las políticas de seguridad y defensa de la Unión Europea".

El FCAS se remonta a 2019 y estaba concebido como uno de los principales proyectos industriales y militares de Europa. Impulsado a partes iguales por España, Francia y Alemania, tenía como objetivo sustituir a partir de 2040 a los actuales cazas Eurofighter y Rafale en servicio.

El Polígono de Tiro y Bombardeo de las Bardenas Reales, situado en Navarra, vuelve a convertirse en un punto de fricción política dentro del bloque que sostiene al Gobierno.

Este miércoles, el PSOE afronta en el Pleno del Congreso el debate de una iniciativa presentada por Sumar, EH Bildu, PNV y Podemos que exige el cierre definitivo de la instalación militar y reclama al Ministerio de Defensa que no renueve el contrato de arrendamiento cuando expire en 2028.

La instalación, operativa desde 1951, es uno de los campos de tiro más relevantes de España y el principal escenario de adiestramiento para las unidades de combate del Ejército del Aire y del Espacio.

Su extensión, su aislamiento geográfico y la posibilidad de realizar ejercicios con fuego real lo han convertido en un activo estratégico para la defensa nacional y para la cooperación con aliados de la OTAN.

Los socios parlamentarios del Gobierno sostienen que la actividad militar es incompatible con la protección ambiental de las Bardenas Reales, declaradas Reserva de la Biosfera por la UNESCO, y con la sensibilidad social de la zona. ç

El PSOE, sin embargo, defiende que el cierre tendría un impacto directo en la preparación operativa de las Fuerzas Armadas y en los compromisos internacionales de España.

Un enclave militar esencial para el adiestramiento del Ejército del Aire

El polígono es utilizado de forma regular por las alas de combate de Zaragoza, Torrejón y Albacete, así como por unidades aliadas que participan en ejercicios conjuntos.

En estas instalaciones se entrenan maniobras aire‑tierra, lanzamiento de armamento guiado y no guiado, aproximaciones tácticas y procedimientos de combate que no pueden realizarse en otros puntos del territorio nacional.

El campo de tiro cuenta con zonas de impacto controladas, sistemas de medición de precisión y protocolos de seguridad actualizados.

Defensa sostiene que su clausura obligaría a trasladar el adiestramiento a bases extranjeras, con un coste económico elevado y una pérdida de autonomía operativa.

Además, subraya que la actividad militar se concentra en áreas muy delimitadas y que la mayor parte del territorio de las Bardenas permanece accesible para usos civiles.

El contrato de arrendamiento, gestionado por la Comunidad de Bardenas Reales, se renueva periódicamente desde hace décadas y supone una fuente de ingresos para los municipios y entidades propietarias.

Sin embargo, la presión política y social ha aumentado, especialmente por parte de colectivos pacifistas y organizaciones ecologistas que reclaman el fin de la actividad militar.

Un choque político que tensiona al Gobierno en plena legislatura

La iniciativa de Sumar, Bildu, PNV y Podemos coloca al PSOE en una posición incómoda: sus aliados exigen el cierre inmediato, mientras el Ministerio de Defensa defiende la continuidad del polígono como infraestructura esencial para la seguridad nacional.

El debate llega en un momento en el que el Ejecutivo necesita estabilidad parlamentaria y en el que cualquier votación ajustada puede complicar la legislatura.

El futuro del polígono dependerá de la negociación política y de la capacidad del Gobierno para equilibrar las demandas de sus socios con las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas.

Lo que está claro es que las Bardenas vuelven a ser un escenario donde se cruzan estrategia militar, presión territorial y supervivencia parlamentaria.

El cambio de la cúpula de Indra no solo ha frenado la crisis de gobernanza en la que estaba sumida la cotizada. En menos de dos meses se han cambiado cuatro asientos en su máximo órgano de gobierno. La salida de los hermanos Escribano y de José Vicente de los Mozos ha cerrado un capítulo dentro de la compañía que vio como su acción subía un 180% en 2025. Ahora, con una Indra renovada, se han abierto nuevas vías de comunicación con Santa Bárbara Sistemas para tratar de resolver los conflictos judiciales entre ambas, según informan fuentes cercanas a El Independiente. El objetivo es que Santa Bárbara no eleve la pugna empresarial a la Audiencia Nacional, algo que puede hacer hasta el 16 de junio.

Todo empezó el pasado 22 de diciembre cuando el Ministerio de Defensa adjudicó a dedo a la UTE formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) los contratos de obuses de ruedas por 2.686 millones de euros y de los obuses de cadenas por 4.554 millones. Esto despertó los recelos de Santa Bárbara -que tiene amplia experiencia en la fabricación de vehículos terrestres-, pues alega que Indra no tiene el conocimiento suficiente para ejecutar los mayores programas industriales de la defensa nacional del 2025. "No tiene ahora mismo las fábricas ni tiene las personas. Hay evidencias objetivas de que no son (Indra) la única opción porque nuestros vehículos son reales", defendió Alejandro Page, director general de Santa Bárbara.

Recurso de Santa Bárbara a los préstamos

Para realizar estos proyectos, Indra y EM&E recibieron en conjunto un apoyo del Ministerio de Industria y Turismo en forma de préstamos sin intereses por un valor de 3.000 millones de euros. Santa Bárbara dio el primer paso judicial llevando los créditos de Industria al Tribunal Supremo. Sin embargo, el la justicia desestimó el recurso contencioso-administrativo porque en virtud del artículo 346.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los países miembros pueden "adoptar las medidas que estimen necesarias para la protección de los intereses esenciales de seguridad y que se refieran a la producción o al comercio de armas, municiones y material de guerra".

Pero, además de este frente, Santa Bárbara recurrió también frente al Ministerio de Defensa la adjudicación de los programas a Indra y EM&E. La cartera que dirige Margarita Robles tenía hasta el 22 de abril para responder al recurso. No contentos con el devenir, Santa Bárbara anunció en febrero en un comunicado oficial que llevaría los programas de infantería autopropulsados de ruedas y cadenas de 7.200 millones de euros a la Audiencia Nacional si el Gobierno no los detenía. La compañía defendió que tiene "una probada capacidad técnica y experiencia contrastada en el sector de la Defensa, lo que exigía, como mínimo, que su candidatura para la ejecución de los PEM fuera tomada en consideración". En cambio, aseguró la empresa, "las adjudicaciones a Indra y Escribano fueron adoptadas sin concurrencia ni publicidad, a pesar de que las adjudicatarias no tienen experiencia y recursos comparables a los de Santa Bárbara".

La compañía había puesto su empeño en el vehículo Némesis que se basa en la plataforma Ascod, de amplio reconocimiento internacional. Por su parte, Indra creó su filial de vehículos terrestres, Land Vehicles para elevar su apuesta por la defensa. Tras la adjudicación, con un Ángel Escribano casi ejecutado de la presidencia de Indra, la cotizada eligió a la surcoreana Hanwha para producir el K9, un obús de cadenas. Tras esta decisión, que fue secundada por el Ministerio de Defensa, los sindicatos de Santa Bárbara cargaron contra el Gobierno al señalarle como "responsable político de una estrategia que pone en riesgo el futuro de cientos de trabajadores" y que tiene "un trato a favor" con Indra. Cabe señalar que Indra es una compañía semipública, con el 28% de las acciones siendo propiedad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) del Ministerio de Hacienda.

La Audiencia Nacional en el horizonte

El Ministerio Defensa declinó el recurso de Santa Bárbara. La compañía contemplaba el primer recurso de alzada como un paso previo necesario para agotar la vía administrativa, antes de acudir ante la Audiencia Nacional. De esta manera, aunque aún no lo ha hecho oficial, Santa Bárbara se encuentra abocada a abrir un nuevo frente judicial contra el Gobierno, al que acusa de haber adjudicado 'a dedo' los programas de artillería autopropulsada a Indra y EM&E. Pero todavía queda el último cartucho. La nueva cúpula de Indra ha aterrizado a la cotizada con el objetivo de calmar las aguas con Santa Bárbara, socio dentro de Tess Defence, el consorcio que produce los 8x8.

Aun así, las negociaciones son complicadas, pues Santa Bárbara siempre ha defendido que el futuro de las capacidades de obuses autopropulsados del Ejército de Tierra debía pasar por la plataforma Ascod para ganar en interoperabilidad. Por la otra parte, Indra ya tiene un acuerdo con Hanwha para la fabricación de los obuses de cadenas, por lo que la participación de Santa Bárbara en el programa como ella quiere se encuentra hasta el momento descartada.

Aun así, Indra mantiene la puerta abierta a Santa Bárbara, pues durante la presentación de la firma con la empresa surcoreana, Frank Torres, director general de la división de vehículos terrestres de Indra calificó a General Dynamics como un "socio industrial" y que "va a estar incluida al igual que todas las demás empresas y proveedores de España para poder utilizar todas sus capacidades para desarrollar estos programas".

Pugnas entre Indra y Santa Bárbara antes de los contratos de artillería

Los roces entre ambas empresas empezaron mucho antes cuando Ángel Escribano trató de comprar Santa Bárbara Sistemas. El entonces presidente de Indra planteó comprar la compañía que pertenece a la gigante estadounidense General Dynamics, quinta compañía de defensa con más ingresos del mundo. El objetivo era dar un paso de gigante para ganar soberanía frente a Estados Unidos, país con el que España tiene una gran dependencia tecnológica y militar. Esto provocó recelos por parte de la matriz estadounidense. Finalmente, la maniobra empresarial por tratar de adquirir Santa Bárbara terminó por tensar aún más las relaciones entre los actores de Tess Defence.