Los suizos volverán a las urnas el próximo domingo, 14 de junio, para decidir si quieren frenar la inmigración estableciendo un tope de población de 10 millones (ahora el país tiene 9,1 millones) en el horizonte de 2050, como propone la derecha populista. Ese mismo día podrán pronunciarse también, en todo el territorio, sobre un cambio en el servicio civil sustitutorio del militar; en Berna, sobre un crédito para renovar un museo; y en el cantón de Zúrich, sobre una iniciativa para frenar el aumento del coste de la vivienda.

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El debate en torno a la inmigración recorre desde hace años Europa y alumbra medidas cada vez más restrictivas, mientras las fuerzas ultraderechistas crecen en paralelo atizando la discusión. La UE recurre al endurecimiento de las reglas en un pacto migratorio que ahora también bendice centros de deportación fuera de sus fronteras. Frente a estas recetas para contener la inmigración, al Partido Popular de Suiza (SVP/UDC, en sus siglas en alemán y francés) se le ha ocurrido plantear un experimento insólito: fijar un tope a la población total del país. Los suizos votarán en referéndum el 14 de junio si apuestan por este cerrojazo. Las últimas encuestas, aunque auguran un resultado ajustado, dan una ligera ventaja al no.

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