El INSS pierde el pulso en Huesca: los tribunales obligan a devolver la prestación por incapacidad permanente total a un afectado de Covid prolongado
La pesadilla de este ciudadano comenzó en la recta final del año 2020 cuando contrajo el virus en su puesto de trabajo como operario metalúrgico. Lo que inicialmente parecía un contratiempo temporal de salud se transformó en una condición médica persistente y paralizante que alteró por completo su vida diaria.
Tras meses de padecimientos y evidentes limitaciones físicas el Instituto Nacional de la Seguridad Social reconoció oficialmente su incapacidad permanente total a finales del año 2022. Este reconocimiento le otorgaba una pensión vitalicia al certificar que sus secuelas le impedían reincorporarse a las duras exigencias de la industria del metal. Sin embargo la tranquilidad duró apenas dos años, ya que la entidad estatal decidió abrir un expediente de revisión y le retiró la ayuda de manera unilateral en la primavera del año 2024.
El espejismo de la recuperación clínica
El argumento principal de la administración para cortar el sustento económico se basaba en que el síndrome había experimentado una mejoría progresiva y que el afectado ya podía realizar una vida sin aparentes limitaciones.
Para sostener esta decisión, el organismo público se apoyó en el hecho de que el hombre salía a pasear a diario durante unos veinte minutos y que había conseguido un empleo adaptado conduciendo una carretilla en un centro especial de empleo (una corporación de integración social donde estuvo prestando servicios durante doce meses). A ojos de la administración este nivel de actividad demostraba que el trabajador estaba listo para regresar a los talleres metalúrgicos y perder su protección social.
Frente a esta interpretación de la realidad, el trabajador decidió plantar cara en los juzgados, aportando una batería de contundentes informes elaborados por diversos especialistas de la sanidad pública. Los documentos de los servicios de cardiología, neurología y medicina interna dibujaban un panorama radicalmente distinto al que pretendía imponer el INSS.
Los doctores certificaron que el paciente sufría una grave afectación multisistémica compatible con una disautonomía del sistema nervioso. Los síntomas incluían taquicardias ante esfuerzos mínimos, mareos intensos y un dolor persistente en ambas piernas que le imposibilitaba mantenerse de pie de forma continua. Como señalaba uno de los informes de la sanidad pública aportados al proceso "los síntomas persisten de forma severa y limitante".
Un veredicto firme contra la burocracia
La batalla legal ha culminado recientemente con un rotundo fracaso para la entidad pública en la más alta instancia autonómica aragonesa.
Tal y como detalla la sentencia número STSJ AR 834/2026 el tribunal ha ratificado la decisión previa de los juzgados locales ordenando la restitución inmediata de la pensión. Los magistrados concluyen que el cuadro clínico del paciente es crónico e incapacitante validando que no existe cura a día de hoy para sus múltiples dolencias.
La justicia recuerda de forma contundente que tener capacidad para realizar labores livianas o muy adaptadas (como el trabajo social que desempeñó temporalmente el operario) no borra la cruda realidad de que las tareas fundamentales de su antigua profesión le resultan totalmente inasumibles, devolviendo así la dignidad y la tranquilidad a este afectado.


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