Un documento de 16 páginas intervenido a la exmilitante socialista por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco del 'caso Leire' —al que ha tenido acceso El Independiente—, sostiene que la trama de hidrocarburos habría sido utilizada para construir una conexión política con el PSOE y cuestiona la actuación de la Fiscalía Anticorrupción, la Guardia Civil y algunos de los investigadores que participaron en el procedimiento.
El anexo, dedicado al análisis de la denominada "trama de los hidrocarburos", contiene una serie de acusaciones contra la forma en la que se desarrolló la investigación y plantea que determinadas actuaciones policiales y judiciales habrían tenido una "finalidad política". En concreto, el documento señala directamente al fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón y afirma que tanto él como el juez del procedimiento "parecen estar dispuestos a asociar al PSOE con esta trama".
Unir todo en una causa
La tesis del escrito es que la investigación de hidrocarburos habría terminado vinculándose con el 'caso Koldo' y con el entorno del exministro de Transportes José Luis Ábalos pese a que, según sostiene el documento de Leire, se trataría de dos asuntos diferentes. "Hay que distinguir dos cosas muy relevantes porque se ha pretendido unir en una sola causa dos elementos que no son iguales ni pertenecen a la misma causa", recoge el anexo.
El documento hace dos distinciones. Por un lado, la investigación sobre las adjudicaciones de mascarillas y la supuesta intermediación del exasesor ministerial Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama con Transportes, y, por otro, la trama empresarial de hidrocarburos vinculada a Villafuel y otras sociedades. Según el escrito, la unión de ambas investigaciones habría permitido proyectar una "conexión política" con el PSOE.
Carmen Pano como nexo
Uno de los elementos centrales del documento es el papel que atribuye a Carmen Pano como nexo entre ambas investigaciones. El informe intervenido sostiene que su declaración sobre la entrega de 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE habría sido utilizada para enlazar dos causas distintas.
"La declaración de Carmen Pano afirmando que había llevado 90.000 euros en efectivo a Ferraz es el ejemplo más evidente de querer unir el caso de las mascarillas con el de los hidrocarburos", recoge literalmente el documento. Según la tesis del escrito, la aparición de Pano habría servido para reforzar la conexión entre la estructura empresarial de Aldama en el sector de los hidrocarburos y las investigaciones sobre las supuestas comisiones vinculadas a contratos de mascarillas durante la pandemia.
El documento insiste en que ambas realidades deberían analizarse por separado. "Por una parte, el caso de las mascarillas y el supuesto cobro de comisiones devenido de la intermediación de Koldo García y Aldama con el ministerio que entonces dirigía José Luis Ábalos", señala. "Por otra parte la de los hidrocarburos, donde la estructura de Aldama con Villafuel y el resto de empresas instrumentales donde habrían defraudado más de 185 millones de euros".
La conclusión del anexo es que la referencia a Ferraz habría funcionado como elemento político para conectar ambos procedimientos. El documento, no obstante, plantea esta interpretación como una tesis propia y no como una conclusión judicial.
Justamente, la investigación judicial señala que la supuesta trama habría ofrecido a Pano 50.000 euros a cambio de modificar su declaración sobre el dinero que entregó en Ferraz. La supuesta oferta habría corrido a cargo de la abogada Leticia de la Hoz y se habría realizado una semana antes de su declaración en el Supremo durante una reunión en el despacho de esta letrada, según la declaración de la propia empresaria ante la Guardia Civil.
"Una finalidad política" de los agentes
El texto intervenido dedica buena parte de sus páginas a cuestionar la actuación de determinados agentes de la Guardia Civil y plantea que algunas investigaciones se habrían utilizado para obtener información con objetivos políticos. Cabe destacar que este modus operandi no es nuevo, ya que, según señala la UCO, la trama de las presuntas cloacas del PSOE, encabezada por Leire Díez, habría tenido como objetivo principal desacreditar a agentes y fiscales vinculados a las investigaciones contra el partido socialista y Pedro Sánchez.
"El objetivo real es diferente al aparente", afirma el documento, que sostiene que la causa habría servido como una vía para obtener información bajo apariencia de cobertura judicial. En otro punto, el anexo afirma que existieron "causas paralelas utilizadas al libre albedrío de la UCO sin control judicial alguno y instrumentalizadas a favor de una opción política concreta".
El documento menciona especialmente al capitán Juan Vicente Bonilla García, al que identifica con el alias "Roberto Alcázar". Según el escrito, Bonilla habría mantenido conversaciones con el empresario José Luis Caramés en las que aparecían referencias a la obtención de información sobre Koldo García. El archivo intervenido afirma que en esos mensajes "se habla y planifica la obtención de información sobre Koldo, 'el del PSOE', y los describen refiriéndose a reuniones de planificación y un programa de obtención de inteligencia evidente".
Además, el texto de Leire cuestiona la utilización de determinados atestados policiales y sostiene que hubo información relevante que no fue incorporada inicialmente a los procedimientos. En concreto, menciona los atestados 181/2020 y 183/2020 y sostiene que existieron elementos de investigación que habrían quedado fuera del conocimiento de las partes.
El papel de la Fiscalía y los informes policiales
El anexo también dirige sus críticas hacia Anticorrupción, y más concretamente contra el jefe de la Fiscalía, Alejandro Luzón. Este fiscal es una de las personas a las que, a ojos de la UCO, más habría querido dañar la trama. En sus conclusiones, sostiene que la investigación habría acabado orientándose a establecer una relación entre la trama de hidrocarburos y el PSOE. “Lo cierto es que tanto el fiscal Anticorrupción adscrito al caso, Luzón, como el juez parecen estar dispuestos a asociar al PSOE con esta trama”, recoge el documento.
El escrito señala además que el origen de la trama debería analizarse en otros ámbitos políticos y empresariales y menciona el papel de distintas compañías y personas relacionadas con administraciones gobernadas por el Partido Popular. Entre ellas cita a Hafesa y a José Norberto Uzal Tresandi, al que identifica como una persona que ocupó un puesto en la Administración gallega durante la etapa de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta. El documento concluye que la vinculación del caso con el PSOE respondería a una interpretación interesada de la investigación. “Quien estuviera detrás de todo esto es el PP”, afirma el anexo en sus últimas páginas.
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