Las anotaciones de las libretas intervenidas por la Guardia Civil a Leire Díez reflejan que la exmilitante socialista se interesó por el funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) inmediatamente después de la aprobación del rescate de Plus Ultra. Según la documentación incorporada al sumario, a la que ha tenido acceso El Independiente, Díez anotó con detalle la estructura interna de la SEPI y el procedimiento de concesión de estas ayudas apenas unos días después de que el Gobierno autorizara en marzo de 2021 una inyección de 53 millones de euros a la aerolínea. Aquel rescate terminó judicializado y dio lugar a una causa en la que actualmente está investigado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Los apuntes contienen referencias directas al procedimiento seguido por el fondo, a sus asesores externos y a la situación de la compañía beneficiaria de las ayudas públicas. En una de las páginas, encabezada bajo el epígrafe "Fondo Solvencia", se recogen observaciones realizadas apenas días después de la aprobación del rescate de la aerolínea.

40 asesores

Entre ellas figura una referencia al flujo de información sensible entre las empresas solicitantes y los consultores contratados por la SEPI. "Se les está pasando información de las compañías a los 40 asesores antes de subastar las operaciones", puede leerse en una de las anotaciones. A continuación, el texto añade una advertencia sobre las posibles implicaciones legales de esa práctica: "En el caso de las cotizadas, podría estar incurriendo en un delito al revelar información confidencial".

El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, creado en 2020 para sostener a compañías afectadas por la crisis del COVID-19, movilizó miles de millones de euros y articuló su funcionamiento mediante la participación de consultoras y despachos externos encargados de analizar la viabilidad de las empresas solicitantes. Las notas atribuidas a Díez se detienen precisamente en ese punto, el papel de los asesores y la trazabilidad de la información que manejaban.

El real decreto-ley

En otra de las hojas se recoge una referencia al encaje jurídico del sistema utilizado por la SEPI para articular el apoyo técnico externo. "SEPI contrató los servicios de apoyo externo cuando el procedimiento estaba impugnado", señala la supuesta 'fontanera', y atribuye a un tal "J. L." la explicación de que la contratación se realizó "al amparo de lo dispuesto en el apartado 9 del artículo 2 del RDL 25/20 de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo que establece el funcionamiento del fondo de solvencia".

Este real decreto-ley fue la base normativa del instrumento de rescate utilizado durante la pandemia y regulaba el funcionamiento del fondo, incluyendo la posibilidad de apoyo técnico en la evaluación de operaciones.

De Plus Ultra a Air Europa

Las anotaciones también reflejan interés por la situación concreta de Plus Ultra. En una de las páginas aparece una referencia directa al contexto del fondo y el posible miedo de la trama por el "anuncio de Vox de querellas a los gestores del Fondo de Solvencia”". A continuación, se añade una reflexión: "Si la Justicia lo admite a trámite se puede dar la situación de que B. Lora esté en la misma situación que Vicente".

Estas referencias parecen aludir a Bartolomé Lora, entonces vicepresidente de la SEPI y presidente en funciones del organismo durante la aprobación de algunas de estas operaciones, y a Vicente Fernández, expresidente del holding público. Lora presidía el Consejo Gestor encargado de elevar las operaciones al Consejo de Ministros y actualmente está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción 49 de Madrid por el rescate de Air Europa.

En otra anotación se formulan preguntas de carácter político-institucional: "¿Y qué pretende sacar adelante el Fondo con alguien que ha mostrado su posición al frente de SEPI o de Bartolomé Lora imputado?" o "¿Por qué el PP pide que se nombre a Bartolomé Lora?". También aparece una referencia a una "excusa de haber pasado meses desde la presentación de la solicitud de Plus Ultra".

Un rescate de 53 millones

El rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado el 9 de marzo de 2021, ascendió a 53 millones de euros mediante un préstamo participativo y otro ordinario. La operación se justificó por la supuesta relevancia estratégica de la aerolínea en determinadas rutas entre España y América Latina, así como por su papel en el mantenimiento del empleo.

Sin embargo, desde el primer momento surgieron dudas políticas y mediáticas sobre si la compañía cumplía los requisitos exigidos para ser considerada "estratégica", dado su reducido peso en el mercado aéreo español y su situación financiera previa a la pandemia. Estas controversias derivaron en denuncias e iniciativas judiciales para analizar el procedimiento seguido.

En este contexto, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama investiga actualmente las circunstancias del rescate y la posible existencia de una trama de influencias supuestamente liderada por Zapatero para facilitar la concesión de esta ayuda a la compañía.

La exmilitante socialista Leire Díez lo anotaba todo. Así se desprende de la veintena de agendas y libretas que la Guardia Civil le intervino en el marco del caso bautizado con su nombre que sigue su curso en la Audiencia Nacional. Todas ellas han sido incorporadas al sumario de la investigación, al que ha tenido acceso El Independiente, y recogen la ofensiva desplegada por la supuesta 'fontanera' del PSOE contra jueces, fiscales y mandos policiales que investigaban las causas que afectaban al entorno del Gobierno. Entre ellos el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso contra la esposa del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez, pero también encargado de un procedimiento que salpicaba a Nervis Villalobos, el exviceministro chavista vinculado a la trama de las presuntas 'cloacas'.

En una de las agendas intervenidas a Leire figura una anotación bajo el epígrafe "Acción política" en la que se hacía referencia a dos agentes de la UDEF identificados por sus números profesionales: el 111.129 y el 127.263. El primero de ellos fue destinado en 2021 como agente de enlace en Europol, con sede en La Haya, tras ser condecorado por el Ministerio del Interior, según apuntó en febrero de 2025 el propio Gobierno tras la comparecencia en el Congreso de Villalobos.

El "policía de Grinda"

Justamente, en uno de los documentos localizados por la Guardia Civil en el ordenador de la 'fontanera', el agente 111.129 aparece descrito como el "policía de Grinda", en referencia al fiscal Anticorrupción José Grinda, uno de los principales objetivos de la trama. El texto atribuye a ambos la elaboración de informes policiales presuntamente falsos en diversas investigaciones y sitúa el caso de Nervis Villalobos como una de las piezas centrales de esa estrategia.

Según ese relato, la investigación contra el exviceministro venezolano habría estado sustentada en informes elaborados por ese agente de la UDEF y utilizados posteriormente por Anticorrupción en distintos procedimientos abiertos contra Villalobos. La documentación sostiene que dichos informes contenían "datos falsos o erróneos" y que formaban parte de una supuesta "persecución" impulsada tras la negativa del exalto cargo chavista a colaborar con la Fiscalía y aportar información sobre distintos objetivos políticos y empresariales.

El 'relato' de Leire también insiste en que las investigaciones contra el empresario venezolano se impulsaron siempre "por los mismos fiscales, los mismos agentes policiales y las mismas unidades especializadas". Según esa versión, las tres causas judiciales en las que Villalobos se encontraba inmerso en la Audiencia Nacional y los Juzgados de Madrid se habrían apoyado en informes elaborados por la misma estructura.

El vínculo con Peinado

Las notas intervenidas revelan además cuál era el objetivo final de esa estrategia. En uno de los documentos se recoge expresamente que "si cae el [agente] 111.129, se cae su causa", en referencia a los procedimientos que afectaban a Villalobos. A continuación, la anotación añade que el exviceministro iniciaría una "querella o denuncia a Peinado por detención ilegal", ya que el instructor había decretado su ingreso en prisión provisional —a petición de la Fiscalía— y el bloqueo de sus cuentas bancarias.

La referencia conecta directamente con la resolución del Tribunal Constitucional que declaró vulnerado el derecho fundamental a la libertad personal de Villalobos por una de las decisiones adoptadas durante la instrucción dirigida por el magistrado. La documentación señala incluso que la sentencia del Constitucional sería entregada el día 12, lo que podría apuntar a que la estrategia contemplaba utilizar ese fallo como base para una ofensiva posterior contra el juez.

De este modo, la caída de la credibilidad del agente de la UDEF podría servir, según el esquema reflejado en los documentos, para cuestionar las investigaciones policiales que sustentaron las causas contra Villalobos y abrir posteriormente una vía de actuación contra Peinado.

Begoña Gómez

Justamente, este magistrado fue quien impulsó la causa contra Begoña Gómez, que encara ahora su fase final. El próximo lunes, 15 de junio, la esposa de Pedro Sánchez, su exasesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés están citados para la audiencia previa, en la que se decidirá si los tres investigados acaban yendo a juicio con jurado popular por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción, malversación y apropiación indebida.

El juez encargado de investigar el 'caso Leire', Santiago Pedraz, fechó precisamente el inicio de esta presunta 'trama de las cloacas' el mismo día que se conoció la imputación de Gómez. Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, mientras Sánchez permanecía apartado del foco público, se puso en marcha la red destinada a hacer frente a las investigaciones judiciales que afectaban al entorno del Gobierno y el PSOE. Una estrategia que habría estado coordinada por Leire, pero en la que el entonces 'número tres' del partido, Santos Cerdán, habría tenido un "papel superior".

Las agendas manuscritas incorporadas a la investigación judicial reflejan que Leire Díez participó en gestiones relacionadas con la empresa pública Mercasa y que, dentro de esas anotaciones, aparecen identificadas tres mercantiles como posibles destinatarias de ofertas vinculadas a contratos menores. Estos contratos menores son las adjudicaciones públicas que eluden los controles más estrictos de la administración.

La documentación intervenida sitúa a Díez dentro de un grupo de trabajo que tenía a Mercasa como uno de sus objetivos. Cabe destacar que Mercasa es una de las 12 empresas que dependen de la SEPI. En una de las páginas de la agenda aparece escrita una relación de nombres formada por "Anxton, Vct (Vicente), Leire" y, justo debajo, marcada con un asterisco, la referencia a "MERCASA". La anotación vincula así a la exmilitante socialista con las gestiones que, según reflejan los manuscritos, se estaban planteando en torno a la empresa pública dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Contratos menores

Las referencias a Mercasa no son aisladas. En otra de las páginas aparece un apartado específico encabezado con el nombre de la compañía pública. En el margen izquierdo puede leerse la expresión "Contratos menores" y, bajo el título "MERCASA", se detalla lo que el autor de las notas define expresamente como "Nombre de empresas para ofertas".

A continuación figura una relación cerrada de tres compañías. La primera es "Monte Aragón", que podría referirse a Montearagon Canalizaciones SL, empresa de la que es administrador único Jose Francisco Sanchez Gonzalez. La segunda es "Servinabar", acompañada entre paréntesis de la referencia "Mikel". Esta empresa está siendo investigada en la causa de la SEPI. Esta empresa está vinculada a Santos Cerdán. La tercera es "Construcciones Sumelzo", vinculada a la socialista Susana Sumelzo, junto a una anotación adicional difícil de interpretar en su totalidad, aunque se aprecia el nombre "Juan".

La relevancia de este apunte reside en que las tres sociedades aparecen agrupadas bajo el mismo epígrafe y asociadas a las ofertas de contratos menores de Mercasa. El manuscrito no contiene explicaciones adicionales sobre el papel concreto de cada empresa ni sobre si llegaron a presentarse a procedimiento alguno, pero sí refleja que habían sido identificadas como las firmas que debían figurar en las ofertas.

Una operación mediante permuta

Junto a la relación de empresas aparece además una anotación complementaria que dice "Dirección correo electrónico", lo que apunta a que la operativa contemplaba también la gestión práctica de la presentación o intercambio de documentación vinculada a esas ofertas.

Las referencias a Mercasa continúan en los folios siguientes de la agenda. Bajo el encabezado "SEDE" aparecen anotaciones relativas a la futura ubicación de la compañía. Entre ellas figura la expresión "Suelo dotacional público" y una reflexión sobre la posibilidad de articular una operación mediante permuta. El manuscrito recoge literalmente: "¿Se puede valorar como propietario del suelo para poder hacer la permuta?".

Las notas también mencionan conversaciones con terceros en relación con esta operación. El contexto de la página sugiere que la red no sólo estaba interesada en contratos de menor cuantía, sino también en cuestiones relacionadas con las instalaciones y el patrimonio inmobiliario de la empresa pública.

La presencia de Leire Díez en estas anotaciones resulta especialmente significativa porque su nombre aparece asociado de manera directa a Mercasa en una página específica de la agenda. No se trata de una referencia indirecta ni de una simple mención aislada. El apunte identifica expresamente a "Antxon, Vct, Leire" como los interlocutores relacionados con el asunto y sitúa a continuación el objetivo de esas gestiones: "MERCASA".

Entidades públicas y semipúblicas

Las agendas reflejan además un interés continuado por distintas entidades públicas y semipúblicas. En páginas próximas aparecen referencias a compañías como Tragsa o Enagás, así como anotaciones sobre contratación y proveedores. En el caso concreto de Mercasa, sin embargo, la documentación va un paso más allá al consignar un listado concreto de empresas para concurrir a ofertas vinculadas a contratos menores.

La mecánica descrita en los manuscritos adquiere relevancia porque la contratación menor exige habitualmente la solicitud de presupuestos o propuestas para justificar la adjudicación. Las anotaciones intervenidas muestran que, al menos sobre el papel, existía una selección previa de sociedades que debían integrar ese proceso de ofertas.

Los documentos no aclaran si las adjudicaciones llegaron finalmente a producirse ni identifican contratos concretos. Tampoco detallan importes o expedientes determinados. Lo que sí reflejan de forma expresa es la existencia de un apartado específico dedicado a Mercasa, la referencia a "Contratos menores" y la identificación de tres compañías —Monte Aragón, Servinabar y Construcciones Sumelzo— bajo el epígrafe "Nombre de empresas para ofertas".