El Juzgado de lo Social número 44 de Madrid ha reconocido el derecho a una Incapacidad Permanente Total (IPT) a una trabajadora autónoma dedicada a la gestión de un bar, una resolución judicial que corrige la decisión previa del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que había denegado la prestación. Esta decisión respalda así los argumentos presentados por el despacho especializado Parrado Asesores.

Según la sentencia, las patologías que sufre la demandante le provocan limitaciones anatómicas, orgánicas y funcionales de entidad suficiente para impedirle desempeñar las tareas propias de su profesión en el ámbito de la hostelería. Por ello, el tribunal concluye que concurren los requisitos necesarios para el reconocimiento de la incapacidad permanente total.

Como consecuencia, la trabajadora tendrá derecho a percibir la correspondiente prestación económica derivada de la incapacidad permanente total.

La demandante presentaba un cuadro clínico compuesto por hernia discal, dolor neuropático con importante hiperalgesia, dolor quemante, temblores, adormecimiento, espondilólisis y estenosis de receso lateral. A estas dolencias físicas se sumaba un trastorno depresivo recurrente grave, acreditado mediante diversos informes médicos incorporados al procedimiento.

La resolución considera acreditado que las limitaciones derivadas de estas patologías resultan incompatibles con las exigencias propias de la gestión de un establecimiento hostelero, una actividad que requiere esfuerzo físico continuado, manejo habitual de cargas, atención directa al público y capacidad para desenvolverse en situaciones de presión y responsabilidad.

Cristina Alonso, abogada de Parrado Asesores encargada de la defensa del caso, ha destacado que "la gestión de un negocio de hostelería implica una dedicación personal y directa que no puede reducirse a simples funciones de dirección o supervisión". "Las limitaciones funcionales de nuestra clienta hacían imposible el desempeño normal de su actividad profesional", agrega.

Uno de los aspectos más llamativos del procedimiento es que el propio informe del Equipo de Valoración de Incapacidades ya reflejaba restricciones para desempeñar tareas de responsabilidad, trato interpersonal fluido o trabajo bajo presión. Sin embargo, el INSS rechazó inicialmente el reconocimiento de la incapacidad en vía administrativa.

La magistrada concluye que, valoradas conjuntamente todas las patologías y su evolución durante años de tratamiento, la trabajadora se encuentra incapacitada para desarrollar las funciones habituales de su profesión como autónoma en el sector de la hostelería, caracterizada por esfuerzos constantes y una intensa interacción con clientes, empleados y proveedores.

Como cada año, ya están aquí los viajes del Imserso. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado la resolución de la convocatoria de plazas de la temporada 2026-2027 del Programa de Turismo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, que oferta casi 880.000 plazas de viaje.

En concreto, el Imserso, organismo que está adscrito al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, lanzará 879.213 plazas, de las que un total de 7.447 cuentan con un precio reducido de 50 euros.

Esa cifra total se desglosa en 440.284 plazas en turismo de costa peninsular, 228.142 para la costa insular y 210.787 para turismo de escapada.

Además, entre estas se encuentran las 7.447 plazas con una tarifa reducida de 50 euros por cada una, reservadas para las personas que reciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o de jubilación de la Seguridad Social y sin importar el destino.

También se mantiene respecto a la temporada anterior la posibilidad de que las personas usuarias viajen con sus animales de compañía en la costa peninsular e insular.

Las solicitudes de alta al programa —que permitirán acceder a las plazas una vez que sean convocadas— o modificaciones de datos podrán presentarse entre el 22 de junio y el 10 de julio de 2026, mientras que las personas acreditadas para viajar en temporadas anteriores no tienen que cumplimentar una nueva solicitud —salvo que quieran cambiar algún dato—.

Asimismo, el Ministerio señala que todas las personas beneficiarias del programa recibirán —a partir de la segunda quincena de agosto aproximadamente— una carta de acreditación con la clave para poder reservar sus viajes y estima que la comercialización de los mismos comenzará en septiembre y se podrá empezar a viajar a partir de octubre.

"Este programa se ha convertido en una herramienta fundamental para paliar la estacionalidad del sector turístico, evitando la pérdida de muchos puestos de trabajo durante la temporada baja", y genera un "impacto positivo" sobre el fomento de una vida activa y social de las personas mayores, sostiene.

Castilla y León ya tiene nuevo Gobierno autonómico. El recién investido presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este sábado los miembros de su nuevo Ejecutivo, el segundo de coalición entre PP y Vox, en el que habrá cuatro mujeres entre sus doce integrantes, con cinco caras nuevas, los tres de Vox, Carlos Pollán, Alberto Díaz Pico y Joaquín Antonio Pino, y dos de los 'populares', Cristina Sanchidrián y María Pardo.

Con respecto al último Gobierno del Partido Popular en solitario, desde julio de 2024 cuando Vox se salió de todos los gobiernos autonómicos en los que tenía presencia en España, han salido del Ejecutivo castellanoleonés Leticia García, tras asumir actual portavocía del PP en las Cortes; Rocío Lucas, vicepresidenta segunda de la Mesa de las Cortes; José Luis Sanz Merino, procurador por Segovia, y Gonzalo Santonja, quien ocupaba la cartera de Cultura y que fue el único consejero de Vox que se mantuvo en el Ejecutivo.

Además, y según ha confirmado el presidente en una rueda de prensa, el palentino Carlos Fernández Carriedo, mantendrá la cartera de Economía y Hacienda y seguirá con su labor en la Portavocía, un trabajo que ha realizado en los últimos cuatro años.

En general, la estructura del Gobierno de coalición de PP y Vox para este mandato está encabezada por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien contará con dos vicepresidencias.

La Vicepresidencia primera estará ocupada por el leonés Carlos Pollán, de Vox, con la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. De esta manera, tendrá las competencias en materia de medidas de racionalización, simplificación y eliminación de cargas administrativas, a la vez que asumirá las competencias de cooperación al desarrollo, que antes estaba en Presidencia, según ha detallado Fernández Mañueco.

Con esta Vicepresidencia, el representante de Vox también se hará cargo de determinadas competencias en materia de servicios sociales vinculadas a juventud, familia, infancia y atención a la diversidad, anteriormente responsabilidad de la Consejería de Familia. Asimismo, se responsabilizará de las competencias en materia de drogodependencia, inclusión social, inmigración y cooperación con el Tercer Sector.

Por su parte, la Vicepresidencia segunda la gestionará la zamorana Isabel Blanco Llamas, del PP, sin cartera y con competencias en vivienda, ordenación del territorio, igualdad de oportunidades, despoblación, Protección Civil, coordinación con policías locales, espectáculos públicos y mujer.

Asimismo, la abulense Cristina Sanchidrián (PP), se incorpora al Gobierno para hacerse cargo de la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, mientras que la vallisoletana María Pardo, también nueva en el organigrama del equipo de Gobierno, se encargará de Educación.

En la consejería de la Presidencia se mantiene el vallisoletano Luis Miguel González Gago (PP), mientras que el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP) pasa de Medio Ambiente a Industria, Universidades, Empleo y Comercio.

Fernández Mañueco ha manifestado su "confianza" a Suárez-Quiñones, ya que ve en él una persona que servirá para "impulsar la renovación de ideas y procedimientos", y "fortalecer la capacidad de mejora" de la Junta. Al mismo tiempo, ha defendido la mezcla de competencias en una cartera que, entre otros objetivos, pretende "vincular más la universidad con la empleabilidad".

Las áreas de los 'populares' se completa con la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, donde se mantiene al burgalés Alejandro Vázquez, de manera que este mantiene las competencias ya asumidas en el anterior gobierno y añade la atención y los servicios sociales a las personas mayores, personas discapacidad y dependencia. Así, la unión de estas áreas en esta nueva consejería permitirá tener una "visión más completa y dar un mejor tratamiento a las personas", ha aseverado el presidente de la Junta.

Por otro lado, la consejería de Medio Ambiente y Energía con la vallisoletana será para María González Corral, anterior titular de Agricultura y Ganadería. En cuanto competencias, en este nuevo gobierno Medio Ambiente no se hará cargo de caza, pesca, flora y fauna y control ambiental, que pasan a la Consejería de Agricultura, si bien la cartera suma energía y minas, que antes estaban en la Consejería de Economía y Hacienda.

En este contexto, será el abulense Joaquín Antonio Pino (Vox) el encargado de esas competencias, ya que asume la cartera de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental. Por otra parte, Alberto Díaz Pico, cabeza de lista por Valladolid de partido de Abascal, gestionará la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

Con esta composición del Gobierno la presencia femenina la incorporan los 'populares' que son quienes suman cuatro mujeres al Gobierno, mientras que Vox ha optado por tres perfiles masculinos para sus tres consejerías.

La red de Cercanías de Madrid volverá a sufrir este fin de semana varias afecciones por obras que conllevan el cierre de la estación de Sol, modificaciones en la C-5, con trenes que iniciarán y finalizarán su recorrido en la estación de Atocha, y cortes nocturnos en C-3 entre Getafe Industrial y Valdemoro y la estación de Parla cerrada a partir de las 23 horas.

En concreto, la estación de Sol (líneas C-3, C-4a y C-4b) estará cerrada el sábado y el domingo por obras de mejora en el túnel. De este modo, los trenes de la C-3 procedentes de Aranjuez finalizarán su recorrido en Atocha. Por su parte, los de la C-4 procedentes de Colmenar Viejo y Alcobendas-San Sebastián de los Reyes finalizarán en Nuevos Ministerios, y los procedentes de Parla terminarán también en Atocha.

Los viajeros de estas dos líneas que deseen hacer el trayecto entre Nuevos Ministerios y Atocha tendrán a su disposición las líneas C-2, C-7, C-8 y C-10, que hacen este recorrido por el túnel de Recoletos con parada en la estación del mismo nombre.

El cierre de la estación se repetirá durante el próximo fin de semana, los días 20 y 21. Las obras tienen como objetivo mejorar la capacidad de las líneas C-3 y C-4, que pasan por el túnel de Sol, y forman parte de una serie de trabajos para mejorar la línea C-5.

Además, los trenes de la C-3 (Aranjuez-Atocha-Sol-Chamartín) no circularán entre las estaciones de Getafe Industrial, Pinto y Valdemoro desde las 23 horas y hasta la finalización del servicio. Además, la estación de Pinto permanecerá cerrada en horario nocturno, por lo que los últimos trenes del día no podrán parar ni circular por ella.

De esta forma, los trenes procedentes de Aranjuez iniciarán y finalizarán su servicio en Valdemoro, mientras que los procedentes de Madrid lo harán en Getafe Industrial. Renfe ha dispuesto un servicio alternativo de transporte en autobús en ambos sentidos, debidamente señalizado, entre estas tres estaciones.

Estas modificaciones se producirán los días 20, 21, 27 y 28 de junio. En este caso, están motivadas por las obras de mejora que va a realizar Adif en estos periodos nocturnos, trabajos que se van a centrar en la catenaria (línea aérea de contacto) de la estación de Pinto, instalando nuevos elementos que incrementarán la fiabilidad de las instalaciones y facilitarán su mantenimiento.

Afecciones en la C-5

Por su lado, los trenes de línea C-5 (Móstoles-El Soto-Humanes)iniciarán y finalizarán su recorrido en la estación de Atocha en el marco de las obras que Adif está acometiendo para ampliar la capacidad de la estación de Atocha.

De este modo, los viajeros de la C-5 que deseen continuar el trayecto en esta línea más allá de Atocha deberán realizar transbordo a otro tren de la línea en esta misma estación. Esta afectación se repetirá los días 20 y 21 de junio.

Renfe está informando a los viajeros de estos trabajos por sus canales habituales, megafonía en trenes y estaciones, cartelería física y redes sociales ('X'), así como el canal de WhatsApp.

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha denunciado este sábado un calendario judicial acelerado en causas que afectan a su partido con el objetivo de que el Gobierno de Pedro Sánchez "caiga antes del verano".

Por otro lado, ante la sentencia del juicio al exministro y exsecretario de Organización José Luis Ábalos, que se espera para la próxima semana, dice que no puede responder por una persona que no es militante "desde hace dos años y medio".

Mínguez ha reprochado las "prisas" con las que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado a declarar como investigado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero mientras que en otros casos que perjudican al PP las acciones judiciales son más lentas.

En una entrevista en el programa Parlamento de RNE, la dirigente socialista sigue mostrando confianza en el expresidente y hace hincapié en que hasta el momento solo hay investigaciones policiales en su contra, pero no una sentencia judicial que le señale como culpable.

"En este país estamos acostumbrados últimamente a que todo lo que se escribe en un informe de la UCO ya se da por hecho que es veraz", se ha quejado la portavoz, que pide respetar la presunción de inocencia de Zapatero.

No obstante admite que "hay explicaciones que se tienen que dar" por su parte, y espera que pueda defenderse en la declaración ante el juez, que en principio se había fijado para el 2 de junio y posteriormente fue aplazada a la semana que viene, para el miércoles 17 y jueves 18.

"Se nos está poniendo un calendario judicial como con muchas prisas para que este gobierno caiga antes del verano", ha lanzado Mínguez ante una semana en la que además de Zapatero, volverá a declarar ante el juez la mujer de Sánchez, Begoña Gómez; se espera la sentencia del juicio a Ábalos y también la comparecencia de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, en el Senado, donde tendrá que explicar las reuniones que mantuvo con la exmilitante socialista Leire Díez, la llamada 'fontanera' del PSOE.

Narbona está "tranquila"

"Hay muchas prisas en temas judiciales que afectan a la izquierda y mucha lentitud con temas judiciales que afectan a la derecha", denuncia, mencionando el caso del exministro del PP Cristóbal Montoro "que está imputado desde hace un año y todavía nadie le ha llamado a declarar".

Por el contrario, lamenta, a Zapatero le imputaron un día y en apenas una semana ya tenía que estar declarando, aunque él pidió más tiempo "para poder defenderse", justifica la portavoz socialista que confía en que pueda despejar las sospechas. "Escucharemos porque seguramente todo tendrá su explicación", apunta.

La portavoz del PSOE ha vuelto a defender a la presidenta del partido, Cristina Narbona, que ha sido llamada a declarar como testigo por el juez Santiago Pedraz, que investiga el caso Leire Díez en la Audiencia Nacional por unos mensajes que intercambió con la exmilitante. Así, asegura que Narbona "está tranquila" porque ha reconocido que la conocía, pero eso no significa, dice, que sea "culpable". "En este país existe el derecho de reunión", se queja, dando por hecho que podrá aclarar lo que le pregunte el juez "con total normalidad".

Siguen analizando si se querellan contra Díez

También ha respaldado a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, quien a su juicio ha dado explicaciones y por tanto mantiene la "confianza en ella". Según recoge la UCO en un informe incorporado al sumario del caso Leire Díez, la exmilitante mantuvo encuentros con la directora del Instituto Armado para que "iniciara actuaciones administrativas" contra los propios agentes investigadores.

Mínguez ha reiterado que el PSOE no descarta querellarse contra Leire Díez como le están pidiendo algunas voces dentro del partido, aunque siguen estudiando el caso y "viendo la documentación" para "después tomar una decisión".

"En ningún momento se ha descartado y en ningún momento se ha dicho que se iba a hacer de manera inmediata. Son temas judiciales en que se tiene que mirar mucha documentación y por lo tanto se está valorando", ha apuntado, recalcando que "jamás" vio a Díez en Ferraz y ni siquiera tiene su número de teléfono.

Sobre los posibles efectos negativos al PSOE de una sentencia condenatoria a Ábalos, Mínguez insiste en que "hace mucho tiempo" que no está en las filas del partido. "Ábalos se ha defendido de lo que se le está acusando y a partir de aquí que espere su sentencia, pero el PSOE no va a responder sobre una persona que no forma parte del partido", ha recalcado. Además defiende que Sánchez ya ha dado explicaciones por este asunto, pidió perdón a los españoles y a los militantes y apartó tanto a Ábalos como a su sucesor, Santos Cerdán, de cargos de responsabilidad.

El concierto de AC/DC celebrado el pasado verano en el estadio Riyadh Air Metropolitano acabó con una sanción de 80.800,80 euros por exceso de ruido, según recoge el Defensor del Pueblo en una comunicación remitida a la Asociación de Vecinos Las Musas-Las Rosas.

Tal y como recuerda la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) en un comunicado, vecinos del entorno del Metropolitano habían pedido amparo al departamento de Ángel Gabilondo por el impacto de los grandes eventos en este estadio, como los conciertos que da Bad Bunny en el recinto hasta el 15 de junio, dentro de su gira Debí tirar más fotos.

El escrito incorpora la información trasladada por la Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental del Ayuntamiento de Madrid sobre las actuaciones administrativas abiertas a raíz de las quejas de los vecinos por el impacto acústico del estadio.

El expediente de mayor importe corresponde al concierto de AC/DC celebrado el 16 de julio de 2025. Según la documentación remitida por el Defensor, las actas levantadas por la Policía Municipal reflejaron superaciones de los límites sonoros autorizados de "5 y 10 decibelios" en horario nocturno. El procedimiento concluyó con una sanción de 80.800,80 euros, indica el escrito.

La infracción fue calificada como muy grave, con superación de los límites de niveles sonoros "en más de 7 decibelios para horario nocturno y en más de 10 decibelios para horario diurno y vespertino".

Imagine Dragons y Madcup

El documento remitido por el Defensor del Pueblo también recoge otros dos expedientes relacionados con eventos celebrados en el Metropolitano. Uno de ellos afecta al concierto de Imagine Dragons, celebrado el 28 de junio de 2025, en el que se apreció una superación de "4 decibelios en horario nocturno". El procedimiento finalizó con una multa de 500 euros por una infracción leve.

El otro expediente corresponde al evento 'Torneo Fútbol Base Internacional Madcup', celebrado el 23 de junio de 2025, en el que se constató una superación de "4 decibelios en horario diurno". En este caso, el procedimiento terminó con una multa reducida de 180 euros, también por infracción leve.

En total, el Ayuntamiento informó al Defensor del Pueblo de 29 actas de medición de ruido levantadas por la Policía Municipal durante conciertos celebrados en 2025. En concreto, 14 eventos cumplieron los límites de autorización, 4 los incumplieron y el resto presentaron defectos de forma en la medición.

Entre las actuaciones comunicadas por el Ayuntamiento al Defensor del Pueblo figuran la instalación de 408 paneles fonoabsorbentes, el control de la directividad del sistema de sonido, la monitorización continua de los niveles de ruido en fachadas de edificios afectados y el compromiso de que los conciertos finalicen, con carácter general, antes de las 00:00 horas.

El consistorio contempla, no obstante, excepciones en viernes, sábados o vísperas de festivo, cuando la finalización podría prolongarse sin superar las 00.30 horas, según la información trasladada a la institución.

El Defensor no continúa con su investigación

Ángel Gabilondo había admitido a trámite la solicitud realizada por la Asociación Vecinal Las Musas-Las Rosas en la que en virtud de los artículos 43 y 45 de la Constitución Española piden su intervención para exigir a las administraciones competentes a que "cumplan" con la normativa ante los grandes eventos en este estadio.

Los vecinos describían en su petición una situación de "impacto ambiental muy elevado" desde la inauguración del estadio en 2017, con afecciones no solo por el ruido de partidos y conciertos, sino también por atascos, falta de aparcamiento, problemas de movilidad, inseguridad y suciedad derivados de la concentración de hasta 68.000 personas.

Asimismo, lamentaban que sus vidas están "condicionadas" al calendario de eventos del Metropolitano ya que "no se puede ni acceder con libertad al barrio y mucho menos aparcar en la zona" ya que el barrio carece de SER o zona de aparcamiento prioritario para residentes.

En este sentido, el Defensor del Pueblo señala en su escrito que no procede continuar con la investigación iniciada porque los hechos denunciados están siendo examinados por la Fiscalía Provincial de Madrid, Sección de Medio Ambiente, a raíz de diligencias abiertas el 9 de marzo de 2026.

La institución precisa, no obstante, que si finalmente los hechos no tuvieran relevancia penal pero pudieran constituir alguna irregularidad administrativa, los vecinos podrán volver a dirigirse al Defensor del Pueblo.

Desde la asociación vecinal insisten en que el Metropolitano "carece de una licencia específica para eventos no deportivos" y esperan que la Fiscalía acoja su demanda y "siente las bases" para que el Ayuntamiento regule "adecuadamente" la actividad en el estadio, "conciliando de verdad el ocio de sus 67.000 espectadores con el derecho al descanso y a disfrutar de su propio barrio del vecindario residente".

La Unión Europea ha cerrado un acuerdo político sobre la reforma de los derechos de pasajeros tras una década de bloqueo, según la cual se mantendrán los umbrales y tiempos que dan derecho a reclamar una compensación por retraso de un vuelo (entre 250 y 600 euros) y se impide a las aerolíneas cobrar a las familias o personas dependientes un sobrecoste por garantizar asientos juntos, si bien renuncia a proteger el derecho a embarcar con equipaje de mano sin pagar por ello.

Los negociadores del Consejo (gobiernos) y del Parlamento Europeo han consensuado un texto común que detalla la reforma y que este mismo viernes ha recibido luz verde en el comité de conciliación que representa a los Veintisiete, primer paso para cumplir el proceso formal que confirme el entendimiento.

El apoyo de los Veintisiete ha salido adelante pese al voto en contra de España y Letonia y las abstenciones de Finlandia y Austria, según han indicado fuentes oficiales.

El lunes por la tarde será el turno del comité de conciliación del Parlamento Europeo, que deberá someterlo a votación y podría tumbarlo, aunque distintas fuentes europeas y parlamentarias consultadas por Europa Press consideran que el documento es sólido puesto que ha sido redactado entre los equipos de los dos colegisladores.

De hecho, uno de los eurodiputados negociadores y excomisario, Virginijus Sinkevicius, ha celebrado ya en redes sociales el visto bueno de los Veintisiete y confiado en que el lunes será aprobado.

"Ningún acuerdo es nunca perfecto, pero el acuerdo de los embajadores demuestra por qué el Parlamento peleó tanto: Derechos de los pasajeros más claros, asientos libres para las familias, más protección para las personas con discapacidad, bonos (de compensación) más justos y una mejor protección sobre los billetes de vuelta", ha resumido el eurodiputado de Los Verdes europeos.

Entre las claves de la reforma figura conservar los umbrales de compensación por retrasos, cancelación de vuelos o denegación de embarque que los Veintisiete intentaron relajar y la garantía de que a partir de tres horas de retraso el pasajero tendrá derecho a reclamar.

Así las cosas, la reforma —que entrará en vigor doce meses después de que concluya su adopción— establece una compensación de 250 euros para todos los vuelos retrasados en rutas de hasta 1.500 kilómetros, de 400 euros para los vuelos intra-UE o de entre 1.500 y 3.500 kilómetros y de 600 euros para el resto de rutas.

También queda claro que los pasajeros podrán embarcar sin sobrecoste alguno con un bulto de mano que quepa bajo el asiento en el avión, pero renuncian a proteger el derecho a subir también sin pagar por ello con una maleta de mano en cabina, tal y como avala una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

A cambio, el acuerdo establece la obligación de que el precio que se ofrezca al usuario incluya por defecto el coste de embarcar en cabina con una maleta de mano, en aras de la "transparencia", y quedará la opción para el viajero que viaje sin ella de optar a un descuento en el momento de la compra.

Otras claves del acuerdo, según explican fuentes negociadoras, tienen que ver con reforzar los derechos de los pasajeros por ejemplo cuando acepten como compensación un vale en lugar del reembolso, ya que la reforma deja claro que estos bonos no podrán tener fecha de caducidad, ni condiciones inconvenientes.

Asimismo quedan prohibidas las tasas por cambios administrativos de nombre o por errores ortográficos y las aerolíneas estarán obligadas a enviar por correo electrónico a los pasajeros que sufran retrasos o cancelaciones con toda la información pertinente para conocer sus derechos y los pasos a seguir para reclamar la indemnización que les corresponda.

En cuanto a las familias, el nuevo marco prevé cambios como que las aerolíneas ya no podrán cobrar para garantizar que los menores se sientan junto a sus padres y también deberán garantizar que si viajan con un carrito para bebés puedan depositarlo en la puerta de entrada al avión y recuperarlo en el mismo lugar al finalizar el vuelo.

Las personas con movilidad reducida que pierdan un vuelo porque no se les dio la asistencia necesaria para llegar al embarque, tendrán también derecho a pedir compensación por ello.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha anunciado que Catalunya recibirá 30 millones de euros para climatizar y mejorar la eficiencia energética de hospitales, centros de salud y otros equipamientos públicos relacionados con la sanidad.

Lo ha explicado este viernes en la apertura de las Jornadas Barcelona pel Clima, junto al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, donde ha asegurado que las ciudades son "espacios prioritarios de acción" en la lucha contra el cambio climático, entre las que la capital catalana es un ejemplo, según ella.

La partida forma parte del PREE Sanitario aprobado este martes en el Consejo de Ministros, que se compone de 168 millones del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) que se transferirán a las comunidades autónomas para su gestión.

Por otro lado, también ha explicado que el nuevo plan incorpora 176 medidas concretas divididas en varios ámbitos, entre los que ha destacado la protección de las personas, especialmente a los colectivos más vulnerables, fortalecer las infraestructuras y el impulso a la educación ambiental.

Entre las actuaciones previstas están la creación de 10 nuevos servicios climáticos para facilitar la información especializada y apoyar la toma de decisiones en ámbitos sensibles al cambio climático como la agricultura o las energías renovables.

Además, se contempla activar una Red Estatal de Refugios Climáticos, reforzar las políticas de prevención frente al calor extremo e impulsar nuevas medidas para mejorar la prevención ante inundaciones, reforzar la adaptación de las ciudades, proteger el litoral y promover la rehabilitación energética y climática.

Transición energética de Barcelona

Por su parte, Collboni ha reivindicado el "acento social" presente en el modelo de transición energética de la capital catalana, con el objetivo de hacer llegar la adaptación climática a todos los estratos de la población. "La política climática o es social o no es política climática, tiene que estar internalizada", ha sostenido.

En este sentido, ha reivindicado al Pla Clima como uno de los 3 planes estratégicos más importantes del gobierno municipal, junto al Pla Viure y el Pla Endreça, en el que se enmarcan los planes Clima-Escola, para climatizar las 170 escuelas de la ciudad hasta 2029, y Ombres, para proteger del sol a unos 200 espacios.

"Este es el camino que ha emprendido la ciudad de Barcelona de una forma muy ambiciosa, pero también muy realista", ha afirmado el primer edil, que ha señalado que, como consecuencia, los equipamientos públicos de la ciudad ya están multiplicando por 5 la producción de energía fotovoltaica.

Finalmente, ha defendido que la transición ecológica y la lucha contra los efectos del cambio climático es un "reto colectivo de todos y todas", en el que las ciudades tienen un papel especial como primer factor de cambio. "Lo estamos consiguiendo, cada verano un poco más, porque cada verano tenemos más sombra, más refugios climáticos, más escuelas climatizadas y una ciudad que, de forma muy clara, está electrificando toda su movilidad pública y espero que también la privada en los próximos años", ha finalizado el alcalde.

El Ayuntamiento de Murcia ha lanzado una nueva modalidad de más de 150 abonos mensuales que permitirán aparcar las 24 horas del día por un precio de 90 euros al mes en el estacionamiento subterráneo de Abenarabi, según ha informado el Consistorio capitalino.

La medida, dirigida especialmente a vecinos y usuarios habituales, se pone en marcha tras analizar los patrones reales de uso detectados durante los primeros meses de funcionamiento de esta infraestructura, inaugurada este mismo año en una de las zonas con mayor actividad administrativa y comercial de la ciudad.

Esta nueva oferta busca dar respuesta a la creciente demanda de estacionamiento en el entorno de Abenarabi, un área que concentra a unos 500 trabajadores y recibe presencialmente a unas 22.000 personas al año.

Los bonos mensuales, que garantizan una plaza fija, se concederán por estricto orden de solicitud hasta alcanzar un equilibrio adecuado con las plazas reservadas para la rotación de usuarios.

Aparcamiento de Hacienda

De forma paralela, el Consistorio ha incorporado otra modalidad específica en el aparcamiento de Hacienda, donde se ofrecerá un abono mensual de 20 euros destinado en exclusiva a los empleados públicos que trabajan en los centros administrativos del entorno.

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, ha destacado que, tras haber ampliado la red municipal durante la legislatura con más de 1.700 nuevas plazas -844 de ellas correspondientes a la apertura de Abenarabi y Hacienda-, el objetivo es seguir "adaptando esa oferta a las necesidades reales de sus usuarios".

Con estas incorporaciones, la red gestionada a través de Aparcamurcia alcanza ya las 3.217 plazas de estacionamiento. Las solicitudes pueden tramitarse en el aparcamiento de Artillería o a través de correo electrónico.

La Asamblea de Madrid ha vuelto a vivir este jueves un momento de tensión entre los grupos con representación. Esta vez ha sido a raíz de un debate sobre las víctimas del terrorismo, que ha terminado con un enfrentamiento entre el portavoz adjunto del PSOE, Fernando Fernández Lara, y el diputado del PP Enrique Serrano, un choque que ha motivado que el grueso de la bancada socialista haya abandonado el hemiciclo a modo de protesta.

El choque ha tenido lugar durante la tramitación de una proposición no de ley (PNL) sobre permisos penitenciarios a etarras. Tras concluir los turnos de los grupos, Fernández Lara ha solicitado el uso de la palabra para recriminar que el diputado 'popular' Daniel Portero hubiera dicho que "las víctimas" de ETA estaban en su bancada. En ese momento estaba ordenando las intervenciones la vicepresidenta de la Cámara, Ana Millán, que ha denegado el turno de palabra que pedía el parlamentario socialista aduciendo que Portero había hecho mención a "las tres" víctimas de la banda terrorista que son diputados 'populares' en la Asamblea hoy: el propio Portero, que es hijo del fiscal Luis Portero, asesinado por un pistolero de la banda en el año 2000 en Granada; Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco, asesinado en 1997 tras ser secuestrado; y José Virgilio Menéndez, que sufrió un doble atentado en su domicilio de Getxo (Vizcaya).

Esta apreciación coincide con las palabras que Portero ha pronunciado, que ha dicho literalmente "las tres personas que estamos aquí les dan exactamente igual", pero Fernández Lara, en lo que se antoja como un malentendido, ha protestado por la decisión de Millán. Pese a no tener el uso de la palabra, se ha dirigido a gritos a la bancada del PP, lo que ha motivado cuatro llamadas al orden de la vicepresidenta, toques de atención que motivan la expulsión directa del salón de plenos.

Ha sido cuando el diputado socialista estaba saliendo del hemiciclo cuando ha cruzado algunas palabras con el 'popular' Enrique Serrano produciéndose en ese momento el 'encontronazo', que varios diputados socialistas han atajado dirigiendo a su compañero de filas hacia el exterior del salón de plenos. Una vez allí, el propio Fernández Lara ha explicado a los periodistas que su intención al pedir la palabra era recordar que en otras bancadas de la Asamblea diferentes a la del PP también se han sentado víctimas de ETA y ha recordado a Quico Tomás y Valiente, hijo de Francisco Tomás y Valiente, jurista y presidente del Tribunal Constitucional que fue asesinado en 1996, que varios años fue diputado del PSOE en la Cámara.

Con Fernández Lara ya fuera del pleno, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha pedido la palabra y, tras destacar que se había ido "de las manos" el debate "a todos", ha reprochado que desde la bancada del PP se les gritara "traidores". Ana Millán no ha permitido a Espinar intervenir y, en respuesta, el grupo socialista ha abandonado el hemiciclo prácticamente al completo a modo de protesta. A continuación ha comenzado un debate sobre la ELA y le ha tocado defenderla a la diputada Silvia Monterrubio, quien ha arrancado reivindicando la "indignación" de su grupo porque "las víctimas están en ambas bancadas". "La diferencia es que algunos no pretendemos vivir de ellas", ha rematado.

El precio del diésel continúa abaratándose una semana más. El combustible ha seguido su senda bajista y ha tocado su nivel más bajo desde principios de marzo, cuando comenzó a registrar importantes subidas tras el inicio el pasado 28 de febrero de la guerra en Irán.

En concreto, el precio medio del litro de gasóleo se ha situado esta semana en los 1,615 euros, su nivel más bajo desde principios de marzo, tras abaratarse un 2% con respecto a la semana pasada, según los datos ofrecidos del Boletín Petrolero de la Unión Europea.

De esta manera, el precio medio del diésel se consolida muy por debajo de los 1,883 euros que tocó en la semana anterior a la entrada en vigor el pasado 22 de marzo de las medidas fiscales del Gobierno para contener el impacto en los precios del conflicto en Oriente Próximo.

En el caso del precio medio del litro de gasolina, menos castigado en sus alzas por la guerra, ha encadenado también esta semana un nuevo descenso, tras caer un 1,74% con respecto a la pasada semana, para situarse en los 1,52 euros, su nivel más bajo desde la tercera semana de abril.

El pasado 20 de marzo, el Ejecutivo, en un Consejo de Ministros extraordinario, aprobó una bajada al 10% del IVA de gasóleo, gasolina y otros hidrocarburos, así como la reducción al mínimo permitido por la UE del impuesto especial de hidrocarburos y ayudas especiales para los transportistas y el campo, para contrarrestar el incremento de esta materia prima en los mercados internacionales tras las subidas del precio del petróleo por situaciones como el bloqueo del Estrecho de Ormuz, medidas que, en principio, estarán vigentes hasta el 30 de junio.

Estas medidas contuvieron la espiral alcista de los carburantes, que les había llevado a encadenar una decena de semanas de subidas, ante el impacto por la crisis en Oriente Próximo que ha disparado el precio del barril de crudo desde finales de febrero.

Llenar el depósito de diésel, 14,13 euros más

A pesar de ello, con los precios de esta semana, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 88,82 euros, unos 14,13 euros más que hace un año, cuando ascendía a unos 74,69 euros.

Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 83,6 euros, unos 3,41 euros más que hace un año, cuando superaba los 80,19 euros.

A pesar de la tendencia al alza de los últimos meses desde el estallido del conflicto en Irán, ambos carburantes se han mantenido siempre lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos. Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Manresa (Barcelona) ha archivado provisionalmente la investigación sobre el accidente ocurrido el 9 de marzo de 2023, en el que murieron 3 geólogos que se encontraban trabajando en la mina Cabarasses de la localidad de Súria (Barcelona).

En el auto, consultado por Europa Press y avanzado por 'El País', la instructora considera que no puede atribuirse responsabilidad penal por estos hechos a la empresa que explota la mina, Iberpotash.

Los tres geólogos fallecidos -dos trabajadores y un estudiante en prácticas- se encontraban en una galería a 900 metros de profundidad cuando, al llegar a la altura del minador 30, se produjo el desprendimiento de una losa, que les cayó encima.

Según un informe recogido en el auto, los tres geólogos se encontraban juntos y "confiadamente" bajo la losa, que se desprendió repentinamente, porque no detectaron ningún indicio de inestabilidad.

La instructora argumenta que, una vez practicadas las diligencias indispensables para determinar la naturaleza de los hechos investigados y la participación de los posibles responsables de las instalaciones, "no se desprende la existencia de indicios racionales de criminalidad, debiendo concluirse que lo ocurrido se trató de un accidente".

La investigación, sostiene, apunta a que la sobreexcavación y tamaño de los pilares no influyeron en el desprendimiento de la roca, sino que se trató de un hecho "imprevisible", incluso para personas altamente cualificadas como eran los tres fallecidos.

Entiende que no se produjo una omisión grave de las medidas de seguridad y que no hubo un incumplimiento de la normativa ni imprudencia alguna, pues ningún trabajador detectó un riesgo grave e inminente, sino que el siniestro fue "súbito e impredecible".

En este sentido, sostiene que los geólogos fallecidos no hicieron anotación alguna sobre un posible riesgo, pese a que estuvieron en el lugar el tiempo necesario como para comprobar el techo, y que el medidor fue hallado en el interior del bolsillo de uno de los fallecido, por lo que se concluye que habría descartado cualquier indicio de riesgo inminente de caída de lisos.

Uno de los informes señala que éste es un riesgo inherente a la minería que no se puede eliminar, incluso cuando se aplican las medidas estandarizadas de protección, y que "el accidente se habría producido por la desafortunada e inevitable coincidencia" de que en el momento de la repentina e impredecible caída de la losa, los tres geólogos estaban debajo.

El Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves una iniciativa para evitar que los trabajadores con 40 años o más cotizados sean penalizados tras anticipar su jubilación por motivos no deseados. Una reforma legal promovida por los diputados de Podemos planteaba acabar con los coeficientes reductores que merman la pensión de estas personas. La propuesta viene impulsada también desde el colectivo Asjubi40, que agrupa a personas en esta situación.

Esta iniciativa estaba incluida como una enmienda a la proposición de ley que crea una pasarela para que los mutualistas hacia la Seguridad Social. Finalmente, la pasarela sí ha salido adelante, pero la enmienda impulsada por Podemos ha sido rechazada tras recabar solo 54 votos favorables. Los grupos parlamentarios de Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV han dado su 'sí', al igual que ocho diputados del Grupo Mixto (entre ellos, los cuatro de Podemos).

Sin embargo, los 260 votos en contra de PP y PSOE han sido más que suficientes para tumbarla. Los 33 diputados de Vox se han abstenido y dos diputados (uno de Sumar y otro del PNV) también han votado en contra.

En concreto, la propuesta de Podemos planteaba que los trabajadores que tengan o que hayan tenido que adelantar su jubilación al ser despedidos en un ERE, que hayan sido cesados por por causas objetivas, al entrar su empresa en ley concursal o que hayan quedado sin trabajo por causas de fuerza mayor no sufran penalización. Un derecho que se extendería también a las víctimas de violencia de género o sexual o a los trabajadores que hayan extinguido voluntariamente su contrato por cambios sustanciales en las condiciones laborales o por causa justa.

La votación de este jueves contrasta con el resultado de una moción en noviembre de 2025 que pedía exactamente lo mismo, solo que entonces carecía de carácter legislativo y no suponía una obligación legal, tan solo era una llamada a la acción. En aquella votación, el PSOE sí apoyó la propuesta de Podemos. En cambio, PP y Vox se abstuvieron.

El Ejecutivo cifró en 3.358 millones de euros el coste que supondría impulsar la reforma legal que pide Podemos, de los cuales 1.345 millones derivan de eliminar los coeficientes para los beneficiarios de pensiones de jubilación anticipada voluntaria y los otros 2.013 millones para los casos de jubilación anticipada involuntaria. Podemos y los colectivos estiman que hay 900.000 personas en esta situación, una cifra que no ha sido confirmada oficialmente por la Seguridad Social.

Belarra: "Esto es insoportable"

El resultado de la votación ha provocado el enfado de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra: "El PP y el PSOE votan en contra de que las personas jubiladas que han cotizado más de 40 años puedan cobrar su pensión completa. El bipartidismo contra los jubilados, otra vez, como en 2011, como siempre. Armas sí, pensiones no. Esto es insoportable", ha declarado a través de su cuenta de X.

Antes de comenzar el debate y la votación de las enmiendas que quedaban 'vivas', la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, declaró ante los medios para exigir al PSOE que se ponga "del lado de la gente" y apoyase la propuesta para revertir una situación "absolutamente injusta" que afecta a cerca de 900.000 personas que tienen más de cuarenta años cotizados.

"Yo creo que quien votó al PSOE el 23 de julio del año 2023 entendería que hoy el PSOE votara en contra. Si hay dinero para el rearme, si hay dinero para armas y tanques, mínimo, tiene que haber dinero también para los jubilados y las jubiladas", ha enfatizado Belarra. No obstante, ya apuntaba que el PSOE siempre se había negado a aprobar esta iniciativa.

Ya en el debate de la iniciativa en el Pleno, la diputada Martina Velarde también ha insistido en pedir a los grupos parlamentarios apoyo a dicha enmienda y evitar excusas como que la propuesta tiene que pasar por la comisión del Pacto de Toledo: "Cuando las cosas se quieren hacer, se hacen", ha dicho desde tribuna.

Tras conocerse el resultado de la votación, la asociación Asjubi40 ha emitido un duro comunicado en el que traslada su "total indignación" ante lo que considera un "vergonzoso espectáculo". "El PP y el PSOE han vuelto a escenificar una pinza política para tumbar la enmienda presentada por Ione Belarra, la cual buscaba, por fin, hacer justicia y despenalizar las pensiones de quienes han trabajado y cotizado toda una vida", señala la nota.

Desde el grupo parlamentario del PP, la diputada María Jesús Moro, ha reprochado a Ione Belarra su posición. "No confundan, no los utilicen, esta no es la ley. Esto tendrá su momento", ha señalado, en referencia a la decisión de plantear esta reforma como enmienda.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado una alerta amarilla para este viernes, 12 de junio, por temperaturas que pueden alcanzar hasta 36 grados en las provincias de Ourense y Pontevedra.

En concreto, esta alerta amarilla de la agencia estatal irá de las 13,00 a las 21,00 horas, en la zona del Miño de Pontevedra y Ourense, así como en las Rías Baixas.

Por su parte, MeteoGalicia amplía este aviso amarillo también a la zona del sur de Lugo, en la Ribeira Sacra, con temperaturas máximas de 36 grados.

MeteoGalicia explica que este jueves, 11 de junio, irá entrando una masa de aire cálido que, junto con un cielo muy despejado sin nubes, ocasionará que las temperaturas asciendan con fuerza a partir de este mediodía.

Asimismo, la agencia de meteorología gallega advierte de que las jornadas más cálidas serán el viernes y el sábado. Además, prevé tormentas en el interior durante el domingo.

La mitad inferior de un cuerpo humano en avanzado estado de descomposición ha sido hallado este miércoles en la orilla de la playa de El Saler, en Valencia, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

El '112' recibió ayer un aviso por la aparición de este cuerpo sin vida y hasta la zona indicada se trasladaron diferentes efectivos de Policía y de Guardia Civil, según ha informado este jueves Las Provincias.

La Guardia Civil se hizo cargo de la investigación y está centrada en averiguar la identidad de la persona a la que pertenece el cuerpo, así como las causas de su fallecimiento.

Un hombre ha fallecido en las últimas horas tras caerse de una escalera cuando estaba realizando trabajos en un invernadero, en el municipio coruñés de Oleiros, según ha informado el CIAE 112 Galicia.

El accidente ocurrió sobre las 21.30 horas de este miércoles, en la zona de San Pedro de Nós. El 112 avisó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los equipos de Emergencias de Oleiros, Guardia Civil y Policía Local.

La víctima sufrió una caída desde lo alto de una escalera y quedó suspendida por un arnés. Una vez que pudieron liberarla, los sanitarios lo atendieron y le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero éstas no dieron resultado y nada se pudo hacer para salvarle la vida.

Herido grave un motorista de 56 años tras sufrir una colisión con un automóvil en el municipio de Ingenio, en Gran Canaria.

Según ha informado Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, el accidente ha tenido lugar este miércoles a las 16.30 horas en Avenida de América.

El personal del Servicio de Urgencias ha asistido y estabilizado al afectado, que presentaba un traumatismo de carácter grave y ha sido trasladado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Por su parte, efectivos de la Policía Local han asegurado la zona e instruido el atestado.

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado la estabilización del incendio forestal declarado el pasado lunes en un paraje de Villanueva de los Castillejos, que también ha afectado al término municipal de San Bartolomé de la Torre (Huelva). Esta evolución ha permitido rebajar el nivel del Plan de Emergencia a situación operativa 1, y autorizar el regreso a sus hogares de los 96 vecinos que habían sido desalojados.

Tras la reunión celebrada este miércoles en el Puesto de Mando Avanzado instalado en San Bartolomé de la Torre, Sanz ha destacado que la evolución "favorable" del incendio durante la jornada ha permitido rebajar el nivel de la emergencia y estabilizar las llamas, pese a las previsiones desfavorables por el cambio de viento.

En este contexto, ha señalado que la desactivación del nivel de emergencia supone el inicio del restablecimiento de la "normalidad" y permite avanzar "hacia la recuperación". En este sentido, ha apuntado que, cuando Adif decida reanudar la circulación ferroviaria entre Gibraleón y Calañas, se completará la vuelta progresiva a la "normalidad", ya que "las carreteras se encuentran normalizadas". Asimismo, ha indicado que esta evolución sitúa el incendio en una nueva fase, en la que existe mayor "seguridad y garantías", y en la que los trabajos se centrarán ya en el control definitivo y la extinción del fuego.

En este contexto, Sanz ha agradecido el trabajo de los 512 efectivos movilizados, entre ellos la Unidad Militar de Emergencias (UME), con 250 efectivos y más de 80 medios, el Plan Infoca, los Bomberos de la Diputación de Huelva y la Guardia Civil. Asimismo, ha extendido su reconocimiento a las distintas administraciones implicadas.

El consejero ha subrayado que "cuando se hace un buen trabajo y se planifica con un buen equipo, se obtienen resultados como este, que es el mejor posible", al tiempo que ha expresado su satisfacción por la evolución del incendio, que ha atravesado momentos de "mucha preocupación y tensión".

Para la noche de este miércoles el dispositivo de EMA Infoca está formado por 265 profesionales, integrados por 30 grupos de bomberos forestales, 16 vehículos pesados de extinción, seis técnicos de operaciones, seis encargados de logística, un técnico de logística, un director del Centro Operativo Regional (COR), dos unidades de maquinaria pesada, una Unidad Médica en Incendios Forestales (Umif), una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT), una Unidad de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales (Unasif), un módulo de mando, y una Unidad de Sistemas en Emergencias.

Además, para las próximas horas está prevista la incorporación de nuevos efectivos procedentes de Córdoba, Málaga y Cádiz, con el objetivo de reforzar las labores de consolidación de perímetros y vigilancia ante posibles reactivaciones, "aprovechando la ventana de oportunidad meteorológica que nos ofrece la noche", ha especificado Sanz.

Unas 5.000 hectáreas afectadas

Asimismo, Sanz ha indicado que el perímetro afectado alcanza ya unas 5.000 hectáreas, aunque ha precisado que esta cifra no se corresponde íntegramente con superficie quemada. "Eso no quiere decir que toda esa extensión haya ardido. He podido sobrevolar esta tarde la zona y dentro del perímetro recorrido por el incendio hay muchas áreas que no se han quemado o que presentan incluso capacidad de regeneración natural", ha explicado. Aun así, ha reconocido que existe "una amplia zona seriamente afectada" por las llamas.

En cuanto a las características del terreno dañado, Sanz ha destacado que la mayor parte de la superficie afectada no corresponde a masas forestales de especial valor ecológico. "No estamos hablando de una riqueza forestal como la que, lamentablemente, hemos visto afectada en otros incendios", ha señalado. Según ha detallado, las primeras estimaciones apuntan a que gran parte de las hectáreas afectadas corresponden a matorral, pastos y zonas de arbolado.

El consejero también ha explicado que el fuego llegó a alcanzar áreas con actividad industrial y explotaciones agrarias, aunque la actuación de los equipos de emergencia evitó daños mayores. En este sentido, ha recordado los momentos de mayor complejidad vividos durante la jornada del martes, especialmente en la protección de instalaciones industriales y cementeras situadas en la zona.

Al hilo de lo anterior, ha señalado que algunas explotaciones agrícolas y ganaderas se vieron afectadas por el avance de las llamas, citando como ejemplo una granja de pavos en la que fue necesario intervenir. "Son situaciones complejas que hemos tenido que afrontar", ha indicado, al tiempo que ha precisado que la superficie afectada se distribuye de forma bastante equilibrada entre arbolado, matorral y pastizales.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a un hombre a dos años de prisión por agredir sexualmente a una joven, menor de edad, que se quedó junto a otra chica al cuidado de sus hijos mientras él mismo se encontraba en una cena de empresa.

Según el relato de hechos probados de la sentencia, consultada por Europa Press, los hechos se remontan al 13 de diciembre de 2024, momento en que el encausado, Marcos R. R., regresó a su domicilio después de una comida de empresa en la que había ingerido "en exceso" bebidas alcohólicas que "afectaban a su comportamiento" y en la que, por haber estado cuidando a sus hijos, se encontraban estas dos chicas.

Cuando se marchaban, insistió en acompañarlas a su vivienda, donde iban a quedarse solas, dirigiéndose a una de ellas y afirmando que "era muy guapa" y que "tenía el pelo muy bonito".

Al llegar, el condenado insistió en subir a la vivienda y, una vez en su interior, se sentó en un sofá del salón al lado de una de las chicas y, en esta situación, "después de darle un beso sin que lo consintiera", aprovechó para meter su mano en los 'leggings' que vestía y llevar a cabo conductas de índole sexual.

La chica apartó la mano del hombre, pero este volvió a intentar llegar a tener relaciones con ella. Incluso tuvo que intervenir esta segunda amiga, para que cesase en su empeño.

Con anterioridad a la celebración del juicio, se le impuso al hombre una medida cautelar de la prohibición de acercase a la chica a una distancia inferior a 300 metros. Además, consignó 1.000 euros en concepto de indemnización para la víctima.

El escrito recoge que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual con penetración vaginal, por los que ha procedido a imponer al sujeto dos años de prisión.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha condenado a 11 años y tres meses de prisión a un hombre por un delito continuado de agresión sexual cometido contra una clienta suya con discapacidad en A Pobra de San Xiao, en el municipio de Láncara. La sentencia considera acreditado que el acusado aprovechó la situación de vulnerabilidad de la víctima para someterla a diversos actos de carácter sexual entre noviembre de 2023 y abril de 2024.

Los hechos se produjeron en el establecimiento comercial que regentaba el condenado, al que la mujer, con una discapacidad reconocida del 65%, acudía habitualmente como clienta. Según recoge la resolución judicial, el procesado realizó múltiples llamadas telefónicas para que la denunciante acudiese a la tienda y, una vez allí, llevó a cabo distintas agresiones sexuales, llegando a violarla, pese a la oposición manifestada por la víctima en numerosas ocasiones.

El tribunal considera plenamente creíble el relato de la mujer, destacando que está corroborado tanto por las declaraciones de los testigos como por los informes periciales incorporados a la causa. Además, la Audiencia resalta la existencia de las numerosas llamadas efectuadas por el acusado para lograr que la denunciante acudiese a su negocio.

Durante la vista oral, el hombre negó los hechos y aseguró que nunca había mantenido relaciones sexuales con la denunciante. Según su versión, era la mujer quien lo acosaba y las llamadas telefónicas realizadas tenían como único objetivo pedirle que dejara de insistir. La víctima prestó declaración mediante prueba preconstituida y a puerta cerrada para preservar su intimidad.

"La razón que expone es totalmente ilógica e increíble, pues decir que la llamaba para que le dejase en paz es totalmente absurdo, porque bien podría decírselo cuando acudía a la tienda, sin que tengan justificación esas llamadas reiteradas", matiza la sentencia.

Junto a la pena de prisión, la sentencia impone al condenado el pago de una indemnización de 30.000 euros a la víctima por los daños morales sufridos. También le prohíbe acercarse o comunicarse con ella durante un periodo de 15 años. La sala absuelve, por el contrario, al acusado del delito leve de amenazas por el que también había sido juzgado.

La Fiscalía había solicitado inicialmente 13 años de prisión por un delito de violación continuada, además de otras medidas accesorias. Finalmente, la Audiencia Provincial concluye que existían pruebas suficientes para condenar al acusado por agresión sexual continuada, dictando una pena de once años y tres meses de cárcel.