Alrededor de 120.000 jubilados con pensión máxima en toda España disfrutarán de 3.359 euros adicionales con la percepción de la extraordinaria de verano. El importe se ha determinado tras la revalorización del 2,7% del IPC, que implica la recepción de 92 euros más al mes. Cabe aclarar que esto no quiere decir que el resto de los pensionistas se vayan a quedar fuera; la paga extra es una realidad para todo el colectivo.

Aun así, la pensión máxima en España es de 47.034,40 euros anuales divididos en 14 pagas y este mes es de suerte. En junio percibirán por primera vez un total de 6.719,20 euros. Para poder recibir esta pensión, es necesario cumplir con una serie de requisitos. Por ejemplo, la edad de jubilación ordinaria, cotización y base reguladora. Recordemos que la base máxima de cotización es de 5.101,20 euros mensuales.

¿Cuándo se cobra la paga extra de la pensión?

Según la Seguridad Social, las pensiones se abonan en 14 pagas, "una por cada uno de los meses del año y dos pagas extraordinarias al año, que se hacen efectivas junto con las mensualidades de junio y noviembre y por el mismo importe que el de la mensualidad ordinaria correspondiente a dichos meses". Usualmente, el monto se hace efectivo en las respectivas cuentas bancarias entre el 22 y el 25 del mes.

Por ley, la Seguridad Social establece el abono oficial para los primeros días de julio. Sin embargo, la mayoría de los bancos adelantan el ingreso a partir de los datos que conservan. Como aclaración, las personas que reciben pensiones por accidente de trabajo o enfermedad profesional no cobran esta paga extra, pues la tienen prorrateada en sus 12 mensualidades habituales.

Cada entidad maneja su propio calendario. Bankinter y Unicaja suelen ser los primeros en consignar el pago sobre el día 22. Posteriormente, Santander y CaixaBank, el día 24 y, finalmente, BBVA, ING, Abanca, Sabadell, Kutxabank, entre otros, el 25 de junio.

¿Cuánto es la paga extra para la pensión media de jubilación?

La pensión media de jubilación se situó en mayo en 1.572 euros mensuales. Es decir, con la paga extra, la cuantía a recibir será de 3.144 euros, aunque también depende del régimen. Quienes están vinculados al del carbón verán reflejados 6.067,80 euros; régimen del mar, 3.473; y el de los trabajadores autónomos, 2.120.

El Gobierno presentará su cuadro macroeconómico, el conjunto de previsiones que servirán de base para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2027, el próximo 23 de junio. Lo ha anunciado este miércoles el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados. Es de esperar que las nuevas cifras afinen más el impacto de la guerra de Irán en la economía española.

A finales de abril, el Gobierno presentó una revisión parcial de sus perspectivas en la que preveía que el conflicto restase entre una y cuatro décimas al crecimiento de este ejercicio e impulsase la inflación hasta el 3,1% de media. Fueron los supuestos que incluyó en el Informe de Progreso Anual que remitió a la Comisión Europea para cumplir con las reglas fiscales.

El trámite oficial que da el pistoletazo de salida a las nuevas cuentas públicas se produjo el pasado viernes, cuando el ministerio de Hacienda publicó la orden de elaboración de las mismas, y que recoge los criterios y la orientación de los recursos públicos que guiarán la política económica. El responsable del departamento, Arcadi España, aseguró que los del año que viene serán unos presupuestos "más ambiciosos que nunca, más sociales, más justos y más responsables".

El Ejecutivo mantiene prorrogadas las cuentas públicas del año 2023, que son ya las más longevas de la historia, y ha renunciado a sacar adelante las del ejercicio en vigor por las dificultades para encontrar los apoyos parlamentarios necesarios para sacarlas adelante. En esta ocasión, el objetivo es "llegar a acuerdos previamente" a la presentación de las cuentas y mantener el diálogo con los grupos "en las distintas fases del proceso", según avanzó el propio España.

El último cuadro macro y los próximos pasos a seguir

El último cuadro macroeconómico del Gobierno, aprobado en noviembre de 2025, mantienen el crecimiento del PIB en el 2,2%, si bien no tiene en cuenta ni el eventual impacto de la guerra entre Irán y EEUU e Israel ni el efecto de las rebajas fiscales incluidas en el plan de respuesta a la crisis energética. Precisamente, el Ejecutivo viene manteniendo reuniones con sindicatos, empresarios y con los sectores más afectados por el impacto económico de la guerra en Irán para decidir si prorroga las medidas anticrisis más allá del próximo 30 de junio.

Una vez que se presente el cuadro macroeconómico, Hacienda deberá convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para informar a las comunidades autónomas de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de cómo se llevará a cabo el reparto del déficit entre administraciones.

Esa senda de déficit deberá ser votada, después, en el Congreso y en el Senado. Ahí es donde el Gobierno se está encontrando con dificultades para sacar adelante este proyecto. Y ya después del verano se espera la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2027 para llevarlos más tarde a la Cámara Baja.

Cuando el avión en el que viajamos sufre una cancelación, sin que la compañía aérea te haya avisado con más de 14 días de antelación o se deba a una circunstancia extraordinaria (clima extremo, huelgas de controladores...), tienes derecho en la actualidad a una compensación económica automática de entre 250 y 600 euros.

La normativa actual recoge que los pasajeros de avión tienen derecho a información, asistencia y compensación ante problemas como cancelaciones, retrasos superiores a 3 horas o denegación de embarque (sobreventa) y su aplicación se realiza siempre que el vuelo parta de un aeropuerto de la Unión Europea (UE) o, en el caso de aerolíneas europeas, también desde un tercer país.

Pero esta situación podría cambiar si salen adelante las últimas propuestas de la Comisión Europea para la reforma del Reglamento 261 sobre derechos de los pasajeros aéreos, según han denunciado hasta 34 organizaciones de consumidores de toda Europa, entre ellas las españolas CECU y Asufin. Estos colectivos, en una acción coordinada por la Organización Europea de Consumidores (BEUC), han enviado una carta conjunta a ministerios de los Estados miembros y a europarlamentarios de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y de la Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento Europeo.

Entre las propuestas de reforma, las más preocupantes son las relacionadas con las compensaciones a los pasajeros en caso de cancelaciones y retrasos. Las organizaciones advierten de que, si prospera la propuesta actual, viajar en avión en la UE implicará menos protección y más costes para los consumidores.

Así, la mayoría de los retrasos dejarían de compensarse. "Actualmente, un retraso de más de 3 horas da derecho a indemnización. Con la reforma, este umbral subiría a 4 o incluso 6 horas, lo que dejaría sin compensación a más del 60% de los pasajeros que hoy sí la reciben", señalan las asociaciones de consumidores. También cobrarías mucho menos por las demoras, ya que la reforma plantea recortar las indemnizaciones. Por ejemplo, la compensación mínima bajaría de 250 a 83 euros, lo que supone un 67% menos.

En cuanto a las cancelaciones, las aerolíneas podrían cancelar vuelos con solo 48 horas de aviso frente a los 14 días actuales y se ampliarían las circunstancias extraordinarias, por lo que "podrían evitar compensaciones en más casos, incluso en situaciones que dependen de su propia organización"

Por otro lado, la propuesta tampoco mejora los derechos de los pasajeros aéreos. De esta forma, habrá que seguir pagando un extra por disfrutar de servicios básicos (el equipaje de mano, reservar asientos junto a personas dependientes o menores de edad o imprimir la tarjeta de embarque) y se seguirán aplicando por parte de las aerolíneas las cláusulas no-show, que permiten cancelar automáticamente el vuelo de vuelta si no hiciste el de ida, lo que obliga a comprar nuevos billetes.

"Se está planteando un recorte de derechos consolidados"

"Lo que se está planteando es un recorte directo de derechos ya consolidados. Se reduce lo que cobran los pasajeros, se amplían las excepciones para que las aerolíneas no paguen y se dificulta reclamar. Es un cambio de reglas que desequilibra claramente el sistema en contra de las personas consumidoras y que no podemos aceptar. Deberíamos estar trabajando para avanzar en la mejora de los derechos de los pasajeros, no para evitar su retroceso", denuncia David Sánchez, director de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU.

Para Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), "aceptar este retroceso normativo sentaría un precedente peligrosísimo en el derecho de los consumidores, consolidando un desequilibrio contractual entre aerolínea y personas consumidoras". "En un momento de máxima madurez del mercado turístico, la agenda legislativa no debería centrarse en cómo blindar a las compañías aéreas frente a sus propios fallos operativos, sino en avanzar decididamente hacia la automatización de las indemnizaciones a los afectados, la transparencia en la fijación de tarifas adicionales (como el equipaje de mano) y el endurecimiento de las sanciones por prácticas comerciales abusivas".

Cuenta atrás para la reunión del Banco Central Europeo (BCE) que, con toda probabilidad, ejecutará la primera subida de los tipos de interés oficiales en casi tres años -situará su tasa de referencia en el 2,25%- y en la que presentará sus nuevas perspectivas económicas. El organismo cuenta con información más detallada sobre el impacto de la guerra en Oriente Próximo en la economía de la zona euro. La actividad en la región se contrajo un 0,2% entre enero y marzo en su primer retroceso desde el cuarto trimestre de 2022, en plenos coletazos de la invasión rusa de Ucrania. Al mismo tiempo, la inflación escaló al 3,2% el mes pasado, su nivel más alto desde septiembre de 2023.

De Pimco a Vanguard, las grandes gestoras mundiales dan por hecho que el de mañana no será un movimiento aislado, sino el inicio de un ciclo de endurecimiento de la política monetaria. Esto, traducido a la economía real implica un crédito más caro que obligará a familias y empresas a ir con pies de plomo a la hora de endeudarse para invertir o para adquirir bienes de consumo duradero como un coche o un electrodoméstico.

Tanto el consumo como la inversión han ejercido de motores de la economía europea, de ahí que el BCE no pueda permitirse ser demasiado agresivo en sus movimientos. Necesita que la actividad se enfríe para que los precios no suban demasiado, pero no tanto como para provocar un estancamiento. "Endurecer la política monetaria de forma demasiado agresiva corre el riesgo de estrangular una recuperación ya frágil", explican desde Vontobel.

De momento, las firmas de referencia en el mundo de la inversión prevén que habrá otra subida adicional de los tipos de interés de aquí a final de año, así como una tercera antes de que concluya el primer trimestre de 2027. “Creemos que el BCE subirá el tipo de la facilidad de depósito en 25 puntos básicos, hasta el 2,25%”, sostiene Konstantin Veit, de Pimco, la mayor gestora de renta fija del mundo. La facilidad de depósito es la tasa que marca la evolución del euríbor de las hipotecas, del coste de los préstamos o del de las tarjetas que ofrecen los bancos.

"En esta fase, no esperamos que el BCE suba los tipos de forma agresiva, y consideramos menos probable que haya más de dos subidas", añade el experto de Pimco. Analistas y gestores parecen coincidir en que ese segundo incremento llegaría después del verano. Dada la incertidumbre política sobre la guerra en Irán y la volatilidad de los precios del petróleo, "seguimos esperando una nueva subida de tipos en septiembre, ya que tanto la inflación como las expectativas de inflación han repuntado", apunta Karsten Junius, de J. Safra Sarasin Sustainable AM.

Sin embargo, el economista no contempla una tercera subida de tipos este año y considera que las previsiones del mercado que apuntan en esta línea son "demasiado agresivas". El BCE necesita actuar de forma más decidida para contener tanto las presiones inflacionistas directas como sus efectos de segunda ronda (la subida de precios genera un incremento de los salarios que vuelve a tensar los precios), en opinión de David Zahn, de Franklin Templeton. En comparación con la respuesta relativamente prudente que mostró en 2022 tras el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, "esperamos una postura de endurecimiento monetario más agresiva en esta ocasión", añade el experto.

Dos subidas de tipos "preventivas"

Las expectativas de los consumidores son la clave de lo que está por venir. La encuesta sobre precios al consumo del BCE revela que los hogares esperan que los precios suban un 4% en los próximos doce meses, antes de moderarse hasta el 2,9 % en un horizonte de tres años, cifras que se sitúan claramente por encima del objetivo a medio plazo del 2% del BCE, tal y como recuerdan desde Muzinich&Co. En Vanguard consideran que las dos alzas previstas este año deben interpretarse como subidas preventivas, destinadas a contrarrestar el riesgo de efectos de segunda ronda y de un desanclaje de las expectativas de inflación tras la crisis energética.

Aunque la zona euro parte de una posición más favorable que en 2022, "el reciente cambio en la comunicación sugiere que el Consejo de Gobierno ya no se encuentra en una mera actitud de espera y está dispuesto a actuar a medida que resurjan los riesgos de inflación", precisan desde Vanguard, la segunda mayor gestora del mundo por activos. En su caso, contemplan que el ciclo de endurecimiento siga siendo limitado y reversible, con una nueva flexibilización de la política monetaria en 2027 a medida que el choque energético vaya remitiendo.

Los cereales son la materia prima de muchos alimentos como el pan y las galletas, así como para la fabricación de piensos para alimentar la elevada cabaña ganadera española. Organizaciones agrarias como Asaja estiman para Castilla y León, el 'granero' de España, más de un 30% menos de cosecha respecto a la media en los últimos 5 años. Este año, añaden, la producción será de alrededor de 4,7 millones de toneladas, cuando el promedio de los últimos 5 años es de 7,3 millones. Cooperativas cree que apenas se superarán los 20 millones de toneladas en España, un 22,83% menos. Una menor cantidad de producto que alimenta futuras subidas en la cesta de la compra, advierten cada vez más voces en el sector.

"Las mayores temperaturas de mayo han hecho que el grano termine de hacerse más rápidamente y pierda peso", así explica el responsable de cereales de COAG Javier Fatás los efectos del calor extremo sobre el cereal. Fatás añade que es el momento en que la espiga necesita "un tiempo más fresco y airoso", por lo que unas mayores temperaturas adelantan el ciclo con mermas entre un 30 y 35%. Esto quiere decir también menor producción.

Se enfrían las previsiones de cosecha

En Cooperativas recuerdan que el año pasado la cosecha de cereal en España se cerró en los 26,64 millones de tonelada. Solo por detrás del 'techo histórico' de 2020, en que se superaron los 27,5 millones. Las estimaciones son menos optimistas para 2026 por el estrés térmico de las últimas semanas y la fuerte caída de los cereales de invierno, que se verán reducidos a 16,8 millones de toneladas. Casi 6 millones menos que en el ejercicio anterior.

Las mermas, que estiman desde Cooperativas Agroalimentarias en relación con hace un año son muy elevadas: un 25,1% menos en el caso del trigo blando, un 26% menos en el trigo duro, un 34,5% de caída en avena y un 15% en el caso del triticale y otros cereales. En el caso de Extremadura, desde UPA- UCE lanzaron ayer la alerta de que la campaña de cereal de secano estaba "en serio peligro" y estimaba una caída de la producción del 40% por las altas temperaturas. El análisis de Cooperativas hablaba de poco más de 820.000 toneladas de producción frente a las 912.810 del año pasado.

Al límite de la rentabilidad

El miembro de la Ejecutiva de Unión de Uniones, Valentín García, se muestra convencido de que esta situación terminará repercutiendo en el consumidor ya que los cereales son materias primas de productos tan destacados como las galletas, el pan y de gran parte de la alimentación del porcino o el vacuno de carne. García recuerda que venimos de "una producción muy buena y excepcional" en referencia la cosecha de 26,64 millones de toneladas solo superada por la de 2020.

Sin embargo, el representante de esta organización agrícola habla de "mermas espectaculares" especialmente en lugares de la provincia de Valladolid que han comenzado a recoger cereal y denuncia unos precios en origen que "ponen al límite la rentabilidad de sus explotaciones". Como ejemplo cita los 185/190 euros que cuesta en origen la tonelada de la cebada y los 195/200 euros por tonelada del trigo. García sí reconoce su extrañeza por que en la presente crisis a la escalada de precios del petróleo no le haya acompañado la de los cereales y apunta hacia el "exceso de calor" en otros países como Francia o Reino Unido.

"Esta saliendo menos cereal"

Para Pablo, que posee una explotación en la que cultiva cereal, olivar y algo de viñedo en Ciudad Real (Castilla - La Mancha), estamos ante "una campaña normal baja" y reconoce que "está saliendo menos cereal". Lo que atribuye a los intensos calores que se han ido sucediendo, especialmente desde la Semana Santa, y que ha pillado al cultivo en un momento vulnerable.

La 'tormenta perfecta' del campo español

Las elevadas temperaturas vienen a culminar la 'tormenta perfecta' que se abate sobre el campo español: A la falta de productos fitosanitarios se unen los sobrecostes en que lleva incurriendo los agricultores, desde que estalló a finales de febrero la guerra en Irán. Lo que ha llevado al encarecimiento de importantes insumos por la escalada del petróleo y el gas como los fertilizantes, el gasóleo de uso agrícola y los plásticos.

Por ejemplo, el precio del gasóleo agrario cerró el pasado lunes en los 1,307 euros el litro de media incluyendo impuestos. Esto es un 25,85% más respecto al 23 de febrero, días antes del estallido del conflicto y que desde el Ministerio de Agricultura se toma como referencia. En esa jornada se pedía por este combustible 1,098 euros/litro.

El sistema fiscal español es progresivo. Es decir, está diseñado para que los que más ganan sean también los que más impuestos pagan. Sin embargo, esa progresividad se rompe cuando a los más acaudalados les toca pasar por caja.

Según Fedea, la élite económica del país destina un 25,6% de lo que ingresa y de lo que gasta a pagar impuestos. Un porcentaje (tipo medio efectivo) que es incluso menor que el 26,2% de los contribuyentes más humildes y que está por debajo de la media del país.

Las diferencias se explican por las diferentes formas de ganar dinero que tienen unos y otros. Mientras que la mayoría de la gente vive de su trabajo, los más ricos obtienen una parte importante de sus rentas del capital. Es decir, de dividendos, ingresos por alquileres, venta de acciones o los beneficios de las empresas en las que participan.

La fiscalidad de estas rentas es más baja que la del trabajo, lo que explica que ese porcentaje que pagan de impuestos sea también más reducido. Además, los sueldos más elevados tienen una parte exenta de cotización a la Seguridad Social, cosa que no sucede con la inmensa mayoría de las retribuciones.

Sin embargo, el balance de lo que después reciben en forma de servicios o de prestaciones es muy diferente. Los hogares humildes obtienen mucho más de lo que aportan en impuestos, mientras que el balance de los más ricos es justo el contrario.

La Información Económica lanza este nuevo episodio de 'Economía Indiscreta', una serie de contenidos audiovisuales de carácter divulgativo con la que buscamos contribuir al debate público-económico. En el anterior, publicado hace justo una semana, nos preguntábamos si las recompras de acciones son realmente beneficiosas para el pequeño inversor.

La presidenta del Tribunal de Cuentas (TCU), Enriqueta Chicano, ha anunciado este martes que el organismo fiscalizador está debatiendo elaborar un estudio "jurídico-técnico" sobre las consecuencias de la sucesión de prórrogas presupuestarias en la gestión de las cuentas públicas. Así lo ha trasladado Chicano durante su comparecencia en comisión parlamentaria, donde ha desgranado los resultados de su informe sobre la Cuenta General del Estado de 2024.

Un documento que ha despertado cierta polémica al hacerse eco de que Hacienda recurrió temporalmente a créditos sobrantes en el capítulo presupuestario de los fondos europeos para pagar pensiones. Algo que la presidenta ha descartado que sea equivalente a financiar las pensiones con dinero europeo del plan de recuperación, como ya ha aclarado la propia Comisión Europea.

Respecto a las prórrogas presupuestarias, la presidenta del TCU ha descartado pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de la prolongación de las cuentas públicas de 2023, que todavía siguen vigentes pese a que se aprobaron en la legislatura anterior. Chicano se ha escudado en que el Tribunal Constitucional ya se va a pronunciar sobre esta cuestión después de haber admitido a trámite una demanda promovida por la mayoría del PP en el Senado.

No obstante, ha afirmado a renglón seguido, que están estudiando "si se hace una nota o un informe" para entrar en los efectos que las prórrogas pueden tener en el uso de los recursos públicos. Esta cuestión ha quedado fuera de las conclusiones del informe sobre la Cuenta General del Estado, aunque hasta seis consejeros del TCU han lamentado que no se haya ahondado en el asunto (de los cuales, solo uno votó en contra del dictamen).

Pensiones y fondos europeos

La otra cuestión que ha sobrevolado toda la comparecencia de Chicano ha sido la de las pensiones y los fondos europeos. Sobre este aspecto, la presidenta del TCU ha sido tajante. "El Tribunal no ha afirmado en la declaración, ni en el auto resumen, ni en la nota de prensa que se pagaran pensiones con fondos europeos", ha defendido.

En concreto, el informe del TCU señalaba que el Gobierno había autorizado dos modificaciones presupuestarias por valor de 2.389 millones para pagar pensiones de Clases Pasivas y complementos de pensiones mínimas. Esas modificaciones afectaban al "servicio 50", el capítulo de los Presupuestos Generales de 2023 donde se incluyen los fondos europeos de recuperación.

El Tribunal de Cuentas sostiene que los fundamentos jurídicos de esa decisión tenían que haber quedado mejor justificados, porque esta afectaba a la gestión de los fondos europeos, que tiene su normativa propia. Sin embargo, incluye esta apreciación en el apartado de incidencias "que no afectan a la opinión sobre la Cuenta General del Estado". Y no en el salvedades, que son los elementos que el TCU remite al Parlamento para que inste al Gobierno a subsanar.

En un primer borrador del informe, esta cuestión sí que se había incluido en el apartado de salvedades, pero el Ministerio de Hacienda presentó alegaciones que fueron atendidas y se movió de categoría. Seis consejeros del TCU se opusieron a esa modificación, aunque solo uno votó en contra del informe final. En concreto, cuatro de ellos emitieron un voto concurrente en el que señalaban que las dos modificaciones presupuestarias "carecieron de fundamento normativo".

Chicano ha puntualizado que la declaración del TCU se limitaba a señalar que los fundamentos jurídicos "deberían haber mejor justificados". "Nadie puede concluir que el dinero del mecanismo de recuperación se haya utilizado para pagar pensiones, porque el dinero solamente se percibe una vez acreditado el cumplimiento del hito o del objetivo", ha argumentado. "De acuerdo con las normas de Eurostat, solamente se considera como un ingreso cuando se acomete el gasto que lo libera", ha añadido.

El sistema de financiación actual por sí solo no puede cerrar la brecha de inversión en Europa. Esta es una de las principales conclusiones que se desprenden de un informe elaborado por Oliver Wyman a petición de la Federación Bancaria Europea (EBF, por sus siglas en inglés), en la que se abordan medidas para impulsar la competitividad en la región en el actual contexto de incertidumbre. El análisis recoge que el sector bancario solamente tiene capacidad para cubrir el 20% de las necesidades adicionales de financiación en sectores estratégicos como la defensa, la ciberseguridad o la energía de un total de 1,4 billones que la consultora estima que se deben acometer en Europa de aquí a 2030.

La cifra es muy superior con respecto a los 0,8 billones calculados por Mario Draghi en el informe de 2024 titulado El futuro de la competitividad europea, si quiere alcanzar los objetivos en materia de transición energética, infraestructura digital e innovación para cerrar el gap con respecto a Estados Unidos y China. El dato se ha quedado desfasado por las mayores necesidades de financiación, así como por el reconocimiento de las mayores prioridades medioambientales y sociales. La cifra incluso puede quedarse corta si se tiene en cuenta el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), el coste de los centros de datos y la infraestructura energética asociada.

Ante esta situación, Oliver Wyman llega a la conclusión de que el sistema financiero europeo no es capaz de satisfacer estas necesidades por sí solo, por lo que requeriría liberar 540.000 millones de capital CET1 adicional -medida que se emplea para medir la solvencia y la liquidez de un banco-. "Europa necesita un sistema financiero a la altura de la magnitud y complejidad de sus ambiciones. Esto requiere un modelo plenamente operativo que conecte el ahorro con la inversión productiva, valore los proyectos de manera adecuada según su perfil de riesgo y asigne a quienes estén mejor posicionados para asumirlo", sostienen al tiempo que piden más flexibilidad de cara a liberar capital.

Las entidades representan alrededor del 65% de los préstamos concedidos al sector privado y además lo aprueban con unas condiciones "relativamente baratas" para quienes pueden obtenerlo. Pese a ello, detectan que los mayores requisitos "desincentivan" a los bancos a financiar exposiciones a largo plazo y de gran volumen de balance, "cruciales para las ambiciones estratégicas", mientras las alternativas siguen estando poco desarrolladas o son inaccesibles para una gran parte, por tanto, siguen siendo el único canal viable a corto plazo para cubrir la fecha de financiación o parte de ella, si el marco regulatorio lo permite.

El informe critica que los mercados de deuda cotizada atienden principalmente a grandes empresas que disponen del historial crediticio para cumplir con los requisitos de acceso al mercado, por lo que aunque han crecido considerablemente aún se encuentran en fase incipiente "sin la amplitud suficiente para constituir un canal fiable" para la inversión en toda la economía.

El 'precio' de la resiliencia bancaria

La crisis financiera desatada en 2008 provocó una oleada de reformas regulatorias graduales que ha derivado en mayores requisitos de capital, mayores reservas de liquidez y de gestión del riesgo en aras de que resista la tensión financiera. "Este es un logro importante que no debe subestimarse. Ha restaurado la confianza en un sector cuya credibilidad se había visto gravemente dañada. Pero esta mayor resiliencia ha tenido un precio", agregan. Un coste que limita el papel que los bancos pueden desempeñar en la economía, pues los bancos absorben una proporción cada vez más grande de requisitos, factor que condiciona su capacidad para expandir el crédito, a la vez que los requisitos de capital lo aumentan.

"Europa no puede permitirse el lujo de quedarse estancada mientras sus pares internacionales avanzan", señalan en alusión a que Estados Unidos y el Reino Unido ya están modernizando el marco regulatorio y supervisor para apoyar el crecimiento. Por ello, hace una serie de recomendaciones de cara a que el sector pueda desempeñar un rol activo, con medidas que abarcan desde integrar el crecimiento y la competitividad en los objetivos regulatorios y de supervisión, modernizar el marco normativo, desbloquear los canales de titulización a eliminar la fragmentación y las barreras de integración bancaria. Oliver Wyman considera que los bancos más grandes y diversificados están mejor dotados de cara a apoyar inversiones a gran escala.

La gran mayoría de las empresas españolas no dispone de planes de pensiones para sus trabajadores. Según una encuesta elaborada por KPMG, solo una de cada cinco compañías ofrece este beneficio a sus empleados. Una proporción que la firma de consultoría y servicios legales considera reducido, en un contexto en el que ven cada vez más "necesario" ahorrar para la jubilación por las dudas sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

Así lo refleja KPMG en la novena edición de su informe Situación de las pensiones en España, un documento en el que los analistas de la firma dibujan una radiografía sobre el estado de situación en el sistema público y en las fórmulas de ahorro complementarias.

Las conclusiones a las que llega la multinacional son llamativas. Respecto a la situación de las pensiones públicas, arguyen que aunque en la actualidad "ofrece una elevada tasa de sustitución" (es decir, que la primera pensión que se cobra cubre una parte elevada del salario que se pierde), "su viabilidad futura está estructuralmente comprometida".

Respecto a la reforma de las pensiones que acometió el Gobierno entre 2021 y 2023, apuntan a que, si bien contribuyó a reforzar los ingresos, las medidas no han sido suficientes para compensar el incremento del gasto que ha provocado la revalorización con el IPC, el aumento de la esperanza de vida y el retiro de generaciones con mejores pensiones. De hecho, aventuran que el sistema "seguirá requiriendo ajustes adicionales, previsiblemente tanto por la vía de ingresos como de parámetros de prestación".

En este contexto, sostienen que "la previsión social empresarial deja de ser una opción y se consolida como una necesidad estructural". Esta "previsión social empresarial" son, esencialmente, los planes de pensiones colectivos que constituyen el llamado segundo pilar del sistema.

Los datos que maneja KPMG apuntan a que el ahorro acumulado en estas fórmulas es "todavía insuficiente". Además, la firma estima que la aportación que hacen las empresas es modesta. "Ese esfuerzo resulta limitado para compensar la pérdida esperada de ingresos en la jubilación, especialmente en colectivos con bases de cotización máximas o carreras profesionales largas", señalan.

En esa misma línea, la adopción de este segundo pilar del sistema de pensiones es notablemente más baja en España que en el resto de Europa. Solo el 15% de los trabajadores se benefician de este esquema de protección social, en comparación con un 28% de media en el conjunto de la UE. De tal forma que "una parte importante de la población activa en España depende principalmente de las pensiones públicas y de su ahorro individual para su jubilación".

Falta de incentivos y dudas económicas sobre el futuro

Respecto a los motivos por los que pinchan los planes de pensiones empresariales, el más señalado es la falta de incentivos. Según el sondeo de KPMG, la mitad de los directivos entrevistados considera que sería necesario mejorarlos para fomentar el ahorro privado empresarial. A ello, se añaden las dudas de muchas empresas por el compromiso financiero a largo plazo que suponen estos planes, que a menudo ven difíciles de mantener en el futuro.

Otro factor clave es la tradicional falta de interés por complementar el ahorro para la jubilación. Durante décadas, el sistema público de pensiones se ha visto como una fórmula suficiente para afrontar la jubilación. "Tenemos una herencia del pasado que ha hecho que no veamos esto como una necesidad y que cueste entrar", resume Álvaro Granado, responsable del Área Fiscal de Pensiones de KPMG Abogados.

Sin embargo, Granado opina que esta tendencia está cambiando por las dudas crecientes sobre la sostenibilidad del sistema. En este sentido, el informe apunta a que la mitad de los trabajadores en España están "sumamente" o "notablemente" preocupados por su jubilación, mientras que al resto les preocupa "un poco" o "nada".

El análisis que hace KPMG sobre este ahorro en planes empresariales de pensiones sugiere que el sector financiero, donde el 62% de las empresas disponen de este instrumento de ahorro, el energético (43,3%) y el químico y farmacéutico (36,7%) son los más preparados en este aspecto. Se espera que la construcción, que desplegará por completo su plan de pensiones sectorial a partir de este año, dispare sus beneficiarios en los próximos años.

El sector cárnico ha lanzado una serie advertencia sobre el impacto que puede tener sobre las exportaciones el cierre de mercados como Japón, México y Filipinas por la reaparición a finales del año pasado de la Peste Porcina Africana (PPA) y la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC). El director general de la Asociación de Industrias de la Carne de España (ANICE) Giuseppe Alosio, ha pedido también "aliviar el peso de la regulación" para que el empresario pueda "aplicar su ADN de manera más auténtica, para poder invertir en los territorios rurales". El secretario general de la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (FECIC), Ignasi Pons, ha añadido la dependencia de la administración "para muchos trámites" y solicitado "soporte y empatía".

La sanidad animal 'entrecierra' mercados

Aloisio (ANICE) ha reconocido que los problemas sanitarios provocados por la peste porcina y la Dermatosis tendrán un fuerte impacto en la balanza comercial en 2026, especialmente en el vacuno y el porcino. el motivo, ha recordado, que destinos tan relevantes como Japón, México y Filipinas cerrarán total o parcialmente sus mercados. "Aunque abriéramos mañana, todo lo que hemos perdido no seríamos capaces de recuperarlo", ha enfatizado informa EFE.

El estudio elaborado por AFI, junto a la Asociación de Industrias de la Carne de España (ANICE) y la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (FECIC), estima que las exportaciones del sector superaron las 12.360 millones de euros en 2025 y arrojaron un superávit en la balanza comercial de 8.493 millones. Lo que representó un 2,5% más que el ejercicio anterior.

Desde el año anterior a la pandemia esta industria ha ido aumentado su músculo exportador. Todo ello, gracias a un tejido de empresarial superior a las 3.000 empresas de las que 2.139 exportan de forma habitual. Más de la mitad cuentan con menos de 10 empleados, aunque triplica la media nacional si hablamos de compañías con hasta 249 trabajadores.

Pons, de la Federación Empresarial de carnes e Industrias Cárnicas (FECIC), ha defendido que el brote de peste porcina africana (PPA) está "controlada" en las zonas de la provincia de Barcelona donde reapareció. Sin embargo, ha reconocido, que todavía llevará tiempo. Según EFE, el representante de FECIC ha añadido que "hay que ver cómo convive esta eliminación de jabalíes con empresas que tienen dos mercados que representan un 25% de sus exportaciones y que están cerrados, como son Japón y México".

Más de 44.000 millones de euros

El informe presentado este martes estima la aportación a la economía española de esta actividad en 44.370 millones de euros. Esto es el 2,8% del PIB español. El impacto directo está cifrado de esta actividad está cifrado en 7.655 millones mientras que el indirecto supera los 25.000 millones. En su análisis, añaden, que por cada euro que generan directamente sus empresas se suman otros 4,8 euros adicionales en el resto de la economía española.

El análisis también pone énfasis en una actividad que, desde 2019, ha visto crecer su facturación desde los más de 30.000 millones de euros pre pandemia hasta los 42.135 millones con los que cerró el último año con datos correspondiente al 2024. Además han puesto en valor el 'efecto arrastre' de esta industria principalmente para el sector primario y el agroalimentario, aunque también para el comercio mayorista.

2.808 millones para Hacienda

Las industrias cárnicas también dejan una huella importante en las arcas públicas, que se estima en 2,808 millones de euros anuales con datos del ejercicio 2024. Lo hace mayoritariamente en forma de cotizaciones sociales a la Seguridad Social (1.305 millones) e impuestos, sobre todo, a través del IVA del que se recaudó en aquel año 765 millones de euros y del IRPF (465 millones). Hacienda también recibió de esta actividad 18 millones por medio del Impuesto del Plástico.

El precio del alquiler en España se ha disparado como nunca en los últimos años. Su coste medio mensual cerró en mayo en 15,1 euros por metro cuadrado, lo que representa un nuevo máximo histórico, según el portal inmobiliario Idealista. Este escenario de precios disparados está condicionando como nunca antes la vida de los hogares españoles.

Así lo asegura el V Observatorio Cofidis de Economía, Sostenibilidad y Nuevas Tendencias de los Hogares Españoles 2026, presentado este martes, que asegura que el 53,7% de los ciudadanos ha tenido que tomar alguna decisión residencial por el alto precio de los arrendamientos, como mudarse a una vivienda más pequeña y económica (16,3%), empezar a compartir piso (12,7%) o trasladarse a las afueras (12,1%).

El estudio, que se ha realizado entre los españoles mayores de 18 años, con una muestra de 6.185 personas, recoge que este contexto de alquileres elevados obliga a los ciudadanos a realizar cada vez mayores esfuerzos. De esta forma, el 66% de los hogares destina más del 30% de sus ingresos al alquiler, superando en la mayoría de los casos la proporción del 35% recomendada por organismos como el Banco de España para evitar el sobreendeudamiento. Además, hasta un 26% reconoce que ha reducido su gasto en otras partidas de su presupuesto para hacer frente al coste del alquiler, una tendencia en alza desde 2025.

"Este año, se han identificado más señales de fragilidad económica y menor margen financiero, ya que una parte relevante de los hogares llega a fin de mes con escasa o nula capacidad de ahorro y con dificultades para afrontar gastos imprevistos, en un contexto en el que la dependencia de redes de apoyo es cada vez más determinante", señalan desde Cofidis.

El informe indica también que han aumentado del 5,5% al 8,5% los hogares que recurren a ayuda de familiares o amigos y que quienes con su salario solo pueden hacer frente al alquiler suponen el 66%. "Los inquilinos y propietarios se han visto obligados a recurrir a entidades financieras o a tirar de ahorros para poder afrontar los gastos, lo que confirma la fuerte presión que ejerce la vivienda sobre el presupuesto familiar", precisa la compañía.

"Estamos asistiendo a una polarización en los ingresos"

El observatorio de Cofidis incluye un análisis de los ingresos de los hogares españoles, que "refleja un escenario de vulnerabilidad para una parte": uno de cada ocho vive con 1.000 euros al mes o menos, "un indicador que casi se duplica en solo tres años", al pasar del 6,7% en 2023 al 12,2% de 2026. Además, el 37,6% de los hogares no supera los 2.000 euros mensuales, mientras que solo un 18,3% declara ingresos por encima de 4.000 euros.

"Estamos asistiendo a una polarización en los ingresos. Cada vez hay menos hogares con ingresos de 2.000 y 3.000 euros", ha destacado Joachim Rolland, Director de Digital Business y Marketing de Cofidis España.

A esta realidad se suma la estructura económica del hogar. Un 34,3% de los hogares vive con una sola fuente de ingresos, lo que puede reducir la opción de respuesta ante subidas de costes o imprevistos.

Esta presión económica se traduce en una capacidad limitada para ahorrar a final de mes; el 24% de los hogares no ahorra nada, y un 32,4% ahorra menos del 10%. En paralelo, se consolida el papel del apoyo económico fuera del hogar y hasta un 14,7% reconoce haber recibido apoyo económico externo en el último año. De estos hogares, un 46,6% fue para necesidades básicas, como alimentación y suministros; y un 23,5% para pagar el alquiler o la hipoteca.

Un 26% no puede asumir un imprevisto de 5.000 euros

Como consecuencia de esa falta de ahorro, los hogares tienen dificultades para hacer frente a los imprevisto. Un 26% declara que no podría asumir un imprevisto de 5.000 euros, mientas que el 11% ni siquiera podría afrontar uno de 1.000 euros. A esto se añade que un 7,2% tendría dificultades incluso ante un imprevisto de 500 euros, reflejando así "la fragilidad financiera extrema de una parte considerable de la población".

En el ámbito del consumo responsable, el estudio señala que las decisiones vinculadas a la sostenibilidad se ven condicionadas cada vez más por el coste. En concreto, el 56% de los hogares identifica el precio como la principal barrera para elegir opciones sostenibles en alimentación. Pese a ello, la disposición al cambio es mayoritaria, pues solo el 11,3% afirma no estar dispuesto a modificar hábitos de consumo para ser más sostenible.

Las prácticas formativas son una parte casi imprescindible de la entrada en el mercado laboral. Para muchos funcionan como una transición entre el mundo académico y el empleo, ya que permiten adquirir experiencia, habilidades y contacto con el entorno profesional. Sin embargo, durante mucho tiempo, estas prácticas no generaban cotización a la Seguridad Social, suponiendo un vacío en la vida laboral de quienes las realizaban.

Para corregir esta situación, el sistema de la Seguridad Social ha introducido una medida que permite recuperar esos periodos. Desde 2024, es posible suscribir un convenio especial que reconoce hasta un máximo de cinco años de cotización, lo que equivale a 1.825 días. Con él, muchas personas podrán sumar tiempo a su historial laboral, detalle especialmente importante de cara a la jubilación.

El objetivo de esta iniciativa es dar respuesta a miles de trabajadores que realizaron prácticas o programas de formación en los que no cotizaron, porque la normativa de la época no lo exigía.

¿Quiénes pueden sumar la cotización por práctica?

El convenio especial incluye a quienes realizaron prácticas universitarias, ya sea dentro de grados, másteres o doctorados, así como a quienes cursaron títulos propios. También se contempla a estudiantes de formación profesional, siempre que sus prácticas no tuvieran carácter laboral ni se enmarcaran en programas intensivos con cotización previa. Además, se incluyen las prácticas de enseñanzas artísticas, deportivas y superiores, así como los programas de formación investigadora, tanto en España como en el extranjero.

Según la Seguridad Social, la nueva normativa está pensada para aquellos que realizaron prácticas académicas y no cotizaron por ellas antes de 2024 (en el caso de las no remuneradas) o anteriormente al 1 de noviembre de 2011 en otros casos. Además, no podrán suscribir este convenio especial los pensionistas de jubilación o incapacidad permanente.

Para poder beneficiarse de esta medida, es necesario cumplir algunos requisitos y formalizar el convenio antes del 31 de diciembre de 2028. Esto significa que todavía hay margen de tiempo, pero no es una opción indefinida, por lo que los interesados deben valorar si les compensa.

¿Cómo se cotizan estos periodos de prácticas?

La base mensual se establece tomando como referencia la base mínima del grupo de cotización 7 del Régimen General de la Seguridad Social correspondiente al periodo que se quiera recuperar. Si durante ese año existieran diferentes bases, se toma la última del ejercicio. A partir de ahí, se calcula la cotización total y se aplica un coeficiente reductor del 0,77, lo que disminuye la cantidad final a pagar.

Una vez determinado el importe, el trabajador puede elegir cómo realizar el pago. Existe la opción de abonarlo en un único pago o de fraccionarlo en mensualidades. En este segundo caso, el número máximo de pagos no puede superar el doble de los meses que se quieran recuperar, con un límite de hasta 84 mensualidades. Esta flexibilidad permite adaptar el coste a la situación económica de cada persona.

Cada vez son más los conductores españoles los que eligen un coche eléctrico o híbrido cuando cambian su viejo automóvil. De hecho, 2025 cerró como un ejercicio de récord absoluto para este mercado en España. Según ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones), las ventas de turismos electrificados (100% eléctricos, híbridos enchufables e híbridos no enchufables) sumó el año pasado un total de 225.616 unidades matriculadas, reflejando un crecimiento del 94,6% respecto a 2024 y alcanzando una cuota del 19,6% del mercado automovilístico general.

Los propietarios de estos coches, además de su mayor coste de comra respecto a los turismo tradicionales de gasolina o diésel, deben afrontar un sobrecoste añadido: el precio del seguro de coche, obligatorio por ley en España para poder circular.

Estas pólizas, según un análisis de nueve pólizas de automóvil a todo riesgo, con y sin franquicia, realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), pueden ser de media hasta un 36% más caras en el caso de un coche eléctrico puro con respecto a un turismo con motor de gasolina de precio y prestaciones comparables. En el caso de un híbrido similar, el sobrecoste alcanza un 20% de media, sin que haya diferencias significativas entre un híbrido enchufable y uno no enchufable.

En su argumentación, la OCU considera que el sobreprecio para un eléctrico podría explicarse "por el elevado coste de la reparación de las baterías en caso de siniestro, que para un automóvil de gran autonomía podría alcanzar los 15.000 euros; y que tras una colisión suele ser necesario sustituirlas por otras nuevas".

Sin embargo, "no se justifica para un híbrido no enchufable, puesto que su batería es más pequeña y por lo tanto bastante más barata -alrededor de 2.500 euros-; aunque podrían entrar en juego otros factores".

Esta organización recuerda que en el caso de un accidente con un vehículo eléctrico que implique la sustitución de las baterías, "la compañía podría preferir declararlo como siniestro total y ofrecer el valor venal del coche", que es el precio de venta que tiene el vehículo en el mercado de segunda mano justo antes de sufrir un siniestro o accidente. Por ello la OCU exige a la compañías que informe al cliente "en cada renovación del máximo indemnizable en las pólizas a todo riesgo, de modo que el asegurado pueda compararlo con el que ofrecen otras compañías".

Diferencias de casi 3.000 euros entre las aseguradoras

Por otra parte, el estudio advierte también de que existen enormes diferencias de precio en las primas para un mismo automóvil. Por ejemplo, el coste del seguro a todo riesgo para un mismo modelo eléctrico varía entre 544 y 2.934 euros según la aseguradora; y entre 274 y 745 euros si es un seguro a todo riesgo con franquicia de 300 euros. "Aunque dentro de cada seguro puede haber notables diferencias en el alcance real de las coberturas, es aconsejable comparar las primas de varias compañías antes de decidirse por una", aconseja.

Por último, la OCU recomienda pasados unos años "contratar un seguro a terceros" con cobertura de lunas, incendio y robo, que suele ser mucho más económico. "Suele incluir por defecto la asistencia en viaje, la protección jurídica con defensa penal y reclamación de daños (verifique que alcanza al menos 3.000 euros para gastos de profesionales de libre elección), así como una cobertura de responsabilidad civil ampliada que aumente la suma asegurada y las circunstancias no cubiertas por la obligatoria, como por ejemplo la conducción de un hijo menor sin permiso", concluye.

El verano llama ya a la puerta y las principales cadenas de supermercados están descubriendo sus cartas para reforzar sus plantillas en lugares tan turísticos como Andalucía o Valencia. Mercadona, Carrefour o Aldi han anunciado la contratación de más de 6.500 personas entre los meses de junio y septiembre, mientras que la cooperativa Consum también está ofertando otros 3.800 empleos hasta septiembre. A los cálculos de personal necesario para cubrir las vacaciones de sus empleados fijos se suma una previsión de aumento en la llegada de turistas por el 'efecto refugio' que destinos como España suponen frente a la inestabilidad geopolítica de regiones como Oriente Próximo.

Dia: más de un millar de incorporaciones

La cadena de supermercados Dia anunció el lunes la contratación de más de 1.000 personas de cara al próximo verano, lo que supone un incremento del 25% frente al mismo periodo del año pasado. Como ha informado el grupo distribuidor, fichará a más de 300 personas para Andalucía y Extremadura, mientras que otras 500 nuevas contrataciones se concentrarán en el centro y norte de la Península (Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra, País Vasco, Castilla y León, Madrid, La Rioja y Aragón) y más de 200 nuevos contratos se destinarán a reforzar la costa mediterránea, especialmente el Levante y Cataluña.

Las comunidades autónomas de Andalucía y Castilla y León lideran este año las contrataciones en verano. Las nuevas incorporaciones se destinarán sobre todo a ventas y almacén, siendo los perfiles más demandados los destinados a caja y reposición. En almacén necesitan fundamentalmente operarios. Desde la compañía consideran que son puestos "clave para reforzar la operativa de tienda y la atención al cliente durante el periodo estival". Para inscribirse en las ofertas aconsejan hacerlo a través de la sección 'Empleo' de su web corporativa 'Dia.es'.

Mercadona: 5.000 contrataciones para el verano

La cadena líder de supermercados en España, Mercadona, va a contratar a 5.000 personas de cara a la inminente campaña de verano, la misma proporción que el año pasado, según adelantó Expansión. En el periodo estival la mayor parte de la plantilla coge sus vacaciones y a esto se añaden las buenas previsiones turísticas para este verano. Las zonas donde irán a parar la mayor parte de estas ofertas son las comunidades autónomas de Andalucía, Valencia y Cataluña.

El 80% de las contrataciones ya estarían cerradas, aunque quedarían aún 1.000 posiciones a cubrir entre los meses de junio y septiembre. Las personas que se incorporen pasarán a cobrar 1.734,23 euros brutos al mes (1.461,44 netos mensuales) y se beneficiarán del último incremento de salarios anual del 2,9% anunciado por la compañía a finales de año. Esto es un 22% más que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que está fijado en los 1.424,50 euros brutos al mes en 12 pagas.

Consum, la alternativa cooperativista

El grupo cooperativista Consum, cerró el año pasado con 1.017 tiendas en 5 autonomías (Valencia, Cataluña, Región de Murcia, Andalucía y Castilla- La Mancha) y prevé 18 aperturas en 2026. De cara a este verano, la cooperativa está ofertando 3.800 empleos hasta septiembre para afrontar la actividad veraniega y las sustituciones. En la Comunidad Valenciana ofertan 2.503 puestos, 590 en Cataluña, 397 en Murcia, 197 en Andalucía y 100 en la vecino Castilla -La Mancha. Tres son los principales requisitos: el título de la ESO, orientación al cliente y residencia próxima. Aquí se puede aplicar.

Como otros grupos de distribución alimentaria, los perfiles que buscan están relacionados con el funcionamiento de sus tiendas, aunque también hay puestos en centros logísticos y oficinas de la compañía. Se ofrecen jornadas completas o parciales, y un salario de acceso para el personal operativo superior a los 1.400 euros brutos mensuales. Si pasan a ser socios, consolidan su puesto y son renovados, esta cantidad se incrementaría por encima de los 1.600 euros brutos. A diferencia de otros modelos anteriores anualmente se les suma el 'retorno cooperativo' correspondiente por los resultados (una suerte de dividendo) y los intereses por sus aportaciones al capital social.

ALDI: Nuevos empleos en Andalucía, Valencia y Cataluña

ALDI ya ha abierto 9 nuevos supermercados en lo que llevamos de año (tiene previsto abrir hasta 40 nuevos establecimientos) alcanzando las 504 tiendas. La cadena supera ya los 8.000 trabajadores en España. De cara a este próximo verano prevé reforzar sus equipos de tienda con 555 nuevas contrataciones, con las que persigue garantizar el mejor servicio ante unos meses con una mayor actividad comercial. Lo que casi duplica la demanda del año pasado, cuando ALDI contrató a 280 trabajadores extra para los meses veraniegos. Unas contrataciones que se realizarán entre junio y agosto.

Las comunidades de Andalucía, Valencia y Cataluña serán las principales receptoras de las nuevas incorporaciones. A la primera se añadirán 190 nuevos profesionales, la segunda se reforzará con 165 nuevas contrataciones para aumentar las plantillas de las provincias con mayor actividad en verano y, en Cataluña, se incorporarán 105 personas. Los perfiles que se buscan están también relacionados con el funcionamiento de su establecimientos como cajeros, reponedores y personal de almacén para locales situados en las zonas con más afluencia de visitantes.

Tic tac. Cada vez queda menos para que la gigafactoría de baterías para coches eléctricos de Navalmoral de la Mata (Cáceres) eche a andar. Después de que el proyecto impulsado por la compañía japonesa AESC (Automotive Energy Supply Corporation) pusiera la primera piedra en 2024, las previsiones iniciales se han ido retrasando paulatinamente, por lo que el Gobierno extremeño ha confirmado este lunes que la fabricación terminará en 2027 y que la producción de celdas comenzará a partir de diciembre 2028.

Así lo ha avanzado la secretaria general de Economía, Empleo y Comercio, Celina Pérez, tras ser preguntada por la diputada socialista durante la Comisión de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Asamblea de Extremadura. Una cuestión que se ha planteado tras la modificación de unos planes iniciales en los que se preveía que el despliegue se iniciara a partir de 2026 y hasta 2028. Sin embargo, el promotor ha cambiado de planes para adaptar la producción a la situación actual de los vehículos eléctricos.

Pérez ha detallado cuáles son los planes para la planta a partir de ahora, según recoge Europa Press. La finalización del montaje de plantas está prevista para septiembre de 2027, al igual que la producción de módulos, mientras que la construcción debería culminar en noviembre del mismo año. Es por ello que las nuevas previsiones apuntan a que la fabricación de estas celdas comenzará a partir del último mes del año siguiente.

La parlamentaria regional también ha aprovechado su intervención para actualizar los nuevos datos del empleo: los puestos seguirán siendo 900, mientras la inversión inicial continuará siendo de 977 millones de euros. Sin embargo, la capacidad será de 12 GWh anuales, lejos de los 94 indicados inicialmente. Por otro lado, ha subrayado que el proyecto cuenta con "todo el apoyo" del Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe), que ha sido declarado como un proyecto estratégico durante tres años, con el objetivo de formar a 480 alumnos al año, en siete itinerarios, con 10 acciones formativas para casi 1.500 alumnos en total.

A diferencia de los otros grandes proyectos como la fábrica de Volkswagen en Sagunto o la de Stellantis en Figueruelas, la planta extremeña, que plantea explotar el litio de la zona, todavía no cuenta con una cartera de clientes, por lo que existe cierta incertidumbre en cuanto a su puesta en funcionamiento.

Reproches por el retraso

A colación del cambio de planes sobre el proyecto y del reproche de la diputada, Pérez no ha dudado en responder: "No sé en qué Extremadura vive usted, pero no he visto un proyecto abandonado, sino todo lo contrario, un proyecto que están haciendo las modificaciones adecuadas para que se haga realidad", ha dicho, añadiendo que desde la administración regional están prestando "un acompañamiento total y unos compromisos adquiridos en todos los aspectos por parte de la Junta y un avance de inversión que está llegando a Extremadura".

En cuanto a la situación actual en la que se encuentra la tramitación administrativa del proyecto, ha señalado que los puntos actuales sobre los que la Junta centra su seguimiento son la obtención de los permisos medioambientales, debido a una solicitud de modificación, la obtención de licencias de construcción, finalizar los trabajos de actualización de la subestación de Cerro Chincho y soluciones de vivienda a futuro para los trabajadores.

Respecto al acceso y conexión a la red de Iberdrola, en marzo se recibió una respuesta negativa de Red Eléctrica respecto a la solicitud de potencia de 30 megavatios, pero "tras varias reuniones y gestiones" entre AESC, Iberdrola, Red Eléctrica y la Junta de Extremadura, el 2 de junio, ha recibido Iberdrola la carta de condiciones técnico-económicas para la conexión a la subestación de Cerro Cincho de los 30 megavatios que estaba solicitando. Con lo cual, "también está resuelto", ha remarcado.

En cuanto al acceso al agua, ha habido encuentros con la concesionaria y el ayuntamiento, de modo que "la capacidad necesaria está garantizada", ha asegurado. También ha concretado que la plantilla de AESC en España actualmente está formada por 18 personas. Cabe recordar que a comienzos de año era de 15 personas y que el objetivo para diciembre es de 35, para lo cual tiene abiertos procesos de contratación.

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), la patronal mundial de las aerolíneas, ha revisado a la baja sus previsiones económicas para la industria aérea global. El motivo no es otro que el conflicto de Oriente Próximo que ha desatado, por un lado, interrupciones operativas y, por el otro, una escalada de los precios energéticos. De acuerdo con su informe financiero, presentado este domingo en Río de Janeiro (Brasil), la IATA calcula una subida del 40% en los costes de combustibles que ascenderán hasta los 350.000 millones de dólares este año (algo más de 300.000 millones de euros al cambio).

En este escenario, la asociación que ahora preside el CEO de Latam Airlines, Roberto Alvo, -tras tomar el relevo del CEO de IAG, Luis Gallego- estima que el beneficio de las aerolíneas a nivel mundial se reducirá a la mitad durante 2026 en comparación al año anterior, hasta los 23.000 millones de dólares (cerca de 20.000 millones de euros). Con más detalle, sus previsiones rebajan a la mitad el beneficio neto por pasajero transportado hasta los 4,50 dólares. "Ni siquiera da para comprarse un perrito caliente en la mayoría de los puestos de la Copa Mundial de la FIFA" lamentó en la presentación Willie Walsh, como director general de la patronal.

Desde otro ángulo, la patronal proyecta en su informe una importante subida del 9,4% en los ingresos del sector, hasta los 1.165 billones de dólares (1.012 billones de euros) ante la consecuente subida tarifaria. Para acercar la magnitud de esta subida, al margen del periodo extraordinario de recuperación tras el Covid, solo se ha avistado un incremento así en 2008, cuando el precio del combustible para la aviación se encareció un 40% interanual, y en 2010, a raíz de la crisis financiera global y el consiguiente aumento del precio del queroseno. El detrimento de los beneficios, no obstante, llega de la mano de los gastos operativos, que crecerán un 13% hasta alcanzar los 1.117 billones de dólares (967.000 millones de euros).

Entre los riesgos adicionales señalados por IATA figuran la escasez de nuevos aviones -la cartera de pedidos alcanza las 18.100 unidades, más del 50% de la flota activa-, la estanflación global con el PIB desacelerándose al 2,5% y la inflación subiendo al 5%, y la incertidumbre política derivada de elecciones en más de 40 países, entre ellas las elecciones de medio mandato en Estados Unidos en noviembre. Asimismo, la depreciación del dólar, estimada en torno al 5% adicional en 2026, mitiga parcialmente los costes denominados en esa divisa para las aerolíneas que operan en monedas apreciadas.

En el caso de Europa, la patronal vislumbra que las aerolíneas cerrarán el año con un recorte del 26% en su beneficio neto hasta los 9.600 millones de dólares (8.323 millones de euros), con un margen que retrocede del 4,5% al 3,1% y un beneficio por pasajero que cae de 10,30 a 7,50 dólares. La región se beneficia, paradójicamente, del caos en los hubs del Golfo ya que al cerrarse esas conexiones, varias rutas entre Europa y Asia se operan ahora en vuelo directo, lo que da paso a un impulso de tráfico que amortigua el golpe.

Los asesores fiscales de REAF-CGE y Fettaf advierten de que la falta de actualización del beneficio fiscal para los contribuyentes que conviven con sus ascendientes (padres o abuelos) deja a cada vez más colectivos fuera y "va a llegar un momento en que ningún hijo podrá aplicarlo".

El mínimo por ascendientes es un beneficio fiscal que pueden aplicarse los contribuyentes que convivan con sus padres, abuelos o bisabuelos de 65 años o más -o de cualquier edad si tienen una discapacidad de al menos el 33 %- siempre que estos no tengan rentas, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros anuales.

Precisamente este importe, que permanece congelado desde 2007, es el que cuestionan los asesores fiscales, ya que con las subidas de las pensiones aplicadas desde entonces casi todos los mayores superan ese nivel de ingresos, impidiendo a sus descendientes aplicarse el beneficio fiscal.

Todas las pensiones contributivas mínimas superan ya ampliamente los 8.000 euros anuales y a medida que las no contributivas rebasan ese umbral "va a llegar un momento en que ningún hijo se podrá aplicar el mínimo", denuncia el secretario técnico del Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas (REAF-CGE), Rubén Gimeno, en declaraciones a EFE.

"El mínimo tiene muy poca aplicación, prácticamente no se puede utilizar", añade a EFE el presidente de la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (Fettaf), Juan Torres Torres.

Torres recuerda que en 2007 el límite de renta equivalía al salario mínimo interprofesional (SMI) (7.988 euros), pero mientras este se ha más que duplicado desde entonces, el tope para ascendientes permanece intacto y ya no beneficia ni a rentas "modestas", que no permiten vivir con holgura.

Beneficiarios en 2023

De acuerdo a la estadística de declarantes de IRPF de la Agencia Tributaria, el número de declaraciones que aplican el mínimo por descendientes ha pasado de más de 300.000 en 2008 a 112.803 en 2023, el último dato disponible.

Para revertir este declive, Gimeno aboga por actualizar anualmente los ingresos que puede tener el ascendiente conforme a la inflación, igual que se hace con las pensiones, pero Fetaff apuesta por fijar una cantidad equivalente al 80% del salario mínimo interprofesional (SMI) de cada año, lo que para 2026 supondría situarlo en 13.675 euros.

Los contribuyentes que disfrutan del beneficio fiscal pueden aplicarse en su declaración de la renta un mínimo de 1.150 euros por cada ascendiente de 65 años o más -o con discapacidad cualquiera que sea su edad- con los que conviva, una cifra que se incrementa en 1.400 euros adicionales por cada ascendiente de más de 75 años (hasta un total de 2.550 euros).

El mínimo personal y familiar es una cantidad de renta que no se somete a tributación por considerarse imprescindible para cubrir las necesidades básicas.

En este caso, el mínimo personal del contribuyente (5.550 euros) se vería incrementado con el mínimo por ascendiente (1.150 o 2.550 euros), que tampoco pagaría IRPF, y, en su caso, por los mínimos por descendiente o discapacidad.

También estas cuantías deberían actualizarse, según el CGE, que defiende que el mínimo por ascendiente debería elevarse hasta los 1.497 euros -Fettaf lo sitúa en 1.356,8 euros- y, en el caso de mayores de 75 años, los 3.320 euros.

La subida del coste de la vida, desde suministros básicos al salario de los cuidadores profesionales, ha devaluado el beneficio fiscal, lo que "traslada una carga económica creciente a las familias que cuidan de personas dependientes", denuncia Fettaf.

El Tesoro Público, organismo dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, subastará este martes Letras a 3 y 9 meses.

En la colocación anterior, celebrada el 13 de mayo, las Letras a 3 meses marcaron un interés del 2,163%, superior al 2,123% previo, en tanto que las Letras a 9 meses quedaron con un tipo de interés del 2,521%, por encima del 2,471% precedente.

El calendario de subastas de este mes también contempla una emisión de Bonos y Obligaciones del Estado para el 18 de junio. En lo que va de mes, el Tesoro ha captado 12.146,533 millones de euros en lo que va de mes.

El Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025. La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.

De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas del Tesoro para este año, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo, esto es, bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas, mientras que 5.000 millones serán para emitir letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros), debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026.

El Gobierno sacó adelante en el Congreso de los Diputados en 2023 la nueva ley de vivienda. El ejecutivo defendió entonces que la nueva norma serviría para contener el precio de los alquileres, incrementar la oferta en los municipios con más demanda y proteger a inquilinos y pequeños propietarios. Tres años después, esas aspiraciones parecen más lejanas que nunca.

Según los datos que maneja Idealista, los precios de los alquileres son ahora un 30,7% más caros en España, la oferta se ha reducido un 30% y la competencia por alquilar una vivienda se ha más que duplicado. En la actualidad, el coste medio del alquiler de una vivienda de 80 metros en nuestro país asciende a unos 1.200 euros mensuales, lo que supone 280 más que en la primavera de 2023.

Los datos de la plataforma inmobiliaria reflejan que ninguna comunidad autónoma ha escapado de las subidas de precios en los últimos tres años, aunque la situación no es igual en todas. En Madrid y la Comunidad Valenciana el incremento llega al 41,3% y 40,2%, respectivamente. En cuanto a la reducción de la oferta de alquileres permanentes, la situación es especialmente dura en los mercados considerados tensionados, como Barcelona, donde ha caído hasta un 69%.

Idealista señala, no obstante, que el principal deterioro del mercado del alquiler no está ni en el precio ni en la oferta: radica en la intensidad de la competencia entre inquilinos. En la actualidad, cada anuncio que sale al mercado en España recibe una media de 41 contactos interesados, un 119% más que en 2023.

"Esta situación está provocando una clara 'elitización' del mercado: los propietarios priorizan perfiles con mayores ingresos, estabilidad laboral y más garantías económicas, dejando fuera a jóvenes, familias vulnerables y rentas medias", asegura Francisco Iñareta, portavoz de la compañía.

"En este sentido, Barcelona representa la gran paradoja del modelo. Aunque las medidas regulatorias han contribuido parcialmente a moderar algunos precios, la fuerte reducción de oferta ha disparado la competencia entre demandantes. El resultado es un mercado con precio regulado que es accesible solo a aquellas familias mejor posicionadas, que no tendrían problema en hacer frente a las rentas a precios de mercado".

El alquiler temporal gana terreno

Otro cambio significativo en el mercado de alquiler motivado por la ley de vivienda es que cada vez más propietarios apuestan por el alquiler temporal, lo que perjudica a los ciudadanos con residencia permanente. Según los datos extraídos a partir de una encuesta realizada por Fotocasa Research, el 29% de los arrendadores se plantean o directamente ya han pasado del alquiler de larga duración al alquiler temporal. En concreto, un 11% de los propietarios considera bastante probable realizar este cambio, un 6% lo ve totalmente probable, y un 12% asegura que ya está operando bajo esta modalidad en la actualidad.

El giro hacia el alquiler temporal responde principalmente a factores vinculados a la gestión del riesgo y la seguridad jurídica. Entre los principales motivos señalados por los propietarios destaca la intención de reducir el riesgo de impago, un punto mencionado por el 33% de los encuestados, seguido muy de cerca por la búsqueda de una mayor seguridad jurídica (32%), al permitir una rotación más ágil de inquilinos.

"Aunque ambas modalidades están reguladas, conviene matizar que el alquiler temporal, a diferencia del arrendamiento de vivienda habitual, no está sujeto de forma general a límites de precio en la mayor parte del territorio. Este diferencial regulatorio explica que una parte de los propietarios esté desplazando su vivienda desde el alquiler de larga duración hacia fórmulas temporales", afirma María Matos, directora de Estudios y portavoz del portal inmobiliario Fotocasa.

Matos explica que "la razón es fundamentalmente económica, ya que la rentabilidad sigue siendo el principal motor de decisión para quien pone una vivienda en alquiler". "En un contexto de mayor intervención e inseguridad jurídica, muchos arrendadores buscan fórmulas que les ofrezcan mayor flexibilidad, control y capacidad de ajustar precios. El alquiler temporal responde a estas necesidades y, en muchos casos, permite obtener ingresos más elevados", concluye.

El dinero no da la felicidad, pero, como dice el dicho popular: "Nadie llora en un Ferrari". Y es que, mientras buscamos consuelo al ver la cuenta en cero, la vida se hace cada vez más costosa; el estrés aumenta... llega la pregunta: ¿podemos ponerle precio a la felicidad? Un reciente análisis impulsado por la Universidad de Purdue, publicado por Remitly, se atreve a poner una cifra sobre la mesa. Nada de lujos; solo un número concreto a partir del cual las preocupaciones económicas desaparecen.

Está claro que ser feliz depende de muchos factores (a veces incluso fuera de nuestro control). De hecho, culturalmente, tenemos prioridades diferentes a la hora de catalogar lo que nos genera bienestar y satisfacción. En España, por ejemplo, el precio medio para ser feliz, según el estudio, es de 77.192 euros anuales, pero los españoles también sacrificarían un 21% del salario por trabajar a un ritmo más relajado. Aun así, la conclusión sigue siendo la misma: los españoles no alcanzan a "costearse" la felicidad.

¿Cómo se calcula "el precio de la felicidad"?

Ahondando en detalle, para determinar el "precio de la felicidad" de cada ciudad y país, Remitly analizó las cifras de la Universidad de Purdue, registrando un punto de saciedad o de saturación de ingresos para cada región del mundo. Este punto se refiere al salario a partir del cual un aumento adicional ya no influye en la felicidad de la persona. Es decir, con más ingresos, la satisfacción vital mejora. Sin embargo, llega un momento en que ese efecto se debilita y ganar más dinero ya no incrementaría la percepción de bienestar.

Para trasladar ese concepto a cada país, Remitly tomó los valores del estudio de Purdue y los ajustó según el poder adquisitivo local utilizando los índices específicos del país, obtenidos del Fondo Monetario Internacional. Así, el mismo nivel de bienestar asociado a un determinado ingreso en Estados Unidos se traduce en cantidades diferentes en España, México, Japón... pero también a cualquier ciudad; no se necesita la misma cantidad de dinero para ser feliz en Madrid que en Bilbao.

El sueldo ideal según tu ciudad en España

Remitly ha concluido que el precio medio de la felicidad en España se ubica en 77.192 euros anuales. Pero el sueldo medio de los españoles ronda los 29.540 euros brutos al año, según los datos de la Encuesta de Estructura Salarial del INE correspondientes a 2024, o los 40.000 según cálculos más positivos como los de Remitly. Tomando como referencia los datos del estudio de la plataforma de remesas, el país se encuentra en la posición 32 del ranking que determina "qué tan accesible es el precio de la felicidad" y la proximidad del salario medio al umbral de felicidad es del 48,4%.

Ahora bien, si lo aterrizamos a las ciudades en España, el estudio nos habla de las 12 ciudades en las que más cuesta "ser feliz". La lista está encabezada, para sorpresa de nadie, por Madrid. Para alcanzar la felicidad en la capital es necesario ganar 89,759 euros anuales. Pero, si bien estamos hablando de la comunidad autónoma con los salarios más altos, se estima que solo entre el 5% y el 10% de los asalariados en Madrid alcanzan o superan esa cifra.

Finalmente, las diferencias entre ciudades reflejan principalmente el coste de vida. Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca ocupan las primeras posiciones porque son algunos de los mercados más caros para vivir en España, especialmente en materia de vivienda. Aunque a eso hay que sumarle el costo del transporte, las compras y servicios básicos y el ocio.