“Ilegalidad”, “discriminación inaceptable”, “injusticia” y “agravio territorial”. Los representantes de los gobiernos autonómicos y organizaciones empresariales de Galicia, Asturias y Castilla y León han encadenado reproches este jueves contra los peajes que siguen pagando quienes conducen por la AP-9 y la AP-66, dos vías de comunicación cruciales para el noroeste de España. Estas tres comunidades llevan casi un año esperando a que se ejecute el dictamen de la Comisión Europea que cuestionó estos cobros porque las prórrogas que el popular José María Aznar otorgó en 2000 a las empresas que gestionan las dos autopistas vulneraron la normativa comunitaria. Los tres ejecutivos, en manos de PP y PSOE, cargan contra el Gobierno del socialista Pedro Sánchez por no acatar ya la decisión de Bruselas, negarles información y dilatar el procedimiento.

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La Comunidad de Madrid ha concedido al coloso sanitario Quirónsalud una semana extra para asumir el importante laboratorio clínico que gestionará durante cinco años. La decisión se debe a que la empresa no estaba preparada para tomar el control este lunes, como estaba previsto, de modo que la entrega se retrasa hasta el lunes 22 de junio. Los pliegos del concurso establecen 30 días de convivencia con la empresa saliente, Ribera Salud, a partir de la firma del contrato, que se produjo el 13 de mayo. Con la prórroga la transición se prolongará más de un mes, pero un portavoz de la Consejería de Sanidad asegura que no existe incumplimiento: “Todo es acorde al pliego”. Ribera, que no ha sido avisada de esta decisión por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, se opone a la “demora”.

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