La mayoría de las personas que buscan un teléfono de gama alta suelen optar por las marcas más habituales y esto hace que se pierdan auténticas joyas como este realme GT 8 Pro, un terminal que también rinde como una bestia por un precio mucho más ajustado. Y lo que no esperábamos a estas alturas del año es encontrarlo tan barato, porque sí, ahora mismo está tirado de precio.

Esta obra maestra de realme salió a la venta a finales del año pasado por un precio recomendado de 999 euros y a día de hoy sigue siendo el móvil referencia de la marca en la gama alta. ¿La buena noticia? Que ahora podemos encontrarlo tirado de precio, sin exagerar, ya que aprovechando el descuento que tiene y aplicando el cupón 'SSES65' durante el proceso de compra, se queda por un precio final de 576,70 euros en AliExpress. Dicho de otra manera, ahorraremos un total de 423 euros en un gama alta brillante, lo mires por donde lo mires.

Compra el realme GT 8 Pro a precio de reacondicionado

El realme GT 8 Pro es el buque insignia de la marca y uno de los gama alta más interesantes de su rango de precio, que además se sitúa bastante por debajo del de los modelos más avanzados de la competencia. Como de costumbre, el diseño vuelve a jugar muy a su favor, ya que en esta ocasión nos encontramos no solo con una construcción premium que combina un marco de aluminio con una trasera de cristal, sino también con un llamativo módulo de cámara intercambiable. Sí, has leído bien: basta con retirar los dos tornillos que lo sujetan para desmontarlo y colocar otro con un diseño diferente.

Es uno de esos smartphones que equipa el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, el chip más potente que nos encontramos en el terreno Android hasta la fecha. ¿Qué quiere decir esto? Pues que su rendimiento es sobresaliente y responde a las mil maravillas en cualquier situación, incluso en las más exigentes. Algo en lo que arriman el hombro sus 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

Otro de sus grandes reclamos es que monta una gigantesca batería de 7.000 mAh que nos brinda entre dos y tres días de uso, dependiendo de la caña que le demos. A lo que debemos añadirle una carga ultrarrápida de 120 W para no tener que esperar ni una hora para volver a tenerlo al 100%. Vamos, que incluso cuando estemos de viaje, con una pequeña parada para descansar, podemos recuperar el porcentaje suficiente para más de un día.

Y la encargada de atraparnos la mirada es una pantalla AMOLED de 6,79 pulgadas, la cual nos sorprende con una resolución 2K, una tasa de refresco de 165 Hz que no suele ser muy habitual de ver y un nivel de brillo altísimo, puesto que alcanza un pico máximo de 7.000 nits. Todo sin dejar de lado que viene protegida con Crystal Armor Glass.

Llegado a este punto, nos queda hablar sobre su apartado fotográfico. Ese llamativo módulo que comentábamos al principio está formado por un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 50 MP y un teleobjetivo de 200 MP. Pero más allá de los buenos resultados, colabora con Ricoh GR para disfrutar de un modo de fotografía callejera, dándonos la posibilidad tanto de cambiar la distancia focal (entre 28 y 40 mm) como de aplicar algunos filtros. Mientras que en la parte frontal, su cámara de 32 MP hace unos selfies impecables.

La experiencia de uso es realmente buena, y más si tenemos en cuenta que funciona bajo la capa de personalización realme UI 7 basada en Android 16, la cual se caracteriza por ser fluida, darnos acceso a muchas funcones de IA y prometernos varios años de actualizaciones para que la inversión merezca totalmente la pena. Aunque, por el precio que tiene ahora, esto ya está garantizado.

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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha requerido información sobre el destino del fiscal Anticorrupción José Grinda en Bolivia, según ha podido confirmar El Independiente. La petición se enmarca en la causa que investiga una presunta trama liderada por la exmilitante Leire Díez para "desestabilizar" los casos que afectasen al entorno del PSOE, y uno de sus "objetivos de interés" habría sido este fiscal. Según se recoge en uno de los informes de la Guardia Civil, la organización habría llegado a ofrecerle un destino en el extranjero y 300.000 euros a cambio de información sensible sobre el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y sobre procedimientos vinculados al Gobierno.

Según confirman fuentes jurídicas a este periódico, Grinda se encuentra desde noviembre de 2025 destinado en Bolivia dentro de un programa de cooperación internacional de la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), con una estancia prevista de aproximadamente tres años en la escuela de jueces y fiscales del país andino. A la convocatoria para este puesto concurrieron otros dos aspirantes, aunque uno de ellos no reunía finalmente los requisitos exigidos y el otro acabó retirando su candidatura.

Una de las líneas desarrolladas por las presuntas 'cloacas' del PSOE tenía como objetivo al fiscal Grinda, por lo que habrían intentado ganarse su colaboración a cambio de ciertas contraprestaciones. Entre ellas, un puesto de trabajo en el extranjero o incluso un pago de 300.000 euros. En una de las agendas intervenidas por las autoridades a la supuesta 'fontanera' del PSOE, los investigadores hallaron una anotación manuscrita que recoge: "300.000 euros para ayudar a un fiscal que tiene un problema con una menor".

Ese "problema" hace referencia a la denuncia por delitos sexuales que una joven jienense, Miriam Serrano, interpuso contra Grinda por unos hechos que ocurrieron cuando ella era menor. De hecho, los investigadores sostienen que la 'trama Leire' llevó a esta joven a la sede federal del PSOE en Madrid. Según relató la propia Miriam en su declaración a la Unidad Central Operativa (UCO), fue la propia Díez quien la acompañó a Ferraz en octubre de 2024.

Las ofertas de la trama a Grinda

El citado informe de la UCO recoge una lista de objetivos presuntamente elaborada por el excomisario José Manuel Villarejo, fechada el 26 de agosto de 2024, en la que aparece el nombre del fiscal aparece recogido en bajo la expresión: "fiscales, sobre todo Grinda". El 4 de septiembre de ese mismo año, en una conversación con la periodista Patricia López, Díez fue aún más directa: "A mí me hace mucha falta arrear a Grinda".

La operación de captación de Grinda alcanzó su punto álgido el 27 de febrero de 2025. Según recoge el juez Pedraz, ese día, Díez recurrió a un periodista conocido suyo, Pere Rusiñol, para que contactase con el fiscal. Ambos se encontraron en la terraza del mercado de Barceló en Madrid, donde Rusiñol le entregó una hoja que recogía una propuesta: un destino en el extranjero y la retirada de la demanda que Miriam Serrano mantenía contra él, a cambio de información confidencial sobre el fiscal jefe Luzón y el archivo de varios casos que interesaban a la trama.

Grinda rechazó la oferta. Tras el encuentro, Rusiñol remitió un mensaje a la exmilitante socialista utilizando un lenguaje en clave: "No había agua, al menos de momento".

"Te quieres ir a Bolivia de enlace"

La trama no se dio por vencida. Semanas después del fracaso con Rusiñol, Sandro Rosell —el exdirigente del FC Barcelona absuelto en 2021 del caso de blanqueo de capitales en el que Grinda había tenido un papel relevante— habría comenzado a mediar entre el fiscal y el grupo, según se desprende de los informes policiales incorporados al sumario. El 10 de marzo de 2025, Rosell escribió a Leire y a Dolset en un grupo de WhatsApp denominado "Mas Martí-Girona" para comunicarles que "G" le había contactado y preguntarles si debía quedar con él. Leire respondió afirmativamente: "siiiii".

Las instrucciones que Díez transmitió a Rosell para esa reunión dan cuenta de la sofisticación operativa del grupo: "Recuerda, escuchar más que hablar. Proponerle salida, pero sin nombrarnos a Santos o a mí. Hemos hablado mucho este finde e igual hay que preservarme un poco porque tengo que estar en otros frentes. Mandaríamos a un abogado". El propio Rosell, siguiendo el guión, le anticipó a Leire lo que le diría a Grinda: "Pepe, estás jodido, te interesa negociar con el Gobierno, ya te diré con quién".

En respuesta a este mensaje, Leire hizo varias anotaciones sobre con "cosas a decirle". Entre ellas: "tú ya has trasladado a terceras personas que tienes documentación de Luzón y que te quieres ir a Bolivia de enlace", "el juicio con la chica empieza en menos de un mes". También: "Pepe, tus vídeos y la operación Telémaco la tiene ya hasta el bedel del Bernabéu. Solo hace falta que llegue a tus jefes" o "también sabemos que te crees protegido por Mauricio Casals y Ferreras, pero créeme que no estás protegido porque no lo puedes estar".

El juez que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, ha pedido permiso a Estados Unidos para utilizar como prueba el teléfono del accionista de facto de la aerolínea, Rodolfo Reyes, en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional. Así se desprende de un auto, al que ha tenido acceso El Independiente, por el que el magistrado solicita cooperación a las autoridades estadounidenses para que le autoricen a utilizar el material extraído del móvil de este empresario venezolano, dada su "relevancia para el esclarecimiento de los hechos investigados".

Precisamente, el contenido de este teléfono es uno de los elementos centrales de la causa. La investigación abierta por Estados Unidos a este empresario acabó llevando al Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (DHS) a remitir información a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional tras detectar la aparición de personas políticamente expuestas y movimientos financieros vinculados al entorno del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Según el documento policial, al que ha tenido acceso este periódico, la información llegó a España a través de los canales de cooperación internacional de la Policía Nacional desde la oficina en Madrid de Homeland Security Investigations (HSI). El organismo investigaba a Reyes por el presunto blanqueo de capitales que habría desarrollado a través de diversas sociedades, entre las que se encontraba Plus Ultra.

En ese contexto, el organismo estadounidense realizó en 2021 una extracción completa del teléfono móvil de Reyes. La agencia norteamericana consideró que el contenido del dispositivo podía resultar de interés para las autoridades españolas y servir para "sustentar la presentación de cargos penales contra las personas en España implicadas en estas actividades financieras ilícitas", por lo que obtuvo autorización judicial y remitió el material a la Policía española.

Situó a Zapatero en el radar de la UDEF

De las conversaciones extraídas del terminal nacen, precisamente, los principales indicios que sustentan la imputación de Zapatero acordada esta semana por el juez Calama, como ya informó El Independiente. Es a partir de los mensajes de Reyes que la investigación reconstruye el recorrido de los directivos de Plus Ultra para intentar acceder a las ayudas públicas en los meses iniciales de la pandemia. 

La primera alusión que se hace al expresidente socialista data de una conversación del 30 de marzo de 2020 entre Rodolfo Reyes y el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Solá. Según recoge la UDEF, Reyes le pregunta: "¿Tienes idea cómo llegamos a los hilos políticos, tema ayudas, financiamiento etc etc etc?". Martínez Solá responde entonces que el CEO de la compañía, Roberto Roselli, ya le había trasladado esa necesidad y que había activado "dos vías" para intentarlo: "Delcy que llame a Ábalos" o "alguien con Zapatero".

"¿Sirve pa algo ese señor?", pregunta Reyes. "Es pro Sánchez", responde el presidente de la aerolínea. "Y pro Maduro", añade el accionista, a lo que Martínez Solá responde, para zanjar: "El fin justifica los medios". Ese mismo día, Reyes contacta además con el diplomático venezolano Ramón Gordils para explorar directamente un acercamiento al exlíder socialista. "¿Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero?", pregunta. Gordils le contesta: "Vayan recorriendo la ruta formal, yo busco como llegarle a ZP".

El juez que investiga el 'caso Plus Ultra' mantiene secretas dos piezas separadas en el marco de la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por el rescate público de la aerolínea. Según han confirmado fuentes jurídicas a El Independiente, una de ellas se centra en el rastreo de cuentas y movimientos financieros de la trama en el extranjero, mientras que la segunda abordaría operaciones vinculadas al tráfico de materias primas como el oro y el petróleo.

Ambas líneas de investigación fueron desgajadas de la causa principal el pasado 18 de mayo por decisión del magistrado José Luis Calama, que encabeza el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia. El juez acordó formar estas dos piezas a partir de tres atestados elaborados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, al apreciar la posible existencia de "otros ilícitos penales" atribuibles a terceras personas ajenas a la trama investigada hasta ese momento, según fuentes del caso consultadas por este periódico.

Estas ramificaciones avanzan de manera paralela a la matriz del 'caso Plus Ultra', en la que están implicados, entre otros, varios directivos de la aerolínea —el presidente, Julio Martínez Solá; el CEO, Roberto Roselli; y el abogado Santiago Fernández Lena— así como el empresario Julio Martínez Martínez y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El exdirigente socialista está llamado a declarar como investigado los días 17 y 18 de junio por los presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Aunque el contenido de ambas piezas permanece bajo secreto —según inciden las citadas fuentes— las pesquisas encajan con dos de las líneas que han ido aflorando en la investigación principal. En el sumario del caso, al que ha tenido acceso este medio, el juez Calama sostiene que la organización presuntamente liderada por Zapatero no limitó su actividad a influir en el rescate de Plus Ultra, sino que también se extendió a "operaciones internacionales de alto valor económico" relacionadas con el comercio de oro, petróleo, petcoke (producto derivado del proceso de refinación del petróleo crudo), compraventa de acciones y mercado de divisas.

En el auto por el que se conoció el pasado mes la imputación del expresidente, el juez constata que la organización presenta "ramificaciones de carácter internacional" con indicios de "transferencias de fondos al extranjero". En este sentido, puso el foco en el papel de los hermanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón. Ambos son administradores solidarios de la mercantil Inteligencia Prospectiva, considerada por el juez como una de las sociedades instrumentales de la supuesta organización. Pese a declarar ingresos mínimos —inferiores a 35.000 euros anuales y nulos en los ejercicios de 2020 y 2021— la compañía llegó a mover más de 2,6 millones de euros a través de sus cuentas bancarias. De ellos, habrían pagado más de medio millón a la empresa de las hijas de Zapatero, Whathefav SL.

En un informe incorporado al sumario, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) concluía que Inteligencia Prospectiva era utilizada como 'pantalla' para introducir fondos en España procedentes del extranjero y redistribuirlos mediante contratos ficticios de asesoría hacia la red organizada liderada por Zapatero y operada por su amigo Julio Martínez. Este último es administrador de la sociedad Análisis Relevante, que también se halla en el foco de las pesquisas. Esta empresa habría remitido unos 240.000 euros a la empresa de las hijas del expresidente, según los investigadores.

Una red "transnacional" de lavado de dinero

La causa que hoy instruye la Audiencia Nacional nació a finales de 2024 tras las alertas remitidas a España por las fiscalías de Suiza y Francia. La documentación enviada a Anticorrupción describía la existencia de una presunta organización dedicada al blanqueo de dinero supuestamente procedente de tramas de corrupción vinculadas a Venezuela, y que también estaría vinculada a operaciones relacionadas con el comercio internacional de oro.

La red operaba como una especie de "pseudobanco", y estaba liderada por el empresario peruano Luis Felipe Baca y el neerlandés Simon Leendert Verrhoeven, investigado por traficar, precisamente, con oro venezolano. El entramado controlaba grandes cantidades de dinero de origen ilícito y operaba mediante inversiones en bolsa para posteriormente reintegrar los fondos como aparentemente lícitos a sus clientes, según apunta el propio juez Calama. A esta estructura "transnacional", Plus Ultra habría desviado casi 16 de los 53 millones de euros del rescate que le concedió el Gobierno en 2021.

Las informaciones remitidas por Suiza y Francia sitúan el origen de parte de los fondos en Venezuela. En concreto, en el presunto desvío de dinero público procedente de los programas Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y en operaciones vinculadas a la venta internacional de oro del Banco de Venezuela, canalizada a través de sociedades interpuestas y estructuras financieras en terceros países, incluida la sociedad emiratí Noor Capital PSC. La investigación apunta a los posibles delitos de malversación y cohecho.

Entre los nombres que aparecían en esa documentación remitida por Francia y Suiza figuraba el empresario venezolano Rodolfo Reyes, máximo accionista de Plus Ultra en el momento del rescate a través de la sociedad Snip Aviation. Según la información trasladada por el Parquet National Financier francés, Reyes habría participado en conversaciones con el empresario Luis Felipe Baca sobre el transporte de "cinco u ocho toneladas de oro" desde Caracas a Dubái "por cuenta del Banco Central de Venezuela".

La investigación también ha identificado un entramado de sociedades radicadas fuera de España que, según la UDEF, habría servido para canalizar pagos internacionales. Entre ellas figuran Landside Dubai FZCO, Landside Middle East FZCO y Landside Holding LTD, constituidas en Dubái y vinculadas a Idella Consulenza Strategica.

El juez que investiga el 'caso Leire' ha acordado este lunes citar a testificar el 10 de julio ante la Audiencia Nacional a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, así como a otra veintena de testigos que habían sido propuestos por el Ministerio Fiscal. Además, el magistrado Santiago Pedraz ha requerido a la Fiscalía General del Estado (FGE) que informe sobre las reuniones mantenidas en su sede con la exmilitante socialista Leire Díez, su socio Javier Pérez Dolset y los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver entre abril de 2024 y junio de 2025.

En el escrito, al que ha tenido acceso El Independiente, el juez Pedraz ha acordado una batería de diligencias para avanzar en su investigación de la presunta trama liderada por la supuesta fontanera del PSOE para "desestabilizar" las causas judiciales y actuaciones policiales que afectasen al entorno del Gobierno y del partido.

Entre ellas, también se encuentra un requerimiento para que la UCO acuda al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, dirigido por Félix Bolaños. Concretamente, el magistrado ha solicitado a la Subdirección General de Nacionalidad que informe sobre el estado actual de la solicitud de nacionalidad del exviceministro chavista Nervis Villalobos, así como que identifiquen a los funcionarios encargados de tramitarla. Los agentes tramitarán in situ el registro y acceso a la plataforma.

Según la investigación judicial, Díez y Oliver —letrado de Villalobos e investigado en la causa—, habrían desplegado distintas gestiones destinadas a desbloquear la situación administrativa y financiera de este ciudadano venezolano en España. A petición del abogado, Leire habría intentado utilizar sus contactos para acelerar el expediente de nacionalidad española del exviceministro y facilitarle la apertura o recuperación de sus cuentas bancarias.

Imputada la abogada de Koldo

Entre estas diligencias también se encuentra la imputación de Leticia de la Hoz, abogada del exasesor ministerial Koldo García. Deberá declarar como investigada el 14 de julio a las 10.00 horas. Según los documentos incorporados al sumario —a los que tuvo acceso El Independiente—, los investigadores la sitúan como la persona que habría ofrecido 50.000 euros a la empresaria Carmen Pano para que cambiase su testimonio ante el juez del Tribunal Supremo, que investigaba entonces el 'caso Koldo'.

La supuesta oferta a Pano se habría realizado una semana antes de su declaración en el Supremo durante una reunión en el despacho de De la Hoz junto a su socio Ángel Fernández, según la declaración de la propia empresaria ante la Guardia Civil. Pano afirma que ambos le propusieron que, en lugar de sostener que había entregado dinero en metálico en la sede del PSOE en Ferraz, debía afirmar que se trató de documentación y atribuir al comisionista Víctor de Aldama la responsabilidad de recibir el efectivo procedente de la trama de hidrocarburos. "Era para salvar el culo a Ábalos [exministro de Transportes] y Koldo", afirma Pano que le dijo la abogada durante aquella conversación.

A cambio, se le habrían ofrecido 2.500 euros mensuales para el pago de su vivienda durante siete años, 25.000 euros para la boda de su hija y otros 15.000 euros para la compra de un vehículo para su acompañante en la entrega de dinero, Álvaro Gallego. La testigo rechazó la propuesta tras consultarlo con su abogado Javier Gómez Bermúdez.

Fechas de las declaraciones

El día 26 de junio será el primer día de declaraciones. En esta jornada, el juez escuchará desde las 10.00 a tres agentes de la Guardia Civil, así como al general jefe del Estado Mayor, Teodoro Esteban López Calderán.

Unos días más tarde, el 29 de junio, se sentarán ante el magistrado Carmen Pano, Álvaro Gallego, Miriam Serrano —la joven que denunció al fiscal José Grinda—, y Juan Manuel Villar Funes, pareja de esta última.

Ya en julio prestarán declaración la periodista Patricia Espinar, el excomandante de la Guardia Civil Rubén Villalba y el que fuera escolta entre 2003 y 2011 en Navarra y País Vasco, Francisco Ortega (7 de julio); el abogado del excomisario Villarejo, Antonio José García Cabrera, y el empresario sevillano Joaquín Parra Páez (8 de julio); el confidente de la Guardia Civil, José Luis Caramés, y los empresarios Antonio Rodríguez Estepa y Claudio Rivas (9 de julio).

El día 10 de ese mismo mes, el juez oirá al abogado José Norberto Uzal, a Cristina Narbona y al policía Rafael Salvador. Tres días más tarde, el 13, se sentarán ante la Audiencia el abogado Aníbal Álvarez —ex abogado de exministro José Luis Ábalos— y el periodista Daniel Mateo.

El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha acordado abrir diligencias por el rescate de la compañía Air Europa e investigar al vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora, por un presunto delito de prevaricación administrativa. En un escrito al que ha tenido acceso El Independiente, el órgano ha admitido a trámite la querella presentada por el Partido Popular, y Vox, y ha citado a declarar a Lora el próximo 3 de julio, a las 9.30 horas.

El magistrado titular, José María Escribano, considera que hay indicios suficientes como para iniciar una investigación judicial. En concreto, la querella atribuye a este alto cargo de la SEPI una posible responsabilidad en la gestión del expediente del rescate público concedido a la aerolínea en 2020.

En su auto, el instructor acuerda una batería de diligencias de investigación dirigidas a la SEPI y al Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), con el objetivo de reconstruir el proceso de toma de decisiones sobre la operación. Entre la documentación requerida figuran el expediente íntegro del rescate de Air Europa, actas, borradores y anexos de las reuniones del Consejo Gestor y listados de asistentes.

Asimismo, el magistrado ha requerido al Consejo Gestor que identifique a su secretario, vocales, técnicos instructores y asesores jurídicos implicados en el procedimiento. Todo ello a fin de ser citados "en la forma que corresponda" una vez el instructor haya tomado declaración a Lora.

Cuando la Audiencia Nacional abrió diligencias en diciembre contra la exmilitante socialista Leire Díez, el empresario Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, el foco estaba puesto en un grupo llamado Hirurok —"nosotros tres", en euskera— y cinco operaciones del ente público en las que habrían influido para su beneficio propio. Seis meses después, la causa es otra cosa. El juez instructor, Santiago Pedraz, investiga ahora una supuesta trama que habría operado desde el entorno del PSOE para "desestabilizar" casos sensibles para el partido. Y ha dado un paso más al pedir al juez de Madrid que investigaba inicialmente estas maniobras que le remita su parte para unificar la causa.

La investigación en la Audiencia Nacional nació a partir de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de noviembre de 2025 en el que se analizaban pagos y movimientos societarios vinculados a las mercantiles Mediaciones Martínez y Servinabar 2000. En ese documento se identificaba al grupo Hirurok, integrado por Díez, Fernández y Alonso, administrador de la segunda empresa.

En esa primera fase, se investigaban en las posibles en la gestión de fondos públicos y su conexión con expedientes de la SEPI. En concreto, se analizaban cinco operaciones vinculadas a organismos públicos y empresas participadas por el Estado en las que Díez, Fernández y Alonso habrían intervenido aprovechando sus contactos. Entre ellas, el rescate de Tubos Reunidos, aprobado por la SEPI durante la pandemia por un importe de 112,8 millones de euros. Precisamente, la UCO registró la sede de esta compañía la semana pasada.

El salto a Santos Cerdán

A partir de ahí, el avance del sumario y las diligencias practicadas entre diciembre de 2025 y comienzos de 2026 fueron ampliando el perímetro inicial de la causa. Según consta en un atestado posterior de la propia UCO, al que ha tenido acceso El Independiente, en esas actuaciones se detectó ya una posible extensión tanto del objeto de la investigación como de las personas implicadas. Entre ellos, el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, tal y como explica el juez Pedraz en el auto del pasado 27 de mayo, cuando la UCO entró en la sede federal del partido en Ferraz.

La investigación pasa entonces de un esquema centrado en la órbita empresarial de la SEPI a un escenario más amplio en el que comienza a aparecer, con mayor intensidad, el nombre de Cerdán, entonces 'número tres' de los socialistas. La UCO le situaba en el entorno de varias reuniones con los investigados, además de vincularle indirectamente con la estructura societaria de Servinabar 2000. Sin embargo, es en el desarrollo posterior de las diligencias cuando los investigadores elevan su papel dentro del entramado descrito.

El punto de inflexión se produce tras la publicación de la Carta a la ciudadanía del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 24 de abril de 2024, después de que se abrieran diligencias contra su esposa, Begoña Gómez. En uno de los informes de la UCO incorporado al sumario del 'caso Leire' y al que ha tenido acceso este periódico, los agentes sitúan el origen del entramado ese mismo día con una serie de movimientos que culminaron dos días después, el 26 de abril, con una reunión en Ferraz. Para entonces, Leire Díez ya había trasladado a varios interlocutores que Santos Cerdán le había pedido desplazarse "de urgencia" a la capital porque disponían de información que podía resultar útil para "ayudar" al presidente del Gobierno.

A ese encuentro acudieron varias personas del entorno político y no orgánico del partido, entre ellas Leire Díez y Santos Cerdán, con el objetivo —según el atestado policial— de canalizar información y recabar material que pudiera ser utilizado en la defensa del presidente del Gobierno y de su entorno más cercano.  Para el juez Pedraz, esta reunión sería el "punto de inflexión" a partir del que un grupo "liderado por Santos Cerdán y coordinado por Leire Díez" comenzaría a desarrollar sus acciones para desbaratar las causas que afectaran al Partido Socialista.

"La organización desplegó una actividad continuada y estructurada a través de diversas líneas de actuación coordinadas entre sí", precisa Pedraz. "Y la desarrollaron de forma coordinada manteniendo unicidad de acción y dirección, personificada en este caso en la figura de Santos Cerdán". El objetivo era obtener información comprometedora sobre jueces, fiscales y mandos policiales vinculados a causas que afectasen al Gobierno o al PSOE.

La inhibición del juez de Madrid

Esta línea que ahora investiga la Audiencia Nacional no nació, sin embargo, de forma aislada. En paralelo a las primeras diligencias abiertas por los movimientos vinculados a la SEPI, el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ya venía investigando desde hacía meses las supuestas 'cloacas' de la formación socialista bajo la dirección del magistrado Arturo Zamarriego.

Precisamente, esa coincidencia de objetos de investigación es lo que ha llevado ahora al juez Pedraz a mover ficha y pedir a Zamarriego que se inhiba en favor de la Audiencia Nacional, para evitar así duplicidades y posibles conflictos procesales, según un escrito al que ha tenido acceso este periódico.

La petición se sustenta en el hecho de que ambas piezas investigan una misma dinámica de actuación, con idéntico núcleo de hechos y una intersección relevante de personas investigadas. Así, el juez argumenta el riesgo de que existan resoluciones contradictorias o incluso de que se vulneren garantías básicas del procedimiento —como el principio non bis in idem— para impulsar la unificación de la causa.

La decisión final será determinante para el futuro de la instrucción. Si el juzgado de Madrid acepta la inhibición, toda la investigación quedará concentrada en la Audiencia Nacional, bajo la dirección de Pedraz, que pasará a asumir la totalidad del procedimiento. Mientras tanto, la causa continúa bajo secreto parcial y con nuevas diligencias en curso, en un sumario que ha pasado en apenas seis meses de centrarse en cinco operaciones concretas de la SEPI a convertirse en una investigación de alcance mucho más amplio sobre la posible existencia de una estructura organizada en el entorno político del Gobierno.