Hacía tiempo que no veía tantos productos tecnológicos con descuentos de más del 50% dentro de una misma marca. Y no, no hablo de accesorios ni de productos poco conocidos, sino de portátiles, tablets y mini PC capaces de cubrir perfectamente las necesidades de estudio, trabajo o entretenimiento de la mayoría de usuarios.
La relativa calma entre Irán e Israel volvió a romperse con una nueva serie de ataques que amenaza con reactivar uno de los focos de tensión más peligrosos de Oriente Medio. La escalada llega en un momento especialmente delicado, cuando Donald Trump intenta avanzar en una vía diplomática con Teherán destinada a reducir la confrontación regional. Los nuevos enfrentamientos reabren interrogantes sobre el margen de maniobra de Washington y sobre las diferencias estratégicas entre la Casa Blanca y el gobierno de Benjamin Netanyahu. ¿Estamos ante una crisis capaz de descarrilar los esfuerzos diplomáticos estadounidenses o se trata de una demostración de fuerza en medio de una negociación más amplia? Lo analizamos junto a nuestros expertos en El Debate de France 24.
Adif delega toda la responsabilidad sobre el bloqueo de todo el servicio de Rodalies de este martes, primera jornada de la visita del Papa a Barcelona, en la compañía alemana Siemens, a cargo del Centro de Control de Tráfico (CCT) de la Estación de Sants, donde se han registrado las dos "averías" que han paralizado en dos ocasiones la circulación, a las 12.25 y a las 15.00 horas. Poco después de este segundo incidente, el gestor de la infraestructura ferroviaria ha hecho saber que emprenderá acciones legales contra Siemens y que también revisará el contrato de prestación del servicio de soporte informático del CCT de Sants para ver si cabe la posibilidad de imponer penalizaciones.
"Adif considera esta situación injustificada, inadmisible, inasumible y absolutamente intolerable", han remachado fuentes del organismo estatal, que también recuerdan que "no es la primera vez" que la circulación de Rodalies queda alterada por un fallo informático del Centro de Control de Tráfico. Por ejemplo, en enero, el día en que se retomó la circulación de Rodalies tras el accidente de Gelida, el servicio se cayó en varias ocasiones, también por fallos en el CCT, hasta el punto de que la Generalitat tuvo que recomendar el teletrabajo.
El conseller delegado de Rodalies, Óscar Playà, y la Conselleria de Territori de la que depende también apuntan directamente a Siemens por las averías, puesto que es el proveedor informático de Adif y están estudiando qué "acciones legales" emprenderán contra Siemnes, después de la "intolerable caída del sistema" de este martes, que como también incide el Ministerio recuerda que "no es la primera vez que sucede". Los servicios jurídicos de Rodalies analizaban este martes "la mejor vía" para "reclamar la intolerable caida del sistema" a Siemens, ya que "las dos averías se han producido a causa del sistema informático que debe garantizar el funcionamiento y que permite regular la circulación ferroviaria" y de la que esta empresa es proveedora de Adif.
Dos averías informáticas y dos paradas de la circulación
Este martes era otro día señalado y el primer fallo informático que ha vuelto a paralizar sobre las 12.25 horas toda la circulación de Rodalies ha coincidido con la llegada a Barcelona del papa León XIV. La circulación se ha reanudado alrededor de las 13.00 horas, después de que se completara la migración a los sistemas de respaldo informático. La segunda avería que ha vuelto a detener los trenes se ha producido a las 15.00 horas y se ha dado por superada media hora después.
Ante los incidentes de este martes, Adif ha levantado más la voz que en ocasiones anteriores y ha anunciado que actuará contra Siemens por dos vías. "Ambos fallos son responsabilidad de Siemens y, por tanto, Adif se ve abocada a tomar estas medidas en defensa del servicio público de calidad para los usuarios catalanes", ha resaltado el gestor ferroviario acerca de lo sucedido este martes.
En primer lugar, cuando analice la incidencia y tenga toda la información de lo que ha sucedido "pondrá en marcha las acciones judiciales que considere necesarias".
En segundo lugar, ya ha abierto un expediente sobre las circunstacias de lo ocurrido para analizar "si procede" imponer penalizaciones contra la empresa responsable de la gestión informática del Centro de Control del Tráfico, en Sants.
Los jóvenes españoles y con residencia legal en España de entre 18 y 30 años volverán a beneficiarse este verano de descuentos para viajar en autobús y en tren entre el 1 de julio y el 30 de septiembre. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la cuarta edición del programa Verano Joven por el que los nacidos entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008 solo pagarán el 10% de los billetes de autobús y de tren de media distancia y la mitad del ticket de trenes Avant y de Alta Velocidad, en este caso hasta una rebaja de 30 euros. También se reedita el descuento del 50% en el bono Global Flexible de Interrail de 10 días en dos meses.
Además de los descuentos, las condiciones del programa son las mismas que las del año pasado, aunque el Verano Joven de 2026 contará con un presupuesto de 10 millones más, hasta los 130. Como en 2025, podrán beneficiarse de él jóvenes de 18 a 30 años que sean españoles o que tengan residencia legal en España.
De la misma manera, se repite el procedimiento. Los interesados deberán inscribirse en una página web que habilitará en los próximos días el Ministerio de Transportes donde habrá que introducir el DNI, el NIE o el pasaporte. Así obtendrán un código con el que a partir de entonces hacer sus compras de los billetes. En principio, están dentro del programa los trenes de Renfe y los autocares de líneas estatales, aunque la experiencia de los últimos tres años muestra que las otras otras dos operadoras ferroviarias de Alta Velocidad, Ouigo e Iryo, también se adhieren.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha mostrado su satisfacción tras el Consejo de Ministro por la reedición de un programas de ayuda que "los destinatarios esperan y utilizan de forma creciente", como muestran no solo los números de otros años, sino la cantidad de preguntas que ha señalado que ha recibido a través redes sociales desde hace semanas preguntando por él. El Verano Joven, ha dicho, "ha ido creciendo año a año, cada vez lo conocen más y lo incorporan a sus viajes de verano".
El Ministerio de Transportes considera que el Verano Joven ha sido "un gran éxito" en sus ediciones anteriores. Desde la primera, en 2023 -en la que los descuentos eran menores y estaban excluidos jóvenes extracomunitarios, que no entraron hasta el año pasado- cuatro millones de jóvenes han realizado 16 millones de viajes de autobús y tren con descuento.
Cuatro ediciones de acogida creciente y año récord en 2025
Hasta ahora, la edición con mejor acogida ha sido la del año pasado. En el verano de 2025, hubo récord de pasajeros, más de 1,55 millones de jóvenes de los dos millones que se registraron, y se realizaron 6,8 millones de viajes, un 30% más que en 2025. La acogida ha sido progresiva. En 2024 se registraron 1,4 millones de pasajeros y en 2023, 1,3 millones.
El Ministerio de Transportes vincula este este programa de ayudas universales con otras medidas de ayuda al transportes que ha ido aprobando el Gobierno dirigidas a los jóvenes, "un sector de la población con gran vulnerabilidad económica".
Defiende que los descuentos para viajar en autobús y tren durante el verano permiten reducir el uso del vehículo particular, lo que reduce emisiones de CO2 y la siniestralidad, y sirve para acercar a los jóvenes al transporte público colectivo y "fidelizar nuevos pasajeros".
Al fomentar con ellos los viajes, asegura que contribuye a su "desarrollo personal", al mismo tiempo que beneficia el sector turístico, cultural y el desarrollo de la España rural.
Treinta años dan para mucho. Rosana lo sabe bien. Hace tres décadas que se presentó al mundo con su disco Lunas Rotas y, desde entonces, no ha parado quieta. Pese a ello, hay quienes le preguntan si ha dejado de crear música, pues no saca un tema inédito desde 2016, cuando publicó En la memoria de la piel. Ella contesta rápidamente: “¡Estoy trabajando más que nunca!”. Y explica a La Vanguardia las novedades que están por venir en estos próximos días. Entre ellas, una gran fiesta de cumpleaños, que se celebrará mañana miércoles en el festival Blaumarí, en el Port Vell de Barcelona.
El fondo estadounidense Blasket Renewable Investments, al que España adeuda cientos de millones de euros en laudos condenatorios por el 'hachazo' a las renovables de hace décadas, incrementa la presión sobre el Gobierno para recuperar al menos 77 millones 'persiguiendo' los pasos de la Selección Española de Fútbol en Estados Unidos, a solo tres días de que empiece el Mundial.
Tal y como advirtió su equipo legal hace unas semanas en Madrid, su actual estrategia para que España pague su deuda se centraba en hacer valer la autorización que hace unos meses obtuvieron de un juzgado de Columbia para poder ejecutar embargos y requisamientos de bienes y activos españoles en cualquier estado de Estados Unidos. A pocos días de que empiece el Mundial, el fondo ha registrado esta sentencia en los distritos judiciales de los lugares donde se celebrarán las distintas fases del Mundial, que es un paso necesario para intentar cobrarse gastos vinculados a la Selección, como el alojamiento en la cadena hotelera Hilton, los pagos en los centros de entrenamiento por los que pasen los jugadores o incluso los ingresos por parte de Adidas, el patrocinador oficial de la Roja.
Se trata 'solo' de una deuda de 77 millones de los 588 que debe España a distintos acreedores por diversos laudos desfavorables por el recorte retroactivo a la rentabilidad fallados por tribunales solo de Estados Unidos. En total, la deuda de España por el 'hachazo' a las renovables asciende a 2.300 millones más intereses de acuerdo a laudos condenatorios en distintos países.
Además de las notificaciones que hace unas semanas empezó a enviar el equipo jurídico de Blasket a Hilton o Adidas para advertirles de que sus ingresos o pagos previstos a La Roja podrían ser embargados, la novedad ahora es que el fondo ya ha registrado la sentencia que le da derecho a hacerlo en todo Estados Unidos en los distritos judiciales correspondientes a todos los estados en los que habrá partidos del Mundial y en los que, eventualmente, podría jugar la Selección española si supera la fase de grupos.
En concreto, los abogados del fondo de inversión han registrado la sentencia del juzgado de Columbia ante tribunales federales de los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Pensilvania, Georgia, Florida, Illinois, Tennessee, Texas y California. Según indican fuentes judiciales cercanas a Blasket, se trata de un "paso fundamental para facilitar futuras actuaciones de investigación patrimonial, localización de bienes y eventuales procedimientos de embargo de bienes o bloqueo de pagos dentro de las jurisdicciones correspondientes".
"Ruido mediático"
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica minimizan el alcance de este trámite porque puntualizan que cualquier intento de embargo de bienes españoles en Estados Unidos requiere de un procedimiento en el que debe escucharse a España también. Consideran que poner en la diana bienes relacionados con la Selección a su paso por el Mundial "únicamente pretende generar ruido mediático para España, al igual que en otras ocasiones.".
Este nuevo paso es necesario para que sea posible ejecutar el que los abobados del fondo Blasket anunciaron hace unas semanas en Madrid, el envío de notificaciones a prestadores de servicios a la Selección en EEUU y Adidas como su patrocinador oficial para informar de la posibilidad de ver los pagos o los ingresos que realicen o reciban de la Federación Española de Fútbol por el impago por parte de España de cientos de millones de euros por laudos condenatorios por haber recortado de forma retroactiva hace más de una década la rentabilidad que años antes había ofrecido a los inversores en parques renovables en España.
Como sucede en otras ocasiones, Blasket no es directamente uno de esos inversores que de la noche a la mañana vieron recortada la rentabilidad de sus proyectos con la regulación de 2013 que se conoció como "impuesto al sol", sino un fondo que con el paso de los años adquirió estos derechos de cobro, que ahora persigue cobrarse por todos los medios. En este caso, yendo eventualmente también en contra de la Selección española en el Mundial.
"Los acreedores están utilizando todas las herramientas legales a su alcance para hacer cumplir resoluciones judiciales firmes", indican fuentes de su equipo legal. "La ejecución de los registros en Estados Unidos demuestra que la fase de ejecución continúa avanzando y que las consecuencias del impago siguen extendiéndose internacionalmente", añade.
El fondo se centra en estos momentos en recuperar parte de la deuda de España requisando y bloqueando pagos que la Selección debería hacer a sus proveedores de servicios durante el Mundial o ingresos como el del patrocinio basándose en la figura del 'alter ego', en virtud de la cual si bien la Selección no forma propiamente parte del Estado, está tan vinculada con él que también puede valer para saldar la deuda. El Gobierno español rechaza este punto de vista y ante este último movimiento puntualiza que "la Federación Española de Fútbol es una entidad privada independiente del Estado y la operativa de la Selección española de fútbol debería ser ajena a cualquier actuación de Blasket".
España se mantiene sin pagar y espera al Supremo
De momento, el Gobierno se mantiene en su posición de no pagar los laudos condenatorios por el 'hachazo' a las renovables, a pesar de que en junio del año pasado sí ingresó, por primera y única vez hasta ahora, los 32 millones que le reclamaba este mismo fondo, Blasket Renewable por otro laudo dictado en el Banco Mundial. Hace unas semanas, hizo una provisión de fondos de 250 millones relacionado con una condena de un juzgado de Países Bajos por la que debería abonar 840 millones a Toyota, también por la minoración de la rentabilidad que esperaba al invertir en energías renovables en España al principio de la década pasada. Mientras que representantes de los acreedores celebraron este nuevo paso como parte del proceso de pago que consideran que España deberá recorrer inevitablemente con todos sus acreedores, el Gobierno lo justificó como un trámite necesario en Países Bajos para poder recurrir la resolución.
En paralelo a esta vía judicial, en la que los acreedores recurren a distintos tribunales federales en busca de una autorización para poder cobrarse las deudas millonarias que les reconocen los tribunales internacionales de resolución de conflictos comerciales, en Estados Unidos se dirime otra vía, el amparo que solicitó el Gobierno español ante su Tribunal Supremo para que declare que sus tribunales no pueden reclamarle estas deudas.
A falta de una resolución definitivo, la Abogacía del Estado sufrió hace unos días un revés en este procedimiento, después de que, en un acto político pero imprescindible en este tipo de recursos en la Corte Suprema, la Administración de Donald Trump informara al Supremo de que no ve obstáculos para que no otorgue el amparo a España, lo que según fuentes cercanas a los acreedores sería la señal definitiva para que no pueda mantenerse en su posición de no pagar a los acreedores. Aunque el fondo Basket considera que este informe es prácticamente el final de las oportunidades de España para ganar el caso, el Gobierno presentó este mismo lunes un escrito ante el Tribunal Supremo de EEUU solicitando que declare que los tribunales del país no tienen jurisdicción y que los laudos no pueden ser ejecutados.
President Trump has voiced his frustration with Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel, but it is not clear how able he is to rein in Israeli military action.
UGT ha desconvocado definitivamente el llamamiento a la huelga indefinida de camioneros y conductores de autobús después de recibir información "por escrito" por parte del Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social del estado del procedimiento para fijar los coeficientes reductores para que estos profesionales puedan acogerse a la jubilación anticipada, así como garantías de que los expedientes que no se han resuelto en seis meses siguen su curso y no han sido rechazados. De esta manera, el sindicato descovoca un paro que en principio iba a empezar este lunes pero que después se retrasó hasta el 22 de junio por la visita del Papa a España.
Finalmente esta huelga no empezará ni, con ella, se producirán lo previsibles imprevistos para la movilidad de pasajeros o el transporte de mercancías porque el sindicato la ha desconvocado después de la reunión que ha mantenido este lunes el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, y tras haber conseguido finalmente un "compromiso formal y por escrito" del Ministerio que dirije Elma Sainz sobre la tramitación de los expedientes para el reconocimiento de coeficientes reductores que permitan la jubilación anticipada de los conductores y conductoras profesionales.
Con esto, UGT da por terminada la situación de "absoluto bloqueo administrativo e incertidumbre" sobre el futuro de los expedientes de jubilacioón anticipada ya presentados y que el Ministerio les ha asegurado que continiarán en tramitación a pesar de que haya pasado el plazo de seis meses, a partir de los cuales temían que se aplicara el silencio administrativo y que supusiera su no aceptbación. "El silencio administrativo previsto en la norma no operaría en este caso como causa de finalización o archivo de los expedientes", ha informado UGT tras reunirse con el Ministerio.
"La comunicación recibida despeja una de las principales incertidumbres que habían motivado la convocatoria de huelga y ofrece garantías de continuidad para ambos procedimientos administrativos", ha apuntado en un comunicado UGT, que hace unas semanas se lanzó a la convocatoria de una huelga indefinida en solitario y no secundada por otras centrales sindicales, que confiaban en que llegarían pronto avances como el que se ha anunciado este lunes.
Por otra parte, el secretario de Estado ha informado a UGT de que ya ha concluido el informe de morbilidad y mortalidad relativo al transporte de mercancías por carretera y que en los próximos días finalizará tmbién el de transporte de viajeros por carretera. Al cabo de las diversas fases por las quse tiene que pasar el trámite, el Ministerio ha indicado que su objetivo es finalizar la tramitación de los expedientes este otoño.
La Comisión Europea convocará un "primer diálogo" entre los países de la UE y los fabricantes europeos de trenes en septiembre en respuesta a la insistencia del ministro español de Transportes,Óscar Puente, de buscar soluciones conjuntas al "principal problema" que sostiene que tiene hoy el sistema ferroviario europeo, la falta "capacidad industrial" de sus productores, que lleva a que las entregas del nuevo material rodante se demoren hasta ocho años, con retrasos sobre la fecha prevista de tres años en España y de una media de casi dos y medio en toda la UE. Este lunes ha vuelto a plantear las demoras ante sus homólogos europeos, aunque también asume que en parte se deben a los procesos de autorización y certificación o en una cadena de suministro que habría que "diversificar".
"Tengo la intención de dedicarme personalmente a esta tarea de la industria ferroviaria, para debatir la mejor manera de cómo podemos reforzar aún más la competitividad de la industria ferroviaria y salvaguardar la autonomía del sistema ferroviario", ha dicho el comisario de Transportes,Apostolos Tzitzikostas, como conclusión al debate que este lunes han mantenido los ministros sobre diversos temas en materia de ferrocarril en el Consejo de Transportes que se celebra en Luxemburgo.
"Organizaremos un primer diálogo en septiembre, después del verano, donde podamos abordar este tema tan importante y de forma que se obtengan resultados para el beneficio de nuestra industria, de los Estados miembros y de nuestra ciudadanía", ha añadido Tzitzikostas, quien, sin embargo, antes había enumerado una serie de regulaciones ya en marcha con las que la Comisión Europea buscas consagrar la competitividad de la industria europea, también ferroviaria, y evitar el riesgo que apunta Puente en esta última.
Además de las peticiones de países del centro y este de Europa de facilitar y simplificar la expansión del sistema de seguridad ERTMS, España había pedido también un punto en el que, con el apoyo previo de Croacia y Portugal, Puente ha insistido en la pérdida de competitividad de la industria ferroviaria de la UE y en los retrasos en la entrega de los trenes.
"Hay un hecho incuestionable, ninguna de las nuevas compras de trenes de los principales fabricantes en la UE se ha entregado o puesto en servicio según los plazos previstos", ha roto el hielo Puente de una intervención en el Consejo de Transportes al que ha llegado como si fuera una escala más de la campaña que despliega desde hace meses para que se tomen medidas coordinadas a nivel de la UE para que los fabricantes de trenes puedan cumplir sus pedidos dentro de plazo. Puente insistió en ello en mayo en un consejo informal en Chipre y también hace dos semanas en Bruselas, en las reuniones que mantuvo con Tzitzikostas y con la vicepresidenta de la Comisión y comisaria de Competencia, Teresa Ribera, de la que sale la iniciativa de abrir diálogo con los fabricantes que ha confirmado este lunes el comisario de Transportes.
Admite también problema de certificaciones y ensayos
Poco habitual en estas reuniones, el ministro ha acompañado su intervención ante el Consejo con un documento con los años de retrasos que acusa la entrega de trenes en España y en toda la UE sobre la fecha prevista. En el caso español, ha dicho, es de tres años; en el de la UE, "de casi 2,5", en concreto de 2,42 años según su documento.
"Para que nuestros ciudadanos disfruten de nuevos trenes, hay que esperar 8 años. Ocho años es un plazo inasumible". ha denunciado Puente, que ha indicado que "en España llevamos esperando algunos trenes que se contrataron antes de la pandemia", es decir, al menos en 2019.
"Seré muy claro, tenemos un problema. Nuestra industria de material rodante ha dejado de ser competitiva", ha dicho Puente, que en el documento que ha aportado a la reunión incluye elementos no directamente relacionados con la fabricación en sí, sino con la certificación y la prueba de los trenes, procesos posteriores de los que son responsables los operadores y que se hacen en base a normas europeas.
Ha señalado como "causas" las "demandas sin precedentes" de nuevos trenes, un "entorno regulatorio y proceso de certificación muy complejos", la "falta de estandarización en la fabricación" o la "inexistencia de un circuito de pruebas europeas".
Entre las "soluciones", Puente ha planteado una planificación realista, agilizar los procesos de aprobación y certificación,diversificar la cadena de suministro, fortalecer la capacidad de fabricación, introducir incentivos y penalizaciones y estandarizar plataformas y componentes.
El Ministerio para la Transición Ecológica debe aprobar antes de que termine la primavera un real decreto que dará un espaldarazo definitivo a las comunidades energéticas, la herramienta de producción colectiva de electricidad renovable que supone un paso más al autoconsumo y que llevará a que vecinos, empresas, ayuntamientos o hasta feligreses de una parroquia se asocien y tengan capacidad jurídica hasta para vender la energía que no consuman, como un actor más de los que reconoce la Ley del Sector Eléctrico y entre los que figuran distribuidoras y comercializadoras de electricidad.
El año 2025 cerró con 837 comunidades energéticas en España, constituidas como asociaciones o cooperativas, pero a pesar de ello hasta en el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), dependiente del Ministerio, se reconoce que sigue siendo un ente confuso y todavía un gran desconocido. A pesar de ello, el decreto ley que aprobó el Gobierno el 20 de marzo con medidas para afrontar la guerra en Irán puso a correr el reloj y dio tres meses a la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, para aprobar un real decreto que tanto cooperativas energéticas como la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) esperan que sea el espaldarazo definitivo para extender una nueva manera de asociarse en torno a la energía renovable, no solo para producirla y consumirla, sino para debatir sobre ella hacer que sus beneficios reviertan en la comunidad.
De forma más contante y sonante, el sector renovable espera cambios legales para los ayuntamientos no puedan negarse a la constitución y participación en comunidades energéticas y límites para que no 'acaparen' su actividad, así como para poner a sus miembros en pie de igualdad con distribuidoras y comercializadoras, permitiéndoles inyectar a la red y vender la electricidad que les sobre de sus consumos habituales. De este modo, dicen en el sector, dejarán de percibirse como 'una cosa de hippies'.
"La clave es la generación de un espacio donde se quiera hablar de necesidades energéticas del territorio", explica Santos sobre un modelo que replica en lo energético el modelo de las cooperativas agrícolas, por ejemplo. "El nivel de toma de decisiones colectivas es mayor que en el autoconsumo", explica la representa de UNEF. Por eso, son un importante paso más desde el autoconsumo colectivo, porque estas pasarán a tener entidad jurídicas y una concienciación de sus miembros que va más allá de decidir poner placas fotovoltaicas con los vecinos, contratar a un instalador y pagar. "Tiene un punto de autoempoderamiento, se empieza a conocer cómo se genera y se consume energía", señala la responsable de este área de la UNEF, Paula Santos.
No solo eso, una comunidad energética pasará a ser una entidad jurídica sin ánimo de lucro en la que sus miembros se reunirán de forma periódica para debatir cómo extender en sus barrios o pueblos el uso de energías renovables o qué financiar con sus recursos económicos. Instalar puntos de recarga energética, hacer cursos de comprensión de la factura eléctrica como se hace en la localidad de Tona (Barcelona) o acompañamiento en "gestiones y trámites", como en el barrio sevillano de Torreblanca. También y de manera especial, estás las acciones relacionadas con la pobreza energética. La Estrategia para 2026-2030 considera a las comunidades energéticas son una herramienta de la que pueden beneficiarse los consumidores vulnerables participando en ellas. Para incentivar su presencia prevé programas de ayudas a las comunidades "con inclusión activa de consumidores vulnerables".
De las subvenciones a aportaciones de socios y ayuntamientos
En estos momentos, las comunidades energéticas adoptan forma de asociación o cooperativa y se financian principalmente con la aportación periódica de sus socios o los ayuntamientos que forman parte de ellas y que muchas veces toman la iniciativa aportando un terreno que después ceden a la comunidad energética o mediante subvenciones, como los 35,6 millones que concedió el año pasado el IDAE y por los que se crearon 27 nuevas comunidades energéticas. Para más adelante se plantea también la posibilidad de vender la electricidad excedente.
De entre las 837 comunidades energéticas que existían a cierre de 2025, el 70,7% abordan o tenían previsto abordar aspectos sociales. La mayoría un 51%, relacionadas con la pobreza energética; el 34%, con cuestiones de género; el 29%, la participación de colectivos vulnerables, y el 27%, el desarrollo rural.
De acuerdo al mandato que dio el decreto de marzo, los socios de una comunidad energética tendrán los mismos derechos y obligaciones que los sujetos del sector eléctrico, como distribuidoras y comercializadoras, de modo que pueden "producir, consumir, y vender energías renovables", incluido a inyectar sus excedentes a la red de distribución y cobrar por ello. Al mismo tiempo, los socio de una comunidad energética seguirán siendo de manera individual consumidores finales de electricidad.
Fuentes del sector rechazan que, por la cantidad de electricidad de la que se trata, esto pueda suponer una amenaza para las compañía eléctricas, a pesar de que Transición Ecológica podría reservarles también un cupo específico para acceder a las subastas de electricidad. También está previsto que el decreto facilite su desarrollo, elimine obstáculos administrativos para su constitución y se procure la "cooperación" entre las grandes compañías distribuidoras y las comunidades energéticas para las "transferencias de energía".
De cara a que en el futuro se desarrolle la posibilidad de inyectar los excedentes de electricidad a la red de distribución y venderlos, una de las cosas que más ha peleado la UNEF ha sido la creación de una "etiqueta" específica que las identifique y registre como comunidades energéticas, importante para darles derecho a participar en los cupos de subasta específicos.
El papel de los ayuntamientos
Se espera que se defina mejor el papel de los ayuntamientos, que ahora son un socio importante para crearlas, por su conocimiento del terreno y por la mayor capacidad de persuasión para que también lo hagan vecinos y empresas. De hecho, participan como socio en un tercio de las comunidades energéticas que existen en este momento. Pero lo que también sucede hoy en día es que un consistorio que no esté por la labor puede escudarse en que este no es un supuesto que aparezca en la Ley de Bases del Régimen Local. Pues bien, se espera que el decreto incluya que los ayuntamientos pueden participar o impulsar comunidades energéticas, de modo que ya no haya excusa.
A la inversa, se pondrán límites a la participación municipal, para que no se convierta en hegemónica y anule el papel del resto de socios. La regulación que ya existe impide que formen parte de una comunidad energéticas empresas para las que su participación en ellas no sean su actividad principal. De la misma manera, se espera que haga explícito que una comunidad energética no puede estar controlada por un solo miembro de forma mayoritaria, con un poder máximo de voto y que un solo socio -por ejemplo, un Ayuntamiento o el miembro que ponga más dinero- tenga mas del 50%.
Cataluña, en zona rural y con menos de 20 socios
A pesar de ser grandes desconocidas y que en el propio IDAE se reconozca la dificultad para distinguirlas del autoconsumo colectivo, los datos muestran un crecimiento constante de las comunidades energéticas en España. 2025 fue el primer año en que se crearon más de las que ya existían. El 10,3% de los municipios tienen una, mientras que en 2024 era el 8,1% y en proporción a la población, en España hay 1,77 comunidades energéticas por cada 100.000 habitantes.
Todos estos datos forman parte del último Observatorio de Comunidades Energéticas que elabora anualmente la organización Energía Común a iniciativa de Ecodes y Redeia y que indican que las comunidades con más comunidades energéticas son Cataluña, Comunitat Valencia, País Vasco y Galicia y que en Canarias, Navarra, País Vasco y Galicia es donde más se constituyeron en 2025. En proporción a sus habitantes, lideran la clasificación Navarra con 11,2 comunidades energéticas por cada 100.000 habitantes, País Vasco (4,5) y Extremadura (4,3).
Según este balance, la mayoría de las comunidades energéticas (65,5%) están en el ámbito rural, un 22,5% en el urbano -con casos tan céntricos como la comunidad energética del Casco Viejo de Toledo-, un 7,5% en barrios y un 4,4% en suelo industrial. En la mayoría de los casos (39,2%), están formadas por menos de 20 socios o por entre 21 y 50 (31,7%) y son muy minoritarias las que superan los 200 (el 3,8% del total).
Sat Born, 56, recalls freezing at the forest’s entrance when he first saw it. “Its head was this big,” he says, wide-eyed, spreading his hands to show the animal’s size. Recollecting that eventful morning in 2001, Born, who now farms bananas and durians, retraces his steps from his home in Trapeang Chheu Trav village in the rainforests of the Cardamom Mountains in southwestern Cambodia. As he walks up a hill rising above the forest canopy, he points to a spot on the road. “It’s over here. When I saw the tiger, it was 9 a.m.,” he says. “I was really shocked … I couldn’t tell if the tiger was coming towards me.” In 2007, just six years after this fleeting encounter, Cambodia’s last confirmed tiger sighting was logged by a camera trap. In the 1990s, the country was estimated to host hundreds of wild Indochinese tigers, but decades of poaching pressure took a heavy toll. In 2016, tigers (Panthera tigris) were formally declared extinct in Cambodia. That may be set to change with the imminent translocation of a small population of Bengal tigers from India. Although many reintroductions are success stories, this one raises some serious concerns. Why would Cambodia bring in a nonnative tiger? Have the people living in these areas been adequately consulted? Will these translocated tigers be able to adapt to this new habitat? Is there enough prey to sustain them, and if not, how will the government address predation when hungry cats feed on livestock? With…This article was originally published on Mongabay
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