Una filial de Airbus con sede en Alemania, y otras empresas armamentísticas germanas proponen una alianza para desarrollar un nuevo avión de combate tras el fracaso del proyecto franco-alemán FCAS de cazas de sexta generación en el que también participaba España, según la revista Der Spiegel.

Encabezada por Airbus Defence and Space, la división de defensa del fabricante aeronáutico europeo Airbus, la industria armamentística alemana quiere aprovechar el vacío que ha creado el naufragado proyecto del Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS).

La alianza se autodenomina 'Team Gen 6', en referencia a los cazas de sexta generación, que aún no existen en Europa y que en el proyecto franco-germano se iba a concretar en el reemplazo a partir de 2040 de los aviones Eurofighter y Rafale hoy en servicio, según EFE.

Ese grupo ha explicado en una carta dirigida al canciller alemán, Friedrich Merz, su intención de desarrollar conjuntamente un avión de combate de sexta generación, según Der Spiegel.

Además de Airbus Defence and Space, con sede en Taufkirchen, en el sur de Múnich, la alianza incluye a las empresas MBDA, Hensoldt, Diehl Defence, Liebherr, MTU Aero Engines, Rhode & Schwarz y Autopflug, de acuerdo con la misma fuente.

El principal impulsor de la iniciativa sería el jefe de Airbus Defence and Space, Michael Schöllhorn.

Der Spiegel asegura que los planes no están todavía muy desarrollados y que la intención de la carta era "enviar una señal al Gobierno alemán", que la víspera anunció el fin definitivo del proyecto germano-francés FCAS por diferencias entre Airbus y la gala Dassault, que quería hacerse con el control del 80 % del proyecto, pese a que inicialmente se había pactado una participación del 33 % para cada uno de los socios, que incluía a la española Indra.

La idea es hacer publica la alianza este miércoles en compañía de Merz en la Feria Internacional Aeoroespacial (ILA) en Berlín, como se desprende de una carta enviada al ministro alemán de Defensa, Boris Pistoriis.

El proyecto apunta a un caza menos complejo que el que preveía el proyecto del FCAS, teniendo en cuenta que los drones cobran cada vez más importancia en la estrategia militar, indicó Der Spiegel.

Los iniciadores de la alianza quieren sumar a la misma al consorcio aeronáutico sueco Saab.

Mientras que Airbus ha desarrollado aviones de combate como el Tornado y el Eurofighter siempre en colaboración con otros países y empresas, Suecia ha desarrollado de forma independiente aviones como el Saab JAS 39 Gripen.

No obstante, añade Der Spiegel, el Gripen, en su configuración actual, no se considera una base adecuada para un caza de sexta generación.

En cambio, los nuevos socios parecen descartar una cooperación con el consorcio de combate GCAP, impulsado por el Reino Unido, Italia y Japón, ya que consideran que su concepto no se ajusta a los requisitos alemanes.

Preguntado en una rueda de prensa junto a su homólogo checo, Jaromír Zůna, Pistorius señaló que hay "varias opciones" sobre la mesa para un nuevo avión de combate para Alemania.

"La primera sería adquirir más F-35 (estadounidenses), ya sea como solución temporal o para otros fines. La segunda opción sería incorporarnos a otro proyecto internacional que ya esté en marcha. Y la tercera sería desarrollar nosotros mismos un avión bajo liderazgo alemán, encabezado por Airbus y otros socios", explicó.

"Tal vez surja una cuarta opción de la que ahora no quiero hablar, pero sí, es algo imaginable y constituye una de las posibilidades", dijo sobre la alianza liderada por la filial germana de Airbus.

"Es lógico que, cuando se prevé que un proyecto pueda terminar, se empiece a estudiar qué otras opciones o alternativas podrían seguirle. Pero todavía no hay ninguna decisión tomada", indicó el ministro. 

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha atribuido el fracaso del proyecto europeo para desarrollar un caza de sexta generación, conocido como Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS), a que "se han antepuesto intereses de la industria a la seguridad de Europa". La ministra ha calificado este desenlace de "preocupante" y "grave" y ha asegurado que España trabajará para buscar alternativas que permitan avanzar en un programa que considera estratégico.

El proyecto ha quedado definitivamente suspendido después de que Alemania y Francia concluyeran al más alto nivel que las diferencias entre Airbus y Dassault Aviation eran insuperables, poniendo fin a una iniciativa en la que también participaba España.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Senado, Robles ha lamentado que los intereses industriales hayan prevalecido sobre las necesidades de defensa del continente y ha advertido de que este desenlace supone un revés para la construcción de una política europea común de seguridad.

"Por parte de España vamos a hacer todo lo posible para que este proyecto tenga otra vía", ha señalado la ministra, que, aunque ha descartado mantener la plataforma conjunta en los términos planteados hasta ahora, ha defendido la necesidad de encontrar una solución común. A su juicio, existen "muchas alternativas" que los Gobiernos de Alemania, España y Francia tienen previsto abordar en los próximos días.

Robles ha considerado además que lo ocurrido debe servir de advertencia para las industrias implicadas en grandes programas de defensa. Según ha afirmado , cuando llega el momento de desarrollar proyectos estratégicos para Europa, "algo falla" y terminan imponiéndose los intereses económicos sobre los de seguridad y defensa.

La ministra ha insistido en que España necesita disponer de un avión de sexta generación y defendido la importancia de impulsar programas conjuntos europeos, especialmente en un contexto en el que la protección del espacio aéreo resulta cada vez más relevante. En este sentido, ha calificado la suspensión del FCAS como un síntoma del "fracaso de las políticas de seguridad y defensa de la Unión Europea".

El FCAS se remonta a 2019 y estaba concebido como uno de los principales proyectos industriales y militares de Europa. Impulsado a partes iguales por España, Francia y Alemania, tenía como objetivo sustituir a partir de 2040 a los actuales cazas Eurofighter y Rafale en servicio.

El Polígono de Tiro y Bombardeo de las Bardenas Reales, situado en Navarra, vuelve a convertirse en un punto de fricción política dentro del bloque que sostiene al Gobierno.

Este miércoles, el PSOE afronta en el Pleno del Congreso el debate de una iniciativa presentada por Sumar, EH Bildu, PNV y Podemos que exige el cierre definitivo de la instalación militar y reclama al Ministerio de Defensa que no renueve el contrato de arrendamiento cuando expire en 2028.

La instalación, operativa desde 1951, es uno de los campos de tiro más relevantes de España y el principal escenario de adiestramiento para las unidades de combate del Ejército del Aire y del Espacio.

Su extensión, su aislamiento geográfico y la posibilidad de realizar ejercicios con fuego real lo han convertido en un activo estratégico para la defensa nacional y para la cooperación con aliados de la OTAN.

Los socios parlamentarios del Gobierno sostienen que la actividad militar es incompatible con la protección ambiental de las Bardenas Reales, declaradas Reserva de la Biosfera por la UNESCO, y con la sensibilidad social de la zona. ç

El PSOE, sin embargo, defiende que el cierre tendría un impacto directo en la preparación operativa de las Fuerzas Armadas y en los compromisos internacionales de España.

Un enclave militar esencial para el adiestramiento del Ejército del Aire

El polígono es utilizado de forma regular por las alas de combate de Zaragoza, Torrejón y Albacete, así como por unidades aliadas que participan en ejercicios conjuntos.

En estas instalaciones se entrenan maniobras aire‑tierra, lanzamiento de armamento guiado y no guiado, aproximaciones tácticas y procedimientos de combate que no pueden realizarse en otros puntos del territorio nacional.

El campo de tiro cuenta con zonas de impacto controladas, sistemas de medición de precisión y protocolos de seguridad actualizados.

Defensa sostiene que su clausura obligaría a trasladar el adiestramiento a bases extranjeras, con un coste económico elevado y una pérdida de autonomía operativa.

Además, subraya que la actividad militar se concentra en áreas muy delimitadas y que la mayor parte del territorio de las Bardenas permanece accesible para usos civiles.

El contrato de arrendamiento, gestionado por la Comunidad de Bardenas Reales, se renueva periódicamente desde hace décadas y supone una fuente de ingresos para los municipios y entidades propietarias.

Sin embargo, la presión política y social ha aumentado, especialmente por parte de colectivos pacifistas y organizaciones ecologistas que reclaman el fin de la actividad militar.

Un choque político que tensiona al Gobierno en plena legislatura

La iniciativa de Sumar, Bildu, PNV y Podemos coloca al PSOE en una posición incómoda: sus aliados exigen el cierre inmediato, mientras el Ministerio de Defensa defiende la continuidad del polígono como infraestructura esencial para la seguridad nacional.

El debate llega en un momento en el que el Ejecutivo necesita estabilidad parlamentaria y en el que cualquier votación ajustada puede complicar la legislatura.

El futuro del polígono dependerá de la negociación política y de la capacidad del Gobierno para equilibrar las demandas de sus socios con las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas.

Lo que está claro es que las Bardenas vuelven a ser un escenario donde se cruzan estrategia militar, presión territorial y supervivencia parlamentaria.

El cambio de la cúpula de Indra no solo ha frenado la crisis de gobernanza en la que estaba sumida la cotizada. En menos de dos meses se han cambiado cuatro asientos en su máximo órgano de gobierno. La salida de los hermanos Escribano y de José Vicente de los Mozos ha cerrado un capítulo dentro de la compañía que vio como su acción subía un 180% en 2025. Ahora, con una Indra renovada, se han abierto nuevas vías de comunicación con Santa Bárbara Sistemas para tratar de resolver los conflictos judiciales entre ambas, según informan fuentes cercanas a El Independiente. El objetivo es que Santa Bárbara no eleve la pugna empresarial a la Audiencia Nacional, algo que puede hacer hasta el 16 de junio.

Todo empezó el pasado 22 de diciembre cuando el Ministerio de Defensa adjudicó a dedo a la UTE formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) los contratos de obuses de ruedas por 2.686 millones de euros y de los obuses de cadenas por 4.554 millones. Esto despertó los recelos de Santa Bárbara -que tiene amplia experiencia en la fabricación de vehículos terrestres-, pues alega que Indra no tiene el conocimiento suficiente para ejecutar los mayores programas industriales de la defensa nacional del 2025. "No tiene ahora mismo las fábricas ni tiene las personas. Hay evidencias objetivas de que no son (Indra) la única opción porque nuestros vehículos son reales", defendió Alejandro Page, director general de Santa Bárbara.

Recurso de Santa Bárbara a los préstamos

Para realizar estos proyectos, Indra y EM&E recibieron en conjunto un apoyo del Ministerio de Industria y Turismo en forma de préstamos sin intereses por un valor de 3.000 millones de euros. Santa Bárbara dio el primer paso judicial llevando los créditos de Industria al Tribunal Supremo. Sin embargo, el la justicia desestimó el recurso contencioso-administrativo porque en virtud del artículo 346.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los países miembros pueden "adoptar las medidas que estimen necesarias para la protección de los intereses esenciales de seguridad y que se refieran a la producción o al comercio de armas, municiones y material de guerra".

Pero, además de este frente, Santa Bárbara recurrió también frente al Ministerio de Defensa la adjudicación de los programas a Indra y EM&E. La cartera que dirige Margarita Robles tenía hasta el 22 de abril para responder al recurso. No contentos con el devenir, Santa Bárbara anunció en febrero en un comunicado oficial que llevaría los programas de infantería autopropulsados de ruedas y cadenas de 7.200 millones de euros a la Audiencia Nacional si el Gobierno no los detenía. La compañía defendió que tiene "una probada capacidad técnica y experiencia contrastada en el sector de la Defensa, lo que exigía, como mínimo, que su candidatura para la ejecución de los PEM fuera tomada en consideración". En cambio, aseguró la empresa, "las adjudicaciones a Indra y Escribano fueron adoptadas sin concurrencia ni publicidad, a pesar de que las adjudicatarias no tienen experiencia y recursos comparables a los de Santa Bárbara".

La compañía había puesto su empeño en el vehículo Némesis que se basa en la plataforma Ascod, de amplio reconocimiento internacional. Por su parte, Indra creó su filial de vehículos terrestres, Land Vehicles para elevar su apuesta por la defensa. Tras la adjudicación, con un Ángel Escribano casi ejecutado de la presidencia de Indra, la cotizada eligió a la surcoreana Hanwha para producir el K9, un obús de cadenas. Tras esta decisión, que fue secundada por el Ministerio de Defensa, los sindicatos de Santa Bárbara cargaron contra el Gobierno al señalarle como "responsable político de una estrategia que pone en riesgo el futuro de cientos de trabajadores" y que tiene "un trato a favor" con Indra. Cabe señalar que Indra es una compañía semipública, con el 28% de las acciones siendo propiedad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) del Ministerio de Hacienda.

La Audiencia Nacional en el horizonte

El Ministerio Defensa declinó el recurso de Santa Bárbara. La compañía contemplaba el primer recurso de alzada como un paso previo necesario para agotar la vía administrativa, antes de acudir ante la Audiencia Nacional. De esta manera, aunque aún no lo ha hecho oficial, Santa Bárbara se encuentra abocada a abrir un nuevo frente judicial contra el Gobierno, al que acusa de haber adjudicado 'a dedo' los programas de artillería autopropulsada a Indra y EM&E. Pero todavía queda el último cartucho. La nueva cúpula de Indra ha aterrizado a la cotizada con el objetivo de calmar las aguas con Santa Bárbara, socio dentro de Tess Defence, el consorcio que produce los 8x8.

Aun así, las negociaciones son complicadas, pues Santa Bárbara siempre ha defendido que el futuro de las capacidades de obuses autopropulsados del Ejército de Tierra debía pasar por la plataforma Ascod para ganar en interoperabilidad. Por la otra parte, Indra ya tiene un acuerdo con Hanwha para la fabricación de los obuses de cadenas, por lo que la participación de Santa Bárbara en el programa como ella quiere se encuentra hasta el momento descartada.

Aun así, Indra mantiene la puerta abierta a Santa Bárbara, pues durante la presentación de la firma con la empresa surcoreana, Frank Torres, director general de la división de vehículos terrestres de Indra calificó a General Dynamics como un "socio industrial" y que "va a estar incluida al igual que todas las demás empresas y proveedores de España para poder utilizar todas sus capacidades para desarrollar estos programas".

Pugnas entre Indra y Santa Bárbara antes de los contratos de artillería

Los roces entre ambas empresas empezaron mucho antes cuando Ángel Escribano trató de comprar Santa Bárbara Sistemas. El entonces presidente de Indra planteó comprar la compañía que pertenece a la gigante estadounidense General Dynamics, quinta compañía de defensa con más ingresos del mundo. El objetivo era dar un paso de gigante para ganar soberanía frente a Estados Unidos, país con el que España tiene una gran dependencia tecnológica y militar. Esto provocó recelos por parte de la matriz estadounidense. Finalmente, la maniobra empresarial por tratar de adquirir Santa Bárbara terminó por tensar aún más las relaciones entre los actores de Tess Defence.