© Pool photo by Ronen Zvulun
UGT ha desconvocado definitivamente el llamamiento a la huelga indefinida de camioneros y conductores de autobús después de recibir información "por escrito" por parte del Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social del estado del procedimiento para fijar los coeficientes reductores para que estos profesionales puedan acogerse a la jubilación anticipada, así como garantías de que los expedientes que no se han resuelto en seis meses siguen su curso y no han sido rechazados. De esta manera, el sindicato descovoca un paro que en principio iba a empezar este lunes pero que después se retrasó hasta el 22 de junio por la visita del Papa a España.
Finalmente esta huelga no empezará ni, con ella, se producirán lo previsibles imprevistos para la movilidad de pasajeros o el transporte de mercancías porque el sindicato la ha desconvocado después de la reunión que ha mantenido este lunes el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, y tras haber conseguido finalmente un "compromiso formal y por escrito" del Ministerio que dirije Elma Sainz sobre la tramitación de los expedientes para el reconocimiento de coeficientes reductores que permitan la jubilación anticipada de los conductores y conductoras profesionales.
Con esto, UGT da por terminada la situación de "absoluto bloqueo administrativo e incertidumbre" sobre el futuro de los expedientes de jubilacioón anticipada ya presentados y que el Ministerio les ha asegurado que continiarán en tramitación a pesar de que haya pasado el plazo de seis meses, a partir de los cuales temían que se aplicara el silencio administrativo y que supusiera su no aceptbación. "El silencio administrativo previsto en la norma no operaría en este caso como causa de finalización o archivo de los expedientes", ha informado UGT tras reunirse con el Ministerio.
"La comunicación recibida despeja una de las principales incertidumbres que habían motivado la convocatoria de huelga y ofrece garantías de continuidad para ambos procedimientos administrativos", ha apuntado en un comunicado UGT, que hace unas semanas se lanzó a la convocatoria de una huelga indefinida en solitario y no secundada por otras centrales sindicales, que confiaban en que llegarían pronto avances como el que se ha anunciado este lunes.
Por otra parte, el secretario de Estado ha informado a UGT de que ya ha concluido el informe de morbilidad y mortalidad relativo al transporte de mercancías por carretera y que en los próximos días finalizará tmbién el de transporte de viajeros por carretera. Al cabo de las diversas fases por las quse tiene que pasar el trámite, el Ministerio ha indicado que su objetivo es finalizar la tramitación de los expedientes este otoño.
La Comisión Europea convocará un "primer diálogo" entre los países de la UE y los fabricantes europeos de trenes en septiembre en respuesta a la insistencia del ministro español de Transportes, Óscar Puente, de buscar soluciones conjuntas al "principal problema" que sostiene que tiene hoy el sistema ferroviario europeo, la falta "capacidad industrial" de sus productores, que lleva a que las entregas del nuevo material rodante se demoren hasta ocho años, con retrasos sobre la fecha prevista de tres años en España y de una media de casi dos y medio en toda la UE. Este lunes ha vuelto a plantear las demoras ante sus homólogos europeos, aunque también asume que en parte se deben a los procesos de autorización y certificación o en una cadena de suministro que habría que "diversificar".
"Tengo la intención de dedicarme personalmente a esta tarea de la industria ferroviaria, para debatir la mejor manera de cómo podemos reforzar aún más la competitividad de la industria ferroviaria y salvaguardar la autonomía del sistema ferroviario", ha dicho el comisario de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, como conclusión al debate que este lunes han mantenido los ministros sobre diversos temas en materia de ferrocarril en el Consejo de Transportes que se celebra en Luxemburgo.
"Organizaremos un primer diálogo en septiembre, después del verano, donde podamos abordar este tema tan importante y de forma que se obtengan resultados para el beneficio de nuestra industria, de los Estados miembros y de nuestra ciudadanía", ha añadido Tzitzikostas, quien, sin embargo, antes había enumerado una serie de regulaciones ya en marcha con las que la Comisión Europea buscas consagrar la competitividad de la industria europea, también ferroviaria, y evitar el riesgo que apunta Puente en esta última.
Además de las peticiones de países del centro y este de Europa de facilitar y simplificar la expansión del sistema de seguridad ERTMS, España había pedido también un punto en el que, con el apoyo previo de Croacia y Portugal, Puente ha insistido en la pérdida de competitividad de la industria ferroviaria de la UE y en los retrasos en la entrega de los trenes.
"Hay un hecho incuestionable, ninguna de las nuevas compras de trenes de los principales fabricantes en la UE se ha entregado o puesto en servicio según los plazos previstos", ha roto el hielo Puente de una intervención en el Consejo de Transportes al que ha llegado como si fuera una escala más de la campaña que despliega desde hace meses para que se tomen medidas coordinadas a nivel de la UE para que los fabricantes de trenes puedan cumplir sus pedidos dentro de plazo. Puente insistió en ello en mayo en un consejo informal en Chipre y también hace dos semanas en Bruselas, en las reuniones que mantuvo con Tzitzikostas y con la vicepresidenta de la Comisión y comisaria de Competencia, Teresa Ribera, de la que sale la iniciativa de abrir diálogo con los fabricantes que ha confirmado este lunes el comisario de Transportes.
Poco habitual en estas reuniones, el ministro ha acompañado su intervención ante el Consejo con un documento con los años de retrasos que acusa la entrega de trenes en España y en toda la UE sobre la fecha prevista. En el caso español, ha dicho, es de tres años; en el de la UE, "de casi 2,5", en concreto de 2,42 años según su documento.
"Para que nuestros ciudadanos disfruten de nuevos trenes, hay que esperar 8 años. Ocho años es un plazo inasumible". ha denunciado Puente, que ha indicado que "en España llevamos esperando algunos trenes que se contrataron antes de la pandemia", es decir, al menos en 2019.
"Seré muy claro, tenemos un problema. Nuestra industria de material rodante ha dejado de ser competitiva", ha dicho Puente, que en el documento que ha aportado a la reunión incluye elementos no directamente relacionados con la fabricación en sí, sino con la certificación y la prueba de los trenes, procesos posteriores de los que son responsables los operadores y que se hacen en base a normas europeas.
Ha señalado como "causas" las "demandas sin precedentes" de nuevos trenes, un "entorno regulatorio y proceso de certificación muy complejos", la "falta de estandarización en la fabricación" o la "inexistencia de un circuito de pruebas europeas".
Entre las "soluciones", Puente ha planteado una planificación realista, agilizar los procesos de aprobación y certificación, diversificar la cadena de suministro, fortalecer la capacidad de fabricación, introducir incentivos y penalizaciones y estandarizar plataformas y componentes.
El Ministerio para la Transición Ecológica debe aprobar antes de que termine la primavera un real decreto que dará un espaldarazo definitivo a las comunidades energéticas, la herramienta de producción colectiva de electricidad renovable que supone un paso más al autoconsumo y que llevará a que vecinos, empresas, ayuntamientos o hasta feligreses de una parroquia se asocien y tengan capacidad jurídica hasta para vender la energía que no consuman, como un actor más de los que reconoce la Ley del Sector Eléctrico y entre los que figuran distribuidoras y comercializadoras de electricidad.
El año 2025 cerró con 837 comunidades energéticas en España, constituidas como asociaciones o cooperativas, pero a pesar de ello hasta en el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), dependiente del Ministerio, se reconoce que sigue siendo un ente confuso y todavía un gran desconocido. A pesar de ello, el decreto ley que aprobó el Gobierno el 20 de marzo con medidas para afrontar la guerra en Irán puso a correr el reloj y dio tres meses a la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, para aprobar un real decreto que tanto cooperativas energéticas como la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) esperan que sea el espaldarazo definitivo para extender una nueva manera de asociarse en torno a la energía renovable, no solo para producirla y consumirla, sino para debatir sobre ella hacer que sus beneficios reviertan en la comunidad.
De forma más contante y sonante, el sector renovable espera cambios legales para los ayuntamientos no puedan negarse a la constitución y participación en comunidades energéticas y límites para que no 'acaparen' su actividad, así como para poner a sus miembros en pie de igualdad con distribuidoras y comercializadoras, permitiéndoles inyectar a la red y vender la electricidad que les sobre de sus consumos habituales. De este modo, dicen en el sector, dejarán de percibirse como 'una cosa de hippies'.
"La clave es la generación de un espacio donde se quiera hablar de necesidades energéticas del territorio", explica Santos sobre un modelo que replica en lo energético el modelo de las cooperativas agrícolas, por ejemplo. "El nivel de toma de decisiones colectivas es mayor que en el autoconsumo", explica la representa de UNEF. Por eso, son un importante paso más desde el autoconsumo colectivo, porque estas pasarán a tener entidad jurídicas y una concienciación de sus miembros que va más allá de decidir poner placas fotovoltaicas con los vecinos, contratar a un instalador y pagar. "Tiene un punto de autoempoderamiento, se empieza a conocer cómo se genera y se consume energía", señala la responsable de este área de la UNEF, Paula Santos.
No solo eso, una comunidad energética pasará a ser una entidad jurídica sin ánimo de lucro en la que sus miembros se reunirán de forma periódica para debatir cómo extender en sus barrios o pueblos el uso de energías renovables o qué financiar con sus recursos económicos. Instalar puntos de recarga energética, hacer cursos de comprensión de la factura eléctrica como se hace en la localidad de Tona (Barcelona) o acompañamiento en "gestiones y trámites", como en el barrio sevillano de Torreblanca. También y de manera especial, estás las acciones relacionadas con la pobreza energética. La Estrategia para 2026-2030 considera a las comunidades energéticas son una herramienta de la que pueden beneficiarse los consumidores vulnerables participando en ellas. Para incentivar su presencia prevé programas de ayudas a las comunidades "con inclusión activa de consumidores vulnerables".
En estos momentos, las comunidades energéticas adoptan forma de asociación o cooperativa y se financian principalmente con la aportación periódica de sus socios o los ayuntamientos que forman parte de ellas y que muchas veces toman la iniciativa aportando un terreno que después ceden a la comunidad energética o mediante subvenciones, como los 35,6 millones que concedió el año pasado el IDAE y por los que se crearon 27 nuevas comunidades energéticas. Para más adelante se plantea también la posibilidad de vender la electricidad excedente.
De entre las 837 comunidades energéticas que existían a cierre de 2025, el 70,7% abordan o tenían previsto abordar aspectos sociales. La mayoría un 51%, relacionadas con la pobreza energética; el 34%, con cuestiones de género; el 29%, la participación de colectivos vulnerables, y el 27%, el desarrollo rural.
De acuerdo al mandato que dio el decreto de marzo, los socios de una comunidad energética tendrán los mismos derechos y obligaciones que los sujetos del sector eléctrico, como distribuidoras y comercializadoras, de modo que pueden "producir, consumir, y vender energías renovables", incluido a inyectar sus excedentes a la red de distribución y cobrar por ello. Al mismo tiempo, los socio de una comunidad energética seguirán siendo de manera individual consumidores finales de electricidad.
Fuentes del sector rechazan que, por la cantidad de electricidad de la que se trata, esto pueda suponer una amenaza para las compañía eléctricas, a pesar de que Transición Ecológica podría reservarles también un cupo específico para acceder a las subastas de electricidad. También está previsto que el decreto facilite su desarrollo, elimine obstáculos administrativos para su constitución y se procure la "cooperación" entre las grandes compañías distribuidoras y las comunidades energéticas para las "transferencias de energía".
De cara a que en el futuro se desarrolle la posibilidad de inyectar los excedentes de electricidad a la red de distribución y venderlos, una de las cosas que más ha peleado la UNEF ha sido la creación de una "etiqueta" específica que las identifique y registre como comunidades energéticas, importante para darles derecho a participar en los cupos de subasta específicos.
Se espera que se defina mejor el papel de los ayuntamientos, que ahora son un socio importante para crearlas, por su conocimiento del terreno y por la mayor capacidad de persuasión para que también lo hagan vecinos y empresas. De hecho, participan como socio en un tercio de las comunidades energéticas que existen en este momento. Pero lo que también sucede hoy en día es que un consistorio que no esté por la labor puede escudarse en que este no es un supuesto que aparezca en la Ley de Bases del Régimen Local. Pues bien, se espera que el decreto incluya que los ayuntamientos pueden participar o impulsar comunidades energéticas, de modo que ya no haya excusa.
A la inversa, se pondrán límites a la participación municipal, para que no se convierta en hegemónica y anule el papel del resto de socios. La regulación que ya existe impide que formen parte de una comunidad energéticas empresas para las que su participación en ellas no sean su actividad principal. De la misma manera, se espera que haga explícito que una comunidad energética no puede estar controlada por un solo miembro de forma mayoritaria, con un poder máximo de voto y que un solo socio -por ejemplo, un Ayuntamiento o el miembro que ponga más dinero- tenga mas del 50%.
A pesar de ser grandes desconocidas y que en el propio IDAE se reconozca la dificultad para distinguirlas del autoconsumo colectivo, los datos muestran un crecimiento constante de las comunidades energéticas en España. 2025 fue el primer año en que se crearon más de las que ya existían. El 10,3% de los municipios tienen una, mientras que en 2024 era el 8,1% y en proporción a la población, en España hay 1,77 comunidades energéticas por cada 100.000 habitantes.
Todos estos datos forman parte del último Observatorio de Comunidades Energéticas que elabora anualmente la organización Energía Común a iniciativa de Ecodes y Redeia y que indican que las comunidades con más comunidades energéticas son Cataluña, Comunitat Valencia, País Vasco y Galicia y que en Canarias, Navarra, País Vasco y Galicia es donde más se constituyeron en 2025. En proporción a sus habitantes, lideran la clasificación Navarra con 11,2 comunidades energéticas por cada 100.000 habitantes, País Vasco (4,5) y Extremadura (4,3).
Según este balance, la mayoría de las comunidades energéticas (65,5%) están en el ámbito rural, un 22,5% en el urbano -con casos tan céntricos como la comunidad energética del Casco Viejo de Toledo-, un 7,5% en barrios y un 4,4% en suelo industrial. En la mayoría de los casos (39,2%), están formadas por menos de 20 socios o por entre 21 y 50 (31,7%) y son muy minoritarias las que superan los 200 (el 3,8% del total).
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