El juez del caso Plus Ultra ha abierto una pieza separada de la investigación principal contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para indagar en un supuesto delito fiscal y otro de contrabando por las joyas “cuyo origen en estos momentos no está justificado” y que fueron halladas en el registro de su oficina el pasado 19 de mayo. El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama recibió una tasación exhaustiva de las joyas este jueves, que valora el más de un centenar de piezas incautadas por la Policía en un montante total de 1.323.915 euros. En concreto, solo un juego de tres collares, tres pulseras, tres sortijas y tres pendientes —con oro blanco y zafiros y esmeraldas con origen en Zambia o Tailandia— está tasado en 1,2 millones de euros. Este nuevo movimiento judicial complica el futuro del expresidente, que pasa de tener una acusación principal por tráfico de influencias —derivada de la supuesta intervención con el Gobierno para el rescate millonario de la aerolínea Plus Ultra— a enfrentarse a una causa con otros delitos.

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La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha emitido un informe desfavorable a la concesión del indulto al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado por un delito de revelación de datos reservados el pasado diciembre. Los magistrados consideran que no concurren "razones de justicia, equidad o utilidad pública" que justifiquen la medida de gracia, y subrayan que su actuación afectó de manera "importante" a la Fiscalía como institución.

"Los hechos fueron graves, han producido una afectación importante de la institucionalidad del ministerio público por la relevancia de su función, como promotor de la justicia, garante de la independencia judicial y del ejercicio de los derechos de los ciudadanos de acuerdo a la legalidad", señalan los magistrados en su escrito, al que ha tenido acceso El Independiente.

El indulto parcial

La resolución supone un revés para García Ortiz después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo se pronunciara el mes pasado a favor de un indulto parcial respecto de la pena de inhabilitación que aún tiene pendiente de cumplimiento. El organismo consideraba que la sentencia que le condenó por la filtración de datos sobre la causa del empresario Alberto González Amador —pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso—, generó "consecuencias extrapenales intensas y desproporcionadas".

García Ortiz fue condenado por la Sala de lo Penal a una multa de 12 meses —a razón de 20 euros diarios—, el pago de 10.000 euros de indemnización por daños morales y la pena de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado durante dos años. El tribunal le atribuyó un delito de revelación de datos reservados, después de que "él o una persona de su entorno inmediato" filtrasen el correo en el que el abogado del novio de Ayuso reconocía que "ciertamente" su cliente había cometido dos delitos de fraude fiscal.

En ese informe que se remitió entonces a la Sala de lo Penal, la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, defendía que la medida de gracia debería aplicarse exclusivamente sobre la pena de inhabilitación para el cargo de fiscal general del Estado, que aún se encuentra en ejecución y que, de mantenerse íntegra, se prolongaría hasta diciembre de 2027. Así, recordó que la indemnización y había sido abonada y la multa se encontraba consignada, mientras que la inhabilitación continúa en ejecución.

"No se advierten razones de justicia"

Sin embargo, la Sala de lo Penal se ha posicionado en contra. Los magistrados recuerdan que el indulto es una medida excepcional y concluyen que los solicitantes no han aportado motivos suficientes para justificarlo. "No se advierten razones de justicia, equidad o utilidad pública que permitan dar fundamento a la petición deducida", afirman.

El tribunal también rechaza que la escasa relevancia práctica de la pena pendiente sea motivo para conceder la gracia. A su juicio, la conducta por la que fue condenado el exfiscal general afectó a uno de los pilares básicos del Ministerio Público: el deber de confidencialidad. "La contravención de la norma referida al mantenimiento del secreto y confidencialidad de sus actuaciones es un hecho grave, que, declarado en sentencia firme, debe ser ejecutado", sostienen los magistrados.

El juez que investiga el 'caso Leire' ha acordado este lunes citar a testificar el 10 de julio ante la Audiencia Nacional a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, así como a otra veintena de testigos que habían sido propuestos por el Ministerio Fiscal. Además, el magistrado Santiago Pedraz ha requerido a la Fiscalía General del Estado (FGE) que informe sobre las reuniones mantenidas en su sede con la exmilitante socialista Leire Díez, su socio Javier Pérez Dolset y los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver entre abril de 2024 y junio de 2025.

En el escrito, al que ha tenido acceso El Independiente, el juez Pedraz ha acordado una batería de diligencias para avanzar en su investigación de la presunta trama liderada por la supuesta fontanera del PSOE para "desestabilizar" las causas judiciales y actuaciones policiales que afectasen al entorno del Gobierno y del partido.

Entre ellas, también se encuentra un requerimiento para que la UCO acuda al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, dirigido por Félix Bolaños. Concretamente, el magistrado ha solicitado a la Subdirección General de Nacionalidad que informe sobre el estado actual de la solicitud de nacionalidad del exviceministro chavista Nervis Villalobos, así como que identifiquen a los funcionarios encargados de tramitarla. Los agentes tramitarán in situ el registro y acceso a la plataforma.

Según la investigación judicial, Díez y Oliver —letrado de Villalobos e investigado en la causa—, habrían desplegado distintas gestiones destinadas a desbloquear la situación administrativa y financiera de este ciudadano venezolano en España. A petición del abogado, Leire habría intentado utilizar sus contactos para acelerar el expediente de nacionalidad española del exviceministro y facilitarle la apertura o recuperación de sus cuentas bancarias.

Imputada la abogada de Koldo

Entre estas diligencias también se encuentra la imputación de Leticia de la Hoz, abogada del exasesor ministerial Koldo García. Deberá declarar como investigada el 14 de julio a las 10.00 horas. Según los documentos incorporados al sumario —a los que tuvo acceso El Independiente—, los investigadores la sitúan como la persona que habría ofrecido 50.000 euros a la empresaria Carmen Pano para que cambiase su testimonio ante el juez del Tribunal Supremo, que investigaba entonces el 'caso Koldo'.

La supuesta oferta a Pano se habría realizado una semana antes de su declaración en el Supremo durante una reunión en el despacho de De la Hoz junto a su socio Ángel Fernández, según la declaración de la propia empresaria ante la Guardia Civil. Pano afirma que ambos le propusieron que, en lugar de sostener que había entregado dinero en metálico en la sede del PSOE en Ferraz, debía afirmar que se trató de documentación y atribuir al comisionista Víctor de Aldama la responsabilidad de recibir el efectivo procedente de la trama de hidrocarburos. "Era para salvar el culo a Ábalos [exministro de Transportes] y Koldo", afirma Pano que le dijo la abogada durante aquella conversación.

A cambio, se le habrían ofrecido 2.500 euros mensuales para el pago de su vivienda durante siete años, 25.000 euros para la boda de su hija y otros 15.000 euros para la compra de un vehículo para su acompañante en la entrega de dinero, Álvaro Gallego. La testigo rechazó la propuesta tras consultarlo con su abogado Javier Gómez Bermúdez.

Fechas de las declaraciones

El día 26 de junio será el primer día de declaraciones. En esta jornada, el juez escuchará desde las 10.00 a tres agentes de la Guardia Civil, así como al general jefe del Estado Mayor, Teodoro Esteban López Calderán.

Unos días más tarde, el 29 de junio, se sentarán ante el magistrado Carmen Pano, Álvaro Gallego, Miriam Serrano —la joven que denunció al fiscal José Grinda—, y Juan Manuel Villar Funes, pareja de esta última.

Ya en julio prestarán declaración la periodista Patricia Espinar, el excomandante de la Guardia Civil Rubén Villalba y el que fuera escolta entre 2003 y 2011 en Navarra y País Vasco, Francisco Ortega (7 de julio); el abogado del excomisario Villarejo, Antonio José García Cabrera, y el empresario sevillano Joaquín Parra Páez (8 de julio); el confidente de la Guardia Civil, José Luis Caramés, y los empresarios Antonio Rodríguez Estepa y Claudio Rivas (9 de julio).

El día 10 de ese mismo mes, el juez oirá al abogado José Norberto Uzal, a Cristina Narbona y al policía Rafael Salvador. Tres días más tarde, el 13, se sentarán ante la Audiencia el abogado Aníbal Álvarez —ex abogado de exministro José Luis Ábalos— y el periodista Daniel Mateo.