La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha prometido este lunes que su gobierno firmará convenios con los del resto de regiones para asegurarse de que los estudiantes provenientes de otros lugares de España no se queden sin acceder a la tarjeta de transporte por no estar empadronados en la capital. La decisión, anunciada justo en el día en el que ha entrado en vigor esa medida que condiciona el acceso a la tarjeta a estar empadronado, sigue dejando fuera a todos los migrantes que no consiguen hacer este trámite administrativo, y que se enfrentan al colapso del sistema de citas del Ayuntamiento de Madrid. Además, la promesa de encontrar una solución para los estudiantes se vincula a acuerdos entre gobiernos que tardarán meses en alcanzarse. En consecuencia, los alumnos de fuera de Madrid que no estén empadronados en la capital pasarán todo ese tiempo sin tarjeta de transporte público, salvo que ya la tengan o se empadronen. El propio Ejecutivo madrileño calcula que su decisión afecta a 200.000 personas.

Igualdad pone bajo la lupa las ayudas para actividades de conciliación de Ayuso, que logró una entidad vinculada a los Legionarios de Cristo

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El Ministerio de Igualdad, que dirige Ana Redondo (PSOE), ha encargado un informe jurídico sobre el sistema de reparto que emplea la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso (PP), para los fondos del Plan Corresponsables. El Ejecutivo central considera “atípico, en relación al resto de comunidades”, que estas ayudas estatales gestionadas por las regiones para promover el reparto equitativo de los cuidados se repartan a través del IRPF. Y tampoco le ha pasado desapercibido que una entidad vinculada a los Legionarios de Cristo haya estado entre las beneficiarias en Madrid. “Desde el Ministerio se revisarán todas las actividades que se hayan adscrito al plan y si no cumplen con los objetivos del mismo se pedirá que se retiren”, explican en Igualdad. El Ejecutivo autonómico, por su parte, defiende que su fórmula permite que se beneficien las entidades del tercer sector y argumenta que “la convocatoria es totalmente transparente y cumple plenamente los objetivos específicos del plan”.

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