Eran las seis de la mañana del miércoles 2 de julio de 2008 cuando dos centenares de agentes de la Policía Nacional, muchos de ellos expresamente llegados de la Península, se desplegaron en los accesos al poblado chabolista de Son Banya, en Palma. El McAuto de la droga de la isla, como lo bautizó el entonces delegado del Gobierno en Baleares, Ramón Socías, estaba totalmente sitiado. De nada sirvió la vigilancia permanente que sus habitantes ejercían en la única vía de acceso existente. El ya jubilado juez José Castro ―quien años después sentó a la infanta Cristina en el banquillo― dirigió in situ, junto al entonces fiscal antidroga Adrián Salazar, la operación Kabul. Esta propició el principio del fin del imperio de la droga que, como una telaraña, había tejido durante años Francisca Cortés Picazo, La Paca, matriarca del llamado clan de Son Banya, que da nombre a un terreno embarrado de chabolas y casas ilegales ubicado entre el aeropuerto de Son Sant Joan y Merca Palma, y que durante décadas ha funcionado como epicentro de la importación de cocaína a la isla y ventanilla de venta al por menor.

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