Enrique Ossorio, que fuera la mano derecha de Isabel Díaz Ayuso en el gobierno regional hasta ser nombrado presidente de la Asamblea en 2023, autorizaba tras su fiscalización previa los libramientos de fondos para los centros de FP de Madrid, centros que en una docena de casos han acabado siendo investigados por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa en la adjudicación de reformas. Así lo dijo José María Rodríguez, exdirector general de Educación Secundaria, FP y Régimen Especial, durante su declaración de mayo como investigado en una causa que busca esclarecer quién ordenó trocear encargos de obras entre 2021 y 2023 para hacerlas con contratos menores, y así poder elegir a dedo, y sin concurso público, a la empresa que ejecutara los trabajos. La afirmación de Rodríguez fue interpretada por fuentes jurídicas como una forma de sostener que actuó conforme a la normativa, sin tener responsabilidad en lo ocurrido, puesto que los pagos fueron autorizados en diferentes fases y por distintos cargos, y sin detallar el destino concreto del dinero, transferido como partidas de funcionamiento. Ossorio declinó pronunciarse al respecto a través del portavoz del Parlamento regional.

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