En muchos países de nuestro entorno el Gobierno ya habría caído. El día que no se amanece con un sumario, salta una nueva investigación, y las habituales acusaciones de que “todo es lawfare” cada vez resultan menos verosímiles incluso entre las filas del progresismo. Por más que el presidente del Gobierno hable de presentar unos presupuestos, socios clave como el PNV y Junts ya dan por liquidada la legislatura. Cabe preguntarse si estamos asistiendo ya a una fase que podríamos tildar de tardosanchismo. No parece casual que algunos socialistas se hayan atado al mástil en los últimos tiempos, abonándose a las teorías de que hay un supuesto complot judicial, policial, o internacional contra el Gobierno. De un lado, esos relatos son útiles para restarle gravedad a las presuntas tramas que se investigan y sembrar sospechas sobre la Justicia con tal de que no pasen factura. Del otro, que figuras como Óscar Puente denuncien formas “antidemocráticas” para derribar al Ejecutivo rinde cuenta de una lógica aún más profunda: en toda organización política, quien aspire a heredar necesita partir de un relato fundacional que excite las pasiones de su militancia, siempre más escorada que el ciudadano medio o la cúpula. Así como Sánchez llegó a lomos de la narrativa antiélites, tras haberse enfrentado al aparato del partido, quién sabe si otros eventuales aspirantes querrán llegar a lomos del ilegitimismo. Es decir, instilando el recelo de que el Gobierno no cayó por su agonía y parálisis, sino porque había poderes oscuros entre bambalinas.

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