El expresidente del Gobierno Felipe González ha recordado este martes durante un acto en la Universidad Autónoma de Madrid que él, cuando no logró aprobar los presupuestos en el año 1995, convocó elecciones y ha bromeado con que “ahora eso no se lleva”.

“Esto es una antigualla porque ahora ya no se lleva, no he podido aprobar presupuestos, por lo tanto, voy a convocar elecciones y creo que las voy a perder porque hasta yo estoy harto de mí mismo”, ha dicho González al contar una anécdota sobre Fidel Castro.

El expresidente español se ha referido a una reunión que mantuvieron en 1995 con Castro en Argentina para cerrar un acuerdo comercial entre la Unión Europa y Cuba y que, en su opinión, no prosperó porque el mandatario cubano no quería asumir el respeto a las libertades individuales que exigía la delegación europea, según EFE.

Esta declaración ha surgido en un conversatorio con el expresidente de la República Dominicana y presidente de Funglode, Leonel Fernández, y el periodista y académico Juan Luis Cebrián, donde han analizado el futuro de Iberoamérica.

Así pues, González también se ha hecho eco de la situación en Venezuela y ha explicado su punto de vista con la expresión de que lo normal es que “el perro mueva el rabo y no al revés” y que, siguiendo esta analogía, “el perro es Trump y el rabo es Delcy y el ‘Rodrigato’, pero desde Estados Unidos no se dan cuenta -quizás solo Marco Rubio- que el rabo es una serpiente de cascabel”.

Por eso, ha lamentado que a pesar de la detención de Nicolás Maduro, la conversación principal sea la explotación del petróleo y ha pedido compromiso con la democracia, la cual pide que vuelva “antes de que se frustre la población, porque la libertad vale más que el negocio”. 

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha defendido este martes la posición del Gobierno sobre la polémica generada por el uso del Ministerio de Hacienda de 2.389 millones de euros procedentes de los fondos europeos para financiar el pago de las pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos en 2024. Durante su comparecencia en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Chicano ha rechazado que el informe de la Cuenta General del Estado, elaborado por su organismo, concluyera que se hubieran utilizado fondos europeos para pagar pensiones y ha atribuido la situación a la prórroga presupuestaria.

"La controversia no es si se pagaron pensiones con fondos europeos", ha afirmado, "la controversia es si, en un ejercicio de prórroga presupuestaria, las limitaciones aplicables permitían o no utilizar créditos excedentarios del servicio 50 para financiar modificaciones dirigidas a otras necesidades".

Asimismo, la presidenta también ha denunciado lo que considera una utilización política del informe. "La instrumentalización política ha querido elevar una advertencia interna a la categoría de fraude con malversación de fondos europeos", ha asegurado, lamentando la "distorsión en la percepción pública y en el debate mediático" generada en torno a un documento.

La clave: la prórroga presupuestaria

La explicación de la presidenta se ha centrado en el origen de estos 2.389 millones de euros. Según ha detallado, el Gobierno español decidió concentrar las inversiones vinculadas al Plan de Recuperación en el denominado servicio 50, una clasificación presupuestaria específica creada para gestionar los créditos asociados a los fondos europeos. Entonces, al prorrogarse los Presupuestos Generales del Estado de 2023 en 2024, también se prorrogaron los créditos vinculados a dicho servicio. "Lo que hace que existan más fondos de los necesarios en el año siguiente para realizar las inversiones del plan", ha matizado durante su intervención.

Una interpretación que, sin embargo, no comparten todos los miembros del organismo. La Declaración de la Cuenta General fue aprobada con un voto particular discrepante y cinco votos concurrentes que defendían un tratamiento más severo de esta cuestión, aunque Chicano ha restado dramatismo a la situación al recordar que los votos particulares en este tipo de informes se han producido hasta en cinco ocasiones desde que empezó la democracia en España.

No obstante, la controversia ha reabierto el debate sobre los efectos de gobernar con presupuestos prorrogados. Ante ello, Chicano ha avanzado que el Tribunal de Cuentas estudia "la posibilidad de hacer un estudio jurídico-técnico sobre las consecuencias en la gestión presupuestaria de las prórrogas" sobre los recursos públicos.