Suiza muestra una y otra vez que la democracia de base no tiene por qué ser de izquierdas. El próximo domingo están llamados a votar unos 5,6 millones de ciudadanos suizos con derecho a voto, incluidos los residentes en el extranjero, sobre una propuesta del partido ultraderechista Unión Democrática de Centro (SVP; la traducción literal es Partido Popular Suizo), con el título "No a una Suiza de 10 millones".

Los convocantes creen que Suiza tiene muchos problemas con los ya más de nueve millones y medio de habitantes con los que cuenta el país. En especial, encontrar vivienda a precios asequibles en ciudades como Zúrich o Ginebra se ha convertido en un reto, y también aseguran que el aumento de la criminalidad estaría ligado al crecimiento de la inmigración.

Choques con la política europea

Más alumnos en las escuelas, listas de espera más largas en la sanidad, hay más tráfico en las calles... una larga lista de argumentos con los que quieren convencer a sus compatriotas para votar una medida que pondría en entredicho el acuerdo de libre circulación de personas con la Unión Europea si la población alcanza los diez millones. También proponen limitar la reunificación familiar, así como la acogida de personas refugiadas.

Dos millones y medio de personas que viven en Suiza nacieron en el extranjero y los mayores grupos son europeos de Italia y de Alemania, países que hablan el mismo idioma. Italianos son unos 350.000 y alemanes algo menos, con 330.000 y emigran sobre todo porque los salarios son más altos y las condiciones laborales más favorables. Portugal también tiene una gran comunidad con unos 270.000, seguidos de franceses con unos 180.000. Unas 700.000 personas proceden de países de fuera de la Unión. En realidad, los habitantes extracomunitarios llegan al país por lo general con un sistema muy controlado y estricto para trabajar con contratos en origen que han de cubrir permisos o cuotas, así como por acuerdos de asilo internacional.

Ese es uno de los motivos por los que la idea no ha encontrado apoyo en el resto de formaciones políticas, tampoco en las conservadoras o liberales, porque creen que se basa en la xenofobia y que su aplicación sería contraproducente, ya que llevaría a una falta de profesionales y a un posible distanciamiento del mercado europeo. El Consejo Federal suizo, el gobierno colegiado del país, en el que están representados siete ministros que se turnan en la presidencia, ha advertido en varias ocasiones de que los problemas de vivienda y presión sobre los servicios públicos no se resuelven únicamente limitando la inmigración, sino mediante políticas de planificación urbana y construcción de vivienda. También se recuerda el envejecimiento de la población, una tendencia que Suiza comparte con el resto de Europa.

Un obstáculo para futuras inversiones

Varios representantes de la economía también se han mostrado en contra y han criticado la iniciativa por considerar que podría dificultar el acceso a trabajadores cualificados y perjudicar la capacidad de innovación. En una entrevista concedida a la agencia de noticias Reuters el 12 de junio, Stephan Mumenthaler, director de la patronal química y farmacéutica suiza scienceindustries, advirtió de que la propuesta sería un obstáculo para futuras inversiones: "Para las empresas que están considerando invertir en Suiza y quizá construir nuevas fábricas o centros de investigación, esto es, por supuesto, veneno".

Aun así, las encuestas muestran un apoyo cercano al 30 % de los votos, aunque alguna consulta llegó al 50%, por lo que aún es posible que hubiese sorpresas, en especial por la coyuntura política en la que se va a votar la propuesta. Y es que la votación llega precisamente en un momento en que la Unión Europea comienza a aplicar el nuevo Pacto de Asilo y Migración, que para sus defensores introduce procedimientos uniformes en las fronteras exteriores, refuerza los controles y aclara las responsabilidades de los Estados miembros en la gestión de las solicitudes de asilo. El objetivo es reducir la migración irregular, limitar los movimientos secundarios dentro de la Unión y crear un mecanismo de solidaridad para repartir a los refugiados.

Sus detractores critican que llevará a cabo procedimientos acelerados, centros de detención y la externalización de la protección de refugiados a terceros países, vulnerando los derechos humanos y el derecho de asilo. Lo cierto es que este tratamiento a los inmigrantes podría llevar a un aumento de llegadas, a su vez a Suiza, que no es miembro de la Unión Europea y tiene un sistema garantista con la inmigración. Los promotores de la propuesta han recalcado esto y la coincidencia de fechas de la puesta en marcha en la UE, que volverá a ser noticia, puede favorecer el voto por la limitación migratoria que proponen.

El ministro del Interior, el cristianodemócrata bávaro de la CSU Alexander Dobrindt, y Holger Münch, presidente de la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA), presentaron este martes en Berlín una preocupante estadística que refleja el clima de crispación política que atraviesa el país, inmerso en una crisis económica y de representatividad. Los delitos de motivación política alcanzaron en 2025 la cifra de 85.837 casos, casi un 2 % más que el año anterior, según los datos policiales. Casi la mitad de ellos fueron cometidos por la extrema derecha. Por su parte, la extrema izquierda fue responsable de 13.490 delitos, cerca de un tercio del total, y registró el mayor incremento entre los distintos grupos contabilizados por las autoridades alemanas.

"Esto demuestra, por supuesto, que la mayor amenaza sigue siendo el extremismo de derechas", afirmó el ministro del Gobierno de Friedrich Merz. En la última década se ha duplicado este tipo de delitos, recordó Dobrindt, que explicó que en 2025 fueron 42.544 casos. En especial en el estado de Brandenburgo, donde la AfD obtuvo el 30% de los votos en 2024, los actos violentos de la extrema derecha han alcanzado un máximo histórico desde comienzos de siglo. En esta categoría se incluyen desde listas negras de políticos hasta agresiones directas, así como delitos de odio y comentarios anticonstitucionales sancionados. Se trata de ataques contra la libertad, la Constitución y el sistema político, pero también lesiones corporales, incendios o explosivos.

Endurecer las penas

Parte del aumento del número total de casos se debe al incremento de las denuncias por atentado contra la autoridad durante manifestaciones críticas con la política alemana respecto a la guerra en Oriente Medio. "Los cimientos de nuestra democracia están siendo atacados", aseguró Dobrindt, sociólogo de profesión. Dobrindt quiere endurecer las penas por agresión a la policía, en medio de las críticas internacionales por su actuación en protestas pro Palestinas. Asimismo, una parte de los delitos registrados como antisemitismo, que se suman a la estadística, son por cantar eslóganes tradicionales de las protestas palestinas, como el lema Desde el río hasta el mar, que ahora se considera como consigna de organización terrorista.

Al respecto de la discusión sobre el endurecimiento de las medidas del Estado, la Fiscal General de Berlín, Margarete Koppers advirtió en conversación con el semanario Der Spiegel este martes que existe asimismo un peligro de instrucción externo en el caso de que los extremistas lleguen a gobernar. La Alternativa para Alemania AfD alcanzaba la semana pasada en una encuesta de INSA hasta el 29% de los votos, y dejaba atrás a la CDU con tan solo el 21% a nivel federal. En los dos estados que celebrarán elecciones en septiembre, el partido sería votado por alrededor del 40% de la población y podría tener por primera vez un Ministro-Presidente. Koppers aseguraba por eso que existe la posibilidad de que los ministros de Justicia de los Länder den instrucciones a los fiscales para emprender investigaciones, por lo que pidió al gobierno actual abolir dicho derecho de instrucción, que considera una intromisión política con potencial peligroso ante extremistas.

Los datos sobre violencia política en Alemania deben analizarse en el contexto de la criminalidad general. En 2025, el país registró un total de 5.508.559 delitos. De ellos, los 85.837 casos de motivación política supusieron aproximadamente el 1,56 % de ese total, mientras que el 98,4 % restante correspondió a la delincuencia común, económica o digital. En lo que respecta estrictamente a los delitos violentos, la motivación política también representa una fracción mínima, situándose entre el 1,7 % y el 1,9 % de los 212.335 casos de criminalidad violenta registrados a nivel nacional. Por el contrario, en el ámbito de la violencia doméstica y de pareja (Häusliche Gewalt), la violencia física grave ejercida contra mujeres superó los 50.000 casos anuales, lo que supone una cifra más de 13 veces superior a la del conjunto de la violencia política de cualquier signo en el país.