Este 18 de junio se cumplen 20 años del referéndum que ratificó el nuevo Estatut de Autonomía de Cataluña, una norma que nació con la voluntad de actualizar el llamado autogobierno catalán y redefinir el encaje de Cataluña en España, pero que acabó convirtiéndose en uno de los principales detonantes del independentismo contemporáneo. Lo que comenzó como una reforma estatutaria impulsada desde el consenso político derivó, tras años de negociaciones, recursos judiciales y recortes, en un punto de inflexión que marcaría la política catalana durante la década siguiente.

El referéndum se celebró el 18 de junio de 2006 y dio la victoria al 'sí' con el 73,9% de los votos. Sin embargo, la participación se quedó en el 49,4%, una cifra inferior tanto a la registrada en el referéndum del Estatut de 1979 como a la media de participación en las elecciones autonómicas catalanas. En total, 1,88 millones de catalanes respaldaron el texto, frente a los 528.745 votos contrarios. El 5,3% votó en blanco y el 0,9% emitió votos nulos. Pese al amplio respaldo obtenido en las urnas, el nuevo Estatut iniciaba ese mismo día una larga y accidentada travesía política y judicial que acabaría redefiniendo el mapa político catalán.

El gran proyecto de Maragall

La reforma del Estatut de 1979 fue la gran apuesta política del entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, y uno de los compromisos centrales del primer Govern tripartito, formado por PSC, ERC e ICV. Tras meses de negociaciones entre las fuerzas del Govern y CiU, liderada entonces por Artur Mas, el texto fue aprobado por el Parlament el 30 de septiembre de 2005 con un amplio consenso. El denominado Estatut de Miravet —llamado así por la localidad tarraconense donde se celebraron algunas de las negociaciones clave— ampliaba notablemente las competencias de Cataluña.

El nuevo texto, integrado por 232 artículos frente a los 58 del Estatut de 1979, reforzaba las competencias exclusivas de la Generalitat, planteaba una nueva arquitectura financiera, establecía la creación de una Agencia Tributaria de Catalunya que debía recaudar y gestionar el 100% de los impuestos y otorgaba más peso a las instituciones judiciales catalanas.

Además, en su primer artículo definía a Cataluña como una "nación". Aquella definición simbolizaba la voluntad de una parte importante del catalanismo político de avanzar hacia un modelo territorial más federal y con un mayor reconocimiento de la singularidad catalana.

El inicio del conflicto

Sin embargo, buena parte de las aspiraciones iniciales del texto se diluyeron durante su tramitación en las Cortes Generales. Pese a la promesa realizada en 2003 por José Luis Rodríguez Zapatero, entonces líder de la oposición, de apoyar el Estatut que aprobara el Parlament, el texto fue objeto de intensas negociaciones en Madrid.

El acuerdo alcanzado en enero de 2006 entre Zapatero y Artur Mas supuso la modificación de cerca de la mitad del articulado. La definición de Cataluña como "nación" quedó relegada al preámbulo, sin valor jurídico, mientras que el articulado pasó a utilizar el término "nacionalidad".

También se rebajaron aspectos clave relacionados con la financiación. El proyecto inicial contemplaba la creación de una Agencia Tributaria de Cataluña con capacidad para recaudar y gestionar la totalidad de los impuestos, una aspiración que finalmente quedó reducida a un consorcio compartido con el Estado.

Los cambios provocaron la ruptura del consenso político que había hecho posible la aprobación del texto en el Parlament. ERC, que había participado en la negociación inicial, decidió pedir el voto negativo en el referéndum al considerar que el Estatut había sido desvirtuado. La decisión de los republicanos desencadenó una grave crisis en el Govern. Maragall expulsó a los consellers de ERC y convocó elecciones anticipadas para otoño de 2006. El PP también pidió el 'no', aunque por motivos diametralmente opuestos.

Pocos días después del referéndum, el PP presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Comenzó entonces un largo periodo de incertidumbre política y judicial que se prolongó durante cuatro años. La sentencia, hecha pública en julio de 2010, anuló total o parcialmente varios artículos relacionados con el uso preferente del catalán, la financiación y las instituciones judiciales catalanas, además de establecer una interpretación restrictiva sobre otros aspectos clave del texto.

El tribunal rechazó, entre otras cuestiones, que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se convirtiera en la última instancia judicial en la comunidad autónoma y descartó la creación de un órgano propio de gobierno del poder judicial catalán.

Aunque el término "nación" pudo mantenerse en el preámbulo, el Constitucional dejó claro que carecía de eficacia jurídica. La resolución fue percibida por una parte importante de la sociedad catalana como una desautorización de un texto que había sido aprobado por el Parlament, negociado en el Congreso y refrendado en las urnas.

El chispazo del procés

La sentencia del Tribunal Constitucional desencadenó una multitudinaria manifestación en Barcelona el 10 de julio de 2010 bajo el lema "Som una nació. Nosaltres decidim". Aquella movilización, que reunió a más de un millón de personas según los organizadores, marcó un antes y un después en la política catalana.

Para numerosos analistas e historiadores, aquel episodio supuso el auténtico punto de partida del procés independentista. Hasta entonces, el independentismo era una opción minoritaria en Cataluña. A partir de la sentencia, el apoyo a la secesión comenzó a crecer de forma sostenida hasta llegar a ser la mitad de la población en su punto más álgido en 2018. Sin embargo, el apoyo a la independencia hoy se encuentra en alrededor del 35%.

De hecho, una idea ampliamente extendida entre sectores del independentismo es que el recorte del Estatut hizo que muchos catalanes dejaran de creer en la posibilidad de encajar Cataluña dentro del Estado autonómico. "No era independentista hasta la sentencia del Estatut" se convirtió, con el paso de los años, en una frase habitual entre activistas y ciudadanos favorables a la independencia.

Muchos sostienen todavía hoy que, si el texto aprobado en referéndum se hubiera respetado íntegramente, una parte significativa de la sociedad catalana no habría abrazado el independentismo. El propio procés, con episodios como la consulta del 9 de noviembre de 2014, el referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 y la declaración de independencia fallida, no puede entenderse sin el impacto político y emocional que tuvo la sentencia del Constitucional.

Un legado incómodo veinte años después

Dos décadas después de aquel referéndum, el Estatut sigue ocupando un lugar incómodo en la política catalana. Ni el Parlament ni la Generalitat han organizado actos institucionales para conmemorar su vigésimo aniversario.

ERC reivindica el texto como un Estatut "mutilado" por unos "jueces haciendo política", mientras que el PSC será la única gran formación que celebrará un acto conmemorativo junto al expresidente José Montilla. El PP, impulsor del recurso ante el Constitucional, evita cualquier referencia al Estatut en la ponencia política de su próximo congreso.

Sin embargo, muchos de los debates que planteó la reforma siguen plenamente vigentes: la financiación autonómica, el déficit fiscal, la gestión de las infraestructuras, el traspaso de Rodalies o el reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, se desplazó este miércoles a Madrid para reunirse con los siete diputados republicanos en el Congreso en un momento especialmente delicado para el partido. El encuentro, que forma parte de las reuniones periódicas entre la dirección y los grupos parlamentarios, se produjo en plena crisis política del Gobierno de coalición y en medio de las crecientes tensiones internas con el portavoz de ERC en la Cámara Baja, Gabriel Rufián.

El mensaje trasladado por Junqueras a los diputados fue claro: afrontar el último tramo de la legislatura con la "máxima exigencia, determinación y coordinación". Tres conceptos que, más allá de la estrategia parlamentaria, fueron interpretados dentro del partido como un llamamiento a reforzar la cohesión interna tras los últimos episodios de fricción en el grupo.

El presidente republicano advirtió de que las decisiones que se adopten en los próximos meses serán "determinantes" para garantizar más recursos, mayor capacidad de decisión y más bienestar para Cataluña. Por ello, insistió en la necesidad de aprovechar al máximo la actual aritmética parlamentaria para cerrar acuerdos pendientes con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Entre las prioridades de ERC figuran dos compromisos clave del pacto de investidura: la reforma del sistema de financiación autonómica y la condonación de parte de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Junqueras, que ya había defendido públicamente esta posición en los últimos días, insistió ante sus diputados en la necesidad de "cerrar carpetas fundamentales para Cataluña" antes de dar por amortizada la legislatura.

La dirección republicana considera que la continuidad del actual ciclo político solo tiene sentido si se traduce en avances tangibles. "Aguantar por aguantar no tiene sentido", es una idea que comparten tanto Junqueras como Rufián, pese a las diferencias estratégicas que ambos mantienen sobre la orientación política del partido y la construcción de un frente de izquierdas en Madrid.

ERC asume que el Ejecutivo socialista atraviesa uno de sus momentos más delicados a causa de los escándalos que afectan al PSOE. De hecho, durante la reunión hubo consenso en que el Gobierno es hoy más débil y que esa situación responde, en buena medida, a la propia gestión de los socialistas. Aun así, los republicanos mantienen su apuesta por agotar la legislatura siempre que ello permita materializar los acuerdos pendientes.

El encuentro se celebró, además, después de varias semanas marcadas por las tensiones internas en el grupo parlamentario. El episodio más visible se produjo cuando el diputado Jordi Salvador expresó públicamente su malestar con Rufián tras conocerse que el portavoz había planteado determinadas condiciones para volver a encabezar la candidatura republicana en unas futuras elecciones generales, entre ellas cambios en la composición del grupo.

Aunque el comunicado oficial de ERC evitó hacer referencias explícitas a estas discrepancias, la insistencia de Junqueras en la necesidad de actuar con coordinación fue interpretada como una llamada al orden interno. El líder republicano acudió al encuentro acompañado por el vicesecretario de comunicación y portavoz del partido, Isaac Albert, y por el responsable de organización, Pau Morales.

En la misma línea, dirección y grupo parlamentario coincidieron en cargar contra la estrategia de Junts, al considerar que su acercamiento al PP y Vox favorece un eventual cambio de mayoría en La Moncloa que, según ERC, volvería a traducirse en políticas contrarias a los intereses de Cataluña.

Los republicanos reivindican así una posición propia y rechazan tanto la "resignación" que atribuyen al PSC y al PSOE como el "bloqueo" que achacan a Junts. ERC insiste en que no condicionará su estrategia a las siglas que gobiernen en España y que aprovechará los últimos meses de la legislatura para consolidar los avances pactados.

Con la posibilidad de un adelanto electoral sobrevolando la política española, ERC ya ha empezado a prepararse para todos los escenarios. La semana pasada, el partido aprobó el reglamento interno para confeccionar las listas al Congreso y al Senado, un movimiento que la dirección justifica como una medida preventiva ante la incertidumbre generada por la crisis que atraviesa el PSOE.

En la cúpula republicana admiten que, hasta ahora, la prioridad había sido centrar la acción política en Cataluña, especialmente en las negociaciones presupuestarias. Sin embargo, el nuevo contexto obliga al partido a prepararse para un escenario más inestable en Madrid y a acelerar las negociaciones pendientes antes de que el calendario político pueda precipitarse.

La expresión de ayer de Sánchez en las Cortes no era la de otras veces. Estuvo torpe, desencajando, más mohíno de lo normal y sin esa exhibición de recursos dialécticos que le ha caracterizado en tantas ocasiones. No es para menos. Feijóo le llamó cobarde y dijo que tiene miedo a la democracia. El PNV reiteró que debería convocar elecciones, coincidiendo en esa posición con buena parte de los asociados. Sánchez pretendió exhibir normalidad, pero apenas le salió el tono cansado de quien ya no cree ni en lo que dice, pretendiendo aparentar que gestiona cuando no hay nada que gestionar, ninguna ley que aprobar, ningún apoyo serio que exhibir. Todo son artificios. Le aplaudieron largamente los suyos en el convencimiento de que están ante un ocaso anunciado. No hay renacer posible sino apenas días con efluvios de vino y rosas, un esfuerzo por aparentar que todo sigue igual cuando de aquella felicidad antigua apenas quedan los vapores de la gloria perdida. Un dolor de cabeza sucede a otro, y el de Zapatero investigado por la Justicia no es el menor. Lo dijo otra vez Page, y no es el único que piensa igual en el partido. El PSOE está roto. Los que tienen que articular las defensas no encuentran argumentos. La legión de asesores no le sirve a Sánchez más que para enredar más una madeja de corrupción cada vez más trabada. La cloaca se creó para tapar lo de Begoña y el hermano, pero la cloaca es peor que todo lo anterior, que las mascarillas, las prostitutas de Ábalos, el pantano de Cerdán, el amaño de las primarias o la actuación delictiva del ex fiscal general, cuyo nombre emerge de nuevo entre sospechas junto al de la directora de la Guardia Civil.

No sabemos en qué medida el caso ZP afecta más a Sánchez que los anteriores, pero ayer vimos que le afecta. Le están diciendo que tiene que dejarlo caer, como hizo antes con su ministro preferido, y con Koldo y Cerdán. Zapatero declaró menos de lo previsto, pero no fue lo concluyente que se esperaba. A juicio del juez Calama, no logró despejar ninguno de los indicios de sospecha que se le agolpan. El hecho de sólo contestar al juez y a su abogado, pero no al fiscal, denota una actitud de defensa ante lo que podrían ser errores o contradicciones en las que no le conviene incurrir. Lo cual es más que indiciario. Cuando alguien tiene las ideas claras, ninguna duda sobre su comportamiento, no hay miedo alguno a la hora de responder a quienquiera que le pregunte. La verdad es una. No tiene cien caras. Y si se dice la verdad, no hay nada que ocultar. Salvo que sea una verdad inconfesable.

Por ejemplo, la verdad de Plus Ultra, más allá del consabido «no tuve nada que ver». La verdad de las joyas, asunto en el que ya ha incurrido en contradicciones. La verdad de las mediaciones en los escenarios internacionales, como pone de manifiesto la investigación iniciada en Estados Unidos. No basta con decir «no tuve nada que ver», cuando las pruebas aportadas apuntan a lo contrario. Así lo ve el juez y así lo ve el fiscal. Y lo peor es que también los socios del Gobierno lo ven, amén de muchos de los antiguos entusiastas dentro y fuera del partido, en el universo mediático.

La estrategia de responder sin aclarar el detalle de los datos inculpatorios, escudándose todo el tiempo en que hay una conspiración de la derecha contra el Gobierno, puede servir para una comisión en el Senado o para una entrevista en la radio, pero no vale ante un juez meticuloso como Calama, que se sabe el sumario de arriba abajo. En la Audiencia hay que entregar datos, pruebas, testimonios. Convence quien lo demuestra, no quien alude a maquinaciones.

Por mucho que el expresidente pida más tiempo para aclarar su situación, de nada le va a servir contar con más días y más semanas si no es capaz de convencer al juez de su inocencia. Y ayer no lo hizo en absoluto. Más bien al contrario.

El Parlament aprobó este miércoles la proposición de ley que reconoce al Institut d'Estudis Catalans (IEC) como academia nacional de Cataluña, una iniciativa impulsada por PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y la CUP que salió adelante por el procedimiento exprés de lectura única. La norma contó también con el apoyo de Aliança Catalana y únicamente recibió el voto en contra del PP y Vox.

La proposición de ley, que llegó al pleno con una enmienda a la totalidad presentada por Vox y siete enmiendas al articulado registradas por el PP, superó todos los obstáculos parlamentarios sin modificaciones sustanciales. Las propuestas de ambos partidos, centradas principalmente en eliminar la referencia a "academia nacional" para sustituirla por la de "academia catalana", fueron rechazadas.

Según recoge la exposición de motivos del texto aprobado, el objetivo de la ley es reconocer oficialmente al IEC como "academia nacional para dotar a Cataluña de una institución académica nacional plenamente reconocida".

Los grupos que respaldaron la iniciativa defendieron que la nueva norma no altera las funciones que el Institut d'Estudis Catalans viene desempeñando desde hace más de un siglo, sino que otorga cobertura legal y reconocimiento institucional a una labor que ya desarrolla de facto. La ley establece que el IEC mantendrá su naturaleza jurídica como corporación de derecho público con base privada, así como su autonomía organizativa y el régimen interno fijado en sus estatutos.

¿Qué es?

Fundado en 1907 por Enric Prat de la Riba, el Institut d'Estudis Catalans es una corporación académica, científica y cultural dedicada a la investigación en todos los ámbitos de la cultura catalana y considerada la academia catalana de las ciencias y las humanidades.

Desde sus orígenes, la institución ha desempeñado un papel fundamental en la normalización lingüística, científica y cultural de Cataluña. Entre sus principales funciones destaca el establecimiento de la normativa de la lengua catalana, además del impulso a la investigación y el estudio de las distintas áreas del conocimiento. El ámbito de actuación del IEC abarca el conjunto de los territorios de habla catalana y su actividad se extiende a todas las disciplinas del saber.

La institución cuenta también con una marcada vocación internacional. Desde 1922 forma parte de la Unión Académica Internacional y está inscrita en el Registro de Academias del Departamento de Justicia de la Generalitat.

Pese a su reconocimiento institucional, el Institut d'Estudis Catalans no depende orgánicamente de la Administración y conserva su condición de corporación de derecho público con base privada. Con la aprobación de esta ley, el Parlament da un paso más en la consolidación del papel del IEC como máxima autoridad académica de referencia en el ámbito de la lengua, la ciencia y la cultura catalanas.

Hoy en día, existen pocas dudas de los beneficios para los ciudadanos de las zonas verdes en las ciudades, sobre todo cuando empieza a apretar el calor. Sin embargo, la cantidad de vegetación en las urbes depende mucho de cómo se mida. Un ejemplo: la información disponible muestra que Badajoz cuenta con una media de 24,8 metros de espacios verdes de importancia por cada habitante, una cifra alta. Pero, cuando se analiza cómo se reparten realmente estas áreas, resulta que un 73% de los habitantes de esta localidad tan calurosa no tienen acceso a ninguna de estas zonas a menos de 300 metros de su casa.

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