Fraccionar el pago de un televisor, un teléfono móvil o de una reforma es una práctica financiera muy extendida. El problema aparece cuando ese procedimiento se aplica a compras de cantidades mucho más modestas, como unos zapatos de 90 euros o un conjunto de prendas de ropa. Los servicios de pago aplazado a corto plazo son corrientes en las pasarelas de pago de tiendas online, y siempre se promocionan con el lema de “tres cuotas sin intereses”.

A primera vista, pagar tres cuotas de 30 euros puede parecer inofensiva para la economía doméstica. Sin embargo, es necesario conocer que este sistema de compra por microcréditos puede tener repercusiones en otros órdenes. Por ejemplo, la mayoría de estos pagos cuentan con un sistema de intereses de demora que puede ser fatal para el comprador, y suelen dejar un rastro financiero que pueden cerrarle las puertas de una futura hipoteca.

La letra pequeña: los intereses de demora ocultos

Las plataformas de pago aplazado suelen publicitarse como "gratuitas" o "sin intereses" -0% TAE-, pero solamente si se paga a tiempo. El negocio de estas tecnológicas no está en el interés ordinario, sino en el cobro de comisiones a los comercios y, de forma muy agresiva, en las penalizaciones por retraso.

Si el día del cargo automático en la tarjeta el titular no dispone de saldo suficiente, el mecanismo de penalización se activa de inmediato. Las comisiones por retraso no son proporcionales al dinero que se debe: un impago en una cuota de apenas 30 euros puede acarrear una penalización fija de entre 6 y 15 euros desde el primer día de demora. Si el retraso se prolonga unas semanas, el coste del producto original puede encarecerse más de un 50%, aplicando tasas que, de calcularse en términos anuales, superarían con creces los tipos de interés de las tarjetas revolving tradicionales.

El impacto en el CIRBE: adiós a una hipoteca

La consecuencia más grave de abusar de estos pagos fraccionados no es la penalización económica inmediata, sino el daño reputacional de cara al sistema bancario. Con la entrada en vigor de las normativas de crédito al consumo, las entidades financieras tienen la obligación de registrar y analizar al detalle el perfil de endeudamiento de los usuarios.

Cualquier aplazamiento de pago, por pequeño que sea, constituye formalmente un contrato de crédito. Si un usuario mantiene activos de forma simultánea tres o cuatro pagos fraccionados (la ropa, un concierto, un pequeño electrodoméstico), estos aparecen reflejados de forma recurrente en la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE).

Y es que cuando una persona acude a un banco a solicitar un préstamo de envergadura, como puede ser la compra de un coche o una hipoteca, los analistas de riesgos de la entidad examinan su huella en el CIRBE. Encontrar con un historial plagado de microcréditos de 20 o 30 euros mensuales en comercios electrónicos no es una buena carta de presentación. Este dato transmite la sensación de que el solicitante no tiene capacidad de ahorro y necesita financiar el consumo corriente de su día a día.