Inquilinos y propietarios viven días de inseguridad e incertidumbre máximas desde el pasado 28 de abril, cuando decayó en el Congreso de los Diputados el Real Decreto-ley 8/2026, de 2 de marzo, que establecía la prórroga extraordinaria de dos años para los contratos de alquiler que vencieran hasta el 31 de diciembre de 2027 y fijaba un tope del 2% a la actualización anual de las rentas. Mientras estuvo vigente —apenas 39 días—, decenas de miles de inquilinos enviaron burofaxes a sus arrendadores solicitando acogerse al límite y al tiempo extra de dos años, un parapeto contra las subidas del alquiler. Pero muchos propietarios están comunicando a sus arrendatarios que rechazan las medidas. ¿Quién lleva razón?

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La mejor conclusión llegó en la última intervención del coloquio que reunió este jueves a la excalcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el exlíder de Esquerra en el Congreso, Joan Tardà y el exdiputado de la CUP, David Fernàndez. Tres de los referentes de la izquierda alternativa catalana charlaban sobre cómo afrontar la ola reaccionaria de la extrema derecha cuando un miembro del público aprovechó su turno de palabra para presentarse como miembro de una plataforma de Mossos progresistas, inviertiendo la polaridad del postulado del expresidente José María Aznar: el “quien pueda hacer, que haga”. “Un policía antifascista es el que puede hacer”, resumió.

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